Contradicciones y crisis política permanente

¿Adiós a Bolsonaro?

28/03/2019
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Jair Bolsonaro
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La contradicción es el alma del proceso. Este principio universal se desenvuelve en Brasil con peculiar rebeldía. Como señalara Alfredo Saad Filho, desde hace cierto tiempo el gigante amazónico es una “tierra de ensueño para los cientistas sociales”. Un momento olímpico de la dialéctica. Un desastre que ata a las mayorías. Contradicciones de clase, tensiones políticas y relaciones de fuerzas dinámicas y cambiantes, en un marco de inestabilidad y crisis política permanente, colocan en el orden del día escenarios de metamorfosis de lo político-estatal, todo lo cual demanda el cenit de una praxis política colectiva y emancipadora.

 

A tan solo tres meses del gobierno encabezado por Jair Bolsonaro, ya se habla de impeachment contra el jefe del Ejecutivo. Más allá de la efectiva influencia que poseen las fuerzas armadas en el Estado, podría entregar directamente el aparato estatal a los militares en las manos del general retirado y hoy vicepresidente Hamilton Mourão. Como refiere Florestan Fernandes Júnior, “Tanto defendió el golpe de 1964 que ahora, es muy probable que Bolsonaro experimente él mismo una sacudida del tapete”. Así, la compleja maquinaria política brasileña y sus desdoblamientos de excepción, reactiva su funcionamiento en el “modo Golpe”. 

 

A continuación reflexionamos sobre algunas de las principales contradicciones económicas y políticas que se presentan al paso de los intereses y acciones del nuevo gobierno brasileño. Estas contradicciones se constituyen como la base de una crisis política permanente, la cual acelera escenarios de violenta intensidad, de excepción, así como forma la base para la construcción popular de la alternativa.

 

Las contradicciones de nuestro tiempo en el capitalismo dependiente

 

El paso metodológico primario para el análisis de la coyuntura brasileña implica aprehender la relación inescindible entre economía y política en tanto unidad de relaciones sociales y condensación de contradicciones. Unidad de relaciones de explotación y dominio inmanentes al despliegue de acumulación y reproducción del capital, y que en su propia dinámica viva reproduce tensiones y contradicciones, las que constituyen el motor del movimiento y el cambio.[1]

 

Las contradicciones son primarias, secundarias, internas y externas, algunas se recrean y otras se desplazan. Son inherentemente conflictivas y violentas, las más vivas se agudizan, y en considerables episodios, dan lugar a saltos y metamorfosis originales.

 

Las contradicciones conflictivas de nuestras sociedades dependientes guardan coordenadas locales, regionales y globales. Ello es así dada la convulsión espacio/tiempo alimentada con la mundialización del capital de finales de siglo XX, las modalidades de integración de los Estados dependientes y periféricos con los países centrales en este estadio, y sus relaciones construidas con la emergencia de nuevas potencias mundiales en las últimas dos décadas (Rusia, China, India). De tal modo, las luchas de clases de nuestro tiempo se recrean en la complejidad de una “síntesis de múltiples determinaciones” de coordenadas heterogéneas. El cuadro general que le subyace es la pendiente estructural del imperialismo hegemónico, el ascenso de un mundo multipolar, las relaciones de los Estados de América Latina y el Caribe con los nuevos polos del poder mundial, y la reacción del gobierno estadounidense con su intenso desplazamiento global hacia el unipolarismo guerrerista y militarista de Trump, de cuyo Jefe de Estado, Mike Pompeo, muy recientemente exclamó: “el hemisferio occidental es nuestro”.

 

En este cuadro, se pone de relieve el realineamiento brasileño de Bolsonaro y de su política exterior personificada por su grotesco canciller Ernesto Araújo (tutelado ya por los militares), lo que representa hasta ahora una conquista geoestratégica del imperialismo. Más aun, en el contexto de una geopolítica global en un mundo de ascenso multipolar, las agresiones imperialistas contra la “tríada de la tiranía” (Venezuela, Cuba, Nicaragua), la presencia de Brasil en el BRICS, y las relaciones otrora progresistas de éste país con los Estados de la región.

 

El proyecto económico general, la contradicción capital/trabajo y profundización de la crisis económica

 

En la economía brasileña ya se presentan claros avisos de una menor tasa de crecimiento que las proyectadas oficialmente. Como era previsible, a tres meses de iniciado el gobierno Bolsonaro, las dificultades económicas y políticas brasileñas se agravan, sin existir la menor capacidad en la maquinaria estatal de aminorar algunas de éstas.

