¿Cómo está Honduras?

El país centroamericano llega a estas elecciones en condiciones difíciles, para usar un eufemismo.

Actualmente Honduras se ubica entre los países más desiguales de América Latina, con un 62 por ciento de la población hundida en la pobreza y casi el 40 por ciento en la pobreza extrema (EPHPM 2020). Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE 2021), retirado de la página web de la institución doce horas después de su publicación, en julio de 2021 la pobreza había alcanzado el 73.6% de la población.

Un aumento que también es el resultado de la decepcionante gestión gubernamental ante los impactos de la pandemia de Covid-19 y los dos huracanes que embistieron al país el año pasado.

Según cifras de la Unidad técnica de seguridad alimentaria y nutricional (Utsan), son 1.3 millones las y los hondureños que enfrentan inseguridad alimentaria y casi 350 mil las personas en “situación crítica”. Mientras tanto, la tasa de desempleo ha alcanzado el 10% de la población económicamente activa (PEA), quizás la más alta de la región latinoamericana. Son al menos 4 millones los hondureños con problemas de empleo y más de 700 mil los trabajadores desahuciados.

Ante este escenario, hay miles de familias que han encontrado como única opción la migración irregular, la inmensa mayoría de las cuales están siendo retenidas en las fronteras. Es el retrato de una de las tragedias más profundas de los últimos 40 años.

“En los últimos diez años Honduras ha tenido un franco deterioro, no sólo en el estado de derecho en general, en la institucionalidad democrática, en el acceso de la población a los servicios básicos y en la lucha contra la pobreza, sino también en lo socio-económico. Cuando uno mira todos estos indicadores, se da cuenta que más que de Estado fallido debemos hablar de Estado fallecido”, dijo Ismael Zepeda, economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).

Actualmente la deuda pública de Honduras ha superado el 70% del PIB: El crecimiento económico del país se concentra fundamentalmente en tres sectores: financiero, energía y telecomunicaciones.

“Son sectores que no producen desarrollo, ni generan redistribución, más bien producen más acaparamiento. Además, tenemos a un ejército de más de 250 mil empleados públicos que absorben casi el 50% del presupuesto, mientras hay una preocupante caída de las recaudaciones. La situación es insostenible y va a representar una carga muy pesada para quien gane las elecciones”, explicó Zepeda.

Durante años, el Partido Nacional ha mantenido a un personal supernumerario, integrado principalmente por activistas partidarios. Prácticamente se ha utilizado al Estado como un gran botín para emplear a sus dirigentes políticos y crear sus redes clientelares para mantenerse en el poder.

Reingeniería estatal

Para el economista del Fosdeh es necesaria una reingeniería inmediata del gobierno, una reconversión del sistema productivo, un pacto fiscal para dinamizar la economía y la búsqueda de una progresividad en los impuestos. Asimismo, es imperioso garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, impulsando a la par una estrategia de desendeudamiento interno y externo.

Finalmente, la generación de empleos dignos, la creación de programas que eviten la profundización de la pobreza, una gestión más equitativa y políticas redistributivas para reducir la desigualdad social, son otros de los elementos torales que el nuevo gobierno deberá implementar.

“Cuando un país está sumido en una multicrisis y está fuertemente deteriorado es fácil, por así decirlo, para un candidato hacer promesas. Lo más importante, entonces, no es tanto lo que se ofrece, sino el modo en que se van haciendo las cosas”, concluyó Zepeda.

Precarización laboral

El golpe de estado de 2009 en Honduras no sólo quebrantó la institucionalidad y afianzó la oligarquía y los grupos de poder, sino que permitió a los gobiernos continuadores del golpe profundizar el modelo neoliberal extractivista, incentivando el saqueo de territorios y bienes comunes y desregularizando, cada vez más, el mercado laboral.

Para Joel Almendares, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), los impactos de estas políticas sobre los derechos laborales y sindicales han sido devastadores para la inmensa mayoría de la población.

“Ha habido una creciente desregularización del trabajo, unido a la profundización de la flexibilización y precarización laboral. Una de las leyes más nefastas ha sido sin duda la Ley de Empleo por Hora: se han perdido derechos y se han precarizado empleos permanentes”, dijo Almendares.

“También hubo empresas o instituciones que simplemente cambiaron de denominación o razón social y acabaron con los sindicatos. Otras crearon sindicatos paralelos para contrarrestar un verdadero proceso de organización”, añadió.

