En torno al próximo bicentenario de creación de la república peruana, el año 2021, se viene generando un ambiente de cierta expectación y de controversia sobre su real significado país; ello en medio de la grave crisis política e institucional devenida de la corrupción sistémica, que indigna a la ciudadanía y que ralentiza su aspiración legítima de lograr un verdadero desarrollo inclusivo, equitativo y solidario. Empero la cuestión previa implica analizar si en efecto hemos avanzado en reconocernos plenamente como nación multicultural y multilingüe, desentrañando las complejas relaciones de dominación y sujeción devenidas del periodo colonial en torno a la cultura occidental y las culturas originarias. Porque desde la derrota del colonialismo europeo y del complejo camino en la conformación de las repúblicas independientes de la región, como Perú, debemos reflexionar si con el enfoque occidental moderno de estado-nación han evolucionado las estructuras políticas y de gobierno o seguimos el mismo patrón de dominación impuesto desde el siglo XVI.

Existen puntos pendientes de analizar en la evolución del estado-nación peruano, en particular con relación al marco de legalidad, institucionalidad y de buena gobernanza en los territorios de casi diez mil comunidades campesinas y nativas a nivel nacional (herederas de culturas y pueblos originarios en 9 mil años de historia), porque se soslaya, contraviene o ignora sus derechos preexistentes a la república, a la constitución política, a los compromisos del Convenio 169 de OIT y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otras normas. Por eso nos preguntamos cuánto hemos avanzado en desarrollar un pensamiento crítico sobre las profundas raíces ideológicas desde la colonia y del patrón de dominación que lo caracterizó: rasgos de una estructura de pensamiento eurocentrista devenida en prejuicios y estereotipos reflejados en las profundas desigualdades socioeconómicas y culturales que aún vive la sociedad peruana.

Si bien los avances en materia de crecimiento económico y reducción de la pobreza monetaria hicieron que en la última década el Banco Mundial considere al Perú como país de renta media, tal avance no explica por qué los índices de desarrollo humano son dispares y relativos en las zonas rurales. Por qué el estancamiento secular y marginación de su población con relación al centralismo capital limeño y las élites que gobiernan el país, muy distante de su realidad. Por qué su población rural estimada en no menos de un millón y medio de familias campesinas y nativas parece seguir invisible al estado. Y aun cuando habitan en zonas alejadas y extremas en geografía y climas presentan enormes potencialidades en recursos naturales y proveen valiosos servicios agroalimentarios, ambientales y en salud al país. Sin embargo, la pobreza multidimensional persiste con varias carencias y demandas de atención en servicios básicos: agua, desagüe, salud, educación, desnutrición e inseguridad alimentaria, así como problemas de migración, de la falta de oportunidades y empleo, etc. Situación que demanda la mayor atención del estado y sus sectores competentes, porque se trata de derechos fundamentales en la agenda de desarrollo de las comunidades campesinas y nativas.

A la fecha el MINAGRI, ente rector de la política de titulación de comunidades, no tiene información oficial actualizada del total de comunidades campesinas y nativas; tampoco se cuenta con un mapa catastral oficial de sus territorios, pese a que representan casi la mitad del territorio nacional. Desde hace décadas más de 4 mil comunidades son desatendidas por el estado en su reconocimiento, saneamiento y titulación generando inseguridad jurídica territorial y relativo desarrollo. La agricultura familiar, ganadería, pesca y otras actividades tradicionales claves de las que viven las comunidades son amenazadas por grupos económicos de poder, legales e ilegales, al amparo de políticas económicas que -en base al modelo primario exportador y la flexibilización de las regulaciones ambientales-, favorecen la expansión de proyectos de inversión minera, petrolera, gasífera, maderera, etc., implicando contaminación y degradación ambiental en sus territorios.

Con casi dos cientos años de historia país, es imperativo una profunda reflexión autocrítica del rol tuitivo del estado peruano. Siendo crucial la voluntad política del gobierno para cimentar un diálogo plural y continuo con las comunidades, con sus organizaciones y sus propuestas. Urgente desafío camino al bicentenario.

Walter Chamochumbi

Asesor de Eclosio, Programa Región Andina.