 

A gran velocidad se atizó la crisis socio-ambiental en el nuevo gobierno. Ello con el derrame tóxico de la mega corporación minera Vale en la represa localizada en el municipio de Brumadinho en el estado de Minas Gerais (MG). El 25 de enero de este año, el desastre social y ambiental llevó a la muerte de 210 personas y 96 desaparecidos -hasta ahora-, así como a la contaminación de grandes ríos que abastecen a más de 100 mil habitantes, a lo que se añade la devastación del medio ambiente.

 

Como lo mostró la tragedia ambiental en el municipio de Mariana (MG) en noviembre de 2015, que dejó 19 muertos y afectaciones en 43 municipios de MG y Espíritu Santo, y con la responsabilidad de la misma empresa minera, la devastación tanto de ríos como de comunidades, refieren una crisis que lejos de ser “accidental” es estructural. Esta crisis está inserta en la fiebre del mercado externo con la venta de commodities (soya, mineral de hierro, madera, petróleo bruto, café, etc.), en tanto eje de acumulación en la reproducción del capital, el cual descansa en superexplotación de fuerza de trabajo y extracción exacerbada de recursos naturales, dos elementos principales en la primarización regresiva de la economía dominada por las fracciones del agronegocio exportador.

 

Las posiciones del actual Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, defienden el establecimiento de hidroeléctricas y vías férreas en zonas protegidas. La orientación del nuevo gobierno privilegiará la producción agropecuaria con enormes repercusiones en la deforestación.

 

La tasa de desforestación en la Amazonia está muy próxima del 25%. De llegar a este nivel, sería irreversible la recuperación de la vegetación así como de los servicios ambientales que produce. Con Bolsonaro, se anuncia el agravamiento de esta crisis socio-ambiental. Por ejemplo, su postura sobre el Acuerdo de París sobre el cambio climático, sus rígidos intereses de sobreexplotación y mercantilización de la Amazonia, además de las nuevas condiciones de demarcación de tierras indígenas y de su negativa al reconocimiento de territorios quilombolas,[2] los que ha transferido al Ministerio de Agricultura presidido por las fracciones ruralistas y del latifundio.  

 

La crisis económica influyó con fuerza en las elecciones de octubre. El último lustro, está marcado por dos años de fuerte recesión (2015, 2016) y tres de cuasi estancamiento (2014, 2017, 2018). Como era de esperarse, con los planes ultra liberales del gobierno, muy difícilmente se podría aminorar el grave desempleo y subempleo presente en la economía, que juntos alcanzan a cerca de 30 millones de brasileños. A más de un año de entrada en vigor de la nueva reforma laboral (noviembre de 2017), se perciben sus daños funestos en el mundo del trabajo: predominio de lo negociado sobre lo legislado, flexibilidad de la Jornada de trabajo, disminución de tiempo de alimentación en la Jornada, pérdida de derechos de mujeres embarazadas, flexibilización del trabajo intermitente y el home oficce, liberalización “total” de la tercerización, menores salarios y precarización de derechos, entre otros. Para Bolsonaro, la vida de los empresarios “es difícil” debido a las leyes laborales, impuestos y normas ambientales. Tras la extinción del Ministerio de Trabajo en enero de este año, el ex capitán ha señalado en su reciente visita a Chile que la “mano de obra” brasileña “es de las más caras del mundo”, y que por ello apela a recurrir a la informalidad. Desde el gobierno golpista de Michel Temer, se observa el incremento de la tasa de pobreza y extrema pobreza, tendencia que verá agravarse ante el panorama actual.

 

Con alguna coherencia con sus planes anunciados, el ejecutivo ha comenzado con la instalación de su proyecto de privatización radical. El 15 de marzo, en el seminario “La Nueva Economía Liberal”, el ministro de Economía (antes Ministerio de Hacienda) Paulo Guedes, fue enfático al señalar que la prioridad del Gobierno de Bolsonaro es “privatizar lo posible”. Para ello, ha nombrado como secretario especial a Salim Mattar, que según palabras del ministro es dueño de “un apetito enorme, loco por privatizar lo máximo posible”. Guedes señaló que con la privatización de empresas estatales (banca pública, puertos, aeropuertos, etc.) cuya venta puede ser más factible, se podrían generar alrededor de 1.2 billones de reales (315 mil millones de dólares). Refirió que este valor no representa siquiera la mitad de la deuda pública de Brasil, equivalente a 5.3 billones de reales (1.4 billones de dólares). Y advirtió: "al final (si queremos pagarlo todo), tendremos que incluir a Petrobras también, al Banco de Brasil, tendrá que ir todo".[3]

 

Como puede observarse, programa privatizador, transferencias de riqueza, que implican superexplotación del trabajo, buscan efectuar un mandato del capital financiero.

