Continúan las acusaciones contra Nicaragua, previos a las elecciones en noviembre 7-2021. Pero, no se resaltan los logros económicos-sociales del país centroamericano. Y es que hay que repetir hasta el cansancio, el Sandinismo ha representado uno de los mayores logros económicos-sociales en Nicaragua, a pesar de todas las acciones desestabilizadoras lanzadas desde Estados Unidos.
 

El ultimo cerco inhumano y rapaz contra Nicaragua, fue en diciembre 2018, cuando Donald Trump firmo la Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act (la Nica Act), bloqueando los préstamos de instituciones financieras, imponiendo una serie de extorsiones económicas, como la imposibilidad de solicitar empréstitos para su desarrollo.
 

Por supuesto, inmediatamente el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), redujeron los desembolsos y préstamos al país, lo cual afectó los programas sociales financiados con la cooperación externa.
 

Recordemos que meses antes de aquel diciembre 2018, además, Estados Unidos implementó un intento de golpe de Estado, contra el presidente Daniel Ortega, con la ayuda de la derecha nicaragüense que provocó un enorme daño humano y económico al país.
 

Resultado de estos ataques a la economía del país, contra centros productivos y sociales, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), reveló que el Producto Interno Bruto de Nicaragua, previsto que creciera un 5% en ese año, bajó a 0,5%. Antes de esta crisis, había crecido en los últimos cinco años un 5,2%.
 

Aquel golpe de Estado, según el escritor estadounidense, Max Blumenthal, publicó un amplio reportaje donde destapó el plan de financiamiento de la agencia National Endowment for Democracy (NED), para ejecutar el golpe de Estado en Nicaragua, a través del Movimiento Estudiantil 19 de abril (M19), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y la llamada Alianza Cívica por la Democracia (ACD).
 

Afirma Blumenthal que un mes antes de las reuniones del M19, con legisladores ultraconservadores en Washington, la NED informó sin rodeos que las instituciones respaldadas por su organización han pasado años entregando millones de dólares para “sentar las bases para la insurrección” en Nicaragua.
 

Ahora, hagamos memoria histórica y veamos que el problema fundamental de Estados Unidos contra Nicaragua, es que el regreso de Daniel Ortega a la presidencia en 2007, representó un quiebre con los regímenes de derecha y el modelo económico liberal que había sido implantado en esa nación, durante 16 años de gobiernos neoliberales tras perder el sandinismo las elecciones de 1991.
 

En ese período, los regímenes pro estadounidenses (Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños), facilitaron el desmontaje del fisco, privatizaron empresas y servicios básicos, endeudaron al país, contribuyeron a la inestabilidad laboral y descapitalizaron a los productores.
 

Ahora, luego de 14 años, según el escritor Hedelberto López Blanch, de gestión sandinista, el pueblo de Nicaragua ha recibido grandes mejoras económicas y sociales que se habían perdido durante los gobiernos derechistas.
 

Desde el 2007, cuando el sandinismo retomó el poder, se impulsaron numerosos programas sociales para sacar a la mayoritaria población de la miseria y de las perentorias condiciones en que vivió en años neoliberales. Se estableció la educación y la atención médica gratuitas en las instituciones públicas. Se logró alfabetizar a toda la población con el programa cubano Yo Sí Puedo y Nicaragua fue declarada por la Unesco en 2009, como el tercer país del área libre de ese flagelo.
 

Con la ayuda económica entregada a las familias disminuyó la alta deserción escolar que se registraba en años anteriores al no tener los menores que buscar sustento por sus propios medios.
 

La salud pública llegó a todos los rincones del país y se han establecidos programas como la Operación Milagro (en colaboración con Cuba y Venezuela), que devolvió la visión a miles de ciudadanos.
 

La misión Todos con Voz, ha detectado a personas con discapacidad para que sean atendidos gratuitamente en sus hogares y en los hospitales de la nación centroamericana.
 

En 2017, antes del intento del golpe de Estado y de la aplicación de la Nica-Act, el Banco Central de Nicaragua informó, que la desocupación era del 7 %, uno de los índices más bajos en toda la historia del país.
 

En la actualidad, pese a los impactos de la pandemia, del paso de los huracanes Eta e Iota y de las extorsiones financiero-económicas estadounidenses, Nicaragua clasificó como el segundo con menor declive económico en Latinoamérica, (-2 % en 2020) mientras resultó el país que más creció en las exportaciones con respecto a la caída.
 

En la nación existe una estabilidad macroeconómica, y se prevén mayores gastos e inversiones públicas en la construcción de viviendas, carreteras, infraestructuras hospitalarias, agua potable y saneamiento, entre otras, para poder alcanzar un crecimiento económico del 5% en 2021.
 

La gran inversión pública permitió que hoy Nicaragua, tenga la red de infraestructura hospitalaria pública y de calidad más grande de Centroamérica, y un significativo acceso de la población al agua potable y el saneamiento, además de una amplia red de electrificación.
 

Todo esto pese a que Nicaragua, sigue siendo embestida por EEUU, porque se cree dueño de toda la región. No obstante, como todo gobierno democrático y nacionalista en América Latina, tiene que realizar grandes esfuerzos para levantar su economía y continuar con los programas sociales.
 

Por otro lado, se agrega además a lo anterior, que en días recientes la Unión Europea, sancionó a altos funcionarios del gobierno de Nicaragua, utilizando como justificación la violación de los Derechos Humanos de ciudadanos contrarios al gobierno.
 

Lo cierto es que el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua Gustavo Porras, en entrevista con Sputnik aclaró, que su gobierno investiga a varios individuos que estuvieron vinculados con el golpe de estado de 2018, y que buscaban repetir un escenario similar de cara a las elecciones que se efectuarán en noviembre.
 

Financiados a través de varias ONGs, ya tenían las plataformas listas y estaban divulgando una serie de informaciones falsas, para anunciar que iba a haber fraude electoral, que las elecciones no iban a ser legítimas y legales, y llegado el momento usar parte del financiamiento para generar un escenario de caos.
 

Pero eso no es todo, según la escritora Diana Valido Cernuda, mientras le llegaban estas sanciones a Nicaragua, desde la organización europea, por desmontar un complot en su propio país, Estados Unidos ya estaba haciendo sus gestiones de cara a los comicios con un programa llamado “Asistencia Responsable en Nicaragua” (RAIN).
 

Dicho programa contempla, desde el 11 de agosto de 2020 hasta el 10 de febrero de 2022, la asignación de dos millones de dólares, para llevar a cabo, una transición ordenada del gobierno de Ortega. Por tanto, no está en sus planos esperar los resultados de las elecciones en Nicaragua.
 

Ya conocemos que la USAID, tiene destinados fondos, que son de conocimiento público, para las acciones contra el gobierno de Nicaragua, las cuales van desde financiar un concierto con músicos reconocidos a nivel internacional, hasta crear miles de cuentas falsas en Twitter, para crear estados de opinión que desmoralicen la labor de este gobierno.
 

Por ejemplo, tan solo para Nicaragua, entre 2010 y 2020, la USAID tenía previsto transferir a la derecha, la suma de 68 millones de dólares, con el objetivo de desacreditar al gobierno, tanto en el interior como en el exterior. Cuando ocurrieron las protestas en Nicaragua en 2018, dos años antes, la USAID había añadido ocho millones de dólares, por lo que la contribución total de esa organización a la desestabilización de Nicaragua fue de 76 millones de dólares.
 

En síntesis, apretada, la agresión contra Nicaragua es: sanciones, planes de transición, ayuda humanitaria y demonización de sus mandatarios.
 

Recalcamos, todo lo anterior por que Nicaragua, al igual que Cuba y Venezuela, son partidarios de la integración, del intercambio y la solidaridad, como respuesta a los cercos. Los tres países son miembros del ALBA-TCP y de la CELAC. Los tres países también ven aliados en Irán y Rusia, donde Washington ve enemigos. De ahí que lo que hemos visto hasta el momento confirma, que las etiquetas para Cuba, Nicaragua y Venezuela, evidencian que son el epicentro de una guerra donde no pidieron estar, pero que continua.
 

En relación a Irán y Nicaragua, ambos países, saludaron su lucha común contra Estados Unidos, que ha impuesto sanciones a ambos países, y se han comprometido a ampliar su cooperación mutua.
 

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, destacó las experiencias idénticas, de ambas naciones, en la resistencia a las brutales presiones económicas impuestas por las políticas unilaterales de EE.UU. y saludó a sus pueblos en la superación de las mismas.
 

Estas declaraciones, se suceden mientras el Departamento de Estado de EE.UU., anunciaba el viernes nuevas restricciones a 50 familiares directos de funcionarios nicaragüenses, con estrechos vínculos con el presidente del país y máximo dirigente de su revolución de 1979, Daniel Ortega. Entre los funcionarios se encuentran legisladores, fiscales y jueces.
 

El anuncio del Departamento de Estado de sancionar con visados, sigue a medidas similares adoptadas contra otros 100 funcionarios el 12 de julio pasado. Estados Unidos alegó que “se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos los responsables o cómplices de la supresión de protestas pacíficas o del abuso de los Derechos Humanos, así como los familiares directos de dichas personas”.
 

A su vez, Nicaragua denuncia la cínica y continua injerencia e intervención en las decisiones nicaragüenses por parte de España. Les recordó que el gobierno español tiene la obligación de respetar “los justos reclamos de los habitantes de esa llamada Península Ibérica”.
 

Les refirió, además, la existencia de graves temas pendientes desde la década de 1980, cuando bajo la presidencia del socialista Felipe González, fueron creados “los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación” (GAL), que mancharon para siempre a España, con responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados”.
 

Casi 40 acciones terroristas fueron realizadas por los GAL, asesinando e hiriendo impunemente a más de 60 personas, sin que los sucesivos gobiernos de ese Reino, se ocuparan de responder a las víctimas, esclareciendo cada uno de esos crímenes de odio y lesa humanidad que, según Naciones Unidas, no prescriben, abundó el documento.
 

Finalmente, los desafiaron a permitir la libre participación en votaciones y elecciones, sin amenazas, intimidaciones o cárcel, para los líderes independentistas (catalanes), y sin persecución más allá de sus fronteras, a quienes sólo han exigido respeto a sus creencias, voluntades y derechos.