Hay una falsa creencia en gobiernos de la mayor parte de países latinoamericanos, que una vez superada la pandemia de Covid-19, se reactiven las economías y vuelva a la normalidad, o sea a lo que existía antes de marzo de 2020. Ello proviene del hecho que las economías de los países observaban tasas de crecimiento positivo, existía un control efectivo de la inflación y tasas de cambio estableces, sin devaluaciones abruptas. El problema es que el promedio de crecimiento de PIB latinoamericano y caribe era muy bajo, 0.1% en 2019, se observaba un acelerado proceso de endeudamiento externo y ensanchamiento de los déficits comerciales. Pero, además, el desempleo, inseguridad alimentaria y pobreza eran evidentes, en ausencia de políticas públicas benignas con los empleos de buena calidad y protección ambiental.

La pandemia del Covid-19 no ha hecho más que develar estos problemas y profundizar sus efectos e impactos. Para el caso, se estima que el PIB caerá entre 8.5% y 9% en 2020, la tasa de desempleo de cerca de 12% y 38 millones de desempleados en la región Latinoamericana, y 30 millones de nuevos pobres se sumarán a las estadísticas de rezago económico y social.

Frente a este panorama se imponen políticas económicas activas para estimular y no dejar caer la producción, pero también para generar ingresos en las familias que les permita enfrentar los problemas de pérdida de empleos y negocios. Estas políticas son necesarias, cuando se constata una fuerte caída de los niveles de inversión, producción y captación de ingresos fiscales. El “activismo”, contrario a lo que se piensa, necesita de una política monetaria expansiva que posibilite la canalización de mayores recursos a los sectores afectados y desprotegidos, asignando fondos a las MiPymes y sector informal de la economía, que son los mayores generadores de empleos. Se recomienda también el uso de una parte de las reservas internacionales para enfrentar la perdida de producción y empleos, ya que algunos gobiernos como el de Honduras, han acumulado reservas hasta por más de 6 meses de importaciones.

En este marco y en plena pandemia, se cuestiona la reciente solicitud del gobierno de Costa Rica al Fondo Monetario Internacional (FMI) para negociar un eventual convenio de préstamo por 1,750 millones de dólares que implica un duro ajuste fiscal con impacto directo en los ingresos de los trabajadores. Los funcionarios de gobierno, especialmente su presidente, Carlos Alvarado, parten del supuesto que en 2020 la pandemia será historia y la economía volverá a la normalidad, aunque con un nivel de deuda que superará el 75%/PIB y más desempleados y pobres.

Como sucede en estos casos, es una decisión de dos (2): gobierno y FMI, sin participación de otros actores, incluyendo a los más afectados como los trabajadores y clases medias. En otrora, el discurso del FMI decía que había que consultar a la población el tipo de políticas a ejecutarse, pero en la práctica avalaba las decisiones unilaterales del gobierno y de grupos empresariales y financieros, integrándose dirigentes de organizaciones gremiales y sociales “tarifados” y afines a la política del gobierno.

El Movimiento Rescate Nacional que coordina y lidera las protestas contra la firma de un acuerdo con el FMI, ha demostrado su pujanza en todo el país, al grado que el presidente Alvarado decidió retirar la propuesta al FMI, buscando solucionar los problemas económicos enfrentados mediante el diálogo al conformar una Mesa Multisectorial. El Movimiento pone como condiciones para sentarse a dialogar: a) que se descarte por completo un acuerdo con el FMI por lo que resta del mandato de Alvarado; b) que no se contemplen más impuestos ni se comprometan los activos estatales (¿incluye privatización de empresas públicas?); c) que la Iglesia Católica actúe como garante de las negociaciones bilaterales entre el gobierno y el Movimiento Rescate Nacional; d) que no se tomen represalias contra los manifestantes, ya que muchos de ellos fueron desalojados por la fuerza.

En la convocatoria al diálogo que hizo el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, se invita a participar a 25 organizaciones de sociedad civil bajo la moderación del Programa de Estado de la Nación. El problema, tal como ha sucedido en otros países, es que no se renuncia a los objetivos y propósitos de este tipo acuerdos con el FMI y se tratan de encubrir bajo la retórica y la representación de miembros de sociedad civil, muchos de los cuales son afines a la política de gobierno, siendo que tiene el control de la mayoría de las organizaciones participantes en el diálogo. Se ha denunciado que la representación del Movimiento Rescate Nacional en las mesas del diálogo es marginal o nulo, por lo que el gobierno llamó a organizaciones de sociedad civil institucionales no “revoltosas” a sentarse a tomar café y aprobar el paquetazo como condición previa para acceder a mayores recursos para apoyar la producción y generación de empleo, (izquierda. web.cr, 14-10, 2020); temas que serán tratados en una segunda mesa de diálogo convocada por el gobierno.

“Los acuerdos tendrán como fin atender las necesidades de estabilidad económica y fiscal como “prioridad inmediata”. "Necesitamos cuidar a las personas del país. Necesitamos urgentemente recuperar los empleos que perdimos por la pandemia, que las personas puedan hacer frente a sus necesidades y deudas y que no se disparen las tasas de interés que pagan. “Necesitamos mantener el costo de vida controlado y la inflación baja para que la gente pueda comprar lo que necesita, así como cuidar la inversión. También requerimos que el tipo de cambio del dólar permanezca estable para no afectar a quienes tienen créditos en esta moneda. Para mantener la estabilidad de todo lo anterior, es que debemos tomar medidas en lo fiscal”. (Carlos Alvarado, La Nación, Costa Rica).

Lo anterior se evidencia cuando el experto en diálogo, Jorge Vargas, manifiesta que hay que resolver un problema político-técnico relacionado con el dilema fiscal. “¿Cómo lograr una mejora permanente de al menos 2,5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario del Gobierno Central y una disminución a corto plazo del monto de la deuda pública (de unos 8 puntos porcentuales del PIB), mediante una mezcla de acciones de ingresos, gastos y gestión del endeudamiento público, para evitar que el Estado caiga en una cesación de pagos?”

La pregunta debería ser ¿qué medidas deben ejecutarse para cerrar la brecha fiscal, pagar regularmente el servicio de la deuda y tener nuevos recursos para enfrentar la pandemia? La solución: Más impuestos y venta de activos, para acceder a más recursos. La clásica receta del FMI de aumento de impuestos y privatización de activos y servicios del Estado, que se impondrá ya que, en caso que los miembros de la mesa no se pongan de acuerdo, el gobierno tendrá la última palabra. Los estudiantes en protesta se preguntan ¿Y los dineros robados? ¿Y las exoneraciones? ¿Y los impuestos a la propiedad y activos ociosos?

Las organizaciones que conforman el Movimiento Rescate Nacional se siguen manifestando en todo el país, aun cuando varios de sus dirigentes han sido presionados a retirarse. El sesgo a favor de la propuesta gubernamental en la mesa de diálogo y la exclusión de amplios sectores y actores aglutinados en este Movimiento, sumado a las protestas y toma de carreteras, llevó a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCEAEP) a buscar un acuerdo conjunto que les permita avanzar en las negociaciones al margen de la mesa de gobierno que fracasó, ya que todo se condicionaba a lograr un ajuste económico inmediato de espaldas al pueblo.

La falta de liderazgo y soberbia del presidente Alvarado, al pretender imponer una agenda única y sin involucrar a amplios sectores de la población, implica un alto costo en términos políticos, por lo que necesita una nueva propuesta de diálogo que prioce la vida por sobre el pago de la deuda externa, ya que políticas de ajuste económico con el sello del FMI más bien la aumentarán. Lo que suceda en Costa Rica puede ser la antesala de lo que vendrá para Latinoamérica Post-Covid 19: seguir con el expediente de ajustes con la bota del FMI en el cuello, o pensar en el desarrollo desde dentro sobre la base del consenso y la inclusión social y política.

En los foros internacionales se ha planteado la opción de una moratoria sobre el pago de intereses de la deuda externa, e incluso se ha propuesto un Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 ( Fund to Alleviate COVID-19 Economics - FACE), como un instrumento de desarrollo para ayudar a los países que tienen problemas de endeudamiento para enfrentar la pandemia y evitar la profundización de la crisis económica y social, pero, al parecer, la única solución es un convenio con el FMI para más deuda por despojo.

Tegucigalpa, DC, 16 de octubre de 2020