En América Latina, durante el siglo XIX, las fuerzas centrales en la lucha política fueron los conservadores y los liberales. Se trató de un conflicto entre élites, bajo lo que la sociología histórica ha denominado como Estado-oligárquico.

Los conservadores, apoyados por la Iglesia católica, defendieron la tradición familiar, el orden terrateniente, el progreso casi exclusivamente agrario, en alianza con agroexportadores, mineros, comerciantes importadores y banqueros. Eran partidarios de gobiernos fuertes e incluso autoritarios. Consideraban legítimo e institucional el sometimiento a su poder de las poblaciones campesinas, indígenas y negras. Creían que la férrea estructura piramidal de la sociedad respondía a aceptables principios aristocráticos y hasta a realidades inevitablemente construidas, por cuanto la desigualdad lucía a un orden divino. La democracia debía ser restringida, tanto como los derechos, para lograr una paz y armonía sociales sujetas al poder.

Para los liberales, el orden conservador representaba al “feudalismo” y por ello abogaban por la modernidad capitalista, centrada en la potenciación de la manufactura, la industria y el amplio comercio internacional. Pretendían la separación de la iglesia y el Estado, implantar el laicismo, fortalecer la educación y la asistencia públicas. Confiaban en la democracia abierta, el imperio de la ley y la justicia, el pleno desarrollo de los derechos individuales. Solo los radicales, que eran algo así como el “ala izquierda” del liberalismo, comprendieron la incipiente presencia de los obreros y la necesidad de establecer derechos sociales. Sin duda, liberales y radicales portaban el camino futuro de la historia, mientras los conservadores representaban el pasado.

En México y Argentina, con sus respectivas Reformas a mediados del siglo XIX, se implantaron tempranamente regímenes liberales, aunque no como fruto de procesos pacíficos. En otros países, las confrontaciones políticas adquirieron rasgos de intolerancia, a tal punto que el bipartidismo acudió a la insurrección armada y a la guerra civil. Esas expresiones fueron particularmente duras en Centroamérica o en Colombia, donde la violencia ha tenido una historia bicentenaria.

Pero las luchas bipartidistas no lograron solucionar las herencias históricas de la desigualdad, la pobreza o el poder de minorías acumuladoras de la riqueza. De modo que en su matriz incubó la emergencia de nuevas clases sociales, como fueron el sector obrero y las capas medias urbanas. Además, con el inicio del siglo XX, tanto la expansión del imperialismo americanista, como el despertar de las ideas anticapitalistas de la mano de las doctrinas obreristas, anarquista y anarcosindicalistas, socialdemócratas, neo-católicas, de los diversos socialismos utópicos e incluso del incipiente marxismo, produjeron el nacimiento de nuevos partidos y la consolidación del espacio político de la izquierda (no necesariamente marxista), todo lo cual determinó la lenta superación histórica del bipartidismo latinoamericano tradicional.

La expresión histórica de ese ascenso estuvo en México, no solo con la revolución de 1910, primera en el mundo por su contenido social, sino también por la Constitución de 1917, igualmente pionera, y más adelante, con el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), quien impuso la reforma agraria y la nacionalización del petróleo, antes de la Revolución Cubana (1959), que realizó la transformación más importante en la historia latinoamericana del siglo XX, pues Cuba resumió el contenido fundamental de la nueva era, en la cual la confrontación pasó a ser entre capitalismo/imperialismo, frente al socialismo.

América Latina se halla hoy en una situación comparable con los procesos que he descrito. El cambio sustancial estriba en que la confrontación ha pasado de la órbita política al campo de la economía y, por consiguiente, se ha vuelto, cada vez más clara, en una lucha de clases.

Superadas las décadas del “desarrollismo” de los sesentas y setentas, desde 1973 en Chile, con la dictadura terrorista de Augusto Pinochet, enseguida con similares dictaduras en el Cono Sur y particularmente con gobernantes civiles en las décadas finales del siglo XX, América Latina entró a una era de construcción de economías neoliberales, que definieron las líneas de intereses y conducta contemporáneas de las clases empresariales. Determinados por esas líneas, no importaron las diferencias políticas ni partidistas entre los gobiernos, porque todos apuntalaron, de una u otra manera, el camino neoliberal-empresarial.

Es innegable que el ciclo de los gobiernos “progresistas” cortó el camino neoliberal-empresarial, en aquellos países donde el triunfo electoral, con amplio apoyo popular, hizo posible delinear una tendencia alternativa: la construcción de economías sociales, que incluso en Bolivia, Ecuador y Venezuela se consideraron como antesalas del “socialismo del siglo XXI”.

