Una de las preguntas que se hacen economistas, es ¿Qué pasará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) después de la pandemia? La respuesta, según las vísperas, “Nada”. El organismo seguirá recomendando a los gobiernos sus políticas de austeridad fiscal y restricción monetaria y financiera, más aún cuando se evidencia un aumento del endeudamiento de las economías, sobre todos de aquellos países latinoamericanos que enfrentaban niveles alto de deuda en 2019, caso de Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, El Salvador.  Pero, además, en conjunto con Banco Mundial, le seguirá apostando a políticas de ajuste estructural mediante la utilización del enfoque de programas, proyectos y apoyo presupuestario directo a los gobiernos, sumado al financiamiento de emergencia y los alivios de deuda por el FMI. Estos programas denominados PAE abarcan no solo sectores productivos como agrícola, forestal y ambiental, sino también infraestructura, energía, comunicaciones y sociales.

“Mientras que históricamente el FMI y el Banco Mundial han aplicado condicionalidad principalmente a través de PAE, en la actualidad, el FMI exige una “carta de intención” de los gobiernos que solicitan un préstamo. Para que un préstamo sea aprobado por el FMI, la carta debe incluir acciones previas, criterios de desempeño cuantitativos y puntos de referencia estructurales – el cual continúa implicando reformas estructurales en la política macroeconómica. A pesar de los esfuerzos por “racionalizar” el número de condiciones frente a las severas críticas, la Revisión 2018 del Diseño del Programa y la Condicionalidad encontró que el número de condiciones estructurales sigue incrementándose. Una vez más, esto aumenta las preocupaciones sobre la restricción del espacio político para los países en desarrollo” (Bretton woodsproyect.org).

Antes de acceder a firmar un convenio o acuerdo de préstamo, los países tienen que mostrar el compromiso asumido, incluso con acciones previas que incluyen nuevas medidas de política económica, sectoriales y leyes, que los hace perder autonomía, no solo frente al FMI y otros organismos, sino también frente a las empresas y grupos de poder que se benefician de dichas acciones. Algunos gobiernos, principalmente que han adoptado el régimen de metas de inflación, condicionan todo el accionar de la política monetaria y de gasto al cumplimiento de las metas establecidas, aunque ello implique la sustracción de recursos para apoyar sectores productivos y sociales.

En el caso de las políticas adoptadas para enfrentar la pandemia y la recesión económica en marcha, “los países tendrán que cerciorarse de que las políticas adoptadas en respuesta a la crisis no sean percibidas como permanentes para que no se perpetúen y generen distorsiones, en especial la asistencia focalizada a ciertos sectores. Varios países que tienen reglas fiscales sobre los déficits admisibles o sobre la cantidad de gasto que pueden efectuar sus gobiernos han invocado, razonablemente, cláusulas de escape para permitir aumentos excepcionales del gasto público y los déficits (Brasil, Chile, Perú, entre otros), pero las autoridades deben comunicar una senda clara para retornar al cumplimiento de estas reglas en el mediano plazo” (Alejandro Werner: blog del FMI, abril de 2020).

No obstante, existen varios factores que actuarán como contra/tendencia a las políticas y programas de corte neoliberal del FMI, no presentes antes del COVID-19.  El primero es que el FMI deberá aceptar y facilitar procesos de renegociación y reestructuración de deuda para países que, como Argentina con una deuda soberana de 65,000 millones de dólares, no podrán honrar sus compromisos, sirviendo de interlocutor ante países y acreedores privados; total, en el caso de Argentina, es también responsable del sobreendeudamiento del gobierno de Macri.  Nadie se imagina que, a este tipo de países, siga exigiéndosele el pago puntual del servicio de la deuda, cuyo horizonte de recuperación económica será mayor que el resto, o sea más difícil para generar ingresos de divisas que permitan el pago de dicha deuda.

En segundo lugar, existirá una mayor presión a los gobiernos para que el gasto aumentado en salud por la pandemia se mantenga y/o aumente más, ya que es posible que la convivencia con el COVID-19 sea de mayor plazo al estimado. Esta presión vendrá no solo de gremios como colegios médicos y trabajadores de la salud, sino también de los partidos políticos de oposición, medios de comunicación, iglesias y organizaciones de sociedad civil. Pero, además, países de la UE que han sufrido el impacto mayor de la pandemia en cuanto a muertes, caso de Italia, España, Inglaterra y Francia, independiente de la orientación política-ideológica de sus gobiernos, no tendrán mucho fundamento para seguir avalando políticas de privatización de los sistemas de salud en países donde dichos sistemas colapsaron o estuvieron a punto de colapsar, por la vigencia de políticas austeras y privatizadoras avaladas por el FMI y Banco Mundial.

 Una presión adicional vendrá de gobiernos que enfrentan serios problemas de pobreza e inseguridad alimentaria, buscando el diseño de nuevas políticas de producción de alimentos y soberanía alimentaria, que contradicen la predica neoliberal del libre comercio, ya que no se quiere seguir dependiendo de alimentos importados que perfectamente pueden producirse internamente, si existiera una  política de Estado a favor del fortalecimiento y desarrollo de las economías campesinas, integrándolas a los mercados regionales de venta de alimentos. Estas acciones chocan con los objetivos de los programas de ajuste estructural, donde el cambio de la curva de posibilidades de producción a favor de bienes no tradicionales de exportación y minería, es estimulado por el cambio en los precios relativos de los bienes que causa la devaluación de las monedas.

