Hay un consenso amplio sobre la insuficiencia de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno del presidente Iván Duque en el manejo de la crisis que venía de tiempo atrás y que fue agudizada por la crisis ocasionada por la pandemia asociada al Covid-19 en nuestro país y en la economía mundial. Como hemos señalado las políticas económicas han sido erráticas, insuficientes e improvisadas. Buscan salir de la crisis con el menor costo posible caracterizándose además por sus sesgos ortodoxos y minimalistas. Ortodoxos en sus rasgos principales pues buscan en medio de la pandemia favorecer al sector financiero a quien ha entregado cerca de 7 mil millones de dólares para que supuestamente irrigue crédito a las empresas pequeñas, medianas y grandes. Ese crédito no ha llegado y cada día son más las empresas que despiden a sus trabajadores alegando que no tienen como pagar la nómina y menos garantizar la estabilidad laboral. Según cifras de distintos organismos se habrían perdido ya cerca de 1.2 millones de empleos y la tasa de desempleo, ha llegado ya a 12.5% mientras que crece el número de trabajadores desalentados que no buscan empleo pues además están confinados. Diversos cálculos estiman que pronto llegaremos al 20% de tasa de desempleo.

Las ayudas para la población son además minimalistas, focalizadas y tardan en llegar pues las bases de datos son imprecisas y están contaminadas por el virus del clientelismo. En conjunto los subsidios o entregas de recursos no llegan siquiera al 1% del Producto Interno Bruto, PIB. Crece el descontento y la desesperación pues la población no tiene como sostener el confinamiento obligatorio que ha sido decretado por el gobierno. Las protestas se presentan en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali por pobladores que se han cansado de esperar que lleguen las ayudas y que no pueden salir al rebusque en una economía en que el 62.5% de los trabajadores sobrevive en el llamado sector informal.

Entretanto y de manera indolente el gobierno realiza la compra de vehículos blindados, se toman cerca de 4 mil millones de pesos para adjudicar un contrato que busca mejorar la imagen del gobierno de Duque en redes sociales, contratado con fondos para la paz y a una firma de amigos del régimen señalada de ser muy activa en sus compromisos de lucha contra la paz. Se anuncia además la compra de material para fortalecer el escuadrón antidisturbios ESMAD y se denuncia en municipios y departamentos corrupción en contratos para suministro de alimentos a la población. El Congreso de la República funciona virtualmente y se prohíbe el ingreso de los Congresistas que reclaman sesiones presenciales a las instalaciones del Congreso.

Siguiendo con su estrategia el gobierno decretó este miércoles 6 de mayo una nueva Emergencia Económica, Social y Ecológica. Con esta decisión el gobierno reconoce que en la anterior emergencia no se tomaron las medidas adecuadas. Siguiendo con la línea del minimalismo anuncia que ofrecerá un subsidio (40% del salario mínimo) a los trabajadores de las empresas que por causa de la crisis hayan reducido su facturación más allá del 20%. Además de las dificultades para hacer llegar estos recursos a las pequeñas y medianas empresas y determinar si en efecto dejaron de facturar en el porcentaje señalado si insiste en irrigar esos exiguos recursos a través de la banca privada estos terminarán de nuevo enredados. Vendrá un nuevo fracaso. Si quiere llegar a los empresarios tendrá que utilizar el Banco Agrario que es un banco público.

El gobierno sigue esperando los créditos solicitados al Fondo Monetario Internacional, FMI, por 10.800 millones de dólares y a la banca multilateral por 3.000 millones. Estos recursos aún no han sido aprobados. La emisión del Banco Central ha ido a parar apalancar a los bancos privados que son el 93% del total de la banca existente en el país con la promesa de los bancos de irrigar crédito que no ha fluido aun cuando el Gobierno se ha comprometido que asumirá el 80% de la deuda si ella no es honrada por las empresas que tramiten esos créditos. Para la banca privada ese riesgo del 20% es demasiado alto y por esos hacen estudios a las empresas solicitantes que de no ofrecer garantías simplemente no reciben el crédito y se encuentran realmente en dificultades.

En medio de estas medidas insuficientes y minimalistas el nuevo socio del gobierno, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, plantea que ante la insuficiencia de las medidas el gobierno debe empeñarse a fondo para descargar la crisis en hombros de los trabajadores todo ello lo hace según él para salvar a las empresas y el empleo. Vargas Lleras como el más neoliberal de los ortodoxos y superando a Duque y Carrasquilla plantea que usando los poderes de la emergencia económica el gobierno debe hacer una reforma laboral y además adoptar una serie de medidas con efectos transitorios. Dentro de esta segunda categoría, deberá pensarse en la reducción de los salarios y la revisión de los contratos de trabajo y las convenciones colectivas, las cuales pueden suspenderse.

