El proceso de paz en Colombia enfrenta serias dificultades producto en primer término de los obstáculos derivados de la férrea oposición del uribismo y del gobierno del presidente Duque alienado con su mentor político. Los avances principales que no son pocos dadas estas dificultades están principalmente relacionados con la dejación de armas de cerca de 13 mil guerrilleros desmovilizados de los cuales cerca de 11 mil permanecen fieles al cumplimiento de los compromisos así mismo se avanza en la reintegración política de los excombatientes que fundaron su partido político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, que presentó sus candidaturas a las elecciones legislativas de marzo de 2018 y que en cumplimiento de los acuerdos cuenta con una representación política con 10 Congresistas, cinco senadores y cinco representantes a la Cámara.

Así mismo y también como parte de los acuerdos se expidió y entró en vigencia el Estatuto de la Oposición que si bien estaba consignado en el artículo 112 de la Constitución Política de 1991 no había sido posible ponerlo en marcha y solo fue aprobado como parte de los acuerdos suscritos el 24 de noviembre de 2016, en el año 2017. Es por este estatuto que Gustavo Petro es hoy senador de la República y Ángela María Robledo accedió a la Cámara de Representantes, pues el estatuto contempla que el segundo candidato en votos en las elecciones presidenciales asumirá una curul en el Senado de la República y su fórmula vicepresidencial una curul en la Cámara de Representantes. Recientemente el Consejo de Estado argumentando doble militancia despojo de su curul a Ángela María Robledo por supuesta doble militancia. Robledo presentó recientemente una tutela para recuperar su curul, la cual se encuentra en estudio en ese alto tribunal de Justicia.

En cumplimiento de los acuerdos con las FARC se puso en marcha el Sistema Integral de Justicia para la Paz. Se encuentran ya en pleno funcionamiento la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, relacionada con el conflicto armado. Se instaló y se puso en marcha la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas en relación con el conflicto que deberá enfrentar las investigaciones sobre cerca de 85 mil víctimas que han sido reconocidas como tales por el Estado y finalmente se puso en marcha con muchas oposiciones la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Este Tribunal es el que ha sufrido la mayor oposición desde el régimen. Tiene como función principal el esclarecimiento de los principales crímenes relacionados con el conflicto, establecer la verdad judicial, juzgar a los principales perpetradores de esos crímenes y reparar a las víctimas de manera colectiva, la reparación individual corre a cargo de la Unidad para las Víctimas que no formó parte de los acuerdos.

Bajo esta jurisdicción se encuentran actualmente cerca de 13 mil guerrilleros y un poco más de 2000 integrantes de la fuerza pública, miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía. Así mismo se han sometido cerca de 300 civiles funcionarios públicos no pertenecientes a la fuerza pública, exalcaldes, exgobernadores y excongresistas así como terratenientes, empresarios y comerciantes que se han sometido voluntariamente pues así lo determinó tanto el Congreso de la República como la Corte Constitucional contrario a lo que establecía el Acuerdo de La Habana que estipulaba que los terceros responsables deberían concurrir también de manera obligatoria ante esta jurisdicción especial de paz que se concibió como el mecanismo para cerrar judicialmente el conflicto que enfrentó al Estado con la guerrilla de las FARC durante cerca de seis décadas.