 

En ese mismo Seminario, el Chicago boy Roberto Castello Branco, presidente actual de Petrobras, señaló que "transformará a Petrobras en lo más cercano posible a una empresa privada", para lo que ya se dispone a “vender hasta 40.000 millones de dólares de activos” en 2019, así como mínimo seis de las doce refinerías de la compañía petrolera y la mayor parte de su infraestructura de gasoductos (Ibid). Ya un año atrás se declaró defensor de “un amplio programa de privatización”, que incluye a Petrobras, Eletrobras, BB, Caixa, Basa, BNB, Correios, Infraero, Casa da Moeda, CBTU y Companhias Docas.

 

A esta profundización del desmantelamiento del Estado social -impuesta desde el golpe de 2016 bajo la hegemonía de la fracción financiera (local-extranjera)-, que incluyó la aprobación en el Senado de la Enmienda Constitucional 95 el 15 de diciembre de aquel mismo año, con la que se impuso el congelamiento del gasto público en salud y educación durante 20 años, se integra la presentación del presidente Jair Bolsonaro el día 20 de febrero de la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC 6/2019) para la Reforma de la Seguridad Social, denominada “Reforma da Previdência”.

 

En resumen, privatización, violencia sobre los derechos laborales, desmantelamiento del estado social, ajuste fiscal, transferencia de recursos al capital financiero, y profundización de una economía exportadora sustentada en la primarización, conducirán al agravamiento de la crisis económica, social y ambiental.

 

Como antagonista principal en el centro de la acumulación del capital, las clases trabajadoras y los movimientos populares ya se organizan y movilizan contra la ofensiva de este gobierno.  

 

Gobierno Bolsonaro: punto nodal de condensación de contradicciones

 

Modificaciones en los ejes y procesos de acumulación del capital son acompañadas de tensiones y alteraciones en la relación política de fuerzas, tanto al interior de las fracciones económicas dominantes, como en sus relaciones de oposición o de antagonismo de éstas con el campo de las clases populares. Ello impacta en el terreno del poder político del Estado, y en el conjunto de los aparatos estatales, espacio político en donde se condensan las contradicciones de clase.  

 

Sobre esta base, señalamos que en la coyuntura actual se configura un intenso proceso de condensación de contradicciones. Éste se despliega a partir de las siguientes relaciones: el programa ultra liberal de apertura económica; la ofensiva contra las clases trabajadoras y los movimientos populares; el entreguismo de Bolsonaro a Estados Unidos; la incapacidad del Ejecutivo por imponer la reforma previsional en el Legislativo; la hostilidad del gobierno respecto a poderosos grupos de los medios de comunicación (Grupo Globo, Folha, entre otros); los choques de la presidencia y sus instituciones con el Judiciario y el Legislativo; tensiones con las fuerzas armadas.

 

Las contradicciones que sobresalen a partir de estas relaciones se constituyen -y algunas pueden ser verdaderamente determinantes- entre el Ejecutivo que preside Jair Bolsonaro con las fracciones industriales, del agronegocio, financieras (que hasta ahora son sus principales aliados), de las telecomunicaciones, así como con las propias fuerzas armadas, importantes grupos del poder legislativo, y del Judiciario.

 

Se crea así un escenario relativamente semejante a las condiciones de inestabilidad política experimentadas al primer año del gobierno golpista de Michel Temer, esto es, a mediados de mayo de 2017, cuando el depositario del Ejecutivo, dadas las tensiones con las clases dominantes y el movimiento popular, estuvo muy próximo de su defenestración.

 

En la coyuntura actual, con la asistencia y recreación continua de contradicciones más amplias y agudas, puede asistirse al exacerbamiento de éstas de cara a una crisis de Estado, escenario en el que no debe descartarse una “salida por la fuerza”.  

 

Este proceso de condensación se extiende conforme el flujo de acciones del gobierno brasileño enmarcadas en distintos planos. A continuación reflexionamos sobre algunas contradicciones que se vienen manifestando.

 

Realineamiento de Brasil a la órbita imperialista: tensiones e impactos  

 

En la visita de Bolsonaro a los Estados Unidos, fue sellado lo que denominamos como conquista geoestratégica del Brasil por el imperialismo.[4] Ello en el marco de su ofensiva -desde el gobierno de Barak Obama hasta Trump- contra los intereses de América Latina.

 

El gobierno brasileño, como ya había dado clara muestra, evidenció su aceptación y subordinación completa a los intereses de Estados Unidos en su intervencionismo golpista, militarista, diplomático y de asfixia económica contra la revolución bolivariana de Venezuela. La cancillería venezolana atribuyó a esta asociación una “alianza neofascista” que realiza una inadmisible “apología de la guerra”.

