Ha trascendido en los medios “tarifados” de Honduras que el presidente Juan Orlando Hernández (JOH) está próximo a anunciar una reingeniería del gabinete de gobierno, donde llamarà a participar a prominentes miembros de organizaciones empresariales, civiles y políticas del país. Se busca conformar un gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional frente a los urgentes problemas económicos, sociales y políticos que enfrenta el país, donde las opiniones de todos los actores cuentan.

Esta decisión ha sido recomendada por sus principales asesores y la Embajada Americana, ya que cada vez más se muestra sólo y sin apoyo frente a la ciudadanía. Se espera nueva sangre en el gobierno no contaminada con el narcotráfico y corrupción, para cambiar el perfil institucional y posibilitar un gobierno de transición que no se sabe cuánto durarà, ya que las apuestas desde las oposición social y política dicen que concluirá su periodo antes de 2021.

Para tales propósitos, la mayoría de funcionarios han presentado su renuncia al Mandatario, en el imaginario que sus actuaciones en el Ejecutivo han sido de beneficio para el país y población, desconociendo la crítica realizada desde los mismos ciudadanos. Esta decisión, aunque política, no debe servir para buscar un beneficio personal de imagen, sino para ayudar a rectificar en aquellas decisiones con efectos negativos en la colectividad nacional. De nada sirve -por ejemplo- nombrar un nuevo Ministro de Trabajo a condición de continuar la ejecución de políticas y leyes regresivas en materia de empleo y salarios, debilitando incluso los regímenes de protección social.

La percepción de la ciudadanía es que, con contadas excepciones, la mayoría del gabinete de gobierno debe cesar en el cargo. En el área económica el gobierno, según el FMI, exhibe buenos resultados, referidos a la disminución del déficit fiscal, baja inflación, control del gasto y aumento de recaudaciones vía impuestos; no así en aumento del monto de la inversión real, empleo, endeudamiento y desequilibrios comerciales con el exterior. El gobierno ensayó con profesionales que no provienen de la rama de economía, por lo que esta puede ser una oportunidad para que economistas o con estudios doctorales en ciencias económicas asuman la presidencia de Bantral, Secretaria de Finanzas, Ministerio de Economía y Secretaria de Coordinación General de Gobierno, tal como se estila en otros países. Se busca un enfoque integral de la política económica, no solo seguir al pie de la letra las políticas de estabilización ortodoxa recomendadas por el FMI.

En esto, existen profesionales altamente calificados no contaminados con el narcotráfico y corrupción. Vienen a la mente los nombres de los Doctores Oscar Núñez Sandoval, Gladys Morena Gómez y Ana Mejía de Pereira. Un caso particular es la Coordinación de Gobierno y/o Ministerio de la Presidencia, donde la Dra. María Antonieta de Bográn tiene un prestigio ganado, pero hay que convencerla de la importancia de aceptar el cargo para beneficio del país en esta fase de transición a un gobierno de democracia participativa.

En el área social, es donde ha habido mayores problemas. En salud, no solo se recomienda un cambio de timonel sino también la eliminación del comisionismo burocrático, o sea la paralela creada a los órganos internos del Ministerio. Lo mismo sucede en Educación, con un Plan 2018-2030 sin avance, y de nuevo, otro comisionismo burocrático que afecta el proceso de toma de decisiones a lo interno de la Secretaria de Educación. Tal como se desprende de la experiencia brasileña y boliviana, la apuesta a programas de compensación social (léase: Vida Mejor) debe ir acompañada de políticas y programas de acceso a recursos productivos, producción alimentaria y viviendas, poniendo énfasis en grupos vulnerables. La mayor parte de los programas y proyectos de apoyo a los jóvenes en edad de trabajar han fracasado, con acciones asiladas sin integración a la dinámica de los sectores con capacidad de generar empleos rápidos y de buena calidad (agroalimentario, forestal, MiPymes).

Los llamados sectores productivos (agrícola, forestal, industrial), han tenido poco apoyo del gobierno, pero también se nota la ausencia de una estrategia integral de aumento sostenido de la producción, generación de valor y empleos masivos. Los gabinetes y ministros sectoriales no han funcionado, más bien han debilitado la participación de cada Secretaria de Estado en los fondos presupuestarios. Igual, las Mesas Tareas han debilitando las instancias de coordinación y participación interna a nivel de sectores, caso particular del Consejo de Desarrollo Agrícola (CODA) creado en 1992 y el Consejo Coordinador Forestal (COCONAFOR); el sector industrial tradicional no maquilero dejó de existir hace tiempo en las cuentas nacionales. Los sectores productivos son los que han pagado el costo recesivo de la estabilización recomendada por el FMI, ya que no crecen o tiene un crecimiento nulo si se compara con maquila, servicios financieros, telecomunicaciones y turismo de bolsillo.

En la Secretaria de Seguridad urge un cambio que haga posible la vigencia de una política de protección ciudadana desde los municipios, pero que progresivamente quite del libreto diario la represión de la protesta pública mayormente contra jóvenes de colegios públicos y universitarios, en clara violación de sus derechos más elementales. Con apoyo externo, la vigencia de una nueva política de seguridad debe limpiar la imagen de militares y policías corruptos coludidos con el narcotráfico y deducir responsabilidades, como también mejorar la transparencia y efectividad de las acciones con mayor involucramiento de organizaciones de sociedad civil.

Honduras es de los países que menos avanza en el tema de derechos humanos y descentralización. La Secretaria de Justicia, Derechos Humanos y Descentralización ocupa una vuelta de calcetín de 180 grados, aunque una de las causas principales se atribuye a la centralidad de poder en la presidencia de la Republica y falta de apoyo a los procesos de descentralización y participación ciudadana. Los aportes del gobierno central a gobiernos locales (municipales) son menores del 10% y fueron congelados por el FMI, pero también varias de las competencias y recursos que deberían ser trasladadas por ministerios sectoriales no se hacen; igual la política de descentralización se desfasó y la ley de descentralización amerita un ajuste de consenso para entrar en vigencia.

El gobierno necesita fortalecer la línea de relaciones exteriores y cooperación internacional. Existen profesionales de carrera altamente calificados para estos cargos, que han sido marginado por no pertenecer al partido de gobierno o al movimiento interno que llevó al poder a JOH. Lo mismo puede decirse para empresas públicas en estado de coma, caso de la ENEE y Hondutel, donde solo el conocimiento, voluntad política y honradez puede ayudar a salvarles la vida.

Los cambios de Ministros deben servir para reorientar el rumbo y facilitar una transición ordenada y de consenso, caso contrario será más de lo mismo.

Tegucigalpa, DC, 12 de diciembre de 2018