Las semanas anteriores se produjeron una serie de hechos en relación con el proceso de paz y finalmente las distintas jurisdicciones emitieron fallos que marcaron derroteros importantes en relación con la construcción de paz. El fallo de la sala de la JEP en contra de la solicitud de extradición de Jesús Santrich, el del Consejo de Estado en el cual considera que este ex integrante de las Farc si tenía el fuero de congresista, el de la Corte Constitucional considerando que las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP habían sido negadas en el Congreso y la decisión de la Corte Suprema de Justicia decretando la libertad provisional de Jesús Santrich, planteando que si debe ser juzgado por algún delito, debe ser esa Corte por su condición de aforado.

Por supuesto que estos fallos generan controversias, jurídicas y políticas; en lo jurídico existen las normales instancias institucionales, si no se está de acuerdo con un fallo judicial (que normalmente un demócrata lo debe acatar, aunque no lo comparta), existe la posibilidad de reponerlo o apelarlo ante la instancia siguiente, pero en lo político la situación es distinta, allí se podrá discutir y controvertir, pero los dirigentes políticos deben tener la claridad que su cuestionamiento puede debilitar la credibilidad de las autoridades judiciales, y claramente eso no es favorable a la vida de la democracia. Un principio fundamental en democracia es que los fallos de los jueces se aceptan, aún si no se comparten y se controvierten en las instancias judiciales. Esto vale para todos, para los propios gobernantes, que deben dar ejemplo en ese sentido, para otros países que se dicen amigos, lo primero que deben hacer es respetar los fallos judiciales del otro país y también para las distintas formaciones políticas, sean de derecha, centro, o de izquierda. Los fallos no pueden aceptarse solamente cuando son favorables a determinados intereses, sino en todas las circunstancias.

Y por supuesto en este sentido los millones de colombianos, que espero sean las amplias mayorías, que queremos y apoyamos la construcción de paz, debemos partir de respetar los fallos judiciales, siempre y cuando sean del juez natural y por conductas previamente consideradas como delitos, antes de su comisión. Esto nos lleva a un tema espinoso como lo es el de la extradición, que hace unas semanas justamente el Exministro Fernando Cepeda planteaba en su columna, que era uno sobre el cual no se había dado una discusión nacional y que bueno se aprovechara las actuales circunstancias para hacerlo: en qué circunstancias, con qué condiciones, sobre qué tipo de reciprocidad y un largo etcétera. Porque es verdad que la extradición es un mecanismo de cooperación judicial externo, pero no puede ser simplemente la fórmula para no adelantar, con la seriedad que todo Estado debe hacerlo, la investigación de los delitos, el juzgamiento y la sanción si los implicados resultaren culpables.

Construir paz es, entonces, exigir que se cumpla el acuerdo firmado con las FARC, que se reinicie una mesa de conversación con el ELN, que se avance en procesos de verdad, justicia y reparación y que se den pasos hacia la reconciliación y dentro de todo ello el respeto por los jueces y sus fallos es un elemento central.

-Alejo Vargas Velásquez es profesor Universidad Nacional