Cada vez con singular marketing, pero con la misma persistencia desde hace años, un sector de empresarios propone las “llaves del crecimiento económico” (https://bit.ly/2QRmJkw) que, para ellos, se resume en lo tributario, laboral y tramitología. Aprovechando el giro empresarial del gobierno de Lenín Moreno, es posible que consigan todo lo que proponen.

Sin embargo, sus planteamientos merecen algunas observaciones.

Primero, la perspectiva constitucional. Como lo destaqué en mi artículo anterior (https://bit.ly/2ruWBO4), la Constitución de 2008 fortalece una serie de capacidades estatales frente a los intereses privados. El Buen Vivir es el objetivo general; hay que contar con Plan de Desarrollo; el Presupuesto debe cubrir los servicios fundamentales y obligatorios del Estado como educación y salud; el Estado ejerce la rectoría en varias áreas; son de su competencia “exclusiva” las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal, monetaria, comercio exterior y endeudamiento; provee educación, salud, seguridad social y otros servicios; corresponden “exclusivamente” al Estado los sectores estratégicos: energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte, hidrocarburos, biodiversidad, patrimonio genético, espectro radioeléctrico, agua y otros. La Constitución admite que el Estado “podrá” delegar la participación de los sectores estratégicos a “empresas mixtas” en las cuales tenga mayoría, y excepcionalmente a la iniciativa privada, pero con sujeción a la ley.

Además, la Constitución ordena un sistema tributario redistributivo de la riqueza, privilegia los impuestos directos, y sanciona a los evasores. Hay por lo menos U$ 4.291.1 millones de deudas tributarias privadas, de acuerdo con cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Y, finalmente, la Constitución garantiza el principio pro-operario, los principales derechos laborales (salario digno, jornada máxima, sindicalización, indemnizaciones, reparto de utilidades, etc.), señala que todos ellos son “irrenunciables e intangibles”; y, además, dispone que la seguridad social es pública y “no podrá privatizarse”.

El “modelo económico” constitucional fue concebido para dar solución a los problemas nacionales en materia económica y social, y no para privilegiar a un sector empresarial sobre la vida del conjunto de los ecuatorianos. Por consiguiente, las propuestas del sector empresarial antes referido convocan a violar la Constitución. Si se quiere imponer un modelo económico exclusivamente empresarial lo que primero habrá que hacer es reformar la Constitución o promover una nueva.

Segundo, la perspectiva histórico-social. Los gobiernos de la Revolución Juliana (1925-1931) inauguraron el activo rol del Estado en la economía, consagraron los principios y derechos laborales, así como la seguridad social, e implantaron, por primera vez, los impuestos directos, privilegiando el de rentas. Esos procesos eran necesarios para superar el régimen oligárquico y fueron continuados por los desarrollismos de las décadas de 1960, 1970 y por la Revolución Ciudadana (2007-2017). Contrariando la opinión generalizada, solo así se logró la modernización económica y el mejoramiento social del país.

Pero esos mismos procesos no han logrado estabilizarse en el tiempo por las reacciones empresariales y oligárquicas contra esa trilogía Estado-impuestos-trabajo. De manera que también, en forma cíclica, los intereses privados han logrado imponerse a la nación, con gobiernos subordinados a sus intereses.

Las “llaves del crecimiento económico” propuestas por el sector empresarial antes referido, no son modernas, sino tradicionales, conservadoras y atrasadas. Demuestran la misma línea del viejo comportamiento oligárquico y la incapacidad de esos sectores para constituirse en una burguesía nacional con afán de progreso y adelanto. Reflejan exclusivamente intereses privados y frenan las posibilidades del desarrollo del país.

Las “soluciones” empresariales propuestas ya han sido probadas en distintos momentos de la historia nacional, como la época plutocrática (1912-1925) y especialmente las décadas del “modelo empresarial” de fines del siglo XX. Demostraron que mejoran los negocios privados, pero sobre la base de agravar las condiciones de vida y de trabajo de la población, además de desinstitucionalizar al Estado.

Tercero, la perspectiva económica. La experiencia de América Latina y, sin duda, del Ecuador, demuestran que el achicamiento y retiro del Estado, la supresión o alivio de impuestos y la flexibilidad laboral, que siguen inspirándose en la ideología neoliberal, no solucionan los problemas económicos, sino que los agravan, así como profundizan las brechas sociales. No dinamizan la economía, sino que la estrangulan, particularmente desde el lado de la demanda agregada, además de que restan al Estado capacidades económicas para atender los servicios públicos y la inversión en obras e infraestructuras. En cambio, producen mayores ganancias, concentran la riqueza y privilegian la vida de las elites empresariales y sociales.

Las experiencias latinoamericanas, con Argentina y Brasil a la cabeza, prueban las nefastas consecuencias de los modelos económicos empresariales en la región y Ecuador ha sido uno de los peores ejemplos: basta señalar dos gobiernos empresariales, como el de León Febres Cordero (1984-1988) y Sixto Durán Ballén (1992-1996), y sumar a ellos los que se sucedieron entre 1996 y 2006, que no alteraron el “modelo” de esos dos fundadores.

Pero contra las evidencias y experiencias históricas más pueden los concentradores del poder, aquellos medios de comunicación convertidos en sus voceros y los gobiernos que responden a esos intereses. Sin embargo, contrariando la caduca visión empresarial, es necesario fortalecer al Estado, incrementar impuestos directos a las capas ricas y a los propietarios, así como defender los derechos laborales y potenciar su desarrollo con nuevas instituciones que permitan afectar el grotesco poder que sigue en manos de 215 grupos económicos.

Ecuador, lunes,  17 de diciembre de 2018

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica.

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