Esta semana se materializó el anuncio esperado, de un grupo de disidentes de las antiguas FARC, donde dicen que retoman el uso de las armas. Es necesario hacer unas breves reflexiones acerca de ese hecho político, producido con la declaración de Iván Márquez -quien desde cuando su sobrino apareció como testigo protegido de la DEA abandonó su rol en la legalidad y en la dirección del Partido FARC-, y alias Jesús Santrich y El Paisa, antiguos dirigentes de la extinta guerrilla de las FARC, de retornar al uso de la violencia, con el argumento de supuestos o reales incumplimientos por parte de los gobiernos. Estoy convencido que fue una equivocada decisión de estos ex negociadores de las FARC, porque no solamente no honraron los Acuerdos, que ellos mismos contribuyeron a construir, sino que se situaron en una perspectiva histórica superada por las luchas sociales y políticas contemporáneas, que justamente no consideran de ninguna manera aceptable que se invoque el uso de la violencia para obtener reivindicaciones políticas o sociales.

Por ello podemos decir, como ha sucedido en muchos procesos de paz donde se han formado estas disidencias -recordar el caso de Irlanda donde se creó una disidencia del IRA que se mantiene hasta ahora irrelevante-, que en la mayoría de los casos no tienen ningún futuro político, aunque sigan siendo ocasionalmente una preocupación, en términos de seguridad, para las autoridades y ciudadanos. Si efectivamente hay incumplimientos del Estado, como los hay, se trata es de utilizar los mecanismos propios de la democracia, la lucha social y política, las vías legales para hacer que se cumpla, no creer que es el chantaje con un fusil en la cabeza de la sociedad para que les cumplan.

Y la decisión es más equivocada, porque se trata de un grupo minoritario de exguerrilleros, que parecieran desconocer que la amplia mayoría de las mujeres y hombres de esta antigua guerrilla, están justamente construyendo su futuro dentro de la legalidad, con dificultades, sí, pero con la convicción de construirse como ciudadanos en democracia y al margen de las actividades violentas; igualmente están tratando de consolidar su partido político y lograr un espacio para el mismo. Por eso, tanto los dirigentes del Partido Político FARC, como sus bases deben contar con la solidaridad de todos los sectores nacionales que apoyamos la terminación de la relación entre política y armas.

Pero también, estos disidentes, hay que recordarlo, están contribuyendo a darle argumentos a los sectores adversos a la paz, para que justifiquen con esta decisión, aún más, sus andanadas contra el Acuerdo de Paz, contra la JEP, la Comisión de la Verdad y demás instituciones que se crearon como producto del Acuerdo del Teatro Colón.

Hay que decir, además, que más allá de esa equivocada decisión, amplios sectores de la sociedad colombiana, como los que se expresan en Movimientos como Defendamos la Paz (DLP) o La Paz Querida, para mencionar sólo dos de ellos, han estado y están dispuestos a apoyar y defender los Acuerdos y acompañar a los excombatientes de las antiguas FARC en su proceso de hacer el tránsito hacia la vida civil.

Ojalá no se equivoque este puñado de dirigentes en disidencia, que los colombianos estamos fatigados de la violencia y que esa pretensión de convocarnos al camino de la guerra no va a tener ninguna acogida. Como le escuche a algún dirigente de las FARC, si durante medio siglo y con la presencia de sus dirigentes históricos no pudieron poder en riesgo real la estabilidad del Estado, no va a ser posible que ellos lo vayan a lograr, ni en otro medio siglo.

Las mayorías nacionales que apoyamos la terminación del conflicto armado, debemos continuar solidarios y exigentes con que se cumpla el Acuerdo entre Gobierno y FARC y se avance hacia una paz completa, convencidos que las reformas y cambios necesarios los vamos a conseguir por la lucha democrática y no con la presión de pistolas o fusiles.

-Alejo Vargas Velásquez es profesor Universidad Nacional