El domingo 20 de junio terminó con más pena que gloria la legislatura del Congreso de la República. Los importantes proyectos que se encontraban en trámite para hacer frente a la crisis económica y social por la que atraviesa el país y a las demandas de millones de ciudadanos que participaron del Paro Nacional, demandaban y respaldaban varias de esas iniciativas, pero, principalmente cinco de las cuáles naufragaron cuatro y una fue aprobada, pero, es muy probable que sea objetada por el presidente Duque por la presión de los empresarios.

Cuatro proyectos tenían mucho interés para las mayorías empobrecidas de este país. En primer término, el proyecto de Renta Básica Permanente que había sido presentado el 16 de marzo a inicios de esta legislatura con el respaldo de 51 parlamentarios de 10 bancadas políticas, avalado por la Cumbre Social y política que lo había discutido y aprobado para su trámite legislativo con el respaldo de cerca de 500 organizaciones sociales y de más de 4.000 ciudadanos.  Buscaba el proyecto beneficiar a 7´460 mil familias, aproximadamente a unos 28 millones de colombianos y colombianas, con un ingreso promedio familiar de 416 mil pesos mensuales, unos 119 dólares. Los recursos fiscales adicionales que demandaba el proyecto fueron calculados en 2.3 puntos del Producto Interno Bruto, PIB, unos 23 billones de pesos de nuevos recursos para la política social.  Se requerían esos nuevos recursos pues del costo total del proyecto estimado en 3.7 del PIB ya el Estado invierte en programas residuales y miserabilistas, 1.4%.

En su exposición de motivos el proyecto había identificado distintas alternativas de financiamiento que eran y son factibles. Sin ningún debate serio, excepto en la Comisión Técnica que se conformó para su estudio y que recomendó a los parlamentarios de la Comisión tercera del Senado de la República en que estaba haciendo trámite que se aprobara con una suma promedio por familia de unos 400 mil pesos mensuales. Sin siquiera discutir la propuesta de la Comisión Técnica el presidente de la Comisión desapareció y lo propio hizo el secretario de la misma, con el resultado que por falta de trámite el proyecto se hundió en el Congreso, mientras que el 42.5% de los colombianos y las colombianas reciben ingresos monetarios por debajo de 330 mil pesos mensuales que es considerada como la línea de pobreza. Son 21 millones de colombianos en pobreza de los cuales 17 millones no logran tener ingresos para proveerse de alimentos en cantidad mínima adecuada. Están aguantando hambre. No tienen como garantizar tres comidas al día y más de 7 millones ni siquiera dos comidas al día. De forma indolente y siguiendo las instrucciones del gobierno de Duque-Uribe el proyecto naufragó y es otro motivo que alimenta el desencanto con un Congreso y un gobierno cada vez más repudiado por la ciudadanía.

Un segundo proyecto este sí discutido y votado, fue hundido por las mayorías de la coalición de Gobierno en el Congreso de la República, se trataba del proyecto de matrícula cero que buscaba aprobar como política de Estado la gratuidad de la educación superior en las 32 universidades públicas existentes en el país. Este proyecto tenía un costo de 0.7% del PIB anualmente. En la Comisión sexta del senado con cinco votos en contra y dos votos a favor, la coalición del gobierno de Duque le dio sepultura.

Un tercer proyecto que buscaba crear de forma permanente una jurisdicción agraria y que hace parte de los Acuerdos de Paz, para que esa jurisdicción se encargue de los procesos de restitución y de formalización de la propiedad rural, en un país en que se ha presentado un desalojo violento y la expropiación o abandono de más de 7 millones de hectáreas desde  el año de 1986 y hasta el año 2015 (datos de la Contraloría General de la República)  y en que, de acuerdo con el censo nacional agropecuario del año 2014,el 62% de la propiedad rural no esta formalizado se hundió de la manera más burda. De dientes para afuera el proyecto contaba con el aval del gobierno, pero fue hundido al no ser agendado en el orden del día por el presidente del Senado, Arturo Char. Todo indica que se debió a presiones del uribismo aceptadas por el gobierno. Y aún así Duque afirma en los foros internacionales que esta avanzando en la implementación de los acuerdos cuando como en este caso no hace nada por implementarlos mientras sigue la matazón de líderes sociales y de excombatientes de las FARC en medio de la más completa impunidad. Por supuesto, con estas acciones nadie le cree a Duque.  

Un cuarto proyecto hundido, que también decía tener el respaldo del gobierno, el que buscaba la ratificación del tratado de Escazú no fue votado en las sesiones del día 20 de junio último de la legislatura en las comisiones en las que hacía trámite. El tratado busca la protección del medio ambiente y de los líderes y lideresas ambientalistas. Colombia es el país en que más líderes ligados a la defensa del medio ambiente son asesinados cada año, allí radicaba la importancia del mismo. El proyecto enfrentó la férrea oposición de la bancada Uribista y no logró siquiera avanzar en las comisiones segundas de Cámara y Senado que no lo agendaron para su votación. Todo ello a pesar que el proyecto tenía mensaje de urgencia del presidente Duque. Nuevamente la demagogia y la falta de compromiso del gobierno con el tema de la protección del medio ambiente y de los líderes sociales.  

Un quinto proyecto, este si aprobado y que cuenta con un muy amplio respaldo de la sociedad civil que fue la que lo presentó, se refiere al etiquetado frontal obligatorio de los productos ultraprocesados. Este proyecto que tiene que ver con la salud pública busca identificar mediante sellos frontales con información clara y sencilla, aquellos productos que tengan exceso de azúcar, sodio o grasas y así proteger la salud de niños y niñas, jóvenes y en general de toda la población. Esta es una buena noticia en medio de la avalancha de hundimiento de los proyectos que hemos mencionado. El proyecto fue aprobado y pasa a sanción presidencial en contra del lobby intenso que en su contra hicieron los empresarios. La mala noticia es que hay serios indicios que Duque podría objetarlo si lo hace regresará al Congreso para ser debatido nuevamente.

Hay que revocar a las mayorías del régimen en el Congreso

La negativa de las aspiraciones populares que naufragaron en el Congreso de la República, así como la negativa de Duque de negociar con el Comité Nacional del Paro que se desarrollo por cerca de 50 días en el país y que aún persiste, aunque muy localizado en Bogotá, Bucaramanga y Cali, ponen sobre la mesa cuales son las apuestas del régimen y sus mayorías parlamentarias. Para enfrentar la crisis social agravada por la pandemia, pero no originada en la misma, el gobierno desarrolló una doble estrategia que aparentemente le ha dado resultado. Por una parte y mediante el uso de los recursos públicos negoció con los llamados partidos independientes a quienes entregó ministerios e institutos descentralizados para garantizar holgadas mayorías en el Congreso para mantener sin modificaciones sustanciales las políticas miserabilistas en materia social y beneficiarias del gran capital nacional e internacional. El resultado fue el hundimiento de los proyectos que buscaban hacer frente a la crisis con el cambio del libreto neoliberal que nos rige desde los años noventa del siglo XX.

La segunda estrategia consistió en enfrentar violentamente las masivas movilizaciones que se presentaron a raíz del proyecto de reforma tributaria que buscaba descargar el peso de la crisis en los sectores populares y las clases medias mediante el cobro de impuestos a los salarios, extender el Iva a la canasta básica de alimentos e incrementar las tarifas de los servicios públicos. No contaba el régimen con la extraordinaria movilización social que dio al traste con este nefasto proyecto, aún en medio de la pandemia que ha sido mal manejada y que nos tiene en el décimo lugar en el número de muertos que ya superó los 100 mil. El gobierno juega a que la ingobernabilidad y algunos brotes de violencia que se hicieron presentes en las protestas, generen un clima de ingobernabilidad que el régimen atribuye a la oposición sin fundamento ninguno cuando no es que culpa al castrochavismo o a Rusia de estar detrás de las movilizaciones en un negacionismo de la cruda realidad social que afecta a las mayorías nacionales y que es el motivo central de las protestas y de las movilizaciones, en contra de un modelo económico que tiene en la pobreza a la mitad de la población del país.

