El Acuerdo del Ecuador con el FMI señala, entre las medidas que deben cumplirse en 2019: <<Monetizar activos que permanecerán bajo propiedad pública pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a socios privados. Este proceso se realizará de manera absolutamente transparente, maximizando los beneficios para el Estado, asegurando que la cobertura de servicios no sea afectada y evitando pasivos contingentes en la presupuestación>>.

También en dicho acuerdo consta: <<Asociaciones público-privadas. A fin de alentar la inversión privada, legislaremos un marco institucional para asociaciones público-privadas siguiendo las mejores prácticas internacionales. Consideramos que esto aumentará la productividad, disminuirá las presiones presupuestarias y producirá mayores ganancias por eficiencia, las cuales también impulsarán el crecimiento de la productividad>>.

Los términos utilizados en la carta de intención con el FMI (como “monetizar activos” de propiedad pública) sirven para disfrazar un hecho esencial: la PRIVATIZACIÓN de bienes y servicios del Estado.

Poco importa que se diga “permanecerán bajo propiedad pública”, porque claramente se especifica que los “derechos de concesión serán otorgados a socios privados” (mediante concesión, asociación, alianza estratégica u otras formas contractuales); y, desde luego, no es más que una cuestión de palabras afirmar “maximizando los beneficios para el Estado”, y además “asegurando” que la cobertura de sus servicios “no sea afectada”.

Para concretar las privatizaciones, el presidente Lenín Moreno ha expedido el Decreto 170 (16 de mayo de 2019), que:

1) crea el Comité Coordinador de Gestión Delegada, que será el encargado de encaminar las privatizaciones, disfrazadas con el concepto “gestión delegada”, definido así: “se entiende por gestión delegada, a la -sic- acciones realizadas por el Estado para obtener financiamiento en condiciones favorables a través de la delegación de proyectos al sector privado o a la economía popular y solidaria, con el fin de satisfacer el interés público”;

2) crea una Secretaría ad-hoc como “unidad de asesoramiento” para el presidente en esta materia;

3) dispone que en el plazo de 30 días, los ministerios sectoriales deberán proporcionar al Comité “una descripción general de los posibles proyectos para monetización de activos del Estado que consideren pertinentes desarrollar en sus respectivas carteras de Estado, con el correspondiente análisis de viabilidad para la ejecución del mismo”. Adicionalmente, esta información “deberá ser actualizada” al menos de manera mensual. Cabe anotar que de acuerdo con el organigrama de la Función Ejecutiva, hay 5 Consejos Sectoriales, 23 Ministerios y 4 Secretarías con rango ministerial.

Además, los considerandos del Decreto dejan en claro que también se contemplará a los sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte, refinación de hidrocarburos, biodiversidad, patrimonio genético, espectro radioléctrico, agua y otros) y a los que están bajo responsabilidad del Estado (agua, riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructura portuaria y aeroportuaria, otros), pues todos ellos “de forma excepcional” se podrán “delegar” a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria.

En definitiva, se prepara el desmantelamiento del Estado a favor del sector privado y muy improbablemente a favor del sector de economía popular y solidaria.

El proceso de “privatizaciones” en marcha es inédito en la vorágine de la historia nacional republicana, iniciada en 1830. Ni Sixto Durán Ballén (1992-1996), quien fuera el gran “privatizador” entre todos los gobiernos sucedidos desde 1979 hasta 2017, diseñó un esquema semejante.

De modo que el sistema de “gestión delegada” en marcha se sumará a los grandes “hitos” de beneficio privado en la vida del Ecuador contemporáneo: la sucretización de las deudas empresariales en 1983 con Osvaldo Hurtado, la resucretización de las mismas deudas con León Febres Cordero en 1987, los “salvatajes” bancarios entre 1996 y 1999, el feriado bancario de 1999 con Jamil Mahuad, la dolarización económica con Mahuad y Gustavo Noboa en 2000, y súmese a todo ello la “remisión” de intereses, multas, recargos y exoneración de impuestos contemplados en la Ley de Fomento Productivo de agosto 2018.

Vale añadir que hay datos ya conocidos: de acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (SRI), 215 grupos económicos adeudan U$ 2.260 millones al Estado; son U$ 655 millones de perjuicio al fisco por empresas fantasmas; U$ 4.700 millones salieron a paraísos fiscales (hay unos U$ 30 mil millones en esos paraísos); en aduanas el perjuicio por facturas falsas es de U$ 2.100 millones; las 500 mayores deudas al fisco suman U$ 1.363,5 millones y las 500 mayores deudas impugnadas U$ 2.937,6 millones.

A dos años de gobierno, un nuevo triunfo privado está a las puertas y parece imparable. Es de tal magnitud su voracidad, que al desmantelamiento de bienes y servicios estatales para que pasen al régimen de “gestión delegada” se suma la flexibilidad y precarización de las relaciones laborales ya impulsada (revestida como “reformas” al Código del Trabajo, pero arrasando con derechos históricos) y, además, el perdón, las exoneraciones de impuestos y la gigantesca evasión, elusión e impunidad tributarias.

Ecuador es un país que galopa para convertirse en un paraíso privado con liquidación del interés social y público.

Ecuador, lunes 27 de mayo de 2019

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica.

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