El Sr. Manini Ríos fue hasta el martes comandante en jefe del ejército uruguayo. Hoy es otro. La razón es que sostuvo, entre otras provocaciones, que la justicia se apartó de “los más elementales principios del derecho” ya que los militares eran juzgados “sin las garantías del debido proceso”.

En algo tiene razón, la democracia representativa uruguaya aún se encuentra herida por la vigencia de la ley de “Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848), dictada en 1986 en -y por iniciativa del- gobierno de Sanguinetti, corredactada por legisladores de los dos partidos tradicionales, que comprende los delitos cometidos hasta el 1° de marzo de 1985 (es decir hasta el fin del Terrorismo de Estado) por funcionarios militares y policiales.

La historia recordará que en dos oportunidades la izquierda propuso derogar este culto a la impunidad y homenaje la tortura mediante un referéndum revocatorio, sin lograrlo, debido a una inexplicable cobardía cívica popular. Además de esta aberrante ley que viola “los más elementales principios”, tampoco es compatible con el principio de igualdad ante la ley que exista una justicia paralela, la justicia militar, que en vez de reparar la injusticia de la vigencia de la ley de caducidad (protegiendo su honor) erige por caso un tribunal de honor que no hace más que cuestionar las condenas de la Suprema Corte de Justicia en los escasísimos casos de crímenes aberrantes que por razones muy particulares no estuvieron comprendidos en el amparo mafioso de la ley de los genocidas.

El viernes en el mundo, particularmente en su geografía occidental, se desarrollaron marchas en reclamo de igualdad, con particularísimo acento en la de género, donde las consignas y demandas contenían un denominador común, reflejaban además las particularidades de cada país en materia de conquistas o retrocesos en la equidad. Personalmente disfruté de esta marcha en Montevideo donde la concurrencia es tan masiva no solo en términos absolutos sino también relativos a la población de la ciudad, que me impidió encontrarme con muchos amigos y amigas, tanto como poder determinar si alguien en particular fue parte de la manifestación. Sin embargo deduzco que Manini Ríos no se integró a la marcha, no por el impedimento en participar de la vida política (que sin dejar de ser político, fue como siempre un acto cívico, multi o extra partidario) sino por la raigal naturaleza patriarcal de la formación y función militar, además de la composición de género y etaria de la inmensa mayoría.

Sin la menor pretensión de rigurosidad, como mero observador participante en un ejercicio sociológico salvaje, inferí que la convocatoria tuvo eco en una abrumadora mayoría de mujeres, diría tal vez que en el orden de 8 o 9 a 1. Pero con la particularidad de tener una proporción muy significativa de jóvenes, algo más difícil de hallar en comités de base, congresos o actos partidarios.

La razón de fondo que hace converger el planteo corporativo de privilegio de esta casta, con la intuida ausencia a la movilización, es la formación absolutamente retrógrada y ajena incluso a toda eficacia en materia de defensa. En vez de transitar por los liceos donde encontrarán no sólo variados segmentos sociales sino también identidades de género e inclinaciones diversificadas, se recluyen en una institución prácticamente monástica de culto machista y naturalización patriarcal, donde se exalta la fuerza cultivando el desprecio por el disenso, la duda y en última instancia el uso de la razón, además de que se ejercita la concentración vertical del poder. No debe olvidarse que además de los crímenes del Terrorismo de Estado denunciados en el mismo período, desde el año 2011, gracias a la valentía de 28 mujeres, conocemos la violencia y abuso sexual por parte de los militares que las secuestraron durante la dictadura que no se redujo a los perpetradores materiales sino que ellas sostuvieron que era conocido “desde el comandante hasta el último alférez, porque todos eran cómplices”.

En esas instituciones supuestamente formativas, rigen los axiomas y las abstracciones patrióticas que se pretenden divinas. En su momento escribí que “la institución misma es violatoria porque forma a sus integrantes en un marco opresor que a la vez opera como proyecto latente de transgresión mediante una miseria sexual doblemente cosificada: entre la madre, esposa entregada al destino biológico de la reproducción y la servidumbre, y la puta, destinataria deshumanizada de sus mecanizaciones. En un contexto de anomia y poder absoluto como un Estado Terrorista, esta concepción se traslada hasta el límite de la disposición de la vida misma de las víctimas. Sus violaciones no eran sino rutinas fisiológicas genitales, descargas eyaculatorias sobre un mero objeto interpuesto, totalmente deshumanizado. La fantasía infantil de “acostarse con todas” con potencia viril siempre cumplida, tal vez los tranquilice, ayudando a lograr su deserotización plena”. ¿Serán pruebas inventadas, como sostuvo el hoy destituido?

La única política de defensa, tan indispensable como posible, es una política científico-tecnológica que no puede producirse sino en el marco civil y con las instituciones educativas y los entes estatales que la pueda implementar con personal formado en las mismas instituciones en las que se forma la totalidad de la fuerza de trabajo, cualquiera sea su género, ideología o identidad.

La decisión del Presidente Vázquez no merece más que apoyo, pero en adelante será indispensable ir pergeñando un cambio radical en la política de defensa. Las FFAA, tal como están, no son sólo onerosas para la sociedad, sino además inútilmente dañinas.

Hay que sustituir mucho más que su cabeza.

Emilio Cafassi
Profesor Titular e Investigador

Universidad de Buenos Aires

Publicado en Caras y Caretas (Uruguay), 18/3/2019