El 28 de agosto de 2021 dará inicio en forma oficial la campaña política en Honduras, y los partidos y candidatos independientes preparan una guerra de ofensas y desvalorización de sus respectivas imagenes. Son en total quince aspirantes por partido o movimiento, ya que el PINU-SD decidió aliarse con el partido Salvador de Honduras -que lidera Salvador Nasralla- en lo que toca a la presidencia de la República.

Es una papeleta electoral larga, y deberá existir una campaña de educación masiva por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que el ciudadano no se confunda con el voto y evitar la aparición de muchos votos nulos. Pero también para que pueda razonar su voto, más allá de bolsas de comida, vacunas, empleos “espurios” en ZEDEs ilegitimas y ofrecimientos de pagos, tal como ha sido la tradición y costumbre.

En la escogencia de las posiciones de cada candidato en la papeleta electoral, se armó un “zafarrancho”, porque el CNE exigía que los candidatos de partidos que tienen mayor número de seguidores ocupen los mejores lugares: o sea al inicio, centro y final de la papeleta. Esto lo lograron parcialmente, ya que ninguno de ellos pudo quedar en la primera posición, pero si en el centro (Xiomara Castro y Salvador Nasralla) y final (Yanni Rosenthal y Tito Asfura).

Mientras esto sucede, ya iniciaron las discusiones de la nueva ley que agilizará el proceso de partición o división de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en una empresa matriz y tres subsidiarias: generación, distribución y transmisión de energía. Esta decisión ha venido siendo postergada desde 2014, ya que el gobierno central y empresarios de la industria -donde se involucran también políticos y diputados al Congreso de la República- consideran que debe primero “sanearse” (no se sabe el concepto que se usa, ya que saneo puede ser sinónimo de robo) la ENEE, sin importar los costos que implica cada año cubrir los déficits financieros y de operación con prestamos externos; es decir, una “cantaleta” de beneficio compartido.

En un primer intento, a través de fideicomisos, la banca privada manejaría el proceso. Pero resultó peor, ya que no se lograron las metas y tuvo que pagarse un alto costo financiero. Con el inicio de operaciones de la Empresa Energía Honduras (EEH) en 2016 -de capital colombiano y donde el Sindicato de la ENEE aportó recursos- y en donde su presidente paralelo Miguel Aguilar -reconocido por el Ministerio del Trabajo y no por las bases- se ha convertido en el vocero principal, se pensó en un proceso de mejora continua en la recuperación de las perdidas (técnicas y no técnicas), lo cual no se logró. Hoy se demanda intervenir la EEH, lo que cuenta con el apoyo de organismos internacionales, en tanto los costos fijos que paga la ENEE son muy altos sin contarse con un estudio serio de Valor Agregado de Distribución, recomendado por Banco Mundial.

La denuncia pública es que EEH tiene como meta en el contrato suscrito con el gobierno reducir las perdidas de la ENEE de 31.95% a 16.95% en 5 años, que vence en 2021; pero el porcentaje de perdidas actual es de 34.26% según la supervisora internacional Manitoba Hydro International. La EHH ha recibido 630 millones de dólares, unos 15.000 millones de lempiras en cinco años de contrato (La Prensa), y las perdidas no han bajado. Se estima que la baja en un punto equivale a 13 millones de dólares en ingresos no perdidos. La EEH se defiende y responsabiliza a la ENEE por no gestionar un convenio con la Secretaria de Finanzas (SEFIN) para la recuperación de la mora de usuarios que asciende a 3.750 millones de lempiras, igual por no ser más enérgica con los cortes de energía; pero la empresa debe pagar (multa) por incumplimiento de metas y justificar sus factores causales.

Para Leo Castellón, comisionado presidente de la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP) que, según Amílcar Burgos, dirigente empresarial, es experto en barcos, buques, APP, aeropuertos y energía, el gobierno tiene facultades para intervenir la EEH, ya que en el contrato no aparece que se necesita un arbitraje internacional para ello. La empresa debe responder por lo incumplido, incluyendo la recuperación de la mora y la baja inversión realizada, unos 140 millones de dólares, que representan 39.1% de la inversión propuesta realizar en 7 años (2016-2023).

