Próximos a los 130 mil casos positivos diagnosticados para enfermos del virus Covid-19 y con una cifra ya cercana a los 5 mil muertos, con un sistema de salud al borde de la saturación en las salas de cuidados intensivos ocasionada por el limitado número de éstas unidades para atender a los enfermos más graves dado que en tres regiones del país su ocupación al día de hoy es superior al 75%, en Bogotá esta tasa de ocupación es del 84%, cerca del 90% en Barraquilla y el departamento del Atlántico y superior al 80% en Cali y el litoral pacífico, y en pleno ascenso de la pandemia, el gobierno insiste en avanzar en la apertura de actividades económicas hoy cerradas para controlar la expansión y crecimiento del contagio.

Los cuatro meses transcurridos desde que se presentó el pasado 6 de marzo el primer caso diagnosticado del coronavirus en el país no fue aprovechado por el gobierno nacional, principal responsable de las políticas públicas, pero también cabe algún nivel de responsabilidad a las autoridades locales, para fortalecer el debilitado y privatizado sistema de salud. La crisis se presenta simultáneamente en varios frentes que deben atender la pandemia. En primer término un mal endémico asociado a la privatización del sistema de salud en que prácticamente desapareció la Atención Primaria en Salud, APS, que quedó en manos de las Empresas Promotoras de Salud, EPS, que no tienen interés en la prevención de la enfermedad sino en el tratamiento de la enfermedad y principalmente en las enfermedades de alto costo que les ha permitido facturar para recobrar al Estado por enfermedades que no se encuentran en el Plan Obligatorio de Salud, POS, que hasta este año estaban por fuera de ese paquete básico cubierto por la póliza de aseguramiento.

Como muchas de estas patologías no estaban incluidas los servicios demandados por los pacientes eran recobrados al Estado toda vez que de manera acertada la Corte Constitucional ordenó, desde el año 2008, que el Estado estaba obligado a brindar dicha atención y a pagar por esos servicios. Las deudas por esos recobros no son claras, hay sobrefacturación, servicios cobrados que no fueron prestados, muertos que aparecen recibiendo costosos tratamientos, en fin, un sinnúmero de irregularidades que no han sido debidamente aclaradas. Hoy no se sabe a ciencia cierta cuanto es la deuda del Estado con las EPS ni estas saben cuánto deben a los hospitales y clínicas que han prestado estos servicios. En este enmarañado sistema de corruptelas la Atención Primaria en Salud, prácticamente despareció. Como se sabe la base de un buen sistema de salud no es el tratamiento de la enfermedad sino la prevención de la misma y esto debe hacerse atendiendo al núcleo básico de la sociedad que son las familias en los territorios donde ellas viven. Así que la pandemia nos llegó sin atención primaria en salud que resulta vital para atender enfermedades como la asociada al virus del covid-19. Justamente los expertos han planteado la necesidad de conformar de emergencia con cargo al Estado equipos multidisciplinarios de atención primaria en salud para detectar a los portadores asintomáticos del virus que son los mayores responsables, sin que lo sepan, de la expansión de la enfermedad. Lo cual debería tener como base el testeo masivo para ubicar a los portadores asintomáticos y proceder a su aislamiento.

Un segundo factor tiene que ver con el personal sanitario. Aquí se detectan tres problemas principales el primero las precarias condiciones laborales en que ejercen su actividad laboral. Más del 80% de los trabajadores sanitarios trabajan por orden de prestación de servicios sin prestaciones sociales, tienen que costear la seguridad social de sus ingresos, no tienen vacaciones, ni primas de servicios, es decir, ejercen su labor en condiciones precarias de terciarización laboral. Muchos de ellos han sido despedidos puesto que al privilegiar la atención a los enfermos por el coronavirus las Clínicas donde laboran no facturan por servicios que han sido cerrados temporalmente, y el gobierno simplemente ignora la problemática.

Un segundo problema tiene que ver con las condiciones de bioseguridad en que ejercen sus actividades. Cuatro meses después de decretada la emergencia sanitaria más del 80% de los profesionales de la salud no cuentan con las adecuadas dotaciones de mascarillas N95, visores, trajes y demás elementos que los protejan adecuadamente del contagio. Una encuesta reciente de la Contraloría General de la República aplicada a 12.300 ratificó lo que las Encuestas realizadas por la Federación Médica Colombiana ya había encontrado: el 47% del personal sanitario han tenido que comprar con sus propios recursos los elementos para su bioseguridad, un alto número de ellos no reciben sueldo desde hace tres o cuatro meses o les han pagado los meses laborados durante este año pero les deben salarios de años anteriores, denuncian además la violencia y las amenazas que reciben y para colmo el 92% señala que no se les han practicado los exámenes para saber si son portadores asintomáticos del virus. Por ello cerca de 2 mil trabajadores sanitarios están contagiados. 13 médicos han fallecido.

Y el tercer problema tiene que ver con el limitado número de profesionales especializados en cuidados intensivos para atender las Unidades de Cuidados Intensivos. Colombia solo cuenta con 1200 médicos intensivistas de los cuales mil están especializados en atención de adultos. Estas Unidades requieren además de otros profesionales de apoyo como médicos internistas y anestesiólogos, enfermeras especializadas y otro personal de apoyo. El cuello de botella está en el reducido número de intensivistas pues lo adecuado es que atienda a 8 pacientes de manera simultánea. Hoy esa situación es crítica en todo el territorio nacional. No se aprovechó estos cuatro meses para entrenar personal médico para el manejo o la asistencia a los internistas. El caso es crítico en Bogotá, Barranquilla y Cali. Ahora de manera irresponsable el gobierno quiere improvisar habilitando legalmente para que anestesiólogos e internistas asuman estas complejas actividades. Son estos los problemas principales del personal sanitario y el gobierno nacional da golpes de ciego para tratar de salir del laberinto de un sistema de salud en crisis que requiere reformas profundas la principal de las cuales es sustraer el sistema de salud del mercado y darle un tratamiento de bien público. Este es un problema común a toda la región de América Latina y por cierto también de los Estados Unidos.

Un segundo factor que hace agua y del que nos hemos ocupado en otras ocasiones por lo cual no me detendré en esta ocasión en detalle sobre el mismo consiste en las políticas sociales miserabilistas, minimalistas, con las que el régimen pretende hacer frente a las devastadoras consecuencias sociales ocasionadas por la pandemia. Hay hoy cerca de 8 millones de desempleados, la inmensa mayoría de los trabajadores por cuenta propia o informales, han perdido sus ingresos o los mismos han disminuidos drásticamente, miles de pequeñas y medianas empresas han cerrado definitivamente, no hay seguros al desempleo ni programas robustos que garanticen un mínimo vital para millones de familias, la crisis golpea con mayor fuerza a las mujeres.

Frente a ello de manera equivocada las políticas públicas que buscan auxiliar a esas millones de familias se han concentrado en cuatro programas que difícilmente llegan a todas las familias que requieren de esas ayudas que están calculadas en unas 9 millones de familias, esos cuatro programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adultos Mayores y el recién puesto en marcha Ingreso Solidario distribuyen ayudas pírricas que no cubren el mínimo de necesidades básicas. Por ejemplo los adultos mayores reciben 80 mil pesos, es decir, unos 25 dólares mensuales o el programa de ingreso solidario distribuye unos 50 dólares mensuales para cubrir familias de entre tres y cinco personas. Son ayudas insuficientes cuando el país tiene posibilidades reales de brindar ayudas más significativas y dignas para la sobrevivencia de nuestro pueblo.

El gobierno desechó la propuesta que se levantó desde la sociedad civil de aprobar una renta extraordinaria de emergencia que busca que 9 millones de familias reciban durante tres meses un salario mínimo mensual de 900 mil pesos, es decir, cerca de 270 dólares mensuales que les garantizaría a 30 millones de colombianos un mínimo vital. El proyecto hundido en la presente legislatura busca con el respaldo de 54 senadores de ocho bancadas políticas reiniciar su trámite a partir del 20 de julio, será un pulso entre los sectores alternativos acompañados en esta ocasión por representantes de los partidos tradicionales y el indolente gobierno solo preocupado de los sectores financieros y de los intereses del capitalismo trasnacional.

Crisis política y reacomodo clientelista: camino de sobrevivencia del gobierno

Las graves denuncias sobre financiamiento de la campaña presidencial de Duque por mafias ligadas con el narcotráfico, por contratistas corruptos y por el grupo Cisneros de Venezuela se junta con un proceso de crisis en las Fuerzas Armadas acusadas con buenos fundamentos y pruebas en hechos de corrupción en el manejo de fondos provenientes de la cooperación internacional utilizados aparentemente en la interceptación ilegal de líderes sociales, periodistas y líderes de la oposición y aún de funcionarios gubernamentales; participación de miembros de las fuerzas armadas en el asesinato de excombatientes de la guerrilla de las desmovilizadas FARC, y total ineficacia para detener el asesinato de líderes sociales en territorios con una fuerte militarización. En este año han sido asesinados, de acuerdo con INDEPAZ, 157 líderes sociales y desde la firma de los acuerdos de Paz en noviembre de 2016 han sido asesinados 217 excombatientes de las FARC. Una verdadera crisis humanitaria y un fracaso total del gobierno de Duque en esta materia.

Todo ello se junta a graves denuncias por la violación de niñas y particularmente de niñas indígenas en territorios ocupados militarmente por parte de integrantes del ejército y como si fuera poco todo lo anterior, crecen las disidencias de las FARC y las guerrillas pero además las bandas ligadas con el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas y de Policía se encuentran en la picota pública por todos estos problemas. Y en ello cabe una responsabilidad mayúscula al uribismo que por una parte ha entronado a la cúpula de las fuerzas armadas a sectores reaccionarios y afectos políticamente a sus retardatarios ideales y prácticas y con señalamiento de haber cohonestado el asesinato de civiles que quisieron hacer pasar por combatientes de la guerrilla, práctica que se dio particularmente entre los años 2003 y 2008, siendo presidente Álvaro Uribe Vélez. Estos hechos tienen a cerca de 2 mil militares respondiendo ante la Justicia Especial para la Paz. La crisis de las fuerzas armadas es profunda y volveremos más adelante sobre ella.

Finalmente para enfrentar todos estos problemas Duque recurre a las viejas prácticas del régimen colombiano. Utilizar los recursos del Estado para garantizar mayorías en el Congreso de la República, nombrar al frente de los organismos de Control a amigotes suyos para obstruir las investigaciones a cambio entregar sectores del Estado al clientelismo para que hagan y deshagan a sus anchas con el presupuesto público. Por esa vía compra respaldo político y garantiza la impunidad para no investigar las graves denuncias que lo comprometen.

Andrés Pastrana expresidente de la República quien fue uno de los artífices de la coalición que llevó a Duque a la presidencia de la República ha sido particularmente crítico en dos recientes nombramientos. Públicamente rechazó el nombramiento de Jorge Tovar Vélez al frente de la Dirección de Víctimas del Ministerio del Interior. Tovar Vélez es hijo de Jorge Tovar Pupo, alias Jorge 40, líder sanguinario del paramilitarismo y responsable de miles de asesinatos, narcotráfico, secuestros y demás vejámenes en contra de la población civil en los departamentos de la Costa caribe Colombiana, actualmente preso en los Estados Unidos y pronto a ser deportado a Colombia. Y ahora denuncia que se estaría nombrando a Juan Miguel Durán Prieto en la Agencia Nacional de Minería, una entidad con muchos recursos públicos, para garantizar el respaldo del grupo del actual presidente liberal del Congreso Lidio García y de Simón Gaviria hijo del actual presidente del Partido Liberal y expresidente de la República, Cesar Gaviria, para entregar a la Ministra, Margarita Cabello Blanco y a sus socios políticos, el cargo de Procuradora General de la Nación que debe ser elegida por el Senado de la República en la legislatura que se inicia este 20 de julio.

Con una popularidad menguada por todos los desmanes y desaciertos Duque recurre a la vieja fórmula de garantizar su impunidad mediante la entrega de sectores del Estado al clientelismo a cambio de garantizar impunidad para sus punibles conductas. Todo ello por fallas en el diseño institucional que le permite incidir de manera determinante en el nombramiento de las cabezas de los organismos de Control: Fiscalía General de la Nación donde ya hizo nombrar a uno de los suyos, Francisco Barbosa, Procuraduría General de la Nación donde pretende llevar como denuncia Pastrana a la incompetente ministra de Justicia, Margarita Cabello y pronto tomará la Defensoría del Pueblo donde debe ternar para que la Cámara de Representantes elija al jefe de esta importante dependencia pública encargada de la protección de los derechos humanos. Una verdadera tragedia nacional.

Bogotá julio 9 de 2020

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)