La actuación de la derecha oligárquica en el actual proceso electoral es doblemente fraudulenta: participa con un partido ilegal y compite con un candidato presidencial inconstitucional.

ARENA debió ser cancelada por utilizar dineros ilícitos en campañas electorales. El partido oligárquico desvió hacia sus cuentas bancarias millonarias donaciones del gobierno de Taiwán; así lo determinó una comisión especial de la Asamblea Legislativa integrada por diputados de todos los partidos políticos y lo confirmó el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador.

En este contexto, altos dirigentes areneros -entre éstos el ex presidente de la república Alfredo Cristiani y el expresidente del COENA Jorge Velado- reconocieron públicamente que 10 millones de dólares donados por Taiwán, para ayudar a los afectados por los terremotos de 2001, fueron utilizados para financiar la campaña electoral de ARENA en 2004.

Dichos fondos fueron obtenidos mediante una operación de lavado de dinero realizada por el ex presidente arenero Francisco Flores, a través del Centro de Estudios Políticos “Antonio Rodríguez Porth” y el Banco Cuscatlán.

ARENA también se financió con fondos de la corrupción del ex presidente Antonio Saca: durante el juicio contra el último presidente arenero, Fiscalía y sistema judicial establecieron que 7.6 millones de dólares de la partida secreta de Casa Presidencial fueron entregados al partido de derecha. Adicionalmente, un testigo criteriado de la Fiscalía señaló que ARENA recibió otros 2 millones para la campaña de 2009.

El partido oligárquico, además, ha recibido financiamiento irregular del Centro “Rodríguez Porth” y de la llamada Fundación “Libertad y Progreso”, ésta última ni siquiera está en el Registro de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación. Según denunció la Secretaría de Transparencia, la primera entregó a ARENA 22 millones y la segunda 8 millones de dólares.

Por tanto, ARENA debió ser proscrita y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no debió permitirle participar en elecciones. La oligarquía salvadoreña debió crear un nuevo partido político.

Y ahora resulta que, además de participar con un partido ilegal, la derecha oligárquica también compite con un candidato inconstitucional. Según datos del Banco Mundial, Carlos Calleja, el presidenciable arenero, es titular de concesiones del Estado y, por tanto, no podría competir por la Presidencia de la República.

Calleja es parte del consorcio Energías del Pacífico, que junto a la empresa Quantum, tiene una concesión del Estado para generar energía con gas natural, en un espacio marítimo y terrestre del Puerto de Acajutla, propiedad de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

Así que, ojalá, toda la población democrática y decente exija a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que anule la candidatura presidencial de Carlos Calleja y al TSE que cancele al oligárquico partido ARENA.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)