El mes de agosto cierra en la Argentina con dos grandes temas de la economía que ocuparán el debate ideológico político en el próximo tiempo, más allá de lo que realmente puedan expresar en su capacidad de modificar la recesión. Uno de los temas remite al cierre del canje de la deuda pública en divisas de legislación extranjera. El otro a la presentación para el debate en el Congreso del proyecto de Ley: “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, más difundido como impuesto a las grandes fortunas personales.

La próxima semana sabremos el porcentaje de adhesión al canje, estimado en torno al 90% o más. Un “éxito” dirá el colectivo de inversores y especuladores, ya que se aleja la cesación de pagos, algo reiterado en el corto plazo desde el re-perfilamiento de la deuda oportunamente dispuesto por el gobierno Macri y sostenido hasta el presente. Ahora habrá nuevos títulos y con ellos, a seguir contabilizando ganancias que pueden apalancar nuevas y jugosas operaciones especulativas en el mercado financiero local y global.

Por ello, los acreedores felices, cuya acreencia, por ahora, no resulta investigada, y aún con rentabilidad a la baja respecto de la que tenían hasta antes del canje, el horizonte del impago se esfuma. Es una buena noticia para ellos en el escenario mundial de recesión, caída de las ganancias y escasa previsión de reversión, según todos los organismos especializados en el ámbito mundial.

Localmente se analiza la noticia como la habilitación a un proceso de inversiones. Una conclusión a contramano del informe de la UNCTAD que señala una merma de las inversiones en la región latinoamericana y caribeña por encima del promedio mundial. Si en el mundo, la caída oscilará para el 2020 del 30 al 40%, para nuestra región el desempeño es a la baja entre el 40 y el 55%.¹[1]

No es este un tiempo de impulso a la inversión, menos a la productiva. Incluso el titular de la Reserva Federal de EEUU explicó este jueves 27/8 el balance de la política monetaria de su país por 40 años y los cambios desde ahora, consensuado desde el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés).²[2] Dice Powell que “…las evaluaciones de la tasa de crecimiento potencial o de más largo plazo de la economía han disminuido. Por ejemplo, desde enero de 2012, la estimación mediana del crecimiento potencial de los participantes del FOMC ha caído del 2,5 por ciento al 1,8 por ciento”, tal como se presenta en el cuadro que sigue tomado del sitio de la FED, donde compara las previsiones propias del FOMC, con la consultora privada Blue Chip y la data del Congreso (CBO).

Admite luego, que la intervención vía política monetaria tiene límites y no se puede seguir bajando la tasa de interés, que bajó del 4,25% en 2012 al 2,5%, con escasa posibilidad de seguir a la baja. Como preocupa la recesión del primer semestre del 2020, se aleja de la convicción sustentada por cuatro décadas concentrada en el control de la inflación por vía de política monetaria, ya que el empleo, fuerte antes de la pandemia, con un 3,5% de desempleo, se transformó ahora en un problema serio con 11,1% para junio 2020, e incluso 14,7% para abril pasado. La Reserva Federal de EEUU flexibiliza su política para estimular la suba de precios y con ellos la inversión y el empleo.

Por eso dije que se trata de un debate ideológico, o si se quiere, propagandístico, ya que no existen previsiones reales, en el desempeño de la economía mundial, o del país, para un desembarco de inversiones externas. Ni hablar de inversiones locales, aun cuando ahora se rasguen las vestiduras en contra del potencial “aporte solidario”. Se escucha decir. “acá no te dejan trabajar, ni invertir”; “la presión fiscal es muy alta” o “se castiga a los emprendedores”, que vendrían a ser los inversores que no invierten.

En rigor, como señala la UNCTAD o la FED, es una tendencia del capitalismo de esta época, donde todo se canaliza en rentabilidades financieras de muy pocos, precisamente los que estimulan procesos de sostenibilidad de las deudas públicas que eviten el colapso del mecanismo especulativo de las finanzas y el endeudamiento que hipoteca y condiciona a los pueblos.

Una más sobre la deuda, recordar que este canje es apenas sobre unos 65.000 millones de dólares (m.d.), de un total de 323.000 m.d., que, además, incluye al Fondo de Garantía de Sustentabilidad con un 67% de sus recursos invertidos en la deuda pública nacional y llega al 75% si computamos préstamos al Estado nacional y a las Provincias.

Aporte solidario de las grandes fortunas

El debate político ideológico comenzó en cuanto se enunció la posibilidad, aun cuando se difundían iniciativas similares en varias partes del mundo, algunas de las cuales recogen los fundamentos del proyecto de Ley.

Ahora habrá debate en el Congreso y en la sociedad. Es más, los medios ya iniciaron su campaña mediática con un discurso que sustenta que el inversor es quien resuelve el crecimiento y por ende el empleo y el consumo, por lo que no hay que matar a la “ponedora”, incluso utilizan un discurso del presidente uruguayo que alude a su vocación por la iniciativa privada, más proclive a la reducción de impuestos que a gravar a las grandes fortunas.

Todos ellos desconocen, quizá por ignorancia, la máxima de los primeros intelectuales que sistematizaron los estudios económicos en el capitalismo, la Escuela Clásica, que pregonaron que el capital es “trabajo acumulado” y que la ley del valor remite al trabajo humano como fuente del valor y no como sostienen los actuales vulgarizadores al señalar al capital como el originador de la riqueza. El capital es producto del trabajo humano acumulado y apropiado privadamente, con una historia de violencia que se recicla con rigurosidad en nuestro tiempo.

Se estima recaudar unos 300 mil millones de pesos, unos 4.000 m.d. al tipo de cambio oficial de la fecha. Al tipo de cambio del “blue”, apenas expresa la mitad. La cifra pretendida no resuelve el déficit heredado y menos el generado por la pandemia, pero lo reduce. Se supone que la medida alcanzará a unas 12.000 personas con patrimonio por encima de los 200.000 millones de pesos.

Constituyen una minoría de grandes recursos patrimoniales, de fortunas individuales. La contribución, por única vez, no está orientada hacia las empresas. Este es también un argumento en contra de quienes sostienen que la medida impacta negativamente en la voluntad inversora de las empresas.

El estímulo a la actividad económica durante la pandemia estuvo más en el Estado y su capacidad de emisión que en cualquier voluntad del sector privado. De no ser por la intervención estatal, en el país y en el mundo, la situación sería aún más grave de lo que representa hoy el crecimiento de la pobreza y la indigencia, además del deterioro de todos los indicadores sociales.

La ley en debate propone cinco destinos a la recaudación: a) 20% para atender la emergencia en salud; b) 20% para atender necesidades de empleo y remuneraciones de micro y pequeñas empresas; c) un 20% para becas “progresar”, administradas por el Ministerio de Educación; d) un 15% para habitantes de barrios populares, más de 4 millones de personas, vía del Registro Nacional de Barrios populares, RENABAP, para salud y habitación; e) un 25% con destino en YPF para producir gas. La letra señala el uso federal de los recursos recaudados.

Señalemos que aún falta el debate para su proclamación y puesta en funcionamiento, por lo que el cálculo en divisas se posterga hasta el momento de su puesta en ejecución. Algunos imaginan una baja de la cotización de la divisa por el acuerdo del canje de deuda, pero la tendencia histórica nos hace suponer un proceso de deterioro de la moneda local sobre las divisas. Por ende, toda demora en la puesta en práctica del “aporte solidario” disminuirá su capacidad efectiva, medida en moneda extranjera.

La batalla es política e ideológica

Ambos temas generan debate político e ideológico, ya que las condiciones económicas de la argentina y del mundo no dan para el optimismo, menos para generar condiciones de distribución progresiva del ingreso y la riqueza, especialmente cuando se inició la negociación del acuerdo con el FMI, donde además del ajuste fiscal para hacer sostenible el pago de la deuda, se inscriben cláusulas favorables a una reforma estructural que suponen reaccionarias reformas laborales y previsionales, incluso tributarias.

Aprobar la ley resulta imperioso, para mejorar la recaudación pública y atender la emergencia, pero al mismo tiempo hace falta un profundo debate contra el “sentido común” que ubica al inversor capitalista en el origen de la producción de riqueza. Es una tarea ciclópea a desplegar en todos los territorios, especialmente en el simbólico que estimula la voluntad social de los sectores sociales empobrecidos y explotados. Entre la mayoría de la sociedad es donde debe gestarse el nuevo sentido común de otra economía, con una lógica alternativa de la producción, sustentada en la auto-gestión, sin fines de lucro y para satisfacer amplias e insatisfechas necesidades vitales de la humanidad, las que, además, deberán contemplar el cuidado de la vida en general, es decir, de la naturaleza.

La pandemia continua y nadie puede asegurar el fin de la misma en el corto plazo, por lo que la normalidad de la explotación y el saqueo aparece mediada por una decisión generalizada que induce a la recesión, o a un crecimiento pobre de la actividad económica. Es algo que verifica en estas horas el banquero central de EEUU y hace meses la Asamblea del Poder Popular en China al negarse a fijar metas de crecimiento para el presente año.

Hay que esperar en estos días un fuerte debate de ideas, en torno a “qué bueno que Argentina salió del default”, en lugar de discutir la necesaria investigación a fondo de una deuda odiosa en buena parte y que, claro, mientras se investigue se posterguen los pagos.

Al mismo tiempo, el debate apunta a discutir quien tiene que pagar la emergencia, e incluso más allá de la misma, de dónde deben salir los recursos para sustentar una política con horizonte en resolver necesidades sociales a contramano de la lógica de la ganancia.

El interrogante es quien acumula más en esta discusión por el sentido común de la sociedad.

Buenos Aires, 29 de agosto de 2020

- Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP www.juliogambina.blogspot.com