El paro internacional de mujeres y el look-out del empresariado del campo confluyen al mismo tiempo, lo que en lenguaje clásico son expresiones diferentes del estado de la lucha de clases en la Argentina.

Las mujeres y sus luchas, ahora extendida en las disidencias o diversas formas de manifestación cultural de la sexualidad, abonan un cambio cultural de mayor trascendencia que el histórico derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Se trata de una dimensión que se manifiesta como lucha económica, política, cultural, ideológica, civilizatoria, que incorpora novedades sobre el lugar de los hombres en esta lucha, o en la solidaridad con esta lucha. La humanidad está desafiada contra el feminicidio y la igualdad.

En la protesta de “género” se involucran aristas contradictorias, las que se evidencian en el debate “verde” o “celeste” en el Parlamento o en el movimiento popular, con identidades a la izquierda y/o a la derecha del arco político que asumen posiciones no siempre previsibles. En ese sentido, por ejemplo, se puede defender el derecho al aborto legal y gratuito, al mismo tiempo que promover una reaccionaria reforma laboral o previsional, o, todo lo contrario.

Más allá de las discusiones, el sentido del proceso de la lucha por los derechos de la mujer y las disidencias confronta con la tradición patriarcal hegemónica de la sociedad contemporánea, por lo que orden capitalista y patriarcalismo se potencian en una dinámica de explotación y dominación a ser derrotada. Se trata de un desafío gigantesco que trasciende a nuestra generación y se asocia en la defensa de la vida y por ende de la naturaleza, dimensiones que ataca el orden vigente.

La defensa por los derechos de la mujer es una estrategia que viene de lejos y que en estos tiempos aceleró la capacidad de acumulación para transformar la realidad y modificar sentidos instalados por siglos, von la violencia como mediadora y ejecutora de la dominación y discriminación.

Por su parte, las patronales agrarias convocaron desde la Mesa de Enlace a un “look out” patronal, que llaman “paro” del campo, aun cuando uno de los cuatro, la Federación Agraria Argentina (FAA), presionada por su realidad diversa dejó en libertad a sus asociados.

Aquí también hay contradicciones, pero si en el debate de género la tendencia que prima, en perspectiva, es progresiva, liberadora, por la conquista de derechos; en el caso de las patronales agrarias, lo hegemónico es retrógrado, conservador y reaccionario a cualquier visión de aporte solidario ante la emergencia socio económica de una parte muy importante de la sociedad, aun cuando se discuta el destino de la fiscalidad que sustente el actual gobierno.

Por eso es una respuesta ideológica, más allá de cualquier racionalidad económica que se pretenda. Hay quienes pretenden repetir el debate del 2008 sobre las retenciones, cuando en el presente existe segmentación de la fiscalidad e intencionalidad de gravar a los sectores más concentrados, quienes no están dispuestos a ceder cuota de ganancia para atender imperiosas necesidades sociales.

En el fondo, en el debate y lucha económica, lo que acontece es la correlación de fuerzas que existe en la sociedad, que exige definiciones que están más allá de una posición a la defensiva y posibilista asociada a los límites autoimpuestos desde la función gubernamental, tanto como de otra conservadora y retrógrada sustentada por las clases dominantes o la derecha política. Mucho menos para aquellos que establecen una identidad entre el programa de máxima de las clases dominantes y el posibilismo. Ahí está el desafío, construir un espacio unificado de acción integral que supere límites posibilistas y de identidad entre éstos y los cruzados de la dominación.

Se trata de denunciar el look out patronal, tanto como defender el derecho a la lucha de las mujeres, las disidencias y las diversidades en la opción cultural sexual, como expresiones de variadas confrontaciones que definen las opciones políticas del presente.

La deuda es también territorio de la lucha

El asunto no es solo el paro internacional de mujeres y el look out patronal, sino también que hacer con un trascendente tema como el del endeudamiento público externo.

Pasó nuevamente el FMI por la Argentina y esta vez para afinar el lápiz sobre el ajuste de las cuentas públicas para cobrar cuando sea posible, aun concediendo plazos y nuevas refinanciaciones.

El FMI quiere cobrar, más allá de cualquier negociación, y para eso pretende ajuste fiscal, lo que supone quita de derechos a buena parte de la sociedad más necesitada, al tiempo que sugiere que el resto de los prestamistas carguen con el costo de una refinanciación que suponga alargue de los plazos y quitas de capital de deuda e intereses.

Desde luego que los Fondos de Inversión, los “buitres”, también de paso por el país en estos días, se niegan a resignar recursos y presionan con su capacidad de negociar, con un 40% de títulos de la deuda en su poder, unos 122.000 millones de dólares.

La incógnita es quien, y cuando se decide el default, si lo llevan adelante los Fondos de Inversión, el FMI, o si se ejerce desde una medida de soberanía.

Mientras se demora la decisión caen vencimientos y con ello la cancelación de acreencias que suponen postergar la satisfacción de otros derechos sociales por ausencia de recursos. Más que por ausencia de recursos lo que ocurre es que éstos son o serán derivados a la cancelación de deudas.

Son opciones para asumir, o se cancela deuda que puede ser discutida como odiosa o ilegitima, o se atienden las necesidades sociales diversas, en condiciones de agravamiento económico social de un 40% de la población en la Argentina.

Marzo es el tiempo autoimpuesto por el Gobierno para la negociación de la deuda, que seguramente se postergará, con el agravante de nuevos vencimientos de deuda que en mayo se hacen insustentables, o sea, impagables, por lo que el horizonte del default se impondrá por imperio de la imposibilidad de pago.

Una decisión soberana que defina la lucha entre los prestamistas y el conjunto de la sociedad puede favorecer volcar la contradicción social en lucha para discutir un rumbo económico social que modifique sustancialmente el eje entre beneficiarios y perjudicados del orden económico actual.

Sostenemos que no alcanza con “resolver” el tema de la deuda, ya que en el trasfondo está el modelo productivo y de desarrollo, que impone ser modificado, y claro, eso es también producto de una lucha de ideas, de clases, entre beneficiarios y perjudicados, entre minorías con capacidad de extender consenso y mayorías que necesitan construir proyecto propio, con autonomía del poder local y mundial.

Sea por la deuda, por los derechos de igualdad de género y disidencias, o para denunciar la presión de las patronales del campo, todas esas “causas”, son expresión de una encarnizada lucha de clases.

Buenos Aires, 8 de marzo de 2020

Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
Ciudad de Buenos Aires.
www.juliogambina.blogspot.com