“Ni modo que me vayan a callar” fue la respuesta del presidente Andrés Manuel a la andanada de declaraciones en su contra, en particular de uno de los organismos que se denominan “barra de abogados”, enseguida de que anunció que los exhibiría públicamente.

Y los emplaza nuevamente como el gobernante de los mexicanos que es y que, además, se crece ante la batalla política envuelta en procedimientos jurídicos para retrasar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y mantener intocado el de Texcoco, interpuestos por “organismos de la sociedad civil”, auspiciados por  los Claudio X. González, el primero ideólogo empresarial y el otro destacadísimo activista de la plutocracia.

Dijo AMLO en la mañanera del lunes 17: “Salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto. Hago uso de mi derecho de manifestación, ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar. Dije que se estaban esmerando los corruptos y entre más me impidan hablar, pues voy a ser más claro”.

El juicio presidencial se produjo antes de que la noche del lunes Héctor Aguilar Camín dijera en Es la Hora de Opinar, en tono imperativo y que enmudeció a Leo Zuckermann, Jorge Castañeda y Javier Tello: “¡El presidente debe callarse!” Y éste fue el intelectual orgánico que más se rasgó las vestiduras porque AMLO en la campaña presidencial de 2006 le exigió a Vicente Fox: ¡Cállate chachalaca!”

Por qué tanto interés en callar al presidente Obrador. Según la Barra Mexicana de Abogados porque “consideramos inapropiado que el Ejecutivo federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante acciones mediáticas o de otra índole, que inhiba la cuestión en el ejercicio del derecho de defensa de las personas… que vulneren la protección de los datos personales de los denunciantes, o en contravención a la división de poderes, toda vez que todas esas acciones atentan contra el estado de derecho”.

Concisa y honda fue la respuesta del titular del Ejecutivo: No, aquí se toca todo lo público, hacer la vida pública cada vez más pública. Y ya la autoridad competente va a resolver si procede el amparo o no.

A tono con el adorador de Dionisio, porque “Es de cobardes atacar desde el poder a ciudadanos que se organizan para defender nuestros derechos”, tuiteó Felipe Calderón, sin la valentía mínima para nombrar a AMLO y justo cuando su partido va al fracaso con siete de 200 asambleas y apenas 7 mil de 234 mil afiliados, 3.5% de avance (Álvaro Delgado, El Heraldo de México, 18-VI-19).

¿Quiénes se encuentran entre los que obstruyen la obra de Santa Lucía y pujan por el NAIM de Texcoco? Se trata de un grupo de presión política –orquestado por los Claudio X. González, aliados de Felipe Calderón y adversarios de Obrador desde hace dos décadas–, con la Coparmex, el Consejo General de la Abogacía Mexicana que promovió 147 amparos contra Santa Lucía y obtuvieron tres suspensiones definitivas. Aparte están el juez Miguel Ángel Burguete vinculado a la trasnacional OHL-Aleática y el magistrado Jacob Troncoso Ávila, antes relacionado laboralmente con el Tribunal Electoral. Uno de los promotores de los amparos es Juan Gabriel Morera Mitre, hermano de María Elena, la dueña de Causa en Común que avaló la política de guerra de Calderón, y su vástago Juan Pablo Galindo Morera, quien sin experiencia trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna, con un sueldo de 97 mil pesos mensuales y ella, también sin experiencia, recibió dos contratos por 109 mil pesos cada uno de la Cofetel de Calderón, de acuerdo a Álvaro Delgado.

Están en su derecho de combatir al gobierno de la cuarta transformación, pero no a callar al presidente para que no los exhiba como lo que son, por supuesto que con excepciones.

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