Retrocesos

Todas estas medidas anti obreras han impactado negativamente en la salvaguarda de derechos.

“Hay claros retrocesos en el derecho a la libre sindicalización y la negociación colectiva. Los programas para generar empleo han sido una burla y se hicieron a la medida de los intereses de las grandes transnacionales. Definitivamente Juan Orlando Hernández ha sido un verdadero caos para el sector laboral y sindical”, sentenció el secretario general de la CUTH.

Otro factor que contribuyó a profundizar la crisis ha sido el comportamiento de las autoridades del trabajo.

“Escudándose en la necesidad de generar empleo y un supuesto desarrollo, se han parcializado y han venido protegiendo de manera sistemática los intereses del gran capital nacional y transnacional. Lo han hecho a costa de los derechos de trabajadores y trabajadoras, abandonándolos y permitiendo la violación de sus derechos. No los han tutelado, más bien han sido sus verdugos”, lamentó.

Ante esta situación, la CUTH hizo entrega a la candidata de Libre de la propuesta política del sector sindical donde, entre otros puntos, se pide la derogación inmediata de las leyes ya mencionadas más arriba, poner un alto a la tercerización y precarización laboral, garantizar el respeto del Estatuto del Docente y de los convenios de la OIT.

El cáncer de la corrupción

El pasado 17 de noviembre, se estrenó en una sala de cine en Tegucigalpa el largometraje “Al borde de las sombras” (pueden verlo aquí), un documental que refleja entramados de corrupción, impunidad, despojo territorial y violencia que vive el pueblo hondureño, obligado a enfrentarse a planes perversos que operan desde las sombras.

Luís Méndez, miembro del colectivo ‘La Cofradía’ que realizó el documental, explicó que el objetivo de la obra es justamente mostrar a la ciudadanía como están conformadas y como se articulan las redes de corrupción, que involucran de manera transversal políticos, funcionarios públicos, grupos económicos nacionales y transnacionales.

El documental aborda cuatro ámbitos que son cruciales: el saqueo al Seguro Social y la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, el despojo de territorios y bienes comunes, la cooptación del sistema de justicia y su colusión con la corrupción, el crimen organizado y la criminalización de la protesta. El cuarto ámbito tiene que ver con el concepto de democracia en un contexto colapsado como es el hondureño.

A través de personajes claves y expertos, y con la participación del actual titular de la Unidad fiscal especializada contra redes de corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, para atar cabos, la obra le mueve el piso y sacude la conciencia de la gente, evidenciando como Honduras está controlada por una red criminal que ha gobernado desde el golpe de 2009, y se ha enquistado en el aparato estatal.

“El documental provoca decepción, enojo y rabia, pero también deja la sensación de que no estamos vencidos, de que es posible luchar, como lo hacen muchas organizaciones y personas desde los territorios y las ciudades.

En medio de tanta violencia de Estado, en medio de un Estado capturado – continuó Méndez – hay resistencia y lucha. Como decía Berta, los pueblos saben hacer justicia y lo hacen a partir de su trayectoria, de su resistencia, de su lucha para emanciparse”.

¡Basta ya!

Faltando pocos días a la cita electoral, la Convergencia contra el Continuismo, espacio que integran varias organizaciones y personalidades, se pronunció públicamente y recordó que estas elecciones “se realizan en un contexto de narco-dictadura, cuyos constructores llegaron al control del Estado por la vía violenta e inconstitucional y no están en la disposición de entregar el poder por la vía política democrática”.

En tal sentido, la Convergencia ratificó su repudio “a la mafia que lidera Juan Orlando Hernández” y alertó ante la posibilidad que, ante una inminente derrota, “orqueste un nuevo y violento fraude electoral a partir de la manipulación del proceso de votaciones y conteo de los votos”.

Finalmente, hizo un vehemente llamado al pueblo hondureño para que “se movilice masivamente a las urnas” y defienda su voto “de esas maquinaciones antidemocráticas”.

Asimismo, lo instó a castigar con el voto “al grupo delincuencial que ha secuestrado al Estado” y a votar por aquellas candidaturas “que han dado firmes muestras de estar en contra de la narco-dictadura, de luchar contra la corrupción y por la defensa de la soberanía nacional”.