“La respuesta de Trump ha sido promulgar políticas de inmigración draconianas que buscan anular nuestras leyes de asilo y refugiados, junto con reducciones severas en nuestra asistencia extranjera a la región”.

Joe Biden

En los programas de reforma agraria de la década de los 70s y parte de los 80s, la migración interna era parte de la política de Estado de organización y capacitación de los campesinos y campesinas, a efecto de poder acceder a tierra productiva de buena calidad, inculta y en poder de terratenientes latifundistas. Igual, una estrategia para trasladar a familias campesinas de zonas de menor desarrollo, a aquellas con mayor potencial, aunque parte de la tierra prometida fuera de naturaleza nacional, o sea propiedad del mismo Estado.

Estas políticas y acciones contaban, por un lado, con el apoyo de la cooperación internacional, proveyendo alimentos y vestuario a los campesinos “migrantes”, igual, por el propio Estado, con programas de asistencia técnica, crediticia e instrumentos trabajo. Pero, también, eran beneficiarios de la banca multilateral para ejecutar proyectos de desarrollo agrícola, sustentados en la explotación de rubros para la exportación (bananos, marañón, algodón, cítricos), controlando empresas transnacionales e intermediarios locales la comercialización de los productos, como una manera de trasladar el riesgo de producir a los mismos campesinos y gobierno.

No ha sucedido lo mismo con las migraciones fuera del país, donde sin bien el riesgo lo asumen las personas y familias migrantes (hoy buscan el sueño americano, el padre, la madre, los hijos y demás parientes), éste ha sido mayor después de la crisis política generada por el Golpe de Estado en junio de 2009. Antes de ello, por lo general, la migración externa era voluntaria y espontánea. Las personas que lograban pasar la frontera entre México y EEUU, enviaban dinero a sus parientes para que se fueran, o contrataban un “coyote” que les ayudara en su ruta de viaje al país del norte. Algunos de ellos (as) se quedaban trabajando en Guatemala o México, mientras reunían el dinero para garantizar un paso seguro, otros se regresaban sin más, o eran deportados por las autoridades de migración mexicana o gringa.

Hoy la migración al país del norte se ha complicado. Por un lado, la parálisis y el abandono de los programas de reforma agraria estimuló la expulsión de población campesina del campo a la ciudad, y eliminó los programas de migraciones inducidas apoyados por el Estado y la cooperación internacional. Con ello aumentó la concentración de la propiedad y precariedad rural, que se tradujo en mayor pobreza e inseguridad alimentaria. Desde los 90s, los programas de moda son las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y de ayuda alimentaria, endeudando más al país y utilizando el excedente de granos básicos generado por productores gringos “subsidiados” por el Estado, que no se puede comercializar en el mercado regional, con un impacto negativo en la producción local.

Ello se complicó más, con la profundización de las políticas y programas de estabilización económica ortodoxa y ajuste estructural, apoyados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial, donde se observa una contracción del gasto público productivo del Estado en contra de campesinos y campesinas del agro nacional, sumado a la profundización de la concentración de la propiedad y el despojo de recursos naturales y biodiversidad a las comunidades. Contrario a lo que se pensaba con su diseño, estas políticas han generado mayor migración, pero también menor protección económica y social para las familias vulnerables y en situación de pobreza.

El Covid-19 y los fenómenos naturales como ETA i IOTA, han hecho más visible esta situación de desigualdad y falta de oportunidades para las familias rurales, a las que se le ha sumado aquellas de centros poblados, en su mayoría jóvenes, donde los empleos son un bien escaso, y la violencia, narcotráfico y corrupción involucra directamente al gobierno.

El discurso gubernamental y de los políticos de turno, es que los migrantes son el problema, por lo que hay que tratar por todos los medios posibles para que no lo hagan; aunque, en realidad, es un derecho humano. Un padre de familia que perdió sus tierras por no pagar deudas en la banca porque la cosecha se perdió, ya en la ciudad, fue despedido de su empleo precario por el confinamiento y evitar el contagio Covid-19, y además su casa fue destruida por ETA, tiene pocas opciones para alimentar a su familia y subsistir, y lo más a mano es la migración o la muerte.

El gobierno de la República espera que se vuelva a la “normalidad”, tal como existía antes del Covid-19, pero con políticas que promueven la concentración de la propiedad rural, la destrucción de los recursos naturales, la exclusión económica y social por ausencia de programas masivos de viviendas populares, acceso a la educación, salud y empleos sostenibles liderados por el Estado, esta normalidad no es tal, más bien era y será una normalidad excluyente.

La política de Donald Trump, aceptada sin más por el gobierno de Honduras, Guatemala y México, hizo posible además que, en la práctica, la migración fuera penalizada como un delito, aunque el discurso de funcionarios públicos y policías, dice que es y sigue siendo un derecho humano. Estos países se convirtieron en una extensión de la “migra gringa”, ya que sus cuerpos policiacos son responsables de perseguir a los migrantes. Estos se organizan y concentran en centros públicos (algunos les llaman jaulas) o de carácter social, esperando se les resuelva su solicitud de asilo, lo que no llega; pero otros son deportados sin más y separados de sus hijos, cuando no han realizado el trámite de dicha solicitud a través de las autoridades de un país seguro, llámese Guatemala o México.

El 14 de enero de 2021, salió de San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras, una nueva caravana de migrantes, unas 3,000 personas según cifras oficiales, concentrándose más de 6,000 personas en la frontera con Guatemala el domingo 17 de enero (nuevas caravanas se sumaron el fin de semana), según datos de la prensa no tarifada, incluyendo niños y niñas, pero también adultos mayores, mujeres embarazadas y discapacitados. La Policía de Honduras, en vez de alentarlos a seguir y desearles buena suerte, les manifiestan que tengan cuidado con la “migra” chapina y de México, y que se olviden de llegar a la frontera con USA. Además de los papeles personales (identidad y partida de nacimiento de los niños), se les exige la prueba Covid-19 para poder ingresar a Guatemala, ya que los que no cumplan serán deportados.

La movilización de policías y militares chapines a la frontera con Honduras ha sido impresionante, igual de la policía mexicana a la frontera con Guatemala, donde la consigna es “No Pasarán”, tal como fue el compromiso con Donald Trump al aceptar operar como países “seguros” para el migrante. La prensa habla de deportaciones de hondureños antes de que ingresen a Guatemala, es decir desde la misma aduana y alrededores, pero, los migrantes, no piensan regresar y se enfrentan con la policía y militares, esperando superar unos 20 cordones de seguridad entre la frontera con Guatemala y México.

Los y las deportadas serán fichados por las autoridades de Honduras, ya que existe una Decreto Ejecutivo N. PCM-033-2014 que declara emergencia humanitaria por las migraciones masivas, debiendo el gobierno activar el sistema de protección social cuya política principal es la TMC y la ayuda alimentaria, sumado al empleo temporal y de mala calidad cuando existan recursos y proyectos que demandan mano de obra, en su mayor parte, no calificada. Igual, deben activarse los centros de atención a la niñez y familia migrante, pero no existe una garantía de una reinserción efectiva al mercado de trabajo, escuela y hogares.

Las cifras del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras, muestran que en 2020 fueron deportados 43,757 hondureños de EEUU, México y Guatemala, de los cuales 10,484 son menores de edad. Un dato curioso, el mayor número de deportados proviene de México, y no de EEUU; lo que demuestra que la política de Trump ha sido efectiva, aunque los costos los asuma el país seguro, en este caso México.

La migración de hondureños ocurre a pocos días de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. En el imaginario de los migrantes existe la esperanza que el nuevo inquilino de la Casa Blanca flexibilice o elimine las políticas, acciones y leyes aprobadas por el gobierno de Trump, que al final de su mandato se ha dedicado a poner trabas a las acciones del gobierno entrante y dilatar la vigencia de nuevas leyes; igual, se apuesta a que Biden haga suya su promesa de campaña de otorgar la residencia al mayor número posible de latinoamericanos viviendo en EEUU. Se exige además que los niños y niñas no sean separados, y aquellos sin acompañante se le brinde la protección debida y sean reunificados, eliminando la llamada tolerancia “Cero” de Trump.

Se espera que retome la iniciativa del Plan de la Alianza para el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras) que lideró cundo era vicepresidente en el gobierno de Obama, pero que se descontinuó o quedó en papel, en tanto fue un gobierno especializado en deportaciones. Este plan tenía un presupuesto de 750 millones de dólares para acelerar las reformas necesarias en la región, focalizadas en el combate del crimen organizado, reducción de la pobreza y fortalecimiento de las instituciones públicas contaminadas con el virus de la corrupción y la ineficiencia. Un problema, además del congelamiento de los fondos por Trump, fue confiar en lideres y gobiernos contaminados con la corrupción y coludidos con el crimen organizado.

Esta iniciativa fue retomada por México con apoyo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), al formular y aprobarse el Plan de Desarrollo Integral de El Salvador, Honduras, Guatemala y México, pero todavía los gobiernos de Centroamérica y las organizaciones de apoyo al migrante siguen esperando los recursos financieros en los montos prometidos. Además, aunque contó con apoyo de las Naciones Unidas y UE, este plan nació cojo, ya que se contrapone a la política de Donald Trump para la región que, incluso, desarrolló una agenda paralela a las propuestas del Plan; asimismo, se sustenta en gobiernos y líderes políticos cuestionados por actos de corrupción y denunciados por tener vínculos con el narcotráfico. Se espera que con Biden se retome la agenda de trabajo del Plan, pero CEPAL debería ajustar las propuestas, buscando rescatar un enfoque más benigno con el desarrollo integral de los países, consultando a la gente y sus organizaciones de apoyo.

A lo interno de Honduras, la evidencia demuestra que las políticas y leyes de apoyo al migrante no funcionan, ya que la política económica, agrícola y social ejecutada desde el Golpe de Estado, es excluyente por definición, al aceptarse como válido un modelo económico fracasado. Ello es extensivo a las acciones que ejecuta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, con la Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Local, que se visualiza como un paliativo a la política de centralidad del poder y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, con poco impacto en la calidad de vida de las familias en los municipios y reivindicación de derechos ciudadanos.

Choluteca, Honduras, 17 de enero de 2021