Las protestas ciudadanas en Colombia descolocaron al despistado gobierno de Duque y también desconcertaron a su mentor el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez. El diseño original del gobierno hasta ahora había sido un gobierno neocorporativo con una representación directa de representantes de los gremios económicos que hacen aún presencia en importantes ministerios adobados con representantes del centro democrático en que Uribe, no cabe la menor duda, dado el carácter pusilánime de Duque, nominó directamente por lo menos a Alberto Carrasquilla para el ministerio de Hacienda, de las entrañas neoliberales de Uribe, Alicia Arango al frente del Ministerio del Trabajo, Nancy Patricia Gutiérrez al frente del ministerio del Interior y a Guillermo Botero al frente del ministerio de Defensa. A ellos se sumaron algunos ministros conservadores y en puestos secundarios a representantes de Colombia Justa y Libres grupo de cristianos que apoya y hace parte de la coalición de gobierno.

Con esta coalición inició y hasta ahora se mantiene el gobierno de Duque que ha tenido que enfrentar una movilización ciudadana sin precedentes inmediatos y una creciente impopularidad que lo mantiene con un rechazo de más del 70% de los encuestados, pero no solo cae él, sino que arrastra en su impopularidad a Uribe que ahora apenas tiene un apoyo del 26% de los encuestados y un rechazo del 64% según la última encuesta de Invamer Gallup.

El gobierno ha ido perdiendo no solo base social sino política. Guillermo Botero tuvo que renunciar al ministerio de Defensa por su incompetencia y por las denuncias reiteradas sobre su gestión. El bombardeo de un campamento de las disidencias de las FARC en el departamento del Caquetá en que perecieron al menos 8 menores de edad reclutados a la fuerza por las disidencias, denunciado por el senador del Partido de la U, Roy Barreras, defensor de los acuerdos de Paz y crítico del gobierno, que se mantiene en la coalición de gobierno pero que no tiene participación burocrática porque no se la han ofrecido, así como la denuncia del asesinato del líder indígena y defensor de derechos humanos, Flower Jair Trompeta al parecer con participación del ejército el 28 de octubre en el departamento del Cauca, precipitaron la salida de Botero contra quien pesaba una Moción de Censura que contaba con mayorías para ser aprobada en el Senado de la República.

 Botero renuncia antes de la votación y con su renuncia Uribe-Duque pierden uno de sus más leales representantes en el gobierno. Pero a ello habría que agregar el naufragio de las objeciones presidenciales a la Ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP,  que fueron hundidas tanto en Cámara como en el Senado y mostraron la fragilidad de la coalición del gobierno que no ha logrado configurar una mayoría parlamentaria sino para proyectos en que se pone sobre la mesa el modelo neoliberal como en la llamada ley de financiamiento o sea en la reforma tributaria aprobada dos veces por la declaratoria de inconstitucionalidad de la primera aprobada en el año 2018 por vicios de procedimiento y el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 1918-1922, que introdujo una serie de políticas públicas neoliberales que le permiten a Duque gobernar sin pasar nuevas leyes por el Congreso en materia de salud, salarios, pensiones, minería, que tienen vigencia permanente muchas de ellas demandadas pero no resueltas por la Corte Constitucional.

Dos hechos han puesto en evaluación la configuración del gobierno. El primero, los resultados de las elecciones regionales del 27 de octubre de 2019 en que la coalición de gobierno sufrió una estruendosa derrota en las principales gobernaciones y alcaldías del país que fue rápidamente reconocida por el propio Uribe. Ello ha traído un aire renovado en muchas regiones del país en donde las autoridades regionales ensayan nuevas políticas en temas sensibles como la desmilitarización de las protestas sociales o la aplicación de los acuerdos de paz, como es el caso de Bogotá, con la alcaldesa Claudia López que contrastan con el discurso guerrerista y represivo de la derecha uribista y  Vargasllerista.

El segundo hecho significativo es la movilización de millones de hombres, mujeres, jóvenes, comunidades afrocolombianas e indígenas desde el pasado 21 de noviembre y que tuvo una primera masiva movilización bajo la convocatoria del denominado Paro Nacional este 21 de enero en las principales ciudades del país. Estos dos hechos han cuestionado el modelo diseñado y puesto en marcha por el uribismo para gobernar estos cuatro años al país. Apenas van trascurridos 18 meses y el modelo hace aguas por lo que Duque-Uribe ahora intentan un reacomodo, un rediseño del gobierno con las fuerzas más proclives a la derecha y a la profundización del modelo neoliberal en abierto desafío a la ciudadanía que protesta en las calles y que seguramente lo seguirá haciendo ante el desgobierno del uribismo en el poder.

Buscando socios a la derecha para profundizar el modelo

 Los pasos de Duque para el rediseño del gobierno se mueven ahora en la dirección de lograr un respaldo activo del Partido de la U que cuenta con una mayoría exigua que ha aprobado ser parte de la coalición de gobierno y cuya principal dificultad consiste en que este partido hasta ahora mayoritariamente defiende los acuerdos de Paz logrados por quien  fuera su principal mentor y fundador el ahora expresidente Juan Manuel Santos lo que choca con la política de Duque-Uribe de sabotear el acuerdo y oponerse en la práctica a su implementación cosa que han entendido los movimientos sociales en las calles que en los 13 puntos de exigencias incluyen como uno precisamente la defensa y desarrollo de los Acuerdos de Paz. Este es el principal escollo y el segundo que reclaman participación burocrática en los ministerios y en los más altos niveles de gobierno que ha sido negada por Uribe-Duque.

El segundo frente es el de avanzar en la concreción de un acuerdo con el partido Cambio Radical que orienta Germán Vargas Lleras y del cual forma parte una fracción abiertamente progobiernista, el llamado Clan de los Char, que está conformado por un bloque alrededor de la familia Char con peso político en la costa caribe principalmente en el departamento del Atlántico donde cuentan con la gobernación del departamento y la alcaldía de Barranquilla. Está confirmado que esas negociaciones avanzan y que la agenda que ha sido defendida por Vargas Lleras en sus más recientes pronunciamientos se estructurarían alrededor de una agenda reformista de claro estirpe derechista y de profundización de las políticas neoliberales.

Reformas a la salud para favorecer aún más a la salud como negocio profundizando la intermediación financiera que ejercen las EPS, desconocimiento a las consultas previas para el desarrollo de obras de infraestructura y explotación minera que afectan a las comunidades afrocolombianas e indígenas, tratamiento de mano dura y represión a las protestas y movilizaciones ciudadanas, relanzamiento de grandes proyectos de infraestructura de vías y aplicación del fracking para la explotación de hidrocarburos, es la profundización del modelo. El argumento central es que quien ganó la presidencia fue Duque y que la única legitimidad democrática la dan las urnas, los votos. Vargas Lleras cree y así lo expresa en sus escritos que el pliego de reivindicaciones del Paro Nacional es el programa de las guerrillas y que tras las manifestaciones esta la izquierda que ya ha iniciado la campaña electoral presidencial del año 2022. Los millones de personas en las calles que rechazan el modelo neoliberal no le merecen a Vargas Lleras la menor preocupación y lo que pide a Duque es que los reprima, les aplique la mano dura, con esas protestas no hay nada más que hacer darles un tratamiento policivo.

Esto lo advierte claramente un sector minoritario del partido Cambio Radical. José Daniel López, representante a la Cámara por Cambio Radical, ha puesto sobre la mesa el meollo del asunto. Él dice no compartir la entrada al gobierno en primer lugar porque no entiende como se entra a un gobierno completamente desprestigiado y sin ninguna sintonía con la agenda ciudadana, en segundo lugar dice que con la entrada al gobierno por parte de Cambio Radical se debilitaría el proceso de Paz que ya bastantes problemas tiene en su implementación y en tercer lugar que el costo político que tendría entrar el gobierno amenazaría seriamente el futuro del partido. No obstante lo que no ve el representante López es que en materia económica y social el vargasllerismo es lo mismo o incluso más radical neoliberal que el propio binomio Uribe-Duque. Y que el sector que con menos contundencia ha defendido el proceso de Paz justamente ha sido Cambio Radical que con Néstor Humberto Martínez en la fiscalía general se empeñó en reformas regresivas como la exclusión de los terceros civiles de la Jurisdicción Especial así como en entrampamiento de Santrich y Márquez puestos en marcha por la Fiscalía con la anuencia de la DEA. Esa es la cruda realidad.

Esa recomposición del gobierno va en contravía de las reivindicaciones de la gente en las calles en dónde hay claramente unas reivindicaciones que chocan con el modelo neoliberal, que piden reformas profundas en la salud y las pensiones, que piden eliminar su privatización, que reclaman hondas transformaciones en las políticas medioambientales que protejan en primer lugar el agua, los recursos naturales, la protección de los bosques y las selvas, la no práctica del fracking para la explotación del petróleo, el impulso y compromiso con las fuentes de energía limpias y una reindustrialización del país;  para no depender de un modelo basado solo en la explotación de los recursos naturales, esto es lo de fondo y es obvio que choca con los defensores del modelo neoliberal extractivista y depredador. Y esto requiere cambios profundos de las políticas públicas y del modelo. A eso es a lo que se niega el gobierno de Duque y el Vargasllerismo, por eso se entienden, sus desacuerdos son menores, son burocráticos.

Ahora bien al lado de esas reivindicaciones de fondo hay otras múltiples que son más inmediatas como el presupuesto para las Universidades Públicas, el cumplimiento de los acuerdos que se han suscrito por el Estado con las comunidades indígenas, afros y campesinas o la derogatoria de las medidas más impopulares de las reformas tributarias de Duque. Estas tampoco quieren ser negociadas y por el contrario en un desafío a las movilizaciones ciudadanas siguen adelante como sigue adelante el asesinato de líderes sociales o excombatientes de las FARC o el incumplimiento de los Acuerdos de Paz. La recomposición del gobierno profundizará la distancia entre la gente en las calles y el impopular gobierno de Duque así este logre mayorías en el Congreso de la República. Este desencuentro se profundizará.

Bogotá 30 de enero de 2019        

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)