El 2 de abril del año 2017 el candidato Lenín Moreno se proclamó vencedor de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Moreno obtuvo la presidencia tras una campaña basada en un plan de gobierno de corte social, prometiendo el continuismo del bienestar e institucionalización de los años del gobierno de Rafael Correa. Frente a él, como candidato opositor de la derecha reaccionaria se situaba Guillermo Lasso, representando la línea dura neoliberal.

Tras cuatro años, el final del mandato de Moreno se acerca y el balance de su gestión demuestra que, lejos de implementar su propuesta -y proyecto- original, la efectivamente votada por el pueblo ecuatoriano, el gobierno de Moreno ha desarrollado las propuestas del programa de Guillermo Lasso. Moreno implantaba así un “neoliberalismo por sorpresa”, subvirtiendo el mandato representativo para situarse al servicio de una minoría que, en realidad, había votado a por Guillermo Lasso.

Para demostrar esta afirmación es imprescindible volver a recordar el escenario económico-social en el que se convocaron las elecciones de 2017. El Ecuador de 2017 afrontaba las elecciones en un clima socio-económico que había experimentado una década de mejora progresiva. Entre 2006 y 2016 aproximadamente 1,5 millones de personas dejaron de ser pobres y la pobreza extrema se redujo a la mitad (aproximadamente 900 mil personas dejaron de serlo). La pobreza multidimensional entre 2009 y 2016 se redujo de 27,2 a 16,9; la diferencia entre el ingreso del 10% de la población más rico y del 10% más pobre descendió de 36,4 veces a 24,3. En términos laborales, el país había reducido el empleo informal en 17 puntos y tenía la cifra de desempleo más baja de América Latina, con un aumento de casi 2 millones de personas afiliadas al IESS. Según los datos de 2016, el ingreso familiar mensual del hogar cubría el 95,7 % de la canasta básica. Además, en términos de empleo público, es posible hablar de una multiplicación por dos del número de empleados en áreas tan fundamentales como la salud y educación, con salarios dignos.

En aquel escenario, el candidato Lasso presentó unas propuestas de entre las que podemos resaltar las siguientes: realizar una consulta popular sobre las reformas recientes de la constitución y “despolitización” de los organismos de control; asegurar la independencia técnica del Banco Central; reducir del sector público; aprobar una ley para “blindar” la dolarización; reducir de impuestos y aranceles; supresión del impuesto de Salida de Divisas; atracción de inversión extranjera y firma de tratados de libre comercio; aumentar de la productividad de la industria petrolera, energética y minera mediante una mayor participación del sector privado; “racionalizar” los recursos orientados a la lucha contra la pobreza o desinvertir en empresas públicas y compañías donde el Estado tenga participación accionarial mayoritaria. En materia laboral, el plan incluía medidas para impulsar modalidades contractuales precarias (flexibilizar el tiempo de trabajo, disminuir las jornadas y el salario, etc.), o atípicas (contratos especialmente precarios para jóvenes); reformar la regulación del despido (bajo la sutil expresión de “simplificar los requisitos para la incorporación y desvinculación”); incorporar bonificaciones fiscales para los empresarios sin importar la tipología contractual con la que generen puestos de trabajo; o privilegiar la inversión extranjera mediante la concesión de ventajas vinculadas al uso de la mano de obra.

No es difícil encontrar como todas estas medidas se plasmaron en las reformas normativas y políticas públicas realizadas por el gobierno de Lenín Moreno, desde sus inicios y en particular tras la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional -FMI-. De hecho, en el acuerdo se vincula el préstamo de este organismo con una serie de condicionalidades que implican la adopción de un amplio número de reformas normativas que coinciden completamente con las destacadas en el párrafo anterior. La alineación del programa de Lasso, de las exigencias del FMI y de la actuación del gobierno del morenato es una ecuación perfecta. Así, y como en otros escenarios, el FMI exigió una devaluación interna con la precarización de la vida de las mayorías sociales del país.

Señalando tan solo algunas de las reformas acometidas, debemos recordar que desde los inicios del gobierno de Moreno se pusieron en marcha reformas laborales para abaratar la mano de obra en sectores conectados con las empresas de los ministros del ramo (como el sector del banano y el antiguo ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, conocido empresario bananero, cuyo hermano era presidente del Gremio de Exportadores de este producto). A continuación se acometieron reformas fiscales para reducir impuestos a los inversores extranjeros y grandes empresas, que han supusieron una pérdida para las arcas del Estado del 1,2 % del PIB (según estimaciones del propio FMI) o de 1.310 millones en 2019 según otros análisis. Otra de las grandes reformas fue la temprana derogación de la “Ley Orgánica para evitar la especulación” (conocida como “ley de plusvalía”) para complacer a las Cámaras de la Construcción (cuyo representante Enrique Pita fue incorporado como consejero del Consejo Nacional Electoral, máximo organismo en temática de elecciones en Ecuador). De manera paralela, el Gobierno impulsó un “plan de adelgazamiento” del Estado, que ha implicado la supresión de ministerios, la reducción presupuestaria y los despidos en el sector público. Según las previsiones del FMI, la factura salarial del sector público debería reducirse en un 10%, lo que implicaría unos 140.000 despidos de funcionarios públicos. En realidad, como bien sabe la ciudadanía de Ecuador, han sido más.

El gobierno de Moreno actuó en dirección totalmente opuesta a las propuestas que el Ecuador había votado, incumpliendo el mandato popular y con claro desconocimiento de los principios básicos de la democracia representativa. Los resultados, además de faltos de legitimidad de origen, han provocado una debacle social sin precedentes en la historia del país.

Durante sus años de gobierno, Moreno ha incorporado a 1,87 millones de personas a la pobreza, una cifra superior a la de personas que se logró que dejaran esta posición en diez años. Lo propio ocurre con la pobreza extrema, entre 2016 y 2019 más de 98 mil personas retornaron a esta situación. Si sumamos las incorporadas en el año pandémico, 2020, tenemos un total de 1,17 millones de personas en condición de pobreza extrema. La lacra del trabajo infantil ha vuelto a ser un problema acuciante en el Ecuador, y en 2019 ya se situaba en el 8,9%; el nivel más alto observado entre 2007 y 2019. En esta misma línea, la pobreza multidimensional en el área rural ha aumentado en casi 11 puntos: 7 de cada 10 personas son pobres en dimensiones no de ingresos, sino también educativas, de salud, seguridad social y hacinamiento. Además, si en 2019 10 de 14 indicadores de pobreza se deterioraron, en 2020 todos lo hicieron.

La pobreza se vincula de manera inescindible a la precarización en el ámbito laboral, cuyo crecimiento exponencial ha derivado directamente de las reformas de la legislación del trabajo realizadas por el ministerio del ramo y por el conjunto de normas que han implementado las directrices económico-sociales del FMI. La errónea política laboral adoptada desde el inicio de la pandemia (la mal llamada Ley Humanitaria), que se ha desarrollado en sentido contrario a las directrices de la Organización Internacional del Trabajo y al conjunto de países que se han enfocado en proteger a la población y no a asegurar los beneficios de las élites económicas, ha disparado las tasas de precarización existentes. En este ámbito, el gobierno ha querido ocultar el desastre con la burda estrategia de manipular los datos estadísticos, modificando, sin explicación técnica la muestra levantada por el Instituto Nacional de Estadísticos y Censos. De hecho, esta voluntad de ocultar los datos dio lugar a un considerable retraso en la presentación de los resultados de la Encuesta de Empleo. Su publicación en enero de 2021 muestra unos datos poco creíbles, comparados con los países del entorno y el desempeño del sistema laboral ecuatoriano en crisis anteriores. La renuncia del director del INEC días antes de presentar los resultados es una muestra más del desgobierno y la desinstitucionalización del morenato, que prefiere gobernar a ciegas antes que publicar los datos reales del mercado de trabajo y, de esa manera, ocultar los resultados de la derecha reaccionaria gobernando. 

Dada la ausencia de datos fiables, es necesario atender a la realidad de diciembre del año 2019 que, en términos laborales, ya anunciaba el desastre. Si analizamos la precarización, considerando el nivel de ingresos, seguridad social y estabilidad, observamos un aumento de la misma del 0,397 en 2016 al 0,427 en 2019. El aumento del desempleo, que ya era una realidad en diciembre de 2019, se ha disparado con la pandemia sin que existan políticas orientadas a paliar la pobreza de la fuerza de trabajo que se ha quedado sin empleo. De nuevo sin datos fiables, es posible estimar este aumento atendiendo a la terminación de contratos laborales durante la pandemia. Entre marzo y agosto de 2020 finalizaron más de 175 mil. El ascenso de las denuncias aumentó en casi un 487% entre marzo y noviembre de ese mismo año.

Con este terrible panorama, la apuesta continuista del candidato Lasso contiene unas propuestas que pretenden apagar un fuego echándole gasolina y, por supuesto, sin subsidio. El aliado permanente de Moreno durante su mandato, plantea un programa de gobierno netamente aliado con el ajuste neoliberal que ha aplicado el morenato de la mano del FMI. Entre sus propuestas encontramos, de nuevo, medidas como la flexibilización laboral, la rebaja de impuestos, las privatizaciones o el fomento del “emprendedurismo”. Recetas todas ellas fracasadas para las mayorías sociales pero inmensamente rentables para las élites económicas.

Como muestra de esta alianza de intereses entre las clases dominantes y el gobierno de Moreno-Lasso es posible utilizar la información tributaria. Analizando la misma observamos cómo si en 2016 la relación entre los ingresos de las élites empresariales en relación al salario básico unificado ascendía a 88 veces mientras que en 2019 esta relación se situaba en 131 veces. En términos históricos esta evolución es más evidente. Mientas que la proporción de los ingresos per cápita que se lleva el decil más rico se situó en 2007 en el 43,47%, esta proporción disminuyó en 2016 hasta el 35,51%, para volver a aumentar hasta el 35,96% en 2019 y hasta el 38,55% en 2020. En otras palabras, los más ricos se llevan mayor parte de la torta tal y como ocurría hace diez años. Así, y mientras se imponía un estancamiento del salario –incluido su total congelamiento para 2021- se estaba permitiendo (y promoviendo) un aumento brutal de los ingresos de las élites lo que exacerbó la desigualdad en el país.

Los datos no mienten. Si gana Lasso, aliado permanente de Moreno y del FMI en estos cuatro años de gobierno, no puede esperarse más que el continuismo en la aplicación de la agenda neoliberal y su profundización más reaccionaria. La segunda vuelta es una oportunidad para rechazar a quienes gobiernan al servicio de las élites económicas y de espaldas a las mayorías sociales. 

Adoración Guamán es profesora titular de derecho del trabajo y de la seguridad social en la Universitat de València.

Jonathan Báez es economista por la Universidad Central del Ecuador, coordinador de la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCE.

Fuente: https://desalineados.com/