La pandemia ha hecho visibles debilidades de la institucionalidad pública, no solo de sistemas de salud, sino de educación, ministerios de trabajo, instituciones de transparencia y la veeduría social.  En países como Honduras con fuertes rezagos en educación, la pandemia excluye amplios sectores de la población, por la falta de una adecuación progresiva de la enseñanza a las nuevas demandas virtuales. El COVID-19 desnudó estas falencias de los ministerios de educación y universidades, e hizo evidente la falta de acceso de la población a este tipo de educación, explicado en parte por la falta de recursos económicos de las familias y débil cobertura del internet en zonas rurales y periurbanas.

En el caso de los ministerios de trabajo, muchos se han acoplado a las demandas de las grandes empresas, sobre todo maquiladoras ligadas a transnacionales, que solicitan suspensión/despidos de trabajadores, violando incluso leyes constitucionales.  El reconocimiento de derechos laborales adquiridos no va a la par de los incentivos y beneficios otorgados por los gobiernos a estas empresas; igual, las compensaciones monetarias han sido limitadas e insuficientes para los trabajadores despedidos e informales.  Lo mismo puede decirse de los Institutos de Acceso a la Información Pública (IAIP) sobre la práctica de manejo por las instituciones de gobierno en tiempos de Covid-19, sobre todo el proceso de compras y licitaciones. Las veedurías sociales no son tan visibles, y en la mayoría de los casos, sobre todo en países con gobiernos autoritarios, son lideradas por organizaciones copadas por estos.

El FMI, sobre todo su Directora Ejecutiva, Kristalina Georgieva, debe entender que el cuento de Estado mínimo perdió vigencia durante y después del Covid-19, incluso muchos antes. El libro de Mariana Mazzucato demuestra la importancia del Estado en el desarrollo, pero sobre todo en las innovaciones que se han venido atribuyendo solo a las empresas privadas, como una desmitificación de lo público, pero sobre todo de lo privado. (M.Mazzucato; 2014). El propósito y las acciones para trasladar competencias, funciones y servicios públicos al sector privado, ha afectado la capacidad del Estado por entregar a la población bienes públicos como la salud, educación y seguridad social. La privatización de estos bienes, es a todas luces excluyente en tanto la prestación de dicho bien no está en función de la disponibilidad de ingresos monetarios para pagar por el servicio, sino de la garantía de la atención a la población, sobre toda aquella de menores recursos. EL FMI ha gastado demasiados recursos y papel, tratando de demostrar que la atención en salud y educación prestada por instituciones de gobierno es ineficiente en todo momento y lugar, por lo que la única opción es privatizarlas.

El énfasis en las funciones administrativas y operativas del Estado, ha dejado por fuera la relación con los actores sociales y políticos, y el rol que cumplen las instituciones de gobierno creadas para garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales de la población, como el acceso a tierra, salud, educación, alimentos y trabajo; muchos de estos derechos están consignados en la Constitución de la República de cada país.  La supuesta eficiencia que da la privatización, no es más que una violación de dichos derechos, poco visibles frente al interés del FMI por reducir gastos, aumentar impuestos y garantizar el pago de la deuda externa.

En los países latinoamericanos, cada vez se exige un monitoreo permanente e independiente de las acciones, programas y proyectos que ejecutan las instituciones públicas con fondos externos, pero también de los gobiernos locales, instituciones y empresas privadas y los propios organismos y agencias de cooperación. Ese monitoreo debe venir desde la sociedad civil, e institucionalizarse como condicionalidad en los convenidos de préstamos suscritos, y compromisos que se derivan de la Declaración de Paris sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (2005) y el Acuerdo de ACCRA. El FMI, en el pasado, apoyó esfuerzos en este sentido, pero solo ha quedado la consulta a ciertos actores cuando se trata de aprobar un nuevo convenio de préstamo. Se necesita incluir un monto de recursos para financiar este monitoreo, incluyendo el fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil que combaten la corrupción y las violaciones de los derechos humanos.

Todavía es evidente la influencia de factores ideológicos en las recomendaciones de política económica a los gobiernos, pero más que ello, se sigue confiando en instrumentos tradicionales o viejas soluciones para enfrentar la crisis, o sea instrumentos de una mala economía. El control monetario perse es uno de ellos, sumado a devaluaciones abruptas en el interés de mantener la “competitividad” del sector exportador concentrador y extractivo; pero también, destaca el endeudamiento y la privatización de bienes públicos, como medio de contracción del gasto corriente y uso alternativo de los recursos por actores privados.

Para Joseph Stiglitz, premio nobel de economía, crítico de las políticas del  FMI y Banco Mundial, e ideólogo de la llamada economía progresista, se necesita un nuevo comienzo con un nuevo sistema financiero global, que de legitimidad a sus principales instituciones, el cual podría se liderado por las Naciones Unidas; ello ayudaría, entre otras cosas, a tener y ejecutar políticas económicas alternativas frente a las políticas impuestas por el FMI, y permitir que muchos países tengan mayor participación de las decisiones que les afectan. Esta coyuntura de pandemia, recesión económica y crisis, puede ser un espacio para ese nuevo comienzo.

Se pensó que, con la crisis financiera de 2008, el FMI debería desaparecer o reinventarse; ello no pasó. Hoy se piensa más en la reinvención, pero los países y organizaciones de sociedad civil deben pronunciarse masivamente para que suceda.

Tegucigalpa, DC 25 de mayo de 2020