El 10 de enero es un día que la prensa hegemónica internacional ha llenado de expectativas y especulaciones como la de que la Asamblea Nacional venezolana, en manos de la oposición, elegirá un gobierno provisional. Pero la realidad es que se juramentará Nicolás Maduro como Presidente constitucional para un segundo período.

¿Qué harán los opositores en el exterior?, pregunta el director del diario Últimas Noticias Eleazar Díaz Rangel. “No pregunto qué harán en el país, porque las oposiciones carecen de fuerza para hacer nada. En cambio los cancilleres del Grupo de Lima resolverán si retiran a los embajadores o si van más allá y rompen relaciones. Tampoco se sabe qué hará Washington, determinante porque incidirá en lo que van a hacer los limeños, no darán un paso sin oír la voz del amo”, añade.

El 10 de enero de 2019 finaliza el período presidencial iniciado en 2013, y comienza uno nuevo de seis años, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 y 231 de la Constitución. Nicolás Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como presidente electo para el período 2013-2019 –tras las elecciones del 20 de mayo de 2018- y deberá asumir la presidencia mediante juramento, prestado ante la Asamblea Nacional o ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Ya se anunció en Caracas que el 10 de enero Maduro se realizará la juramentación ante el TSJ, y el 11 Maduro se presentará ante la Asamblea Nacional Constituyente, el supra poder vigente desde 2017 que autorizó los comicios presidenciales del año pasado.

La oposición –y la Asamblea Nacional donde es mayoría- señala que los comicios violaron todas las condiciones de integridad electoral aplicables desde el Derecho Internacional y el Derecho Constitucional, con lo cual no pueden ser considerados como elecciones legítimas. Gobiernos europeos, algunos latinoamericanos y sobre todo EEUU, desconocieron los resultados de las elecciones, auditadas internacionalmente como normales.

Desde 1999, la oposición viene amenazando al gobierno bolivariano. Después de un ultimátum, no hay más nada, todo se ha agotado: diálogo, mediación, puentes. Pero en Venezuela no es así, gracias a una oposición que no cree ni en la etimología, señala el intelectual y constituyente Earle Herrera. Desde 1999 viene poniéndole fecha de salida al gobierno. El 10 de enero ejecutará sin apelación el primer ultimátum del nuevo año, aunque se lanzó desde el año viejo.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llamó el último viernes a desconocer el segundo periodo presidencial de Maduro, en una jornada en la que el Grupo de Lima, a excepción de México, llamó al mandatario a ceder el gobierno a la Asamblea Nacional para que convoque a nuevas elecciones. La excepción de México dejó sin mucho aliento a Almagro y al Grupo de Lima.

“Urgimos a Comunidad Internacional desconocer a Nicolás Maduro, abstenerse de proveer ayuda financiera y militar”, tuiteó el secretario general de la OEA, quien convocó para el 10 de enero una sesión extraordinaria para abordar la situación en

El canciller brasileño, Ernesto Araújo, afirmó que la decisión del Grupo de Lima que insta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a no asumir un nuevo mandato, supone una “oportunidad” de que abandone el poder con “un mínimo de dignidad”.

El Grupo de Lima fue creado en 2017, año de terror callejero contra el gobierno de Maduro que dejó unos 125 muertos. Está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía.

Cabe recordar que Venezuela inició en abril de 2017 el procedimiento para retirarse de la OEA, que debería concretarse en abril de 2019, después de haber sido amenazada en varias ocasiones con la expulsión aunque sin que se haya conseguido nunca la mayoría necesaria de dos tercios para concretar la medida.

El último sábado, Maduro, amaneció llamando “al compromiso” a los empresarios del país, para superar la persecución financiera. De acuerdo al mandatario, “la Recuperación Económica de Venezuela depende del esfuerzo de todos”. “Reitero mi llamado al compromiso de los sectores empresariales para superar la persecución financiera y promover el trabajo productivo que nos permita avanzar hacia la prosperidad”, tuiteó.

Los empresarios por su parte, han realizado varios pedidos al gobierno, entre ellos la liberación del control de cambio, la eliminación de la fijación de precios, para incentivar la oferta y demanda en el mercado, favorecer la producción con incentivos y reducir la emisión de dinero inorgánico que actúa como gasolina para la inflación. Exigieron asimismo dar cumplimiento a sus promesas para reducir la inflación, que giran en torno a la actuación del Banco Central de Venezuela.

Creyeron ver parte de sus demandas satisfechas en los anuncios económicos de Maduro en agosto de 2018. También el pueblo renovó su expectativa, pero la nunca resuelta ausencia de autoridad del Estado en materia económica permitió que los precios en aumento constante fagocitaran los nuevos sueldos. Los nuevos billetes de bolívar soberano ya circulan en fajos, como los anteriores, para más o menos cubrir el precio de algo.

