Uno de los problemas centrales de la actividad política en Colombia tiene que ver con su financiamiento ilegal que es facilitado por la arquitectura institucional que existe en el país que no solo la tolera sino que la encubre. Y este financiamiento ilegal no es reciente vine de muchos años atrás. Desde los años setenta sectores ligados al narcotráfico han financiado las campañas electorales. Las denuncias abundan y sin embargo es una práctica que sigue permeando las campañas políticas tanto regionales como nacionales. Quizás el mayor escándalo de ese financiamiento ilegal se presentó en la campaña presidencial del año 1994 que dio como ganador a Ernesto Samper Pizano, lo cual dio origen a un proceso judicial que en Colombia se denominó el proceso 8 mil y que finalmente condujo a la condena de una decena de parlamentarios. Fue probado en los estrados judiciales que esa campaña recibió dineros provenientes del cartel de Cali y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes, que es el organismo competente para investigar y establecer las responsabilidades de los presidentes de la República, terminó exonerando de toda responsabilidad al presidente Samper quien siempre alegó que dicho financiamiento había sido realizado a sus espaldas, es decir, sin su conocimiento y su consentimiento.

Más recientemente fue reconocido por el gerente de la campaña de Juan Manuel Santos a la presidencia de la República, que la firma corrupta brasilera Odebrecht financió la campaña electoral a la presidencia de la República en el año 2010 con más de un millón de dólares a través de una firma panameña supuestamente para financiar una encuesta que se dice finalmente fue para financiar afiches y propaganda electoral y esto fue reconocido abiertamente por Roberto Prieto quien fue su gerente para dicho año. Y lo reconoció públicamente pese a que en Colombia las empresas extranjeras no pueden legalmente financiar campañas electorales pues lo prohíbe expresamente la legislación electoral. El reconocimiento de Prieto no tuvo ninguna consecuencia pues las ilegalidades electorales, como en este caso el financiamiento por empresas extranjeras prescribe a los cinco años. Así Prieto reconoció que habían entrado recursos provenientes de Odebrecht sin que esto acarreara ninguna consecuencia pues habían pasado más de cinco años cuando se hizo este reconocimiento. Santos se pronunció públicamente señalando que no tenía conocimiento de esta irregularidad y allí paro el asunto pues el Consejo Nacional Electoral señaló que habían pasado más de cinco años y que ya no era competente para conocer esas presuntas irregularidades pues de haberse cometido ya habían prescrito pues habían pasado más de cinco años de su ocurrencia.

Ahora vuelve y juega el tema del financiamiento ilegal de las campañas presidenciales. Se dice que en la campaña presidencial de 2014 entraron dineros de forma ilegal de la firma brasilera Odebrecht tanto a la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga que habría sido financiada con 1.5 millones de dólares para pagar al estratega publicitario Duda Mendoza. Y se dice que a través de las empresas de Odebrecht y de Luis Carlos Sarmiento Angulo conformadas para llevar adelante la construcción de la vía que comunica al centro del país con la Costa caribe llamada la Ruta del Sol II, se habrían entregado dineros para financiar la campaña para la reelección de Santos. A través de empresarios vallecaucanos se giraron recursos por cerca de 4 mil millones de pesos que se entregaron a políticos liberales ligados a la campaña de Santos. El empresario esteban Moreno habría sido el enlace entre la corrupta firma brasilera Odebrecht y la campaña para la reelección de Juan Manuel Santos. Esta financiación ilegal había sido denunciada en el año 2017 en carta a la Fiscalía General, a la Comisión de Acusaciones y a la Corte Suprema de Justicia por parte de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana. En esta carta se señalaba que los dineros entraron a la campaña de Santos a través del señor Esteban Moreno, representante de la firma Logistic Soluciones Integrales SAS. Pastrana y Uribe en la comunicación señalaron que en nueve entregas habrían ingresado estos recursos, la primera dicen en su comunicación, se habría efectuado el 9 de junio de 2014 –once días antes de la segunda vuelta presidencial- por 3.894 millones de pesos y las otras ocho “con el fin de saldar cuentas pendientes de la campaña mencionada”, en pagos parciales por 490 millones de pesos entre marzo y noviembre de 2015.

Sobre estos mismos hechos en diciembre de 2018 el senador Armando Benedetti señaló que en la recepción y reparto de esos recursos habrían participado tanto el exvicepresidente Germán Vargas Lleras como Néstor Humberto Martínez quien fuera elegido posteriormente como Fiscal general de las Nación y quien como era lógico no adelantó ninguna acción judicial al respecto. La investigación nunca avanzó a pesar de la contundente denuncia de los expresidentes. Precisamente el nombramiento de Martínez Neira tendría como uno de los propósitos precisamente el de encubrir no solo este sino otros hechos irregulares como la aprobación de la construcción de la vía Ocaña Málaga sin ningún proceso licitatorio de la cual fueron beneficiarios tanto Odebrecht como Corficolombiana de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Así se pagan con recursos públicos y con concesión de obras los ilegales financiamientos electorales.

Este financiamiento ilegal había sido denunciado por el Controller de la Ruta del Sol II Jorge Enrique Pizano desde el año 2015 y lo había dado a conocer a Martínez Neira desde esas fechas cuando este fungía como abogado de las firmas de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pizano murió en circunstancias extrañas aún no esclarecidas como también su hijo Alejandro en el mes de noviembre de 2018. Ambos murieron por una ingesta de cianuro. Las investigaciones vinieron a avanzar solo cuando la Corte Suprema de Justicia apartó a Martínez Neira de tres líneas de investigación por hechos relacionados con la firma Odebrecht y nombró un fiscal ad hoc para esas líneas de investigación. Ahora esas investigaciones siguen en la Fiscalía General de la Nación y en la Comisión de Acusaciones ya sin Martínez Neira al frente pero con un fiscal puesto por Martínez Neira al momento de su renuncia.

Como hemos señalado hay pocas esperanzas de que se vaya al fondo de esta trama de corrupción, dado que la arquitectura institucional existente la favorece. El Consejo Nacional Electoral es un organismo politiquero nombrado por los propios partidos políticos para que los vigile y eventualmente los castigue por irregularidades como el financiamiento ilegal de las campañas electorales. Este organismo nunca ha investigado esas irregularidades como tampoco la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que son los organismos competentes. Y la Fiscalía General de la Nación responsable por las investigaciones penales tampoco lo ha hecho.

Entre tanto la Misión de Observación Electoral, MOE, ha señalado que hay un riesgo enorme sobre las campañas electorales en curso para elegir alcaldes y gobernadores que se efectuará este 27 de octubre. En concreto la MOE ha señalado que en 130 municipios del país hay serios indicios y riesgos de financiamiento ilegal y alianzas de sectores políticos con grupos criminales ligados al narcotráfico y a la minería ilegal. Las alarmas están prendidas pero dudamos que se actúe, con la contundencia necesaria. Y es que mientras no haya una verdadera reforma política que modifique las instituciones electorales, que las independice de los partidos políticos y las dote de herramientas en la lucha contra la corrupción, estas prácticas seguirán su curso.

Bogotá 18 de julio de 2019.

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)