Ni la crisis de la pandemia, ni la emergencia sanitaria, ni su carácter “transitorio”, ni el rechazo popular, ni la ilegitimidad e ilegalidad de su gestión han impedido que el gobierno de facto de Bolivia adopte decisiones estructurales de carácter antinacional para favorecer a los sectores de la empresa privada oriental con la aprobación del Decreto Supremo 4232 del 7 de mayo de 2020 que autoriza el uso de transgénicos o semillas modificadas en la producción de soya (monocultivo de exportación masiva) maíz, trigo, caña de azúcar y algodón.

Esta medida se agrega a otras acciones en pocos meses, como la ampliación de la concesión de tierras a los ganaderos, la liberalización total de la exportación de soya y otros productos agrícolas poniendo en riesgo el mercado interno, la presentación de demandas de familias terratenientes para la recuperación de tierras saneadas y revertidas al Estado durante el gobierno Evo Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la quema de bosques para ampliar la sensible frontera agrícola hacia zonas reconocidas como Territorios Indígenas o Parques o Reservas Naturales.

El rechazo a estas políticas de parte de los movimientos populares del campo y la ciudad ha sido continua y movilizada, particularmente de las organizaciones de campesinos, indígenas, mujeres, interculturales, así como pequeños y medianos productores agrícolas, a los que se han sumado ahora grupos e instituciones de activistas ambientales que habían apoyado el Golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019. El pronunciamiento de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba dice “rechazamos el intento de autorización de la utilización de las semillas transgénicas en Bolivia, con ello atentan la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población en general”.

Ante este repudio social, el recién nombrado Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Oscar Ortiz, a tiempo de respaldar el decreto manifestó “esto puede ser una respuesta importante para fomentar mayor productividad, fortalecer la seguridad alimentaria y generar mayor ingresos a las exportaciones”. Ortiz fue senador y candidato presidencial del partido cruceño Movimiento Demócrata Social (MDS) en octubre pasado y apenas consiguió 4% de votos y, junto a los ministros Maria Elva Pinkert de Medio Ambiente y Aguas, Eliane Capobianco de Desarrollo Rural y Tierras y José Luis Parada de Economía y Finanzas, es parte de las elites económicas orientales.  

El gobierno de Jeanine Añez cuenta con el apoyo de estos sectores empresariales, de otros grupos de poder económico en otras regiones del país y del gobierno de Donald Trump, sin embargo tiene una mala imagen internacional por las masacres de Senkata y Sacaba de noviembre pasado (Informes de la ONU y la CIDH), por la persecución a dirigentes sociales y políticos de oposición y por el trato a los bolivianos migrantes en Chile que buscaban retornar al país durante la cuarentena.

Al parecer las apresuradas medidas económicas que adopta en el campo de la agricultura, así como las de apoyo a la banca privada, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la apertura a transnacionales para la explotación de litio e hidrocarburos pretenden restablecer plenamente el proyecto neoliberal ante posibles cambios en la política nacional. A su vez la crisis social, sanitaria y política está generando un malestar parecido al de octubre de 2003.

Eduardo Paz Rada

Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.