Las burguesías latinoamericanas aprendieron la experiencia. Toda economía social contradice el camino neoliberal-empresarial y peor si se trata del “socialismo del siglo XXI”. No están más dispuestas a que el reino de sus exclusivos intereses sea perjudicado. No tuvieron límites para acudir a los “golpes blandos” para acabar con gobiernos progresistas. En otros casos, intentaron golpes de Estado. Utilizaron las elecciones como instrumento para recuperar el poder, o anunciaron con desconocer triunfos destinados a “eternizar” a los gobernantes del progresismo.

Cualquiera sea la vía política escogida, lo que vino de inmediato resultó inédito en regímenes que se suponía habían alcanzado cierto grado de democracia moderna. Los gobiernos neoliberales-empresariales desplegaron la cacería de brujas no contra los opositores en general, sino exclusivamente contra los líderes visibles de los gobiernos progresistas y sus colaboradores. El combate a su corrupción sirvió de pretexto; pero, además, se convirtieron en nuevas armas para la venganza y la descalificación tanto la judicialización política, como el lawfare, la aplicación de las leyes para forzar figuras penales al menor hecho, y la extensión de la amenaza o sospecha sobre cualquier persona crítica, que bajo situaciones normales sería considerada inocente. Sobre todo, se puso a la orden del día la represión de todo movimiento social de resistencia y protesta, con un nivel de arremetida en el que nada han importado las violaciones a los derechos humanos.

En apoyo de semejantes comportamientos son subordinados todos los aparatos del Estado, como ha ocurrido en Bolivia, el mayor ejemplo actual, donde se han unido ahora las orientaciones evangélicas y el racismo sin límites. Las fuerzas armadas y las policías actúan en defensa de una “democracia” que solo está vinculada a la hegemonía política de elites de derecha y rabiosos anti-progresistas, pero, que, además, solo defienden el único camino admisible en la economía: el modelo neoliberal-empresarial. En esas fuerzas vuelve a incubar la doctrina de la Seguridad Nacional, bajo cuya óptica otra vez las “amenazas” contra los “objetivos permanentes de toda nación” solo provienen de las izquierdas y de los movimientos sociales y populares. También existe el riesgo de un segundo Plan Cóndor, para coordinar persecuciones en otros países, algo que han analizado diversos investigadores.

Los medios de comunicación mercantiles también han pasado a ser instrumentos que exclusivamente se inclinan a sostener a los gobiernos conservadores, a apuntalar el modelo económico neoliberal-empresarial y a contribuir a la persecución política. Las redes y el internet, al mismo tiempo que ofrecen alternativas para la información y el análisis, igualmente sirven para forzados seguimientos en contra de los opositores y de los periodistas y medios alternativos.

La tendencia a la inacción, paralización o complicidad de los organismos internacionales igualmente se vuelve contra las opciones por una democracia social y por una economía social. No puede ser más visible el comportamiento de la OEA frente a los acontecimientos de octubre y noviembre en Haití, Chile, Ecuador, Bolivia o Colombia. Aparecen amenazas contra México y, desde luego la agudización del cerco imperialista contra Venezuela o Cuba.

Así es que, comparativamente con el siglo XIX, en el siglo XXI América Latina parece entrar a una era en la cual la disputa por la economía ha minado las bases de la propia democracia, rompe con antiguos valores sobre la institucionalidad y la soberanía, desnuda la violación de derechos humanos que quedan impunes y encuentra “violencia” solo en los movimientos sociales de obreros, campesinos, indígenas, afroamericanos y capas medias cuestionadoras del ejercicio del poder, que ha vuelto a beneficiar a los altos empresarios y propietarios del capital, como lo están demostrando todos los recientes estudios de la Cepal, sobre las desigualdades crecientes en la región.

Se trata de una democracia confrontacional, en la que no se ha excluido el fascismo criollo como recurso, una tendencia que solo tiene el riesgo de agudizarse. En su base se halla el bipartidismo económico, que polariza a visibles clases sociales y que marca una grave tendencia de futuro para la región, pues las clases subordinadas -para utilizar un concepto del sociólogo e historiador Ralph Miliband-, ya no están dispuestas a que se imponga sobre ellas el privilegio de unas elites que no quieren admitir sus responsabilidades sociales. Es una lucha que hace prever un largo camino histórico.

Quito, 27/noviembre/2019

Artículo original en Firmas Selectas de Prensa Latina:

https://bit.ly/368WFoE