 

A diferencia del propio poder Ejecutivo y el grupo extremo de bolsonarianos en donde destaca el canciller Ernesto Araújo y los hijos del ex capitán, los militares, en voz del vicepresidente Hamilton Mourão, han declarado su rechazo a una salida militar en Venezuela.

 

En esta visita, Bolsonaro entregó la geo-estratégica base militar de Alcántara en el Estado de Maranhão, en el nordeste del país. Se trata de una de las bases más estratégicas del mundo en el lanzamiento de satélites. Localizada frente a África occidental, la entrega de esta plataforma dará a Estados Unidos una ventaja comercial en el marco de la competencia geopolítica y tecnológica con China.[5] Después de dos fracasos del gobierno estadounidense para establecerse en la base de Alcántara en el año de 2001 (en el Congreso y mediante un plebiscito), inició las negociaciones en el periodo Temer, las que cerró Bolsonaro cediendo por completo y sin la menor reciprocidad. Esta subordinación impactará en el deterioro tecnológico e industrial brasileño, por ejemplo, en el sector aeroespacial, el cual se agudiza con la venta de Embraer a Boeing.

 

Las fuerzas armadas brasileñas no reciben nada bien la enorme concesión de Bolsonaro al imperialismo estadounidense. Para los militares, dicha entrega abdicaría de su pretendida “autonomía”, de su nacionalismo profesado. Impediría los objetivos de su histórica doctrina estratégica dominada por la noción de una “potencia intermedia” (Golbery do Couto e Silva), la cual supone una expansión económica internacional, crecimiento económico, industrialización, un desarrollo tecnológico propio, así como priorizar intereses en el terreno de defensa y “seguridad nacional”. Así, el programa de reversión neocolonial bolsonariano choca con la visión de dicha doctrina.

 

A esto se añade el anuncio de Trump de querer a Brasil como miembro preferencial de la OTAN, lo cual cuestiona los intereses del Estado brasileño y de las fuerzas armadas al subordinarlos a las exigencias del imperialismo.

 

Son tales las contraposiciones entre gobierno y la institución castrense que ya se preguntan en el país amazónico: ¿qué llevó a los militares a involucrarse en el apoyo a Bolsonaro? ¿Permanecerán éstos pasivos en el camino de su destrucción, muy posible con el entreguismo del ex capitán a Trump y el desmantelamiento de la economía? O de lo contrario, ¿podrán actuar hacia una especie de “redefinición” de su alianza tradicional con los gobiernos estadounidenses? Es éste un “punto ciego” de la fuerza armada brasileña que podría revelar su “impotencia” con Estados Unidos.[6]

 

Con el objetivo de “atraer inversiones”, Bolsonaro y Guedes solicitaron el apoyo de Trump para que Brasil ingrese a la OCDE. El magnate asintió a condición de que Brasil renuncie a su tratamiento especial y diferenciado de que los “países en desarrollo” disfrutan en la OMC como medidas de protección para estas economías. Consecuentemente, al renunciar a éstas, el país quedaría más expuesto y vulnerable a las importaciones, negociaciones comerciales, competencia con mercados de países desarrollados, además que vería desaparecer los programas existentes de estímulo a industrialización, ciencia y tecnología. Según se sabe, ningún país “en desarrollo” renuncia a las cláusulas de este tratamiento especial.

 

Más aún, con su renuncia, Brasil da la espalda a los países en desarrollo, entre los que destacan los BRICS, a quienes Estados Unidos ha buscado arrancar dicho tratamiento especial y diferenciado de la OMC, y que los gobiernos brasileños se habían venido oponiendo.  

 

Evidentemente, una mayor liberalización indiscriminada de la economía, más los impactos que seguirán a esta renuncia en la OMC, encienden luces rojas en las distintas fracciones locales de las clases dominantes. Por ejemplo, el caso de la fracción industrial, que de por sí ya encuentra sus intereses amenazados, tanto por la crítica de Paulo Guedes al Mercosur y un posible declive en las exportaciones industriales, como por el lado del recorte del gasto que perjudicarán tasas de rentabilidad de las industrias en el mercado interno. Una prueba de proyectos y planes distintos entre gobierno e industria se advierte con el propio Guedes, quien días después de la elección presidencial criticó a la industria brasileña como una “trinchera proteccionista”, la que amenazó con la eliminación de subsidios al sector, y declaró: “salvaremos la industria a pesar de los industriales”.[7] En noviembre de 2018, el ministro barajeaba la “extinción” del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (Mdic).

