Estas últimas semanas el país ha conocido una serie de masacres, especialmente en el suroccidente del país –Cauca, Cali, Nariño-, aunque también en el oriente, la región del Catatumbo y Arauca; además de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de FARC; es decir, zonas donde hay presencia de actores del conflicto armado y donde los cultivos de coca siguen teniendo relevancia. Con el agravante que en la mayoría de casos ha afectado a jóvenes.

Pero la explicación hay que buscarla en aspectos coyunturales y otros de más largo plazo. Probablemente el factor de más largo plazo y de peso ha sido la débil o inexistente presencia del Estado en la mayoría de esos territorios. Desafortunadamente se desaprovechó un momento fundamental como lo fue la desmovilización de las FARC, que implicó el abandono por parte de los distintos frentes de esa guerrilla de territorios donde desde tiempo atrás ellos ejercían un poder regulador, ilegal sí, pero con gran capacidad de ejercer un control de esos territorios. Se esperaba que el Estado, incluida la Fuerza Pública, diseñaran y ejecutaran una estrategia de copamiento de esos territorios e iniciar un fortalecimiento de la presencia del Estado en los mismos –allí lo que hubo siempre fue ausencia de Estado-, sin embargo hay que decirlo, ni el anterior gobierno –que hizo bien la fase de negociación, pero se descuidó completamente en la fase de pos acuerdo-, ni tampoco el actual gobierno, adelantaron una estrategia adecuada en ese sentido. Ahí tenemos el problema original.

En esos territorios se ha dado la siembra de cultivos de uso ilícito y hay presencia de grupos guerrilleros o de otros grupos del crimen organizado, justamente porque nunca ha habido una presencia real del Estado –en algunos sólo ha existido una presencia fugaz del componente policial o militar, sin una estrategia militar y de inteligencia adecuada-; por eso allí la posibilidad del desarrollo de una economía que le dé posibilidades de vida a los pobladores ha estado ausente y las rentas ilegales de los cultivos de uso ilícito ha sido una opción de sobrevivencia; igualmente, como no ha habido Estado, o este ha sido indolente, la regulación de la vida social la han desarrollado grupos ilegales, que resuelven e imponen sus ‘normas’ a los pobladores.

Cuando suceden estos hechos de violencia, absolutamente condenables, y a posteriori aparece la Fuerza Pública, pero difícilmente hay confianza en una fuerza que los pobladores la perciben como transitoria, como ‘de paso’ y eso dificulta la obtención de información; la información de los pobladores a las autoridades está relacionada con la confianza y la legitimidad y para ellos se requiere que haya un Estado con presencia estable en el territorio y que le brinde apoyos y servicios. Muy seguramente en esas regiones la mayoría sabe quiénes han sido los autores de esos crímenes, pero para que sea suministrada esa información a las autoridades se requiere que exista confianza y eso sólo se construye en el tiempo. Pero, se trata no solamente de identificar y capturar a los autores de los delitos –eso es importante-, lo fundamental es prevenir que se vuelvan a cometer esos crímenes y para ellos se necesita que haya Estado en esos territorios –jueces, inspectores de policía, médicos con puestos de salud, maestros con escuelas, vías de comunicación, inversión que genere empleo, etc.-.

Ojalá estas masacres fueran el llamado de atención definitivo para que el Estado iniciara en serio el fortalecimiento de su presencia permanente en esos territorios; sino, tendremos solamente un ‘alboroto’ transitorio y pasadas unas semanas todo volverá a la ‘normalidad’, es decir el abandono o desidia estatal de esos espacios y sus pobladores.