Muchos dicen que el problema central del actual gobierno es que no tiene suficiente gobernabilidad y deducen que eso se deriva de la carencia de apoyos de las fuerzas políticas, más allá de su partido. Eso es solo parcialmente cierto. El tema puede ser un poco más complejo.

Cuando hablamos de gobernabilidad, nos estamos refiriendo a la capacidad que tenga un gobierno de establecer con su sociedad una adecuada relación, en la cual la sociedad permita gobernar porque no acude reiteradamente a las vías de hecho, tiene confianza y credibilidad en los gobernantes y sus políticas y está a la espera de que sus demandas sean atendidas en términos de políticas públicas. Y claro, para que los gobernantes puedan contar con esa aceptación de la sociedad se requiere que cuenten con legitimidad –aceptación, podríamos decir, confianza igualmente-, que haya eficacia en la gestión del gobierno; ahí puede ser importante contar con los apoyos políticos en los cuerpos colegiados para sacar adelante las iniciativas de respuesta a las demandas sociales y claro contribuyendo a dar respaldo al gobernante; también que los ciudadanos sientan que cuentan con seguridad –no olvidar que la seguridad es un bien público indispensable para la vida en sociedad-.

Pero no siempre la percepción de los ciudadanos va en esa dirección. Si perciben un gobernante alejado de las demandas y necesidades de los ciudadanos, más preocupado por asuntos que consideran como poco relevantes, si perciben que las iniciativas legislativas antes que a resolver sus problemas apuntan a favorecer solamente a algunos grupos sociales privilegiados y más bien terminan agravando sus condiciones de vida –adicionalmente si creen que en los cuerpos de representación lo que hay es desidia, desinterés, ausentismo y asomos de corrupción-, si no se establecen escenarios serios de diálogo y concertación de demandas y problemas sociales y si perciben a sectores de la Fuerza Pública como protectores de intereses minoritarios y que más bien los agreden, antes que protegerlos, porque no existe esa relación de confianza tan indispensable entre ciudadanía y Fuerza Pública y no perciben los ciudadanos unas políticas de seguridad eficaces y que tengan en cuenta sus reales problemas –qué pensaran los campesinos cocaleros a los cuales la única opción ofrecida es erradicarles los cultivos, de uso ilícito sí, pero de los cuales sobreviven, sin alternativas de vida diferentes-. Cuando todo lo anterior tiende a percibirse por los ciudadanos, la tendencia va a ser a desconfiar de sus autoridades, a acudir a las vías de hecho para presionar sus demandas –recordemos las movilizaciones que hemos presenciado y esa recurrente tendencia a creer que son las vías de hecho el único camino para ser escuchado y atendido-.

Todo lo anterior está reflejando es una incapacidad de conducción del gobierno, de ofrecerle a la sociedad un proyecto creíble de cambio y mejoramiento de sus condiciones y donde los ciudadanos puedan tener certezas acerca de su futuro –tarea en la cual pueden contribuir de manera relevante un conjunto de políticas públicas bien formuladas y diseñadas y con la decisión política de implementarlas-.

Por ello decimos que el problema para mejorar la imagen y las perspectivas de Gobierno, no es solamente incorporando Ministros de uno u otro partido –eso resuelve sólo en parte-, se trata de hacer una reingeniería que permita ofrecerle a los ciudadanos un proyecto de sociedad creíble, pero acompañado de respuestas a los problemas acuciantes del presente –el empleo para los millones que no lo tienen, tierra y seguridad para sus vidas a los campesinos, futuro para los jóvenes, salud para las mayorías-.

La percepción opuesta sería el no futuro.

- Alejo Vargas Velásquez es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y

coordinador del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa.