A menos de diez días de que se suscite el relevo de funciones en el gobierno federal de Estados Unidos, particularmente en lo que toca a los poderes ejecutivo y legislativo, la administración saliente, encabezada por el presidente Donald J. Trump, decidió cumplir con una amenaza que, por lo menos desde mediados del año pasado, había hecho acerca de reenlistar a Cuba en el registro de Estados patrocinadores del terrorismo; listado que, por lo demás, tantas intervenciones financieras, políticas, militares y diplomáticas le han facilitado al gobierno estadounidense desde que la guerra global en contra del terrorismo sustituyó a la lucha internacional por contener y erradicar al comunismo, a finales del siglo XX.

La medida adoptada por el presidente y su Secretario de Estado, Michael Pompeo, en este sentido, si bien no se puede caracterizar de sorprendente (pues en mayo pasado se advirtió sobre dicha posibilidad, y para diciembre Cuba ya había vuelto a ser consideraba bajo el estatuto de Estado que no coopera totalmente en el combate al terrorismo internacional), si viene a darse en un momento en el que, por lo menos, no se esperaba, dada la enorme cantidad de asuntos pendientes y conflictos políticos por los que atraviesa Estados Unidos. Y es que, por irónico que parezca, a pesar de que en los últimos dos meses —luego de darse a conocer los resultados de las votaciones presidenciales de noviembre del 2020— el jefe del ejecutivo federal ha aprovechado el tiempo para atar cabos sueltos, para cobrar favores y para tomar decisiones bastante arriesgadas para su capital político, la realidad de la cuestión es que el desorden observado los últimos días en la capital del país y el affaire BigTechs vs. Trump han acaparado tanto la atención del debate público y de la agenda de los medios que las sistemáticas agresiones cometidas en contra de gobiernos de América simplemente pasaron desapercibidas.

¿Qué significado cobra el que Cuba regrese a ser considerado por el gobierno estadounidense como Estado patrocinador del terrorismo? En general, las consecuencias van desde el hecho de que ahora, bajo la normativa que en ese Estado regula la guerra en contra del terrorismo global, el gobierno estadounidense (el actual o el que está a punto de entrar en funciones) cuenta con todos los elementos para intervenir militarmente (desde su propia óptica autorreferencial), y de forma abierta, en Cuba, sin mayor justificación que las que le dan su doctrina y sus leyes antiterrorismo, por un lado; hasta, por el otro, llevar a un punto en extremo restrictivo la serie de regulaciones que sostienen el bloqueo económico del cual son víctimas todos los cubanos y todas las cubanas, sin excepción. Esto último, de hecho, es lo que desde el momento del anuncio hecho por el gobierno en turno comenzará a operar de inmediato, conduciendo a procesos de desinversión (fuga de capitales) y de exclusión de futuras negociaciones en una multitud de ramas de la actividad económica, aunque con especial énfasis en aquellas que podrían resultar en un fortalecimiento de las capacidades militares e industriales del gobierno revolucionario.

Ahora bien, en un contexto que aún no deja de estar dominado por los estragos que la diseminación global del SARS-Cov-2 ha causado por todas partes en la vida económica de las naciones (con especial profusión y violencia en la vida cotidiana de los sectores sociales más pauperizados y explotados por la lógica del capitalismo contemporáneo), que el gobierno estadounidense decida cerrar aún más el cerco sobre la población de la isla no puede más que constituir un acto de la más lasciva bajeza e indolencia política, pues si hay algo con lo que ha tenido que lidiar la nación cubana a lo largo del último año eso es con la enorme escasez de una diversidad de productos de primera necesidad que el bloqueo causa sin cesar.

Siendo el cubano el único gobierno a nivel internacional, además, que en los últimos meses se ha concentrado en desarrollar la primera y (hasta ahora) única vacuna cien por ciento pública en contra del SARS-CoV-2, la determinación tomada por el trumpismo no puede ser leída más que como una afrenta en contra de la humanidad, en general; y en contra de las capas sociales más explotadas en las periferias globales, en particular; dada la histórica vocación humanitaria que el pueblo cubano ha desempeñado, a lo largo de sesenta años, en materia de salubridad, ahí, en donde al gran capital transnacional de la industria farmacéutica y al sector salud no les es lo suficientemente redituable el drama humano.

Ahora bien, hecha la anterior declaración de principios sobre la necesidad de que la comunidad internacional se pronuncie, desde una base ética firme, en contra de la designación del Estado, el gobierno y el pueblo cubanos como actores patrocinadores del terrorismo, valdría la pena cuestionar por qué ahora y por qué, precisamente, se optó por esa elección y no por otra. Seguro que una parte de la respuesta tiene que ver con el estilo personal de gobernar de Trump y de la parte más conservadora y beligerante de su gabinete (de la cual Pompeo es miembro honorífico). Otro tanto se explicaría por una suerte de arrebato del actual jefe del ejecutivo federal, siendo, como lo es, adepto al revanchismo y a la confrontación cuando se encuentra acorralada o cuando se siente falto de poder para llevar a cabo sus planes. Sin embargo, un elemento fundamental a tomar en cuenta aquí, y que es, en realidad, la parte sustancial que responde al por qué ahora y por qué esta elección, tiene que ver, al margen de lo anterior, con los tiempos que marca la política estadounidense, por un lado; y con el estado de la Unión que desea dejar Trump tras de sí, para que con cada resultado desatado en estos días tenga que ser la administración entrante la que lidie con ellos.

Respecto de la primera parte de la ecuación, los motivos son claros: cada presidente estadounidense en funciones, en los años, meses y días previos a cumplir su mandato (sin posibilidad alguna de volver a ejercer en el mismo cargo) se ha caracterizado por poner en marcha, en esos instantes, algunas de sus políticas más arriesgadas, radicales y/o impopulares, sabiendo que, con independencia del resultado, los costos políticos (y en general cualquier consecuencia que se desprenda de ello) no tendrán que ser cargados sobre sus hombros, ni, mucho menos, achacados a su gestión en el cargo. En la relación Estados Unidos-Cuba, por ejemplo, es esta especie de tradición lo que explica por qué, en sus ocho años al frente del ejecutivo de la Unión, Barack Obama eligió 2015 y 2016 para sacar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, primero; y reestablecer relaciones diplomáticas, después, respectivamente. Seguro, otras acciones, concernientes a la agenda de negocios y de turismo entre las dos naciones se tomaron con anterioridad, pero, comparadas con el salto que la visita de Obama a Cuba significó, y con lo que implicó para las relaciones interamericanas el regreso del gobierno revolucionario a la Organización de Estados Americanos, aquellos otros gestos no eran más que rectificaciones históricas necesarias, de cara a un pasado de agravios cometidos en contra de la mayor de las Antillas.

Es, en este sentido, que cobra su plena significación el que Trump y su Secretario de Estado hayan decidido proceder ahora, y no antes. Y es que si bien es verdad que gran parte de los capitales y de las bases sociales de apoyo a la presidencia de Trump comparten el rasgo distintivo de profesar como nota central de la política exterior americana de Estados Unidos una profunda virulencia en contra de los gobiernos y los pueblos de Venezuela y Cuba, también es cierto que esa específica comunión de intereses tiene sus propios costos electorales entre la comunidad latina, a lo largo y ancho de la Unión. Ahora que políticamente ya no es necesario ni redituable (por el momento) para la administración de Trump atraer hacia el centro a algunos sectores del electorado nacional, la política exterior estadounidense hacia Cuba deja de ser un inconveniente.

Respecto de los problemas que el gobierno saliente le hereda al entrante, por otro lado, lo que es un hecho es que el peso específico de dicha elección ahora es un asunto con el que tendrá que lidiar la presidencia de Biden. Y la cuestión en este punto es, por cierto, que nada asegura que a cada determinación tomada por el trumpismo, respecto de Cuba, el gobierno electo, ya en funciones, quiera o pueda dar marcha atrás. ¿Por qué? Biden es recordado en el debate público americano, en general, por ser el vicepresidente que acompañó a Obama en la decisión de transitar por el camino de la normalización de la relación bilateral entre ambas naciones. En esa línea de ideas, entonces, no es una sorpresa que en los imaginarios colectivos nacionales de la región la figura de Biden esté atada a lo que Obama hizo en su presidencia acerca de Cuba.