 

En un contexto económico estructural de desindustrialización, y en medio de las preocupaciones de los industriales y sus tensiones con el gobierno, que podrían acentuarse con la renuncia al tratamiento especial en la OMC, se presentó el encuentro público entre el vicepresidente Mourão el día 26 de marzo con 750 empresarios de la poderosa Federación de Industriales del Estado de Sao Paulo (Fiesp)[8] -uno de los actores principales en el golpe de 2016-, y que ahora, no sin ironía, se habla que podría mudar su nombre por el de “Federación de Importadoras del Estado de Sao Paulo”.[9]

 

China  

 

En la cena de gala de Trump ofrecida a Bolsonaro, a la que asistió Steve Bannon, gurú del trumpismo, éste señaló al gobierno brasileño lo que en su momento también expresó el mismo ex secretario de Estado Rex Tillerson en febrero de 2018, el hecho de que Brasil necesita “reducir su co-dependencia de China”.

 

En dicho banquete, el ministro de Economía Paulo Guedes repitió una vez más su discurso: “China puede comprar en Brasil, pero no comprar a Brasil”. Asimismo, de acuerdo con Global Times, Bolsonaro y Guedes en dicha cena no cuestionaron a China. Según este diario, el presidente brasileño señaló que “no considera a China como rival”, mientras que el ministro afirmó que Brasil “no reducirá su comercio con China”.[10]

 

No obstante, el canciller E. Araújo, días atrás mencionó: “Queremos vender soya y mineral de hierro [a China], pero no vamos a vender nuestra alma. Quieren reducir nuestra política externa a una política comercial, y eso no va suceder".

 

Sin duda hay fuertes tensiones y divisiones al interior del propio gobierno Bolsonaro respecto a las relaciones económicas que deberá adoptar Brasil con China y Estados Unidos. Incluso, los militares tendrán que tomar decisiones en este sentido, pues alianzas con una economía en declive como la estadounidense y en condición de subordinación y dependencia plena no encuadra con la doctrina estratégica de los militares brasileños de una “potencia intermedia”. Existe aún una incertidumbre sobre el camino e intensidad que adoptará el gobierno en esta materia. Sin embargo, las presiones estadounidenses, en el marco de la guerra geopolítica y tecnológica de EEUU y China, y de la política imperialista de proscripción al corporativo chino Huawei y su vanguardia en las fuerzas productivas con la 5G, podrían influenciar las relaciones comerciales entre estos países, y por tanto, el desempeño y dinámica de la economía brasileña.

 

El escenario se torna de mayor complejidad al entender la contrariedad de las fracciones del agronegocio exportador respecto a la subordinación del gobierno brasileño a Estados Unidos, y por ende, el posible alejamiento de Brasil con la economía asiática, quien funge como su socio principal, y con claro predominio en las compras originadas en el agronegocio brasileño, el cual comienza a colocarse en guardia frente al Ejecutivo.

 

De la misma manera, estas contradicciones se presentan con el viraje radical de la política externa respecto a Israel, otro fardo vinculado a la subordinación a EEUU. Ante la promesa de Bolsonaro de trasladar la embajada brasileña de Tel Aviv hacia Jerusalén, y los señalamientos de los representantes de los países árabes que advierten que de concretar el traslado interrumpirían las compras al Brasil (que mantiene con éstos un superávit comercial de 7mmd), se perciben tensiones del gobierno con los intereses de las fracciones exportadoras.

 

Contradicciones en los poderes estatales: inestabilidad política permanente

 

A menos de cien días del nuevo gobierno, ya se despejan relevantes disyunciones entre el Ejecutivo con el poder Judicial. Estas divisiones se presentan fundamentalmente entre el brazo de excepción que representa a la operación político-judicial Lava Jato controlada por Sergio Moro, quien preside (ya sin apariencias de su protagonismo parcial) actualmente el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, frente a las instancias del Supremo Tribunal Federal (STF).

 

Sabemos de la participación del Estado de excepción por parte del STF, tal y como aconteció con el impeachment a Dilma, el encarcelamiento de Lula y su inhabilitamiento de la competencia electoral. Ahora bien, es significativo que posterior a la elección presidencial, el STF ha venido propinando duros golpes a la operación Lava Jato y a sus agentes (Procuradores, Policía Federal, Ministerio Público Federal, jueces, magistrados).

 

El primer golpe a la Lava Jato fue el impedimento del STF para que procuradores y magistrados gozaran de dos mil 500 millones de reales de las arcas de Petrobras con el fin de  crear una fundación independiente, impartición de conferencias, esto es, que caminara hacia su fortalecimiento.

