Para nadie es un secreto que Estados Unidos y Colombia configuran el dúo dinámico fundamental a través del cual gira la ejecución de la política intervencionista contra Venezuela. Más allá que ambos países son administrados por gobiernos de la ultra derecha extremista que, con características propias, en lo interno, desarrollan políticas de apoyo de los sectores minoritarios que se encuentran en el pináculo de la sociedad, y en lo externo son rey y peón en la agresión a otros países. Algunos analistas se preguntan si lo que acontece, no es más bien, expresión de las propias crisis internas que atraviesan a su sociedad y su Estado.

En este sentido, el fin de semana pasado con pasmosa coincidencia fueron publicados dos artículos que muestran sin cortapisas las complicadas situaciones que se desprenden de la crisis institucional y el déficit democrático de dos naciones que se venden como ejemplos a seguir en esas materias.

El primero, un artículo titulado “Estados Unidos. Receta para el caos: las elecciones de 2020 amenazan con romper a un país ya llevado al límite”, escrito el pasado sábado 26 de septiembre por David Smith corresponsal del periódico británico The Guardian en Washington, hace un largo análisis respecto de la ostensible carencia de garantías electorales de cara a las próximas elecciones en el país norteamericano. El periodista alerta que estas elecciones “podrían quebrar a Estados Unidos”, un dilema que supera la definición de quien ocupará la Casa Banca por los próximos cuatro años.

Smith opina que: “Existe una sensación generalizada de que el destino de la democracia constitucional más antigua del mundo está en juego”. Cree, que, a los efectos de la pandemia de coronavirus, el colapso económico y el remezón producido por el rechazo al racismo, se le suma ahora la posibilidad de una elección que no ofrece garantías democráticas, todo lo cual reúne “una receta para el caos”.

En todo esto, el elemento más perturbador es la actitud del presidente Trump que ha estado creando condiciones para justificar lo que él llama “la elección más manipulada de la historia”, ante la cual se ha negado a confirmar si en caso de perder, permitirá una transferencia pacifica del poder. En esta situación, el país podría ser conducido a una crisis constitucional de inéditas consecuencias, que podría significar incluso el enfrentamiento armado si las huestes de Trump salen a la calle a manifestarse a favor de su “engañado” líder.

Los instrumentos de Trump para generar desconfianza respecto del voto por correo que se supone será mayoritario a favor de los demócratas, ha pasado por el nombramiento de Louis DeJoy, un donante republicano como nuevo director general de correos. DeJoy se apresuró a tomar medidas para hacer que el voto por correo sea más difícil, incluyendo “la eliminación de los buzones de correo de las calles y la codificación de las máquinas clasificadoras”.

En este sentido, Smith cita a Neil Sroka, portavoz del grupo progresista Democracy for America, quien afirmó que: “Donald Trump tiene los dedos en las palancas del poder y claramente las está maniobrando de todas las formas posibles, legales y posiblemente ilegales, para tratar de asegurar una victoria estrecha en noviembre”, agregando que: “La amenaza de supresión de votantes es muy real. Ya estamos viendo llamadas automáticas en lugares como Pensilvania que disuaden a las personas de votar anticipadamente, votar en ausencia o divulgar información errónea”.

Estas acciones están encaminadas a mostrar en primera instancia a un Trump triunfante en las urnas cuyos resultados son obtenidos el mismo día de las elecciones, de manera que cuando se comiencen a registrar la mayoría de votos demócratas provenientes del correo, ya el presidente haya declarado su victoria generando en la opinión pública la idea de que tal modificación de las cifras son producto de un fraude.

El periodista británico avizora que este escenario podría también ejercer una tremenda presión sobre los medios de comunicación, que evitarán manifestarse como hicieran la noche de las elecciones de 2000 entre George W. Bush y Al Gore.

En otro ámbito de este conflictivo escenario se inscribe el reemplazo de la fallecida jueza liberal de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, porque si como todo indica va a ser sustituida por la ultra conservadora Amy Coney Barrett romperá el equilibrio en la correlación de fuerzas dentro de la máxima instancia judicial del país que sería el ente encargado de definir una eventual controversia en relación al resultado electoral.

Smith recuerda que, en el año 2000, fue la Corte Suprema la que decidió a favor de Bush y en contra de Gore en una votación 5-4 “siguiendo líneas ideológicas”. Si las elecciones de 2020 se disputan de manera similar, el tribunal podría volver a ser el árbitro final, en una contienda mucho menos reñida si se confirma el nombramiento de Coney Barret que configurará una correlación 6-3 a favor de los republicanos. De ahí la prisa de Trump por nominar a la nueva jueza, lo cual según Smith “ha alimentado un sentido más profundo de déficit democrático, un abismo creciente entre el gobierno de la minoría blanca de derecha y los valores de la mayoría diversa. Trump perdió el voto popular ante Hillary Clinton por casi 3 millones de boletas, y su último nombramiento en la Corte Suprema significará que la mayoría de los jueces fueron nominados por un presidente que inicialmente no ganó el voto popular”.

Además, la matemática electoral en el sistema político estadounidense expone una falsa mayoría en el Congreso si se parte de la base de que todos los estados eligen dos senadores independientemente de su población. Por ejemplo, Montana con un millón de votos tiene la misma representación que California con cuarenta millones, eso hace que los 53 senadores republicanos representen 15 millones menos de votos que los 47 demócratas.