Un par de declaraciones de campaña y de afirmaciones aisladas, hechas por el presidente electo, con anterioridad a la celebración de los comicios, de hecho, han sido interpretadas a lo largo de estos meses como pistas elementales para desentrañar el contenido específico de la política exterior que la administración de Biden imprimirá en su relación con la isla y con el resto de la región; y en cada caso, la interpretación dominante sobre el particular siempre tiende a redundar en una suerte de fortalecimiento de esa imagen que se tiene del presidente electo como vicepresidente de Obama.

Algunos problemas, sin embargo, se presentan aquí. El primero de ellos tiene que ver con el hecho, bastante evidente, de que los intereses que sostienen a la presidencia electa de la fórmula Biden Harris no son los mismos que en su momento sostuvieron a la de Obama-Biden. En ese mismo tenor, también es un hecho que los intereses propios de Biden no necesariamente son idénticos ni a los de Obama ni a los que Biden mismo defendía siendo vicepresidente de aquel. El tercero es que el contexto que imperaba en 2016 y el que domina en 2021 son profundamente divergentes el uno respecto del otro, y la agudización de la crisis de hegemonía estadounidense entre un instante y el otro en el tiempo se ha modificado. Ante cada crisis por la que atraviesa Estados Unidos, además, no sobra subrayarlo, América entera tiende a reconfigurarse y a ser intervenidas en formas distintas, para ser adaptada y sometida a las necesidades que el continente tiene que satisfacer para que la crisis de la potencia anglosajona no se agudice.

Apenas entre en funciones, Biden, Harris y todo su gabinete se tendrán que enfrentar a dicha situación, y eso, en el mejor de los casos, supone que el tiempo que se tomará el nuevo gobierno para dar marcha atrás con la política exterior cubana de Trump no será poco. Quizá, en el corto plazo (dentro de los primeros dos años de mandato), se retorne a estatutos previos a 2016 a algunas dinámicas de la relación bilateral, sobre todo en lo tocante a la agenda de negocios compartida, al turismo, a las remesas y a temas derivados. Sin embargo, es poco probable que se avance más allá de ello. No debe pasarse por alto, después de todo, que Biden hizo un enorme esfuerzo de campaña por ganarse el voto de la disidencia cubana en entidades como Florida, hasta el punto en el que prácticamente entró en empate técnico con Trump en dicha demarcación (5,668,731 votos por Trump; 5,297,045, por Biden). De ahí el necesario reconocimiento del peso que sobre su política exterior hacia la isla tendrá el lobbie antirrevolucionario.

El segundo problema, por otra parte, tiene que ver con el hecho de que Biden ha sido en extremo cauteloso, cuando de Cuba se trata (no así de Venezuela, Estado sobre el cual tiene más coincidencias con Trump que diferencias, amén de los yacimientos petroleros que posee). ¿Y por qué ello tendría que ser un inconveniente? Sin ir muy lejos, lo es, en este momento, porque la cautela con la cual se ha conducido Biden en lo referente a Cuba es indicativa de la cautela que tendrá cuando esté en funciones; más aún si las presiones en el sentido contrario a una normalización de la relación bilateral son fuertes y el futuro presidente busca reelegirse para un segundo mandato.

Que Biden milite las filas del partido demócrata no lo hace ser un político ni un presidente de izquierda, y que haya sido vicepresidente de Obama no lo obliga a compartir el camino por el cual quiso transitar (a Obama mismo tampoco habría que enmarcarlo en el espectro ideológico de la izquierda). Sin duda, si se le compara con Trump, sus posiciones son mucho más moderadas (algunas lo son tanto que hasta parecen de izquierda, dados los estándares políticos e ideológicos que hereda el trumpismo). Sin embargo, hoy por hoy, no hay un sólo elemento en la figura presidencial entrante que indique que las opresiones y el cerco instaurados por Estados Unidos sobre y alrededor del pueblo cubano (más que la propia relación diplomática, per se) retornarán al punto en el que se quedaron con el segundo mandato de Barack Obama.

Ricardo Orozco, Internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México, @r_zco

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