En medio de la emergencia por la pandemia del coronavirus COVID-19 es necesario evitar que los virus de la intolerancia, el autoritarismo y la antidemocracia provoquen daños aún mayores a los derechos humanos, a la convivencia pacífica y a la institucionalidad del país.

En los últimos días ha subido temerariamente el tono de las descalificaciones, amenazas, acoso, linchamientos y otras expresiones de intolerancia, sobre todo en redes sociales, contra cualquier crítica periodística o ciudadana sobre fallas en los protocolos sanitarios, desprotección del personal médico o atropellos hacia quienes incumplen la cuarentena domiciliar.

Incluso, la Red Informativa de ARPAS es víctima de esa intolerancia oficial: por el simple hecho de retomar una declaración de Reporteros sin Fronteras que insta al Ejecutivo a no restringir la libertad de prensa y a informar adecuadamente a la población, el secretario de prensa de la Presidencia nos acusó la semana pasada de ser un “medio de oposición” y responder a un partido político. Si este funcionario leyera los Estándares de Libertad de Expresión de la CIDH sabría que “descalificar o estigmatizar a periodistas y medios por la información que publican constituye una violación a la libertad de expresión, prensa e información”.

Todavía más grave es el relato presidencial que busca construir en el imaginario colectivo la existencia de un “enemigo interno”, al cual hay que combatir y destruir. Ese enemigo son todos (ciudadanos, periodistas, analistas, organizaciones, partidos políticos, funcionarios, instituciones públicas, etc.) que critican fallas gubernamentales y piden rectificaciones.

Nadie cuestiona el fondo de las medidas de prevención o la pertinencia de la cuarentena; lo que se señala es la desinformación, la improvisación, los abusos, etc. Sin embargo, el Presidente Nayib Bukele insiste en que eso “es bloqueo” y coloca peligrosamente a sus críticos en el bando enemigo, “traidor del pueblo”, que desea “que la gente muera”.

Pero la irresponsabilidad presidencial no para ahí. Además de promover la intolerancia, incitar al odio contra quienes no se someten acríticamente a su visión y dividirnos entre buenos y malos, Bukele nuevamente desafía a la institucionalidad y al estado de derecho negándose a cumplir resoluciones de la Sala de lo Constitucional.

La Sala ha ordenado en dos ocasiones al Ejecutivo parar los abusos, y mandató a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que vigile posibles atropellos o vejaciones en los centros de contención. Esto, para el Presidente es “una orden de matar o dejar morir a cientos de miles de salvadoreños”, por lo cual -dice en su cuenta de Tuiter- no va a respetarla.

Si Bukele cumple su temeraria promesa y no acata las sentencias de la Sala, podría generarse una nueva crisis institucional como la del pasado 9 de febrero con el intento de golpe presidencial contra la Asamblea Legislativa. Esta vez sería una especie de golpe del Ejecutivo contra el Poder Judicial.

Ante esta tenebrosa posibilidad, apostemos por que se imponga la sensatez, la responsabilidad y la vocación democrática; para evitar que los virus autoritarios se propaguen e infecten gravemente hasta dar muerte a la armonía social, a la convivencia pacífica y al orden constitucional salvadoreño.

Ojalá que así sea.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)