“Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus”

Bertha Cáceres, premio Goldman 2015

Hemos prestado mayor atención al contenido de las políticas neoliberales en tiempos de crisis económica y/o inestabilidad financiera, que al origen o motivación de las mismas cuando se presentan fenómenos sociales y naturales que afectan el curso de las economías, reflejado en pérdidas de producción nacional, deterioro de infraestructura y aumento de población en pobreza.

La mayor parte de los golpes de Estado en Latinoamérica, después del golpe a Salvador Allende en Chile, han ido acompañado de este tipo de políticas, pero le hemos dedicado poca investigación a su profundización en el último (s) año del periodo de un gobierno, vista como una estrategia del saliente, empresarios corporativos y OFIs para atar al nuevo inquilino y no dejarlo gobernar en forma “autónoma”.

En la Argentina de Mauricio Macri se profundizó la hipoteca del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para debilitar el gobierno de Alberto Fernández. No digamos en Bolivia, donde Lucho Arce tiene dificultades para ejecutar su modelo económico de desarrollo alternativo, con mucho éxito en el gobierno de Evo Morales. En Chile, una de las preguntas en el ambiente, es que hará Sebastián Piñera sabiendo que el neoliberalismo por “desuso” tiene las horas contadas. En el caso de Ecuador, Lenin Moreno, un exvicepresidente “correista” se pasó sin más al otro bando, y conspiró para que el candidato Andrés Arauz no ganará las elecciones en primera vuelta, desechando además acuerdos y negocios con China. En Brasil, para Jair Bolsonaro, todo lo verde debe pasar al sector privado, sin valorar que estos recursos son la principal riqueza para no perecer en el futuro.

Honduras no es la excepción. Aunque todavía no está dicha la última palabra sobre la participación de Juan Orlando Hernández (JOH) como candidato en las elecciones generales de noviembre próximo, hay evidencia de la profundización de políticas, proyectos y leyes de corte neoliberal; en una coyuntura no muy favorable para el mandatario ya que está siendo investigado por EEUU por vínculos con el narcotráfico, sumando la corrupción, aumento de casos Covid-19 y profundización de la crisis económica y social.

JOH, invocando a la pandemia y los huracanes ETA e IOTA, aprobó en el Consejo de Ministros, mediante decreto ejecutivo PCM- 138-2020 del 21 de diciembre de 2020 y publicado el 6 de enero de 2021, un multimillonario fideicomiso para la generación de energía eléctrica y protección de inundaciones, utilizando al Banco Atlántida, uno de los mayores bancos comerciales del país, para tales propósitos. El decreto autoriza la ejecución de mega proyectos energéticos como de interés nacional, donde se mezclan objetivos de protección frente a inundaciones y la venta de energía a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por empresas privadas.

Han surgido varios cuestionamientos ha dicho decreto. El primero es una falla de origen, que el nuevo gobierno tendrá que corregir. JOH, con su PCM, se lleva de encuentro a toda la institucionalidad pública y jurídica, aprobada y fortalecida, en teoría, con el apoyo de Organismos Financieros Internacionales como el FMI. Al parecer, es del criterio que un Decreto Ejecutivo apelando a la emergencia nacional, puede sustituir una norma constitucional o ley aprobada por el poder Legislativo. Es más, se cree que el decreto debe ser fortalecido y elevado a Ley, modificando la legislación que le es adversa. La facultad del presidente y sus ministros para aprobar decretos ejecutivos se autoriza, siempre y cuando estos no afecten la legislación vigente, es decir, no sustituyan o violen leyes aprobadas por el Congreso Nacional, primer poder del Estado.

El segundo es que Honduras tiene vigente una Ley General de la Industria Eléctrica que cuenta con aval del FMI y demás OFIs, aprobada mediante decreto 404-2013, publicado el 24 de mayo de 2014. Al menos, dos (2) de las instancias creadas en el marco de esta Ley, caso de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y el Operador del Sistema Eléctrico Nacional (ODS) debieron ser consultadas, ya que el decreto cercena directa o indirectamente parte de sus competencias; lo mismo puede decirse de la Junta Interventora de la ENEE, que, con la aprobación de este decreto, camina a ser ley de la República por el Congreso Nacional, no justifica sus funciones asignadas.