Según Vargas Lleras, debería permitirse el salario mínimo por horas, que permitiría avanzar en la formalización del empleo. También debería flexibilizar los horarios de trabajo ello con el propósito de eliminar el sobre cargo cuando se trabaja después de las 10 de la noche. Eliminar las primas de junio y diciembre que el mismo calcula que valen un billón de pesos. Propone así mismo la suspensión del pago de cesantías y los intereses de las mismas que cuestan según él bastante más de 2.3 billones de pesos. Eliminar el subsidio del transporte a los trabajadores que cuestan más de 600 mil millones de pesos al mes y termina de manera cínica justificando sus propuestas de la siguiente manera “Yo sé que todas estas propuestas son delicadas e impopulares, pero necesarias si se quiere evitar una masacre laboral. El Gobierno ha anunciado una nueva declaratoria de emergencia económica que deberá servir ante todo para obtener los recursos necesarios para el subsidio de la nómina y como sustento constitucional para la expedición de las reformas laborales planteadas”. (Llegó La quincena. Germán Vargas Lleras. El Tiempo.03. 05.2020).

Por supuesto oligarcas como Vargas Lleras no se plantean ni tampoco lo hace el gobierno de imponer nuevos tributos como por ejemplo un impuesto así sea transitorio a los ricos y super ricos, aquellos que tienen capitales por encima de los 2 mil millones de pesos y de forma progresiva. Es decir que quienes más tienen más tributen para con ello financiar las nóminas o establecer un ingreso mínimo vital. No, estos neoliberales quieren descargar todo el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores. Duque tratará de avanzar en esa dirección, pero no hasta donde lo sueña Vargas Lleras, pues no están dadas las condiciones políticas y sociales para ello.

A mi juicio lo que tratará de hacer Duque es avanzar en algunos aspectos la descarga de la crisis sobre los hombros de los trabajadores, ya veremos hasta dónde se atreva, el recuerdo de las formidables movilizaciones del 21 de noviembre y días sucesivos operarán como dique de contención por ahora para llevar a cabo las propuestas extremistas de Vargas Lleras. Seguirá con la línea de endeudar al país así acepte condiciones que impondrá seguramente el FMI y la banca multilateral, por eso no se atreve a usar parte de las reservas internacionales como tampoco solicitar un crédito robusto al Banco de la República pues teme contrariar a los neoliberales de estos organismos.

La segunda estrategia ya en marcha consiste en levantar la cuarentena cosa que ya ha hecho y que profundizará en las próximas semanas de manera irresponsable asumiendo un enorme riesgo para los trabajadores llamados a ocupar sus puestos de trabajo. Ya han sido llamados a trabajar cerca de 7.5 millones de trabajadores del sector de la construcción y de la industria manufacturera a los que se sumaran en estas próximas semanas los trabajadores de superficies mayoristas, productores de muebles, industria automotriz, productos informáticos, maquinaria y equipos, talleres de reparación de vehículos, librerías, y otros minoristas.

Busca con ello bajar la presión de los empresarios, satisfacer sus intereses, sin que se haya siquiera avanzado en el testeo masivo aleatorio para establecer con base cierta el avance de contagio del virus en la población. Pero aún más como lo demostró la nueva Encuesta de la Federación Médica Colombiana, FMC, dada a conocer este martes 5 de mayo,  el 80% del personal de la salud sigue sin los elementos de protección personal, EPP, lo que ha ocasionado que más de 500 salubristas estén contagiados; clínicas y hospitales siguen sin recibir los recursos anunciados; los trabajadores de la salud no han recibido los pagos de sus salarios de manera oportuna y muchos de ellos no devengan salarios porque se han suspendido cirugías, tratamientos y ayudas diagnósticas para dar prelación a la atención a los enfermos por el contagio con el coronavirus. Una crisis de la salud no resuelta que era la prelación de las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia. Ni para ello ha servido la Emergencia.

Al mismo tiempo se ha autorizado levantar la cuarentena en más de 800 municipios del país que no han presentado casos de covid-19. El problema es que no se sabe si estos municipios realmente están libres del virus, pues, no se han hecho test de contagio en esos municipios. Un verdadero riesgo. La apuesta de Duque es reabrir cuanto antes la actividad económica para minimizar sus costos económicos. Apuesta cuanto menos arriesgada e irresponsable. Ya veremos, ojalá el contagio que ha podido ser controlado hasta ahora por la cuarentena no se desborde y nos sumamos en una crisis como la que infortunadamente vive el Brasil del irresponsable Bolsonaro.

Bogotá 7 de mayo de 2020.    

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)