“La ENEE lo que hace es trasladar las ineficiencias al pueblo”

Luis Cosenza Jiménez, experto en energía y ex gerente de la ENEE

Una de las grandes lecciones de los llamados países con gobierno progresistas en Latinoamérica (Evo, Correa y Chávez), tipificados como Socialistas del Siglo XXI, es que entendieron que la capacidad de desarrollo de sus economías debería depender de una dinámica interna, no tan dependiente de recursos externos, sean inversión extranjera, préstamos, donaciones e incluso tecnologías y conocimientos. Para tales propósitos había que reconstruir y fortalecer el rol del Estado como promotor del desarrollo, pero también la capacidad de ahorro interno de la economía con ingresos generados por empresas mayormente de capital nacional y/o estatal.

Estas lecciones derivan de una experiencia negativa habida con la ejecución de políticas neoliberales por gobiernos con prácticas antidemocráticas y corruptas, traducidas en mayor pobreza, desigualdad, desempleo, inseguridad alimentaria y violencia, pero también, fuertes desequilibrios fiscales y sobreendeudamiento de la economía, con un discurso de achicamiento de competencias y funciones del Estado en favor del mercado.

Una de las principales acciones tomadas es la nacionalización de los recursos estratégicos del país, como ejemplo petróleo y gas, que deben ser explotados y/o controlados por el Estado para que los ingresos generados permitan financiar el desarrollo, especialmente la contribución al logro de menor pobreza, desigualdad, inseguridad alimentaria, mayor acceso a la salud y educación de calidad, vivienda, tierra y protección social.

Las cifras hablan por si solas, ya que tanto en Bolivia, Ecuador e incluso Venezuela, los indicadores muestran una mejora sustancial si se compara con años previos. Bolivia por ejemplo redujo la pobreza de 59.9% en 2006 a 36.4% en 2017, Ecuador de 37.6% en 2006 a 23.3% en 2015 y Venezuela de 62.1% en 2003 a 31.9% en 2011.

Qué pasa en países como Honduras con varios recursos estratégicos como bosque, minerales e incluso energéticos. Después del golpe de Estado (junio 2009) y una práctica de política pública más nacional ejecutada por el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, se observa un retroceso con efectos negativos impredecibles para la economía y sociedad. En apego a la apología neoliberal, se empezó por destruir las dos (2) fuentes de valor del producto social: el trabajo y la naturaleza. La ley de empleo por hora no solo permitió la reducción de la jornada de trabajo y los derechos sociales de los (las) trabajadores hondureños, sino que generó una economía de subsistencia y hambre basada en empleos de mala calidad y salarios espurios. Las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), Minería Extractiva, Turismo de “Bolsillo” y las APP, terminaron por privatizar la naturaleza, expulsar población y contaminar el ambiente y fuentes de agua, sin que todavía se visualicen los beneficios netos para el país y población en desbandada hacia USA.

Contrario a los llamados gobiernos progresistas latinoamericanos, Honduras sigue con su apuesta de venta del territorio nacional y empresas. La empresa de energía eléctrica (ENEE) está en lista de espera, donde sus activos más preciados (plantas y represas hidroeléctricas) deben ser vendidas al mejor postor para cubrir las deudas y déficit financieros generados por el mismo gobierno. Este proceso iniciado en mayo de 2014, con la aprobación de la Ley General de la Industria Eléctrica (Decreto 404-2013), bajo la denominación de modernización (privatización) del sector eléctrico, autoriza la creación de empresas mayormente de capital privado: generación, trasmisión y operación y una de distribución, lo que deja a la ENEE sin capacidad para poder contribuir a financiar, desde dentro, el desarrollo del país. Igualmente, crea una Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) integrada por tres (3) comisionados nombrados por el presidente de la República, por un periodo de siete (7) años y con la autorización de revisar y ajustar las tarifas de la energía hacia arriba cada tres (3) meses.

Han transcurrido más de 4 años y medio desde la aprobación de la Ley General, pero todavía el gobierno no ha podido conformar las empresas en que se partirá la ENEE, la única es la Empresa Energía Honduras (ENH) conformada por capital colombiano (consorcio privado-público) y nacional donde participa una fracción del Sindicado de Trabajadores de la ENEE (STENEE), en la persona de Miguel Aguilar antiguo presidente ( para el gobierno de la República sigue siendo el presidente del Sindicato) con un aporte accionario del 8%, equivalente a 35 millones de lempiras. De acuerdo a miembros de la Junta Directiva del STENEE), el presidente verdadero es José Luis Matamoros, que ha denunciado los términos del contrato suscrito exigiendo su derogación frente al incumplimiento de las metas de EEH y al probable daño colateral al patrimonio social de sindicalistas despedidos y vigentes.

Esta empresa no ha cumplido con las metas para las cuales fue creada, en particular reducción de pérdidas en un 17% en un periodo no mayor de 7 años. De acuerdo a informes de la empresa Manitoba Hydro Internacional que supervisa la concesión otorgada por el Estado en marco de las APP, la ENH no cumplió la meta anual de reducir las perdidas en un 3% en el segundo año de operaciones.

La ENEE tiene cuentas pendientes por pagar “visibles” al 31 de diciembre de 2018, de 7,153 millones de lempiras, de las cuales el 71.3% corresponde a empresas de energía renovables (solares), por el sobreprecio otorgado en compra de kilovatios hora y los costos fijos que representa. Es decir, el Estado hondureño otorgó varios incentivos para la generación de energía renovable dado los altos costos del petróleo y pagos incrementales a las empresas térmicas, pero resultó que la generación de energía renovable resultó más cara que la térmica.

El acelerado endeudamiento de la ENEE para cubrir ineficiencias, prebendas a generadores de energía, gastos corrientes y compromisos de inversión (PATUCA, por ejemplo) ha sido también una mala práctica intensificada en el gobierno de JOH. En 2014 la deuda de la ENEE era de 3,344 millones de lempiras y subió a 37,485 millones de lempiras en 2018, un aumento de más de 1000%, sobre todo por la contratación de duda extranjera a través de bonos de 1,665 millones de dólares. Una solución ensayada, es el incremento desmedido en las tarifas de energía con un aumento promedio de 18% en consumo kilovatio/ hora y la colocación de medidores inteligentes (ajustes a factura por control remoto) que ha sido rechazo por la población

Recién el gobierno anunció un plan para refundar la ENEE, destinado a recuperación de la mora, refinanciar deudas con proveedores, revisión de contratos y devolución de dineros mal “habidos” cobrados por la EEH a los abonados. Este plan tiene el visto bueno del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), siendo parte de sus miembros beneficiados con los sobreprecios a la energía. Producto de estas acciones, se espera que el gobierno consiga unos 6,000 millones de lempiras antes del cierre de 2018 para saldar deudas con las empresas.

Para 2019 se espera además que la ENEE desaparezca como tal, al conformarse por fin las tres (3) empresas previstas en la Ley General: Una empresa de comercialización y generación de energía, otra de transmisión y operación y la EEH que tiene vida propia hasta 2023 según el contrato suscrito con COALIANZA; en adelante o antes (por su falta de cumplimiento) se conformaría otra empresa similar sustituta. Ello seria bien visto por el FMI, y abriría las puestas a nuevos recursos financieros para cerrar brechas financieras y cumplir con obligaciones con los proveedores en un periodo máximo de cinco años.

Al viacrucis del nuevo endeudamiento, se suma la sospecha que las nuevas empresas serán conformadas por los mismos socios de las empresas térmicas y renovables, en asociación con empresas extranjeras, pero también con la participación de los nuevos ricos del país (políticos y militares ligados al narcotráfico). El FMI ha puesto las barbas en remojo, ya que más deudas para pagar ineficiencias que se trasladan vía aumento de tarifas al pueblo, no es un negocio que rinda beneficios a mediano plazo y sea sostenible, por lo que hay que cortar el mal de raíz. En la jerga neoliberal la palabra mágica es privatización, pero también es sinónimo saneamiento financiero.

En este marco, una pregunta que surge es ¿Sobre qué base económica sustentará Honduras el desarrollo futuro? La apuesta del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) es a mayor exportación de bienes primarios, impuestos e inversión extranjera directa (IED), sumado a préstamos, donaciones y remesas. Es una apuesta con altos riesgos: la inestabilidad de los precios de productos primarios en los mercados internacionales afecta la producción e ingresos, los impuestos están al máximo y pueden disminuir (A. Laffer), y la IED es baja por problemas de inseguridad, corrupción y tramitología. El endeudamiento va en ascenso, pero puede disminuir a futuro por el riesgo de la garantía del no pago. Y en el caso de las remesas, enfrentan la amenaza de Donald Trump de las deportaciones y la captura por el sistema bancario nacional.

Para la oposición política aglutinada en el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), la ENEE camina a la privatización total y solo un proyecto de refundación nacional puede revertir el proceso. Una política y estrategia nacional de consenso en el tema energético, validada por todos los actores de la sociedad hondureña, no solo por los empresarios y OFIs, también puede funcionar; total, debe ser mejor a lo que tenemos ahora, que apesta.

Tegucigalpa, DC, 10 de diciembre de 2018