Es la política, estúpido

Pero la asfixiante situación económica no repercute directamente en la estabilidad del gobierno, ni en el ejercicio de la hegemonía política.

El nuevo presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2019, Juan Guaidó, dio su primer discurso oficial, lleno de críticas al gobierno de Maduro, donde lo llamó dictador y usurpador de la presidencia. Guaidó planteó que hay que respetar la ley, lo que indica que la pauta principal de la nueva AN es la negociación (aunque habló sólo de “transición”) y que debe convocarse a todos los sectores para “restablecer” la democracia. Parece haber puesto paños fríos así a los ánimos más calenturientos de sectores de la oposición, que quieren que la AN asuma una suerte de gobierno paralelo a partir del 10. Sueños lejanos.

Guaidó habló de cuatro patas en la mesa para la salida de Maduro: la Asamblea Nacional, la presión internacional, la movilización popular y las Fuerzas Armadas. Tienen las dos primeras, pero no las otras dos. No pueden movilizar a los propios y deberían enfrentar además un movilización opuesta, del chavismo, que aun atribulado por la crisis económica saldría, en números no desdeñables, a defenderse del golpismo, como ya lo hizo durante 2014 y 2017.

José Ignacio Hernández señala en Prodavinci que “debe tenerse muy presente que la fecha del 10 de enero, en sí misma, no puede producir cambio alguno en Venezuela, pues nuestra crisis no es de aquellas que se solucionan con actos jurídicos”.

Sorpresivamente, la estatal petrolera PDVSA firmó contratos de servicios a largo plazo de yacimientos petrolíferos y contratos de compra de crudos con dos compañías de responsabilidad limitada registradas en Delaware, EEUU, una ruptura significativa de su modelo de negocio típico que utiliza más de 40 empresas conjuntas aguas arriba existentes en el negocio petrolero en Venezuela.

Tradicionalmente, PDVSA ha insistido en controlar la comercialización de todo el crudo producido por sus empresas conjuntas ascendentes. Lo inusual es que la nueva administración de la estatal petrolera entrega las operaciones propias a través de Contratos de Servicios, algo que el presidente Hugo Chávez había eliminado.

Rafael Ramírez, el exministro de Energía y expresidente de la estatal petrolera PDVSA con Chávez, hoy acérrimo opositor a Maduro, señala que este 10 de enero se consumará un acto más en el camino de la deslegitimación del sistema político venezolano, y la entrega de las riquezas fundamentales del país.

“Se aprovecharon de la tragedia de su muerte (la del expresidente Hugo Chávez) para hacerse del poder, utilizando su nombre, usurparon el poder originario del pueblo y descargaron contra nuestro país lo peor de sí mismos: la ética del pranato se ha impuesto como conducta política y con ella, el atropello, la violación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales del ciudadano, la pérdida del Estado de Derecho y de cualquier atisbo de decencia y escrúpulos, en el manejo de los asuntos del Estado”, escribió Ramírez.

La socióloga Maryclén Stelling advierte que el paisaje político venezolano ha cambiado y comienza a enraizarse el desapego político, la desafección institucional, la desconfianza, el desinterés y el extrañamiento político-partidista-electoral. “Lentamente van cambiando las actitudes y pautas culturales a través de las cuales nos relacionamos con el sistema político”, advierte Stelling, en un alegato en el que deberían verse tanto maduristas como opositores.

"Cobra cuerpo un nuevo paisaje político  -caracterizado por un enfriamiento de las actitudes de la ciudadanía ante la política y un debilitamiento de la  participación- que podría conducir a cambios en el comportamiento político. Estudiosos del fenómeno alertan sobre diferentes peligros, entre ellos una suerte de divorcio de la ciudadanía del sistema político, por la vía de la dramática reducción de la participación electoral”, continúa la especialista.

Para Stelling, “es momento de reflexionar y repensarnos descarnadamente; es tiempo de oír la voz del pueblo y atender las posiciones críticas que denuncian y, a la vez, abren caminos.  Es tiempo de atreverse, de correr riesgos y tomar decisiones con grandeza y valentía, más allá del miedo y de intereses políticos pequeños y mezquinos”.

¿Qué se puede esperar el diez de enero en Venezuela? Todo parece indicar que se puede esperar que llegue el día once, y el doce, y así. El pulso político de Venezuela no se resuelve en los pasillos de las cancillerías latinoamericanas o en el departamento de Estado.

Marcos Salgado

Periodista argentino del equipo fundacional de Telesur. Corresponsal de HispanTv en Venezuela. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

http://estrategia.la/2019/01/06/venezuela-de-cara-al-diez-de-enero/