El proceso electoral en Honduras no se sabe todavía como concluirá. Al parecer, según los candidatos de oposición política y dirigentes empresariales, al presidente Juan Orlando Hernández (JOH) no lo queda más que respetar dicho proceso y resultados de las elecciones de noviembre próximo.

Un argumento de fondo es que el desgaste y nivel de aceptación del mandatario en el pueblo es tal que ya ni los bolsones de alimentos, campañas de vacunas donadas y los llamados a que los hondureños(as)  aboquen en forma masiva a conseguir empleo en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), como último vagón de cola del partido nacional y gobierno por revertir la altamente cifra de desempleados y subempleados, masificados por Covid-19, ETA e IOTA, tienen el impacto esperado; el pueblo ya decidió diría el Ingeniero Salvador Nasralla, candidato a la presidencia por el partido Salvador de Honduras, con 40% de intención de voto mayoritario según sus parciales.

El presidente Hernández ha dicho que no estará un día más en Casa de Gobierno, en respuesta a las voces de la reelección que provienen incluso de dirigentes de su mismo partido, muchos de los cuales siguieron a Ricardo Álvarez, quien acusó antes que JOH le robo el triunfo en las elecciones primarias del partido en 2013. Otros se han aglutinado en forma solapada con “Pepe” Lobo, y los menos denuncian el centralismo, narcotráfico y la corrupción como banderas de derrota “cantada”.

Los representantes del partido Libertad y Refundación (LIBRE) y del partido liberal en el Consejo Nacional de Elecciones (CNE) han denunciado que las autoridades de gobierno y diputados oficialistas en el Congreso Nacional han venido conspirando para que el proceso electoral se retrase, o por lo menos no se transparente y realice con las mismas mañas de pasado, como ejemplo  la falta de aprobación del presupuesto en tiempo requerido para implementar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREMP) y digitalizar en forma rápida los resultados por cada mesa electoral, pero también, centralidad y control del presupuesto en la Secretaría de Finanzas y Presidencia de la República, lo que resta autonomía al CNE, cuyos Consejeros exigen la eliminación de las disposiciones que hacen visible dicha violación.

El compromiso de los consejeros propietarios es que, si bien no se aprobó la segunda vuelta ni el voto en el exterior, el TREMP será una realidad, pero condicionado en tiempo para la divulgación de los resultados y centralidad en el concejal propietario, que a partir de 12 de septiembre asumirá la presidencia en nombre del partido de gobierno. Esa mezcla entre centralismo burocrático y político es muy dañina para la democracia, y la experiencia habida en las elecciones pasadas lo demuestran; prácticamente el presidente del CNE hacía lo que JOH mandaba en consulta con el gerente de la ENEE.

El proceso electoral se caracteriza por una creciente orfandad de propuestas de los candidatos de partidos de oposición para superar la crisis económica y social. Esta crisis, a la que suman la crisis ambiental y cultural, amerita medidas de política y estratégicas de desarrollo alternativas al modelo neoliberal profundizado después del golpe de Estado (junio de 2009), y no solo declaraciones de los candidatos para revertir parte de las medidas, leyes y decretos aprobadas y ejecutados por los gobiernos del partido nacional en alianza con grupos evangélicos, lado oscuro de la empresa privada, narcotraficantes, militares y dirigentes políticos de otros partidos.

Un tema que no ha merecido la importancia del caso es la profundización de acciones, intervenciones y proyectos por el Ejecutivo y Congreso de la República, que impactan negativamente en las endebles finanzas públicas y profundizan la crisis financiera masificada por la pandemia y los fenómenos naturales; más evidente en años electorales. La primera de ellas, es la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos de la República, en más de 5.800 millones de lempiras entre 2020 y 2021, pero que la realidad demuestra que este último año, al primer semestre de ejecución, la mayoría de las Secretarías y programas de Estado presentan ampliaciones, o sea que el presupuesto se modificó por decreto.

Se da el caso del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios en Honduras (SENPRENDE), creado por JOH, pero eliminando el Viceministerio de MiPymes en la Secretaría de Economía y Comercio (SEE), al que se aprobó 258,53 millones de lempiras para 2021, pero que se modificó y aumentó a 1.562,47 millones de lempiras, o sea 504% más (FOSEH, 2021).  Acaso este programa no tenía metas que cumplir, o simplemente la programación física y financiera, que debe ser supervisada por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) y Secretaría de Finanzas (SEFIN), es un simple requisito para cumplir con el Congreso de la República, o una simple “chabacaba” burocrática. Este Programa -en la actualidad- no ha cubierto ni el 1% de las MiPymes del sector informal, y tiene más de cuatro veces el monto del presupuesto asignado al Instituto Nacional Agrario (INA), reducido a bodega agraria pública.

El sobreendeudamiento externo condiciona también las perspectivas de desarrollo a futuro, sin que exista un mecanismo efectivo y transparente para garantizar el uso productivo y racional de los recursos. La deuda externa se estima en más de 15.470 millones de dólares, un 64% del PIB (FOSEDH, 2021), y el argumento del gobierno es que seguimos teniendo margen para mayor endeudamiento, sin valorar productividad e impacto, pero también menores montos de captación de ingresos fiscales en perspectiva, o sea para años venideros.

Se ha denunciado además que parte del exceso de gasto presupuestario servirá para financiar la contratación de personal que estará en las mesas escrutando, revisando y cuidando los votos de los partidos Liberal, Libre y Nacional, para lo cual se han erogado 210 millones de lempiras. Pareciera que en Honduras no hay crisis económica, social y financiera, más bien hay bonanza producto de un programa de estabilización y ajuste económico exitoso con el FMI.

Sumado a ello, los llamados proyectos de concesionamiento o entrega de recursos y servicios no paran, muchos de los cuales se aprueban sin conocer el contenido y las condicionalidades futuras, por un Congreso que se resiste volver a sesiones presenciales, aun cuando la mayoría de los diputados oficialistas han recibido las dos dosis de las vacunas. Ello ha llevado a una protesta y retiro de los diputados del Partido Liberal, PINU, y de LIBRE de las sesiones virtuales manejadas por la directiva que encabeza el partido nacional. El gobierno a través del Comité Permanente de Contingencias (COPECO), siguiendo la línea política y de coimas, ha dicho que todavía no hay que sesionar en forma presencial (¿será hasta que pasen las elecciones?), pero lo cierto es que todavía faltan más concesiones “oscuras” que otorgar.

Un ejemplo es la aprobación por el Congreso Nacional del contrato de concesionamiento para un muelle de cruceros en la Bahía de Omoa, atlántico hondureño, por un periodo de 25 años, y exoneración de impuestos, tasas, contribuciones, derechos de importación, e impuesto sobre la renta hasta 15 años. Se estima que la inversión extranjera será de 120 millones de lempiras, pero nadie cree, ya que en otras concesiones o entregas como el “Peaje” de carreteras y aeropuerto Palmerola, el gobierno ha tenido que aportar más. De acuerdo a Mauricio Villeda, diputado del partido liberal, este proyecto fue aprobado sin conocerlo los diputados y sin saber quiénes de ellos votaron, ya que la junta directiva oficialista controla las sesiones virtuales.

La piñata de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica parece que tendrá fin después de las elecciones, pero este año el Estado sigue endeudándose para pagar a empresas y cubrir perdidas técnicas y no técnicas. Hay otra piñata a la vista, ó sea la intervención de la Empresa Energía Honduras (EEH), que no cumplió con el acuerdo, pero también el gobierno incumplió compromisos. Es poco probable que se vaya a un arbitraje internacional entre la empresa y el gobierno, los costos son altos, pero cabria dar paso a nuevos interlocutores entre actores con grandes intereses económicos en año político donde todo el mundo quiere una tajada final.

A final, tal como sucedió antes, la quema de lo que queda no esperará al mes de enero de 2022, será antes de tiempo y se cree, incluso, que los empresarios motivados para construir ZEDES hagan lo propio y obtener “tajadas”, aunque son acciones ilegales y solo tienen el respaldo de funcionarios de gobierno y ciertos alcaldes, muchos de los cuales ya no estarán en el poder.

Esta mala práctica fiscal y política que ha sido permitida por el FMI y la cooperación internacional, orilla a un nuevo ajuste económico contractivo para 2022-2023, donde se afectará el gasto público social y el pago de sueldos y salarios de personal en salud y educación, sumado al gasto en inversión productiva. En el tema del presupuesto, hay que revalorizar la planificación institucional (física y financiera) como instrumento de gestión y desarrollo, pero también sacar a los políticos del manejo del Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI), que se ha vulgarizado al tener un control directo Casa de Gobierno, más allá de lo que diga la SEFIN.  

Ceiba, Atlántida, Honduras, 23 de agosto de 2021