Finalmente, el artículo exterioriza el peligro que significa que Trump se niegue a abandonar el cargo ante una probable derrota. El presidente ha dicho que: “La única forma en que vamos a perder esta elección es si está amañada”, lo cual es entendido como que hará uso de todos los instrumentos legales o ilegales para no abandonar el poder. Al respecto, el autor del escrito cita a Rashad Robinson, presidente de Color of Change, una organización de justicia racial quien al referirse a Trump dice que: “Lo que sí tiene de su lado es que controla la infraestructura federal y entonces la pregunta será, ¿usa esa infraestructura federal para hacer trampa? Y lo que sabemos sobre Donald Trump es que no ha hecho nada en su vida sin hacer trampa”

Esta situación obliga a los demócratas a una amplia victoria si quieren volver a la Casa Blanca. Es la única manera de anular los instrumentos ilegales que el presidente utilizará para sostenerse en el poder. La incerteza de que se produzca esa dilatada diferencia es lo que está generando incertidumbres, dudas y angustias respecto del futuro inmediato en la que se ha autodenominado la más perfecta democracia del planeta.

En tono similar pero no referido de manera directa a una dinámica electoral inmediata, el domingo 27 de septiembre el senador colombiano Gustavo Petro escribió un artículo en el portal Cuarto de Hora al que tituló “Un Congreso de la República de pacotilla” en el que advierte respecto al peligroso rumbo que ha tomado su país, sustentando su punto de vista en: “La debilidad manifiesta de Duque, tanto para gobernar como para ganarse el apoyo popular; la debacle política de Uribe y del uribismo que ya no tienen propuestas serias para solventar la crisis que vive la sociedad colombiana, como  no sea entregar más y más recursos a las grandes corporaciones privadas del país sin importar la ruina de la economía o del pueblo hambriento”.

Tan atrevida aseveración se fundamenta en que el país está siendo conducido hacia la extrema derecha que se propone “construir una dictadura violenta” a partir de la “destrucción física de sus oponentes”.

El senador de la Colombia Humana señala en su artículo que el ministro de defensa Carlos Holmes se ha dedicado a proyectar su candidatura presidencial ante el fracaso de Duque y el desprestigio crecente de Uribe. Sin embargo, opina que lo está haciendo “simplemente dejando matar gente por la fuerza pública, que, sin estrategia alguna, termina en manos de la corrupción, la violencia y el asesinato” y asevera en forma determinante que: “La campaña política de Holmes Trujillo le ha costado muchos muertos al país”.

Pero lo que resulta más peligroso es que según Petro la crisis del gobierno y del uribismo se pretende resolver en primer lugar, concentrando todo el poder público y en segundo, a través de un quiebre constitucional que se manifiesta en “la masacre de Bogotá, la muerte de Juliana [Giraldo, por un miembro del ejército], y el desacato repetido del ministro de defensa a la Corte Suprema de Justicia”, señalando que todo esto es producto de la desmoralización de la fuerzas de seguridad a partir de la formación que reciben, enmarcada en una doctrina sustentada en el ensañamiento contra el pueblo a partir de su definición como enemigo, heredada de la guerra fría que aún se mantiene en Colombia.

Señala que la exaltación de esta doctrina por parte de los políticos conduce a que se militarice la lucha contra el delito y se comience a considerar a los luchadores sociales como criminales. De la misma manera, se necesita revivir enemigos externos para ser usados como “chivos expiatorios” que le permitan sostener su política, entre ellos reseña “al comunismo soviético, a Castro, a Chávez…” .

Considera que la mayor causa de debilidad de la democracia es la desigualdad social que en el caso de Colombia “es la tercera más alta del mundo”, concluyendo que: “La articulación de doctrinas de extrema derecha, enemigo interno, violencia, militarización del narcotráfico, régimen de privilegios, genera el ambiente propicio para la dictadura” que se comienza a expresar como un quiebre constitucional, el cual a su vez se manifiesta como desacato a la justicia, masacres y burla de los asesinados por los gobernantes.

En otra arista del problema apunta que la prensa renunció a jugar su papel de freno a los desmanes del poder, transformándose en propagandista del mismo, “defensora a ultranza de Uribe, destructora de la independencia judicial y macartizadora de la juventud que se rebela”.

Finalmente, en lo que parecer ser el aspecto más importante de su desesperado análisis, el Senador le atribuye al Congreso el papel más triste en este contexto al renunciar a ser contrapeso del gobierno. En este aspecto denuncia que el parlamento se sometió a un auto silencio que ha permitido el desacato del ministro de defensa ante la paralización que se ha impuesto el máximo ente legislativo para lo cual inventan “cuanta excusa sea posible para evitar que los parlamentarios se reúnan en su sede”. Considera que este silencio “es el símbolo de la dictadura”.

Denuncia que la alianza entre Duque y el presidente del congreso Arturo Char, ha logrado paralizar ese ente, haciéndolo inexistente e imposibilitándolo de hacer cambios en la situación porque sus mayorías están acostumbradas a “ordeñar” al Estado “a partir de cupos de contratación [y] de la entrega de sectores estatales a sus bolsillos…”

Petro concluye afirmando que la crisis de Colombia se ve reflejada en la crisis del Congreso que caracteriza como “de pacotilla” y de “hazmerreir permanente” al mantener un silencio cómplice ante lo que ocurre en el país.

El Senador opositor cree que el presidente del Congreso es cómplice de la muerte de esa instancia parlamentaria y en general de la democracia, instando a su defensa y a la derrota de la dictadura para permitir que Colombia se transforme en “un país pacífico, productivo y libre”.

Venezuela, un país que, como todos, tiene muchos problemas por resolver, debería meditar ante la posibilidad que estos dos países que se han asumido como nuestros principales enemigos, nos quieran imponer a través de la violencia y la fuerza estos modelos de “democracia” que a todas luces adolecen de algunos de los más elementales sustentos que la pueden hacer acreedora de tal condición.