“Cada vez se hace más necesario contar con individuos críticos y creativos que comprendan su mundo, lo cuestionen y persigan lo perfectible”

Andrews Paiva

Las llamadas políticas públicas universales, hace mucho tiempo desaparecieron de Latinoamérica. Cada vez más el Estado ha ido trasladando parte de las competencias, funciones y recursos en este campo a actores privados, algunos disfrazados de ONGs y otros de iglesias evangélicas. Igual, la descentralización y sus modalidades “impuras” como la desconcentración y terciarización, han acelerado este proceso, ya que los gobiernos subnacionales y locales encuentran más fácil negociar con centros de enseñanza privada para que presten este tipo de servicios, que asumir la responsabilidad que implica la enseñanza pública, garantizando acceso permanente y educación de calidad a la población.

Los gobiernos asignan menos recursos a los presupuestos de educación, salud y protección social, por lo que, en el caso de la educación, las familias se ven orilladas a buscar conocimiento en escuelas y universidades privadas, o simplemente, por los altos costos y aumento del desempleo y pobreza, renunciar a dicho conocimiento. La alta deserción escolar tiene explicación en esta realidad, pero también en la ausencia de nuevos enfoques y metodologías de enseñanza que utilicen al máximo recursos locales que ligan la presencia en las aulas o talleres de clase, con el trabajo material que se realiza dentro y fuera del hogar.

Varios países latinoamericanos, entre lo que destaca Uruguay y Costa Rica, le apostaron a la educación con políticas de cobertura universal, incluso en el marco de la vigencia de programas de ajuste económico, donde la orden del día era recortes de gastos sin excepción; prácticamente, con el respaldo de la población, convencieron a los OFIs, de la importancia de mantener o aumentar en forma vegetativa el gasto en educación. Con todo lo que ha significado el bloqueo a Cuba, la educación es uno de los pilares donde ha descansado el desarrollo a escala humana, aunque recién, por el bloqueo histórico y la crisis financiera, en lo económico se flexibilice la ejecución de políticas económicos para permitir mayor participación de inversión externa.

Antes del Covid-19, era evidente que, en la mayoría de los países, se apostaba a una educación acrítica, donde los valores del mercado, tecnicismo y los idiomas, eran más importantes que el humanismo. Y es que no puedan coexistir, sino que su avance se ha hecho a costo del debilitamiento de la educación en valores universales, derechos y culturas propias. Hay escuelas privadas donde se enseñanza el idioma inglés como segunda lengua, pero los jóvenes asumen que debe acompañarse con estilos de vida como en el país del norte. Como escribieron algunos miembros de la escuela de Fráncfort, “el conocimiento se constituye en la realidad y no por producción de conceptos, no hay que separar sujeto y realidad, ya que todo conocimiento depende de la práctica, de la época y de la experiencia”.

Con el Covid-19, la Relatora Especial de la ONU para el Derecho a la Educación, Koumbou Boly Barry, demanda que la población reciba una educación, pero una educación con pensamiento crítico. La Covid-19 profundizó las brechas de desigualdad en educación, ya que “más de mil seiscientos millones de estudiantes, de todos los sistemas juntos, a nivel mundial, abandonaron las aulas porque hubo que cerrar bastante rápido las escuelas”. El cierre se dio por decreto de las Secretarias de Educación, sin que se tuviera certeza de volver a la educación presencial, incluso después que entrara la vacuna en los países que hicieron contratos a tiempo, como Panamá, Costa Rica, Bolivia, Chile y México, no así países como Honduras que confiaron en la OPS-OMS y su mecanismo COVAX, que se retrasó y orilló a las autoridades a negociar directamente la compra de vacunas con empresas comerciales y países, incluyendo la vacuna Sputnik V, y a obtener unas 5,000 vacunas (dosis) donadas por Israel a cambio de apoyar sus propuestas de tipo político e ideológico.

En el caso de la educación, los países latinoamericanos debieron aprender de Uruguay, el primer país que retomó la presencialidad con mucho éxito, efectividad y responsabilidad. La valorización de sus autoridades educativas es que la educación es más que un aula de estudio, es vida, contario al encierro que es muerte. En el caso de Costa Rica, una de las justificaciones para abrir las escuelas y colegios, lo fue el ausentismo generado por la pandemia, donde muchos alumnos y alumnas se retiraban por no contar con los recursos para acompañar la educación en línea.

Debido a la ausencia de las comidas escolares, los niños están hambrientos y su nutrición está empeorando. A causa de la falta de interacciones diarias con sus compañeros y la reducción de la movilidad, están perdiendo su forma física y están mostrando síntomas de trastornos mentales. Asimismo, al no disponer de la red de seguridad que suele brindarles la escuela, los niños están más expuestos al abuso, el matrimonio infantil y el trabajo infantil”. (unicef.org. nicaragua/prensa 12-01-2021),

A ello se agrega, el problema del inmovilismo, especialmente en los colegios de secundaria y la universidad, donde las asociaciones de estudiantes y los grupos estudiantiles no han podido seguir con la lucha dentro de los centros de estudio para enfrentar las reformas educativas promovidas por los gobiernos y apoyadas por los Organismos Financieros Internacionales, caso particular del Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas organizaciones de estudiantes siguen saliendo a las calles para protestas por la falta de educación presencial antes y durante el Covid-19, manteniéndose activas en las redes sociales; pero también lo harán una vez que se profundicen las reformas neoliberales por los gobiernos Post-Covid-19, en tanto los niveles de endeudamiento público serán inmanejables, sobre todo los pagos del servicio de la deuda externa.

Los procesos de innovación educativa también han sido afectados por el Covid-19, pero no aquel tipo de “innovación” que entrega 8,000 “tabletas” a niños y niñas para que puedan conectarse al internet y seguir las clases virtuales (que en mayoría son abandonadas), tal como sucede en Honduras; hablamos de aquella innovación que rescata las lenguas e idiomas ancestrales y valores comunitarios, donde se sigue con un tipo de enseñanza participativa liderada por maestros de las comunidades. En el caso de Nicaragua, la educación a distancia forma parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje.

Hay evidencia que los costos por pago de maestros, materiales y servicios públicos de los gobiernos, han bajado por la pandemia, ya que, en el caso particular de la educación secundaria y universitaria, el ausentismo escolar es alto. Se argumenta que, la reingineria tecnológica en las universidades para enfrentar la demanda de la educación en línea, implica un gasto adicional, pero ello es mucho menor que el gasto de la educación presencial. A ello se debe que varios gobiernos que enfrentan problemas financieros por la caída de los ingresos tributarios, no estén muy interesados en volver a la normalidad, y sigan trasladando los costos de la educación virtual a la población.

Finalmente, los grupos y partidos de oposición y gobiernos deben concretar una alianza para priorizar la educación como una de las principales políticas públicas de los Estados, conjuntamente con la salud, generación de empleo masivo y el ambiente. Ocupamos asignar los recursos necesarios cada año para que se garantice una educación universal y de calidad, sustentada en un pensamiento crítico que involucre a las organizaciones sociales y comunitarias. Esta (s) políticas públicas no deben ser negociadas con el FMI y Banco Mundial, ya que es un mandato de la voluntad popular hecho gobierno.

Tegucigalpa, DC, 24 de febrero de 2021