La candidata por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), Xiomara Castro, presentó su plan de gobierno (2022-2026) a la colectividad nacional. El documento es contentivo de una propuesta de medidas de política y acciones que se tomarán cuando alcance el poder de la nación en noviembre próximo, hilvanado con el presupuesto una vez que se conozcan las cifras de la situación económica, social, cultural y ambiental de Honduras, que para muchos han sido escondidas o maquilladas por el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), utilizando recursos públicos para comprar a la prensa mediática, decretando leyes que prohíben la divulgación de cierta información que da cuenta del monto de recursos asignados y gastados por las Secretarias e Instituciones del Estado, diputados y contratistas privados.  
 

Un tema que merece especial atención, es lo referido al agro nacional. En las elecciones de finales de 2013, donde Xiomara Castro denunció el robo de su triunfo a la presidencia de la República por el Partido Nacional y JOH, el marco de referencia para las intervenciones en el agro era el modelo socialismo democrático; o sea, facilitar el acceso a medios y recursos productivos para población campesina organizada en grupos y cooperativas de la reforma agraria, redes de pequeños productores de granos básicos, frutales y hortalizas, unidades agrícolas familiares y grupos y pueblos autóctonos. El Estado debía garantizar este acceso como política pública sustentada en la Constitución de la República, pero también el respeto a las formas de organización social y política de base comunitaria. 

 
La propuesta era una manera de democratizar el acceso a tierra, bosques, agua, crédito y demás servicios de apoyo a la producción, especialmente alimentaria, sobre la base de nuevas formas de organización social y productiva sustentadas en el trabajo conjunto, solidaridad, cooperación y participación social activa. 

 
Un instrumento tradicional utilizado ha sido la reforma agraria. Los programas de estabilización y ajuste estructural de inicios de los 90s la debilitaron, pero lo preocupante fue que muchos de los actores se acomodaron y plegaron a dádivas (programas, proyectos, bonos, etc.) ofrecidas por los gobiernos y organismos de cooperación externa (no todos). La vigencia de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), cumplió el propósito de eliminar las causales de afectación de tierras para fines de reforma agraria, pero también autorizó la privatización de servicios de apoyo a la producción como el crédito, tecnología, insumos y sistemas de almacenamiento y comercialización de granos básicos. 

 
Esta LMDSA, sustituta de la Ley de Reforma Agraria (LRA) y que Mel Zelaya (2006-junio de 2009) no pudo reformar por la desfavorable correlación de fuerzas en el Congreso de la República con Roberto Micheletti a la cabeza, cumplirá 30 años de vigencia en 2022, sin que haya existido intentos serios de derogación demandado-como derecho a la tierra y alimentos-por organizaciones campesinas en protestas públicas masivas. Es un cuerpo de políticas agrícolas que, en su mayor parte, perjudican a las economías campesinas y grupos de la reforma agraria, en tanto conspiran contra el modelo de organización colectiva y colaboración familiar promovido por la LRA, a fin que los campesinos vendan sus tierras y abandonen el agro.  

 
La LMDSA, tal como hemos denunciado en otras ocasiones, se ha fortalecido con la ley de inversiones agrícolas o ley de sobretecho, ley de minería, proyectos hidroeléctricos y agronegocios, ley de venta de tierras a precios simbólicos aprobada para generar empleos perdidos por el Covid-19, y las ZEDES. 

 
La candidata Xiomara Castro resume su propuesta en las siguientes medidas y acciones de política: 

• Asegurar la legalización de las tierras agrícolas bajo el control de las agrupaciones de campesinos beneficiarias de la reforma agraria (retomando el propósito del Decreto 18-2008 del gobierno del Poder Ciudadano, después vaciado). Garantizando el acceso a esas tierras por igual de hombres y mujeres, tal como lo establece la ley. 

• Sanear y legalizar las tierras de los pueblos indígenas y afrodescendientes empezando con las que actualmente están en conflicto. Ateniéndonos a los compromisos legales vigentes, incluido el Tratado 169 de la OIT. 

• Fortalecer al Instituto Nacional Agrario (INA) como el ente rector del Estado en la legalización y redistribución de las tierras nacionales,  ejidales y fiscales que queden vacías. 

• Impulsar la Reforma Agraria Integral, es decir con crédito y asistencia, para que las familias campesinas puedan adquirir tierras y cultivarlas. 

• Resolver, según ley, los conflictos agrarios y responder a compromisos  contraídos y a la demanda de tierra de los diferentes sectores: la mujer campesina, los campesinos organizados y la de los pueblos  indígenas. Se debe sembrar solamente la tierra con vocación de  cultivo. 

• Rescatar y fortalecer BANADESA como banco de desarrollo que asegure a la pequeña y mediana producción agrícola, el otorgamiento de créditos a plazos prologados, bajas tasas de interés y/o con garantías solidarias. 

 
La mayoría de estas acciones pasan -necesariamente-por una reforma o derogación de la LMDSA, por lo que urge alimentar el discurso político con una propuesta de reforma de dicha LEY, donde se involucren los actores del agro nacional, especialmente los campesinos (as), mujeres jefas de hogar sin tierra, grupos y pueblos étnicos que han sido los más afectados.  
 

Existen cuatro áreas de interés que deben analizarse en el futuro inmediato: a) evaluación del impacto de la LMDSA y política agrícola en el agro nacional, donde participen los principales actores involucrados, incluyendo organismos de la cooperación internacional como FAO y la Vía Campesina; b) la derogación de las leyes de inversiones agrícolas y venta de tierras Covid-19, que permita un mayor acceso de población campesina al recurso tierra ocioso y no utilizado, integrando un programa de desarrollo rural con recursos de remesas familiares; c) puesta en funcionamiento del fondo de tierras por el Estado con un capital inicial de 200 millones de lempiras; d) una nueva legislación de organización social y productiva en el agro, que de cuenta de la nueva dinámica donde participan grupos ambientalistas, mujeres, organizaciones étnicas y grupos de jóvenes con proyectos de innovación y desarrollo socio-productivo. 

 
En el caso particular del Banadesa, considerado el Banco Campesino y de la reforma agraria, amerita la derogación de la legislación ilegal que se contrapuso a su funcionamiento, igual un saneamiento inmediato de la cartera de préstamos. No puede existir una política crediticia donde lo principal para el otorgamiento de créditos a pequeños productores sea las garantías reales, o sea los títulos de propiedad de la tierra “saneada”, sumado a que el usuario pertenezca al partido de gobierno y grupos de apoyo político.  

 
Finalmente, el Estado tiene que intervenir para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, activándose las cláusulas de “salvaguarda” o protección para los bienes salarios del RD-CAFTA. La apuesta a la importación masiva de alimentos, sobre todo de granos básicos tranjenicos, es una política que está afectando el agro nacional y ha convertido en un aliciente para la migración masiva y destrucción ambiental.