Este 29 de agosto en un video Iván Márquez exjefe negociador por la guerrilla de las FARC-EP en los diálogos y negociaciones de La Habana por parte de esta guerrilla, rodeado por Jesús Santrich, Seuxis Pausias Hernández, otro de los negociadores y además por Henry Castellanos, Romaña, Hernán Darío Velásquez, El Paisa y Aldinever Morantes, entre otros, anunciaron que retomaban las armas. Todos ellos fueron en su momento destacados jefes militares de ésta guerrilla. Este es un nuevo obstáculo al accidentado proceso de Paz iniciado en el año 2012 y culminado en su fase de negociación con la firma de los Acuerdos el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá entre Rodrigo Londoño jefe máximo de esta guerrilla y el presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Las razones esgrimidas por los disidentes a la cabeza de los cuales aparece Iván Márquez quien es el que lee el manifiesto en que anuncian su rearme, tienen que ver con los incumplimientos del Estado a los pactos firmados con la guerrilla de las FARC-EP. Entre los múltiples incumplimientos Márquez destaca los cambios que introdujo el Congreso en temas importantes como la no obligación de comparecencia de los llamados terceros responsables, esto es agentes políticos, autoridades públicas y civiles como empresarios terratenientes, comerciantes, que en el acuerdo de La Habana deberían concurrir obligatoriamente ante la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, y que a su paso por el Congreso podrán hacerlo pero voluntariamente pues sus investigaciones siguen en  la jurisdicción ordinaria, tema que fue validado por la Corte Constitucional en un fallo muy controvertido. Razón tiene Márquez en este punto pues la impunidad es lo que campea en esta jurisdicción en dónde no pasa nada con los cerca de 5000 actores identificados como presuntos organizadores e instigadores del paramilitarismo sin que la Fiscalía ni los jueces de la jurisdicción ordinaria hayan avanzado en las investigaciones judiciales.  

Márquez señala además el incumplimiento con las transformaciones y los cambios contenidos en la propuesta de reforma política puesta a consideración del gobierno y el Congreso por la Misión Electoral Especial desde el mes de abril de 2017 que no ha sido debatida y mucho menos aprobada, solo se salvan las medidas jurídicas de reincorporación política de las FARC-EP y el Estatuto de la Oposición. Denuncia el incumplimiento de otorgar 16 curules a los habitantes de los 170 municipios que con mayor rigor sufrieron las consecuencias de la confrontación armada en los más de cincuenta años de confrontación entre el Estado y las FARC-EP.  Señala así mismo el incumplimiento de los programas de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito que también es evidente así como los incumplimientos en el tema de la reparación a las víctimas, titulación de tierras y puesta en marcha del Fondo de Tierras para la Paz que languidece en manos de funcionarios opuestos a la misma.  

Denuncia así mismo el asesinato de más de 500 líderes y lideresas sociales desde la firma de los acuerdos y el asesinato de más de 150 excombatientes de las FARC-EP desde la firma de los acuerdos. Todo ello es cierto. Y no solo lo dice Márquez sino sus antiguos compañeros que contario a él siguen comprometidos con los Acuerdos de Paz como también las diversas veedurías y los organismos técnicos que hacen el seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos como el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos.

Una respuesta equivocada

El punto central sin embargo es el siguiente: ¿el incumplimiento de los Acuerdos de Paz justifican el levantamiento o el rearme? ¿Es la vía armada una vía legítima en las actuales circunstancias de Colombia para la lucha por el poder político y por las transformaciones que se dice deben conquistarse y ponerse en marcha? Estas son las preguntas centrales a las cuales los disidentes políticos han respondido afirmativamente.

Pienso que esta respuesta es equivocada. Aún en las difíciles circunstancias que afronta el proceso de Paz no creo que la vía armada tenga justificación y legitimidad. La inmensa mayoría del país si bien está de acuerdo con la negociación política para salir del conflicto armado considera que las vías para el logro de las transformaciones requeridas por el país deben hacerse por la vía democrática, por la vía de la confrontación y de la lucha política sin armas. La conflagración armada de los últimos cincuenta años es un factor negativo para quienes desde la democracia han combatido al régimen oligárquico y excluyente que ha regido los destinos del país desde siempre. Si contrario a otros países de América Latina en que las fuerzas de izquierda democrática han llegado al gobierno en Colombia no lo han logrado y ello ha sido facilitado entre otras causas por la persistencia de una guerrilla que justifica la existencia de un régimen que persigue con instrumentos legales a la oposición política y a los movimientos sociales de base popular. Las guerrillas son un obstáculo al avance de las fuerzas democráticas y a los movimientos populares en Colombia. En vez de ser un factor de cambio las guerrillas se han convertido en una talanquera para el mismo. Y no solo por sus prácticas muchas de las cuales violan flagrantemente los derechos humanos, las normas del derecho internacional humanitario sino que frecuentemente para obtener su financiamiento prohíjan el narcotráfico y la minería ilegal depredadora del medio ambiente. Las principales víctimas de estas abominables prácticas son las comunidades populares que habitan en los territorios donde actúan cotidianamente las guerrillas.

Pero además hay que decir claramente que las guerrillas en las actuales circunstancias del país no tienen la más mínima posibilidad de conquistar el poder por la vía armada. En primer lugar han sufrido desde hace muchos años una derrota política de la cual no se han levantado y no se levantarán pues las mayorías del país no los ven como una alternativa política pese a las difíciles condiciones de pobreza y exclusión en que viven esas mismas mayorías; si bien las guerrillas no han podido ser derrotadas militarmente no representan un real peligro para el régimen imperante. El régimen mantiene controladas las principales áreas geográficas del país y controla también las principales actividades económicas que sustentan el orden imperante. La lucha armada no tiene futuro en el país. Como hemos dicho en cambio se convierte en un factor que impide el avance de los sectores democráticos en la lucha por el poder político y por las transformaciones que se requieren para construir una sociedad más justa y equitativa.    

El rearme anunciado por una decena de excomandantes de las antiguas FARC-EP, no solo es un error político en las actuales circunstancias del país sino que da argumentos a la extrema derecha uribista que ve cumplida en parte su autoprofecía de incumplimientos de las guerrillas a los compromisos asumidos. La lógica uribista es perversa. Hace todo lo posible por el fracaso de los acuerdos y cuando un sector minoritario que no llega al 10% de los combatientes de las FARC-EP, se rearman, anuncia a los cuatro vientos “se los dije” sin asumir la responsabilidad de sus acciones de sabotaje al proceso. Poca duda cabe a estas alturas del proceso que sectores del establecimiento con la ayuda de los Estados Unidos, urdieron un entrampamiento a Santrich y eventualmente a Iván Márquez para romper el proceso. Pese a ello el 90% de los excombatientes y sus líderes se mantienen en el proceso a pesar de los entrampamientos y de los incumplimientos de los Acuerdos de Paz.

En las actuales circunstancias lejos de alegrarnos por el fortalecimiento de las disidencias debemos persistir en el respaldo al maltrecho proceso de paz. Exigir del Estado el cumplimiento de los acuerdos, apoyar y rodear sin vacilación al 90% de los excombatientes que se mantienen firmes en el proceso, avanzar en la construcción de la paz en los territorios, exigir la reparación a las víctimas y condenar la lucha armada sin vacilaciones, al tiempo que se deben redoblar los esfuerzos por una salida negociada al conflicto armado que aún persiste.

Bogotá agosto 29 de 2019       

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)