El tercero es la figura de las alianzas público-privadas, no muy benignas para el país, al grado que la propuesta inicial de institucionalidad fue desmantelada, y todavía se desconocen los costos para el Estado hondureño a futuro, ya que varios proyectos aprobados enfrentan serias limitantes y prestan al mal uso de los recursos públicos. Un fideicomiso entre el Banco Atlántida y el Estado hondureño en el marco de este tipo de alianzas, suscrito en 2013, fue elevando de rango, ya que no solo servirá para financiar proyectos de gas natural y LPG, sino de generación de energía renovable, construcción de represas y mitigación de desastres.

El cuarto refiere al manejo del fideicomiso por Banco Atlántida, responsable de contratar consultorías, asesorías y conseguir las empresas que diseñarán y ejecutarán las obras, en lista cerrada y no mediante licitación pública. Si los proyectos no resultan económica y socialmente viables para ser manejados por un tercero o fracasa la adjudicación, los gastos incurridos los asume el Estado de Honduras que deberán ser pagados por la Secretaria de Finanzas en un periodo de (un) 1 año. Igual, el Estado tendrá que conseguir financiamiento de diversas fuentes (deuda multilateral y bonos soberanos), en una coyuntura de crisis con deuda pública total /PIB arriba del 65% e impuestos altos.

JOH es responsable de designar a miembros del Comité Técnico del Fideicomiso y al representante de las municipalidades y organizaciones de sociedad civil de los territorios o municipios donde se ejecutarán los proyectos, en clara violación de los mecanismos de participación ciudadana y de la Consulta Previa, Libre e Informada con los Pueblos Indígenas y Afro hondureños. En tal sentido, el concepto de participación ciudadana se vulgariza, al asumirse por el Ejecutivo como una extensión de sus funciones en los territorios, motivada por interés político y de grupos corporativos.

Nadie se opone a la construcción de obras y bordes para enfrentar las inundaciones en el Valle de Sula y en la zona sur, pero se necesita un análisis más profundo sobre la necesidad del país por construir represas de generación de energía, sin valorar los costos económicos, sociales y ambientales del tipo de energía a contratar por el Estado y sus obligaciones financieras con la banca y empresas responsables, donde la ENEE al igual que la economía del país, tocó fondo.

Igualmente, debe evaluarse la experiencia habida con este tipo de proyectos, involucrando a las instituciones responsables de ello, como la Secretaria de Ambiente, Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la ENEE; incluso, la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) y de Finanzas deberían pronunciarse. De acuerdo a organizaciones de sociedad civil, estos proyectos, sobre todos los de generación de energía eléctrica, se basan en el despojo de territorios a las comunidades y violaciones sistemáticas de derechos humanos, sumado a prácticas corruptas de trámites de licencias y permisos ambientales. Dos casos emblemáticos, además del proyecto Agua Sarca, son el proyecto “Jilamito” en Atlántida y del Rio “Petacón” en Francisco Morazán, que deberán ser investigados por la Fiscalía del Ambiente y de Derechos Humanos.

En Honduras “al menos 129 líderes de comunidades garífunas e indígenas (84 hombres y 45 mujeres) fueron atacados en conflictos vinculados con proyectos impuestos en sus territorios. Esta cifra representa el 43.7% de todos los ataques en comunidades registrados por dicha plataforma entre 2017 y 2019. El 71% de las comunidades de Honduras son afectadas por proyectos de infraestructura, principalmente hidroeléctricos. …En más de la mitad de los casos se ha detectado la violación de cuatro derechos: a la integridad física y moral (78.9% de los casos), al consentimiento libre, previo e informado (78.9%), a un ambiente saludable (73.7%) y a la defensa del territorio ancestral (52.6%)”¹.

Finalmente, la carrera por la energía renovable frente a la energía térmica, busca un cambio rápido de la matriz energética del país, sin embargo, hay evidencia que, dentro de la primera, por los problemas de corrupción y las imperfecciones del mercado eléctrico, conviene evaluar alternativas de menor costo como es el caso de la energía fotovoltaica. Según Luis Cosenza, un experto en el tema, este tipo de energía “se ha convertido en la opción más barata, de tal manera que ha desplazado a la hidroeléctrica y a la térmica” (proceso.hn, 2-02-2021).

Tegucigalpa, 15 de febrero de 2021