 

El segundo se presentó con el re direccionamiento para el Tribunal Superior Electoral (TSE) de los crímenes comunes tales como corrupción y lavado de dinero vinculados a funcionarios políticos bajo investigaciones de financiamiento ilegal (“caixa dois”), lo que impidió las pesquisas en el nivel Federal, como pretendían los agentes de la Lava Jato[11]. Otras tensiones entre el Ejecutivo y el STF[12], se han expresado, por ejemplo, con el mandato del presidente del STF, Dias Toffoli, de investigar el origen del dinero enviado a las empresas que propagan fake news contra el STF y sus integrantes.

 

Estos golpes recibidos en la Lava Jato, más la inédita decadencia de la popularidad de un presidente con un súbito declive del nivel de confianza del 55% al 35% en menos de tres meses de gobierno (una caída del 15%), explican la reactivación de los recursos de excepción de esta operación política-jurídica con una explosión mediática planificada con el arresto de Michel Temer (21/03/2019), del ex ministro y ex gobernador de Río, Moreira Franco, entre otros funcionarios.[13]

 

Sin pretender defender la corrupción que encarna de cuerpo entero el golpista Temer, la invariante de los críticos al nuevo gobierno entendió la acción del Ejecutivo como instrumento mediático para dotarse de legitimidad, así como tratar de fortalecer el brazo excepcional de que dispone el Ejecutivo con la Lava Jato. Con esta operación a su servicio, el Ejecutivo bien puede recurrir a amenazas y prisiones, para disciplinar al Congreso o incluso al STF, lo que lleva a una prolongación de la crisis del llamado Estado democrático de Derecho.

 

Ahora bien, lo que resultó de la prisión preventiva de Temer y Moreira Franco, entre otros funcionarios, fue el agravamiento de las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El arresto del exministro Moreira Franco, suegro del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), agudizó las tensiones entre estos poderes, las que ya habían sido puestas de relieve con el enfrentamiento entre Maia con la familia Bolsonaro, el ministro Sergio Moro, y el actual Jefe de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Este escenario agrava la inestabilidad política en el Estado, y ello en el marco de los procedimientos legislativos para llevar a efecto la Reforma Previsional.     

 

De ayudante del poder Ejecutivo, el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, ha cuestionado a Jair Bolsonaro, al imputarle cuyo gobierno es un “desierto de ideas”. El conflicto entre éstos impactó en la caída de la bolsa y en la disminución de la moneda brasileña. Maia ha renunciado al papel de articulador de la base aliada legislativa para la aprobación de la Reforma Previsional, y exhorta a Bolsonaro a que abandone su adicción por el twitter y desempeñe su papel político de articulador de las alianzas para la Reforma. Lo relevante es que la incompetencia de Bolsonaro, es una verdadera amenaza para la Reforma que exige el capital financiero, lo que colocaría al Ejecutivo como descartable para esta fracción burguesa, precisamente, la principal artífice del golpe a Dilma en mayo de 2016. Con problemas de disciplina en el Legislativo, ¿veremos la reafirmación del brazo de Sergio Moro con la Lava Jato, al profundizar los desdoblamientos del régimen de excepción con miras a subordinar a los poderes del Estado? Es lo más probable.

 

Como en el caso de Eduardo Cunha, el ex presidente de la Cámara de Diputados (hoy preso) que inició el pedido de impeachment a Dilma, Rodrigo Maia tiene las facultades para iniciar la investigación sobre las denuncias de financiamientos ilegales (“Caixa dois”) en la campaña electoral de Jair Bolsonaro, así como las candidaturas fraudulentas (“candidaturas laranja”) utilizadas para desvíos ilegales de recursos descubiertas en el partido del ex capitán (PSL). Puede también investigar la avalancha de fake news en la campaña presidencial que beneficiaron al hoy presidente.[14] Así también, el presidente de la Cámara puede iniciar investigaciones sobre los vínculos de la familia Bolsonaro con las milicias criminales en Rio de Janeiro. Ante el descubrimiento de las muy cercanas relaciones de la familia Bolsonaro con los principales sospechosos de asesinar a Marielle Franco y Anderson Gomes -la esposa y madre de uno de los sospechosos de estos crímenes estuvieron en la nómina del entonces diputado estatal, Flávio Bolsonaro[15]-, Rodrigo Maia podría iniciar investigaciones sobre el probable involucramiento de la familia del presidente en los asesinatos de Marielle y Anderson.

 

Así mismo, el STF bien puede ordenar investigaciones contra agentes de la Lava Jato por transgresiones a la Constitución. Puede mandar investigar sobre las relaciones de éstos con el Departamento de Estado y los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos (L. Cerqueira, op cit.). 

 

En síntesis, asistimos a la aparición de relevantes contradicciones intestinas en los poderes del Estado brasileño. Es significativo que estos tres poderes estatales han formado parte del Estado de excepción. A tres meses de iniciado el gobierno Bolsonaro la tendencia es la intensificación de estas tensiones en un marco de inestabilidad, ingobernabilidad y crisis política.

 

La Lava Jato está en manos de Bolsonaro y Moro, y si en el corto plazo el objetivo es la conformación de una base parlamentaria para aprobar la Reforma Previsional, el Ejecutivo no dudará en extorsionar al Legislativo, incluido a quien preside la Cámara, Rodrigo Maia, para tal fin. La Lava Jato es precisamente eso: la organización de un instrumento político-jurídico de excepción y de poder contra quien resista a los intereses de las fracciones dominantes y de Estados Unidos. Y la relevancia de su uso ha puesto de relieve su capacidad para fracturar a su favor el equilibrio en la relación de fuerzas. El STF ha iniciado un proceso de debilitamiento de este instrumento. En las disputas del STF contra la Lava Jato, conoceremos sus alcances y las respuestas del Ejecutivo.

 

La contradicción Capital/Trabajo y los movimientos sociales populares

 

El programa económico ultraliberal reposa principalmente en la superexplotación del trabajo (fin de la jubilación, desvalorización salarial, precarización, de-sindicalización,) el desmantelamiento del estado social (supresión de derechos, mercantilización, exclusión y desigualdad), y la devastación de los recursos naturales y del medio ambiente. De ahí que la contradicción principal es constituida por las luchas de las clases trabajadoras y de los movimientos populares contra una clase dominante que está lejos de estar unificada, e igualmente lejos está de conformar un “proyecto de nación” coherente, sin fisuras y sin oposiciones entre las mismas fuerzas sociales que la conforman.

 

Las contradicciones y fisuras entre las fracciones dominantes y los poderes estatales son el Talón de Aquiles del proyecto de explotación, saqueo y dominación que sintetizan el adorador de la dictadura Jair Bolsonaro, y el pinochetista Paulo Guedes. A lo que se añade la creciente politización obrero-popular por los impactos de la ofensiva del capital contra el empleo, los derechos laborales, la reforma previsional, el derecho a la tierra, vivienda, salud, educación, cultura, agua, transporte, así como por el agravamiento de la crisis social en materia de desconocimiento de derechos sociales, violencia, inseguridad, corrupción. 

 

Como señala Pedro Stédile, miembro de la Coordinación Nacional del MST: “Como ellos no tienen un proyecto de nación y tampoco de resolver los problemas del pueblo, seguro producirán muchas contradicciones entre ellos, y sobre todo con las necesidades del pueblo. Y nosotros deberemos actuar sobre la base de esas contradicciones[16](subrayado nuestro).

 

En este sentido, el 22 de marzo las calles fueron tomadas por el poder popular. Las clases trabajadoras, centrales sindicales, sindicatos, trabajadores de la educación, químicos, bancarios, metalúrgicos, movimientos populares como el Frente Brasil Popular (FBP), el Movimiento Pase Libre (MPL), el Frente Pueblo Sin Miedo (FPSM), el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST), militantes del  PCdoB, del PSOL, el PT, entre otras organizaciones, militantes y ciudadanos en general, declararon su afrenta política contra la Reforma Previsional y contra los propósitos económicos, políticos e ideológicos del gobierno Bolsonaro. En este cuadro, la politización obrero-popular avanza con los significativos llamados de movimientos como el FBP, el MST, el MPL, a recuperar el trabajo político con las bases, además de que se organiza ya la primera huelga general en el nuevo gobierno.    

 

Como observamos, a tres meses de iniciado, se cierne sobre el gobierno Bolsonaro una “tempestad perfecta”, la cual es escudriñable bajo la lógica de la contradicción. Conocidas son las capacidades de esta lógica por su potencial de realización en un arma para la práctica política emancipatoria.

 

Notas

 

[1]“El capital es una unidad económica/política diferenciada, en el que se dan de manera simultánea  explotación y dominio… Reconstituir aquella unidad constituye uno de los requisitos fundamentales de la reflexión para hacer inteligible la vida societal, para poder comprender los límites de los mundos que construye el capital y bosquejar alternativas”. Jaime Osorio, “Estado, reproducción del capital y lucha de clases. La unidad económico/política del capital”, México, IIEC-UNAM, 2014. p. 78. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/iiec-unam/20170531051113/pdf_1407.pdf

 

[2] El 2 de enero de 2019, ya como presidente, Bolsonaro escribió en su cuenta de twitter: “Más del 15% del territorio nacional es demarcado como tierra indígena y quilombolas. Menos de un millón de personas viven en estos lugares aislados de Brasil de verdad, explotados y manipulados por ONGs. Vamos juntos a integrar estos ciudadanos y valorar a todos los brasileños”.

 

[3]Ver, https://www.efe.com/efe/america/economia/el-sueno-del-equipo-economico-de-bolsonaro-es-privatizarlo-todo/20000011-3926432

 

[4] Ver nuestro artículo: “Brasil: La conquista geoestratégica del imperialismo”, https://www.lahaine.org,  28/01/2019, https://www.lahaine.org/mundo.php/brasil-la-conquista-geoestrategica-del

 

[5]Ver, https://www.brasildefato.com.br/2019/03/13/base-de-alcantara-brasil-cede-a-trump-o-melhor-local-do-mundo-para-lancar-satelites/

 

[6] Ver, José Luis Fiori, “O ponto cego dos militares brasileiros”, 15/03/2019, https://outraspalavras.net/crise-brasileira/o-ponto-cego-dos-militares-brasileiros/

 

[7] Ver, https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/30-10-2018/paulo-guedes-vamos-salvar-a-industria-apesar-dos-industriais-brasileiros.html

 

[8] A la noche del mismo 26 de marzo, ya en privado, Mourão participó en una cena ofrecida en la casa de Paulo Skaf, presidente de la Fiesp. Entre los invitados asistieron representantes del empresariado, tales como, Flávio Rocha (Riachuelo), Josué Gomes (Coteminas), Fábio Coelho (Google) y David Fefer (Suzano). Por el sector financiero, asistieron Luiz Carlos Trabuco (Bradesco), entre otros. También asisieron a la cena, los ex ministros Henrique Meirelles y Nelson Jobim. Los encuentros de Mourão con poderosos empresarios fueron criticados por Carlos Bolsonaro y el propio Olavo de Carvalho, ideólogo del bolsonarismo. Ver, https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mourao-defende-clareza-determinacao-e-paciencia-para-negociar-reforma-da-previdencia,70002769035

 

[9] Pedro Paulo Zahluth Bastos, “Em que mundo vive Paulo Guedes?”, Carta Capital, 9/11/2018, https://www.cartacapital.com.br/opiniao/em-que-mundo-vive-paulo-guedes/

 

[10] Xu Hailin, “Brazil should seek industrial upgrade, not US approva”, Global Times, 20/03/2019, http://www.globaltimes.cn/content/1142841.shtml 

 

[11]Ver,  https://www.folhadelondrina.com.br/politica/em-derrota-para-lava-jato-stf-decide-que-justica-eleitoral-pode-julgar-crime-comum-1028781.html 

 

[12] Considérese la declaración de Eduardo Bolsonaro, quien señaló en plena campaña electoral: “Basta un soldado y un cabo para cerrar el Supremo Tribunal Federal (STF)”. https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/basta-um-soldado-e-um-cabo-para-fechar-stf-disse-filho-de-bolsonaro-em-video.shtml  

 

[13] Michel Temer fue preso preventivamente el 21 de marzo y puesto en libertad cuatro días después por el juez federal Ivan Athié, del Tribunal Regional Federal de la 2ª Región, quien acató el pedido de habeas corpus. Es acusado de liderar una organización criminal para desviar recursos públicos de las obras de la planta nuclear Angra. El Ministerio Público Federal afirmó que llega a R$1.800 millones el monto de las tasas pagadas o desviadas por la organización de Temer, que actúa, según la fiscalía, desde hace 40 años. También fueron detenidos el ex gobernador de Río de Janeiro, Moreira Franco, el coronel João Baptista Lima Filho y su esposa, María, Rita Fratezi, Carlos Alberto Costa (socio del coronel Lima), y el hijo Carlos Alberto Costa Filho, y Vanderlei de Natale, dueño de un contratista involucrado en el esquema de corrupción que lo incrimina.

 

[14] Laurez Cerqueira, “A Praça de guerra dos Três Poderes”, 22/03/2019, https://www.brasil247.com/pt/colunistas/laurezcerqueira/387834/A-Pra%C3%A7a-de-guerra-dos-Tr%C3%AAs-Poderes.htm

 

[15]Ver, https://theintercept.com/2019/01/17/quem-matou-marielle-franco-bope/

 

[16] João Pedro Stedile: “Tiempos de resistencia activa”, 8/01/2019, https://www.brasildefato.com.br/2019/01/08/articulo-or-joao-pedro-stedile-tiempos-de-resistencia-activa

 

 

 

 

https://www.alainet.org/pt/node/199006
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