Una de las preguntas que surgen en este conflicto, además del creciente endeudamiento de la ENEE cada año para cubrir su insolvencia técnica y operativa, y el pago a generadores de energía térmica, es por qué organismos financieros como el FMI han permitido que esto suceda, cuando existe un programa de ajuste económico aceptado por el gobierno y catalogado de exitoso por dicha institución; es decir, se avanzó en reducir el déficit fiscal, la inflación y en la estabilización cambiaria, pero el ajuste no incluyó la ENEE, lo que implica que su estado de calamidad financiera no es impedimento para despedir empleados públicos (incluyendo personal médico y maestros), congelar sueldos y salarios, reducir el presupuesto de salud y educación y la inversión pública, sobre todo la inversión productiva.

EL FMI avaló la aprobación de la ley de la industria eléctrica, una nueva propuesta de organización institucional que crea la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y la eventual partición, pero no dijo nada acerca de la crisis financiera y operativa y la piñata de los contratos de energía con generadores térmicos y no térmicos, a la espera de la operación de nuevas empresas subsidiarias. No es suficiente que los técnicos que acompañan las misiones del FMI se reúnan con el gobierno, centrales obreras, sindicato de la ENEE y empresarios, e incluso conozcan de las cifras en rojo con que viene operando sino actúa o se establece un principio de condicionalidad que exija al gobierno mayor diligencia y transparencia en la gestión administrativa, técnica y financiera de la empresa.

En los años ochenta este principio era: si no cumples no te avalo ni sigo prestándote, ni te prestan mis colegas y amigos; hoy, si no cumples te presto y te prestan los demás. Pareciera que, para el FMI, la crisis de la ENEE es lo que justifica el ajuste económico permanente, el sobrendeudamiento externo y lo que podría avalar una privatización futura.

Se esperaba que con el Covid-19 y los fenómenos naturales de ETA e IOTA este enfoque cambiara, pero más bien lo que se ha hecho es facilitar el acceso del país a más recursos para proteger las reservas externas con la liberalización de Derechos Especiales de Giro (DEG) y enfrentar obligaciones financieras, incluyendo el arrastre de la crisis de la ENEE y el pago de operadores térmicos e hídricos con contratos sobrevalorados. El FMI ha dado a entender que lo de la ENEE debe esperar hasta el nuevo año, pero entre bastidores se muestra a favor de la aprobación de la nueva ley que agiliza la partición (unos le llaman privatización de proceso) de la empresa por este gobierno. Debería pronunciarse en contra de ello, y esperar que las nuevas autoridades definan la estrategia a seguirse con la empresa, cuando se ha denunciado que en las nuevas empresas puede ir capital sucio, o sea de la corrupción y el narcotráfico.

Se ha dicho que la nueva estructura que crea la ENEE matriz y subsidiarias, no implica una privatización de los activos de la empresa, pero diputados del partido liberal como Mauricio Villeda y de LIBRE, caso de Jari Dixon, manifiestan que estas empresas podrían echar mano de los activos existentes (ejemplo las represas de generación de energía del Estado), para apoyar las inversiones o enfrentar eventuales problemas financieros. Se recomienda leer la letra menuda del anteproyecto de Ley, que se piensa aprobar en reuniones virtuales del Congreso Nacional dónde solo voten diputados del partido nacional y aquellos de otros partidos que reciben “coimas”.

En la coyuntura política y financiera actual, parece recomendable que esta Ley de Partición de la ENEE (unos le llaman escisión), sea analizada y discutida por las nuevas autoridades del país y diputados al Congreso de la República a instalarse en enero de 2022, no antes de las elecciones. Hay muchas preguntas sin contestar también, como por ejemplo: ¿por qué se llegó a la crisis actual? ¿Quiénes son los más beneficiados con la crisis de la ENEE? ¿Por qué no pueden bajarse las perdidas técnicas y no técnicas, si Ricci Moncada lo hizo en el gobierno de Mel Zelaya? ¿Por qué los OFIs ha avalado este proceso ascendente de deterioro de la ENEE, con mayor corrupción y sobreendeudamiento?

Urge, en tal sentido, una posición firme de los líderes de oposición política, y del mismo FMI, ya que los costos para el país pueden ser muy altos de aprobarse en forma rápida, pero también introducir un elemento mayor de inestabilidad financiera y política que impacte negativamente en la economía y el proceso electoral.