Al proceso persistente de desabastecimiento, de especulación de precios de los productos de primera necesidad, de sabotaje del servicio eléctrico nacional y de la industria petrolera, de sanciones económicas y diplomáticas unilaterales impuestas por Washington, de la presión para que bajen los precios del petróleo en el mercado internacional, la dolarización de facto que se ha extendido a todo el país, el recurso de la calificación de riesgo para espantar las inversiones extranjeras, de la incautación de bienes y cuentas bancarias en Estados Unidos y las manipulaciones informativas, monetarias y financieras que han sobrellevado el pueblo y el gobierno de Venezuela, ahora se pretende establecer una cabeza de playa en la zona fronteriza colombo-venezolana, en el estado Apure, con grupos de mercenarios y/o paramilitares asociados, como se ha podido comprobar, sin muchas dudas, al narcotráfico internacional.

Esto último sería la vía más expedita con que la Casa Blanca y el Pentágono, en comparsa con el régimen de Colombia y algunos otros de la región, estarían seguros de acabar con el gobierno venezolano y recuperar la hegemonía perdida sobre sus principales recursos estratégicos. Con ello en mira, se favorece la ingobernabilidad en este territorio, buscando arraigar el control de estos grupos, los cuales repiten lo hecho desde hace décadas en suelo colombiano contra la población nativa, obligándola a desplazarse fuera de su tierra para no ser víctima de la violencia genocida que los caracteriza. Sin embargo, vale aclarar que ésta no es la primera ni la única situación que enfrenta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en defensa de la soberanía venezolana.

Lo que resalta es la puesta en marcha de tácticas de guerra híbrida que recuerdan mucho las iniciadas en Libia y Siria, utilizando mercenarios entrenados y equipados por las tropas de Estados Unidos. A ellas se une la utilización del argumento de ayuda humanitaria (esta vez en el contexto de una supuesta represión desproporcionada e injustificada de las fuerzas castrenses contra la población civil desterrada) que ameritaría la intervención de la comunidad internacional para evitar males mayores, dada la complicidad del gobierno de Maduro con la “narco-guerrilla” y su ineptitud para recuperar la legitimidad estatal sobre el espacio soberano de Venezuela que ésta habría usurpado.

De esto se hace eco el régimen de Iván Duque, con un llamado a “unirse en la asistencia ante esta crisis humanitaria, en la que más de 3.100 personas han tenido que desplazarse de manera forzada para encontrar protección en Colombia”, obviando los falsos positivos y los cientos de asesinatos selectivos de dirigentes campesinos, sociales e indígenas, así como de guerrilleros desmovilizados, que se producen impunemente en este país.

La táctica del desplazamiento violento de comunidades rurales ha sido un rasgo constante de la violencia paramilitar que allí se escenifica sin intervención alguna del Estado para contenerla y reducirla. Las matrices de opinión vertidas en diferentes medios de información (especialmente, digitales) hacen ver que todo es responsabilidad directa del gobierno venezolano, lo que justificaría cualquier acción en su contra, lo que coincide con la estrategia desestabilizadora diseñada desde hace décadas por el imperio gringo.

La balcanización de Venezuela, como lo expusiera el Ministro de la Defensa, General en Jefe Vladímir Padrino López, es un objetivo imperial. Es, en resumidas cuentas, la punta de lanza mediante la cual Estados Unidos se aseguraría el control directo de los grandes yacimientos de recursos naturales estratégicos existentes en nuestra América, lo mismo que sus acuíferos y su rica biodiversidad; lo que se esconde -como siempre lo hace cada inquilino de la Casa Blanca, demócrata o republicano- tras una fachada de defensa de la democracia y los derechos humanos, ahora con mayor ímpetu ante la amenaza que supone el crecimiento económico de China y Rusia, socios de Venezuela, ambos con grandes intereses que defender en esta importante parte del mundo. Por ello, no se puede permitir la simplificación del posible escenario de guerra que se estaría creando en la frontera occidental de Venezuela, ya que sus efectos colaterales se harían sentir en toda la geografía latinoamericana, del mismo modo destructivo que ocurriera en las antiguas Indochina y Yugoeslavia.