Esta segunda estrategia tiene enormes riegos para el régimen. La brutalidad con la que se enfrentó la protesta ha deslegitimado los organismos de la Fuerza Pública agravada por el hecho de la aparición de brotes de paramilitarismo que no han sido condenados y mucho menos investigados, hechos que se presentaron principalmente en Cali y en otros municipios del Valle del Cauca. Duque de manera desvergonzada guarda silencio frente al hecho documentado de civiles que dispararon contra pacíficos manifestantes en Cali al lado de cuerpos de la policía nacional y no hay ningún resultado de las investigaciones de la Fiscalía general de la Nación. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que será publicado en los próximos días no ignorará este grave hecho. Si lo que buscaba el régimen era un repudio generalizado de la población y de las clases medias afectadas por el Paro Nacional este objetivo no se ha logrado. Las encuestas muestran que tres de cada cuatro entrevistados apoyan la justeza del paro. Con el levantamiento del mismo la estrategia del uribismo pierde fuerza. Hoy lo que se percibe es un hartazgo con el gobierno reflejado en las más recientes encuestas en donde la desaprobación del gobierno de Duque llegó al 79% con apenas una aprobación del 16% (Pulso país, encuesta de la firma Datexco junio de 2021).  Uribe tiene en esa misma encuesta una imagen negativa del 73% de los encuestados.

Ahora bien, el problema central para el régimen es que el movimiento de las calles no ha sido derrotado pese a la represión violenta y a la negativa de Duque de negociar el Pliego Nacional de Emergencia. Por ello y sin que nos hagamos demasiadas ilusiones nos parece acertada la decisión del Comité Nacional del Paro de levantarlo y presentar en medio de una movilización nacional una serie de proyectos de Ley al Congreso de la República, el próximo 20 de julio que comienza la nueva legislatura. Será nuevamente un pulso, pero el saldo pedagógico y político será muy importante. Las mayorías nacionales irán entendiendo que se requiere renovar radicalmente el congreso, que los actuales congresistas deben ser revocados en las urnas y que los partidos del régimen deben ser castigados electoralmente.

Lo que prevemos es que la movilización se reactivará de forma masiva para finales del presente año y que trasladará a las elecciones de marzo para Congreso de la República y a las elecciones presidenciales de mayo y junio sus penurias y sus reivindicaciones. El régimen tuvo la oportunidad de cambiar el libreto neoliberal así fuera parcialmente, no lo hizo y nada indica que lo hará en el inmediato futuro. De manera altanera y desafiante niega la agenda social en el Congreso y en cambio aprueba reformas para aumentar la burocracia en la rama judicial y en la Procuraduría General de la Nación violando de paso las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se eliminen las facultades de que goza la Procuraduría que es un órgano administrativo para inhabilitar y destituir funcionarios públicos elegidos por voto popular. Ese es el talante del régimen que nos rige.

La pregunta es si el pueblo que ha sufrido y padecido este régimen se levantará también en las urnas para derrotarlo y con él las políticas públicas que lo han empobrecido y degradado. Esa es la pregunta que no solo ronda al régimen sino a los sectores democráticos que batallamos contra este régimen autoritario, fascistoide y neoliberal que nos rige. Por lo pronto hay que lanzar una gran campaña masiva de inscripción de cedulas para que puedan votar en marzo y en mayo. Hay que reducir la abstención electoral. Hay que transformar el movimiento social en movimiento político alrededor de un programa de transición democrática. Hay que insistir en la unidad del centro izquierda.

Bogotá junio 24 de 2021.  

- Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur