El decreto 58/2019 a favor de las empresas privadas de telefonía celular, descapitaliza la empresa pública ARSAT.

Las frecuencias que se licitarán, son para dar servicios 3G y 4G, pertenecen a las bandas nacionales de 700 mhz y de 1,7-2,1 mhz, y las regionales de 1.800-1.900 mhz. Esta quita estimada en 500 millones de dólares potencia los negocios de Telefónica, Personal – Cablevisión y Claro en sus servicios 4g.

Estas frecuencias mencionadas, estuvieron asignadas al proyecto de Libre.Ar. En septiembre de 2012, Cristina Fernández de Kirchner anunciaba que ARSAT sería un operador mayorista de telefonía celular a través de la marca Libre.ar. En un contexto donde el Estado gestionaba el 25 por ciento del espectro destinado a los celulares, el proyecto fue darle conectividad 3G a las cooperativas y pymes de telecomunicaciones de todo el país quienes comercializarían el servicio a nivel minorista. El gobierno de CFK a principio de 2014 discontinuó libre.ar y licito las frecuencias para mejorar el servicio 3G y comenzar con el 4G. La empresa del grupo Vila, Arlink fue la adjudicataria. En 2015 ARSAT recupera estas frecuencias, ya queAirlink no poder reunir los fondos necesarios para saldar el monto inicial de la licitación y la Autoridad Federal de Tecnologías Informática y Comunicaciones (AFTIC)dio por desistido el impulso licitatorio.

La ley 27.208 sancionada el 4 de noviembre de 2015 estable:

ARTÍCULO 10. — Cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de las Telecomunicaciones, definidos en la ley 27.078 ‘Argentina Digital’, que pertenezcan o sean asignados a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, requerirá autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación. El DNU firmado por el presidente Macri debilita el patrimonio público argentino y desconoce la Ley 27.208 ignorando el Congreso de la Nación.

El nuevo decreto señala que la participación de los oferentes, no podrá ser menor al 20 por ciento. Esta condición beneficia al sector oligopólico integrado por Telecom-Cablevisión, Telefónica y Claro.

Así la gestión Cambiemos suma un nuevo avance en la política comunicacional argentina.

A poco de comenzar su mandato inicio el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y continúo su política estableciendo decretos que beneficiaron al grupo Clarín y la fusión con Telecom.

El decreto permite al Enacom asignar las frecuencias al sector privado y Cooperativas. El organismo que regula el mercado de las telecomunicaciones argentinas, está presidido por Silvia Guidicede notoria participación, a favor de grupo Clarín, en los debates de la Ley de Servicios y Comunicación Audiovisual, quien garantizó la continuidad de una política que favoreció al grupo Magnetto en estos 3 años de gobierno

En su último año de gobierno, Cambiemos apura la entrega del patrimonio soberano, endeuda la Argentina y se cubre sus espaldas con el DNU para la extinción de dominio de bienes de la corrupción y el narcotráfico

Con miras al nuevo período debemos recordar los 21 puntos de la Coalición por una Comunicación Democrática expresado en http://www.coalicion.org.ar/21-puntos-por-el-derecho-a-la-comunicacion/.

Su texto es un buen punto de partida de políticas a implementar por un nuevo gobierno con el corazón en el pueblo.

- Alfredo Moreno: Computador Científico. Profesor de TIC en Univ. Nacional de Moreno.

Especial para Motor Económico: http://motoreconomico.com.ar/medios-y-tecnologia/arsat-colonizar-y-empobrecer