Así mismo ha habido avances en el otorgamiento de una amplia amnistía para los guerrilleros de base y mandos medios que pertenecieron a las FARC aunque aún siguen en prisión cerca de 400 guerrilleros a quienes aún no se les ha resuelto su situación jurídica. Estos son los avances principales a lo cual habría que agregar la aprobación de 16 planes de desarrollo con enfoque territorial, PDET, que se implementarán en 170 municipios que fueron el principal escenario de confrontación entre la guerrilla de las FARC y El Estado. Adoptados los planes el principal problema que hoy enfrentan estos territorios es el de la alta presencia de actores armados ilegales principalmente grupos de narcotraficantes, el Ejército de Liberación Nacional, ELN y diversos grupos paramilitares. Como hemos señalado en otras ocasiones el 56% de los 702 líderes asesinados desde la firma de los acuerdos de Paz se han producido en estos municipios. A la salida de las FARC estos territorios no fueron ocupados por la Fuerza Pública y en ellos la presencia del Estado es muy débil, precisamente el objetivo de estos planes de desarrollo territorial lo que buscan es la construcción de vías que los conecten con los mercados regionales y nacional pero también escuelas, hospitales, electrificación y acueductos, pues, estos territorios forman parte de la Colombia marginada y son en buena medida territorios en que abundan los cultivos de coca y la minería ilegal. El otro gran problema de estos planes es que el gobierno no destinó los recursos necesarios en el reciente Plan Nacional de Desarrollo.

Para estos 170 municipios se había aprobado en el Acuerdo de Paz que deberían crearse 16 circunscripciones territoriales de Paz para que las víctimas pudieran tener 16 representantes a la Cámara. Si bien el proyecto fue aprobado en el año 2017 con las mayorías requeridas la Mesa Directiva del Congreso consideró que no había obtenido los votos suficientes y procedió a su archivo. Diversas acciones legales se han instaurado ante los tribunales competentes pero no han prosperado hasta el momento. El Movimiento ciudadano Defendamos La Paz ha lanzado la iniciativa política de recoger un millón de firmas reclamando de los tribunales judiciales que resuelvan a la mayor brevedad las acciones jurídicas que buscan que se puedan elegir en las elecciones regionales que se celebraran el próximo 27 de octubre.

Estos son los logros más visibles del proceso de paz en marcha aunque los invisibles son muy valiosos y se relacionan con la disminución de los asesinatos y muertes relacionadas con el conflicto armado empañado por el asesinato de 137 excombatientes de las FARC y 702 líderes y lideresas sociales asesinados desde la firma de los acuerdos. El resto de los acuerdos no ha sido desarrollado o se han desarrollado mal y de manera perversa. La Comisión Nacional de garantías que tenía como función principal el dotar al país de una política de convivencia y paz, hacer el seguimiento de los acuerdos, ha sido abandonada por el Gobierno. Solo se ha reunido una sola vez durante los cerca de 10 meses que lleva este gobierno y en cambio como ha sido denunciado por integrantes de este mismo organismo y por las FARC, se han creado otros mecanismos que desconocen lo pactado en La Habana. Igual de perverso fue el proceso y la conformación de la Unidad Especial de la Fiscalía General de la Nación que tenía como propósito central el desmonte de los grupos paramilitares que en los Acuerdos de La Habana se denominaron como los grupos sucesores del paramilitarismo. Esta Unidad clave para romper la connivencia entre autoridades civiles y militares con estos grupos ilegales fue perversamente reglamentada por el fiscal saliente, Néstor Humberto Martínez, quien contrario a lo acordado en los acuerdos de Paz acabó con su autonomía tanto legal como presupuestaria sometiéndola a la dirección del Fiscal General. Hoy esa Unidad no está cumpliendo con su objetivo misional y este gobierno no tiene ningún interés en su funcionamiento autónomo.

El resto de los acuerdos no han sido desarrollados. A pesar que existe el marco legal para crear el Fondo de Tierras para la paz que debería entregar de forma gratuita 3 millones de hectáreas a las víctimas del conflicto y a campesinos pobres sin tierra en los próximos 12 años, esto no ha sido posible por la soterrada y a veces abierta oposición del uribismo que en vez de ponerlo en marcha presentó un proyecto para dificultar aún más la ley de restitución de tierras que desde 2012 apenas ha restituido un poco más de 300 mil hectáreas y se está a la espera de fallos judiciales para restituir cerca de 700 mil hectáreas más. El uribismo que representa los intereses de los terratenientes busca debilitar el proceso que de hecho es lento y limitado para resolver el despojo y abandono de más de 7 millones de hectáreas desde el año de 1986. Tampoco hay avances significativos en el proceso de formalización de la propiedad agraria. El Acuerdo de La Habana estableció que deberían legalizarse la propiedad de 7 millones de hectáreas cuyos principales beneficiarios serían pequeños y medianos propietarios que no tienen títulos de propiedad de sus predios. Aunque se crearon las instituciones para hacerlo estas no presentan resultados como producto del boicot del uribismo en el gobierno que se opone a ambos procesos.

La reforma política, con excepción como ya indicamos del Estatuto de la Oposición que fue aprobado y entró en vigencia en el año 2018, no ha sido aprobada. El informe de la Misión de Expertos salida de la Mesa de La Habana fue desconocido en sus principales propuestas desde el gobierno de Juan Manuel Santos y este gobierno presentó un proyecto limitado y muy alejado de las propuestas entregadas al gobierno desde el mes de abril del año 2017. Tal proyecto se hundió en el Congreso. Allí no ha habido ningún avance en el proceso de profundización de la democracia en Colombia y de reforma de los partidos políticos y del sistema de representación que era a lo que apuntaba el informe y las propuestas de la Misión de Expertos. También se contemplaba la presentación y aprobación de una Ley Estatutaria para las organizaciones de la sociedad civil, sobre este tema ni siquiera existe proyecto.

El punto de la reinserción y la seguridad de los excombatientes es el que mayores dificultades presenta en los momentos actuales. Por una parte el número de proyectos productivos aprobados a dos años y medio de la aprobación de los acuerdos es muy bajo con una dificultad adicional. En el censo que hizo la Universidad Nacional sobre el futuro y las expectativas de los excombatientes se encontró que el 64% de los guerrilleros desmovilizados tenía en mente permanecer en el campo y para ello se requiere de tierras productivas que deberían ser entregadas a los excombatientes, hasta el momento no se ha entregado ni una hectárea porque como lo señalamos el Fondo de Tierras para la Paz no se ha conformado en realidad. Esto dificulta enormemente la estabilización socioeconómica de los excombatientes y genera un riesgo alto para su permanencia y fidelidad a los compromisos que adquirieron con la firma del Acuerdo de Paz. Pero la mayor dificultad reside ahora en la inseguridad de los excombatientes. 137 exguerrilleros de las FARC han sido asesinados y pese a las promesas de reforzar los mecanismos de seguridad no se muestran resultados positivos y el asesinato de excombatientes y líderes sociales no para, por el contrario, aumentan. Este es quizás el principal riesgo que afronta ahora el proceso.

En relación con los tres puntos restantes valga señalar que los avances son muy limitados. En el tema de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito cerca de 140 mil familias se acogieron al programa. Hasta el momento se han erradicado cerca de 37 mil hectáreas de cultivos de coca, el programa cobija a 79 mil familias pero el problema central radica en falta de recursos. Para cumplir con los compromisos el Estado debió hacer reservas presupuestales por cerca de 2 billones de pesos para llevar adelante esta política durante el presente año. Los recursos asignados apenas cubren el 40% de las necesidades con lo cual vienen los retrasos y los incumplimientos. El programa está en crisis por ello pero también por la falta de tierras para adjudicar a familias que viven de cultivos de uso ilícito en reservas naturales o en tierras que pertenecen a las comunidades negras e indígenas y en las cuales no se puede hacer un proceso de reforma agraria. Así que estas son las dificultades principales frente a las cuales el gobierno actual no presenta ninguna alternativa a no ser contrario a los Acuerdos de La Habana que se comprometieron a poner en marcha una política de salud pública frente al consumo de sustancias psicoactivas y por el contrario este gobierno insiste en las políticas prohibicionistas que han fracasado en todas partes y por supuesto también en Colombia.

