“El Pacto Mundial sobre Migración (PMM) es más de lo mismo: los migrantes como mano de obra barata, criminalizados por, simplemente, ser migrantes”

Vía Campesina

El Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte presentado por los gobiernos de los países de Guatemala, EL Salvador y Honduras, en agosto de 2014, busca frenar la migración de estos países, sobre todo de niños, niñas y adolescentes, a los Estados Unidos. El enfoque de sustento es multicausal, al reconocerse que la migración no debe ser atribuida a problemas de violencia e inseguridad ciudadana, ya que existen otras causas, como la expulsión sistemática de población del mercado de trabajo y habitad natural y material. Los ejes del Plan incluyen: a) la promoción de sectores productivos estratégicos generadores de empleos en forma rápida; b) la formación técnica del recurso humano en función de la demanda de los sectores económicos; c) mejora sustancial en la seguridad ciudadana y justicia; d) fortalecimiento de la institucionalidad.

Este Plan contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero enfrentó de entrada, al menos, dos (2) debilidades de conceptualización: a) Su inserción dentro del marco de políticas de corte neoliberal en las región que contribuyen a aumentar la migración más que a reducirla o eliminarla; b) Supeditación de las acciones en cada país a los objetivos y metas de contención de la migración por EEUU, incluso en contra de los derechos humanos que le asisten a los migrantes y objetivos de planes de desarrollo internos. La orden del día es más ajuste económico neoliberal, pero también más recursos internos para retener a los migrantes en cada país contra su voluntad, ya que no está permitido que crucen territorio mexicano y lleguen a la frontera con Estados Unidos.

Las nuevas caravanas de migrantes (En Honduras se alista una nueva caravana para principios de febrero de 2019) y su llegada triunfal a la frontera (¿muro?) con EEUU, explica en parte el fracaso anunciado del Plan de la Alianza del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), que se suma al ascenso a la presidencia de la República de México de Manuel López Obrador, cuya política y agenda migratoria anunciada es muy distinta a la ejecutada por Peña Nieto.

Es manifiesto el cumplimiento de las amenazas de Donald Trump para suspender la ayuda a los países para frenar la migración, ya que este objetivo-meta de EEUU no se ha cumplido; por el otro, las denuncias de países como Honduras-el llamado país de las caravanas de migrantes- que Trump ha desembolsado pocos recursos para cumplir con las acciones y ha tocado a los gobiernos con fondos propios cubrir las demandas del Plan. Se habla que entre 2016 y 2018 los países del Triángulo Norte han invertido más de 10 mil doscientos millones de dólares, y EEUU solo ha invertido 2,000 millones de dólares (Rocío Tabora, ministra SEFIN, Hondudiario: 16/10/2018). Según declaraciones de la ministra, Honduras ha invertido 2,915 millones dólares para frenar la migración irregular (El heraldo, 31/12/2018), monto superior a la inversión del gobierno de Trump.

Es evidente la insuficiencia de recursos asignados por EEUU al gobierno de Peña Nieto para deportar a los migrantes, unos 20 millones de dólares anuales, lo que no permite la vigencia de una estrategia integral de protección y desarrollo de las oportunidades de trabajo para los migrantes, al interior de México.

Frente a este eventual fracaso, las nuevas acciones van orientadas a la conformación de un Plan Integral de Desarrollo para frenar la migración, pero además integrar a los países en las estrategias de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y reducción de la desigualdad, liderado por México con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). El compromiso se concretó en la toma de posesión de Andrés López Obrador, presidente electo de México, contando con el apoyo y participación de los presidentes de Guatemala y Honduras, Tony Morales y Juan Orlando Hernández (JOH), y el vicepresidente del El Salvador, Oscar Ortiz.

El 20 de enero de 2019 se espera concretar una reunión de cancilleres de los países involucrados para presentar, en fecha próxima, el esquema del Plan de Desarrollo a detalle a los presidentes participes, para después involucrar al representante del gobierno de EEUU, en este caso el vicepresidente Mike Pence, ello con apoyo de CEPAL. Los llamados “logros” de la Alianza para el Prosperidad en materia de seguridad regional y justicia son insumos para la CEPAL, por lo que el Plan inicial de la Alianza aprobado por los gobiernos deberá pasar a mejor vida con la aprobación del Plan de Desarrollo, siendo México además de parte interesada un aportante de recursos importante.

Se habla de una inversión conjunta de México y EEUU de 35,600 millones de dólares, de la cual el país “charrúa” aportará el 70% de los fondos para un periodo máximo de cinco (5) años; los aportes de EEUU no solo cubrirán gastos internos, sino también desarrollo de proyectos y gastos de ejecución de los países centroamericanos, por un monto máximo de 5,800 millones de dólares incluyendo recursos de contraparte local. Se estima que la mayoría de los recursos del Plan se orientarán a apoyar actividades productivas, infraestructura, seguridad, reducción de pobreza, alimentos e institucionalidad en temas de protección social y derechos humanos; todo ello condicionado a la reducción de la corrupción y violencia en todas sus formas y manifestaciones.

Surgen algunas dudas desde la visión de organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema de derechos humanos, e incluso desde aquellas fuerzas de oposición política a los gobiernos de los países de la región centroamericana. Entre las interrogantes se encuentran ¿Qué pasará con el Plan anterior? ¿Acaso seguirá vigente ya que existe el compromiso formal de sus miembros por apoyarlo y asignar recursos financieros cada año? ¿O, acaso, el presidente Donald Trump ya lo dio por muerto, al suspender la ayuda asignada por EEUU a los países de la región?

CEPAL debe hacer una evaluación del Plan de la Alianza del Triángulo Norte, focalizada en cumplimiento de objetivos/metas, asignación, uso y productividad de los recursos ejecutados; pero, sobre todo, impacto de las acciones en cuanto a mejora de condiciones de vida y entorno para los migrantes. Esta evaluación debe hacerse no solo con la participación de la institucionalidad responsable de las competencias publicas en derechos de migrantes, sino conjuntamente con asociaciones y organizaciones de los propios migrantes, lo que puede contribuir a eliminar el sesgo burocrático en la elaboración del documento propuesta, incluso a modificar el libreto neoliberal que condiciona las intervenciones del Plan a la vigencia de acciones compensatorias en lo económico ( generación de empleos e ingresos poco sostenibles) y de protección social y seguridad interna

Donald Trump sigue amenazando a los gobiernos de la región de cortar todo tipo de ayuda si no enfrentan y frenan la migración (¿regular e irregular?), lo que involucra también a México. En la medida que más centroamericanos y de otros países lleguen a la frontera con EEUU, las amenazas de Trump se concretarán en forma oficial e incluso abarcar otras áreas no muy visibles, caso de la política partidista (retiro del apoyo a gobiernos corruptos) y el comercio (revisión del TL-CAFTA); o sea, la amenaza de quitar el poder. En tal sentido, el nuevo Plan liderado por México con acompañamiento de CEPAL, puede ser un instrumento para legitimar a los gobiernos del área o, en su defecto, para acompañar las reformas en marcha desde organizaciones de sociedad civil y fuerzas de oposición política.

Tegucigalpa, 2 de enero de 2019