Finalmente se ha incumplido también con la aprobación y puesta en marcha de una política de reparación a las víctimas que quedo consignada en el punto cinco de los acuerdos. Nada nuevo se ha hecho y por el contrario han disminuido los recursos económicos para reparar individualmente a las víctimas. La ley 1448 de 2011, conocida como ley de víctimas y restitución de tierras, finalizará en diciembre de 2021 y hasta el momento el gobierno no ha presentado ningún proyecto para prorrogarla. Y sobre el punto seis de los mecanismos de seguimiento y monitoreo también los resultados son precarios. La mayor parte de los instrumentos no funcionan pues el gobierno como ya indicamos no tiene interés en ello. Quizás lo que si funciona es el monitoreo que realiza el Instituto Kroc de la Universidad Norteamericana de Notre Dame. Trimestralmente ha presentado un informe de seguimiento riguroso y ha dado cuenta de la mayor parte de las falencias aquí señaladas.

La otra dificultad las deserciones de sectores de la guerrilla del proceso

A las dificultades e incumplimientos antes señalados se viene a agregar ahora el abandono por parte de Jesús Santrich, Seuxis Pausias Hernández, de su esquema de seguridad con lo cual aumenta la incertidumbre sobre si cumplirá con los compromisos adquiridos en cumplimiento de los Acuerdos de Paz. El próximo compromiso es este lunes 8 de julio en que deberá concurrir a una audiencia en la Corte Suprema de Justicia en donde debería responder por el presunto delito de narcotráfico. En la madrugada de este domingo 30 de junio Santrich abandonó su esquema de seguridad sin dejar ninguna comunicación, su paradero es desconocido. Si Santrtich no se presenta ante la Corte y ante la Jurisdicción Especial de Paz, corre el riego de ser excluido de los beneficios judiciales contemplados en los Acuerdos de Paz y sería un serio revés para el proceso dada la visibilidad y el papel que Santrich jugó junto a otro de los ausentes, Iván Márquez, en la mesa de negociaciones de La Habana. Hay pocas dudas de que en el proceso que se le sigue a Santrich por el presunto delito de narcotráfico, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, en contubernio con la fiscalía de Néstor Humberto Martínez puso en marcha un operativo de entrampamiento que en Colombia no es legal, es un delito tipificado en el Código Penal. Las supuestas pruebas fueron recopiladas y obtenidas de forma ilegal y con ello se buscó acertar un duro golpe al proceso que se consumaría si Santrich no cumple con sus compromisos. Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento de Santrich no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Si Santrich deserta del proceso dará nuevos argumentos a la derecha uribista que insiste contra toda evidencia que el proceso de Paz fue una farsa para garantizar la impunidad de la guerrilla.

Este hecho aunado a los incumplimientos de otros dirigentes destacados de la Guerrilla de las FARC como Iván Márquez, quien fue el jefe negociador por parte de las FARC en la mesa de La Habana, Hernán Darío Velásquez, apodado El Paisa, Henry Castellanos Garzón, apodado Romaña, y si a ellos se suma ahora Jesús Santrich , ahondaría la crisis del proceso. Razones para la deserción sobran por los incumplimientos del Gobierno pero políticamente son un desacierto. Así lo ha entendido la mayoría de la guerrillerada que persiste en el cumplimiento de lo pactado pese a los incumplimientos del gobierno de Duque. También hay que aclarar que estos dirigentes de las FARC no han decidido regresar a la guerra por ahora. Se mantienen al margen de las disidencias que se han rearmado con integrantes que no entraron a los acuerdos o con gente que ha abandonado los mismos y se reintegraron a las acciones armadas.

Estas deserciones del proceso afectarán el cumplimiento de los Acuerdos pero no son el fin del mismo. Más del 80% de los excombatientes siguen en el proceso y hay que apoyarlos. Así lo ha entendido el Movimiento Defendamos la Paz que ha convocado a una movilización nacional para defender y presionar por el cumplimiento de los acuerdos que se ha proyectado para el próximo viernes 26 de julio. De la masiva presencia y respaldo como también de la presión de la comunidad internacional dependerá el futuro del proceso.

Bogotá 4 de julio de 2019.

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur