Toda la agenda del tema de las políticas contra la discriminación en nuestro país fue propuesta por el movimiento social afrodescendiente. Mucho antes que se le intentara castrar y se entregaran unos pocos a una actitud sumisa y gobiernera, me refiero aquellos que olvidan su compromiso con quienes lo postularon y su distancia con las comunidades. Hay quienes no recuerdan que desde nuestra brillante participación en la Conferencia de Durban en el 2011 comenzó a empujarse el tema en el seno del gobierno revolucionario. La comisión Presidencial contra el racismo en el Ministerio de Educación, el Viceministerio para las mujeres afrodescendientes y la ley contra la discriminación en Venezuela su fuente principal fue los debates en el movimientos social interno y afinados por las experiencias internacionales. Debemos recordarle esto a quienes coronados en cargos burocráticos pasean por los pasillos de los ministerios con sus agendas personales o se toman fotos con los candidatos de turno para aparecer en pantalla. El papel de los movimientos sociales es contribuir manteniendo su autonomía a la construcción de políticas públicas afirmativas, no son agencias de empleos.

 

Por ese argumento tan sólido, asistimos a Ginebra a la defensa del Informe Consolidado de la República Bolivariana de Venezuela ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación racial, invitados por nuestra Cancillería se hicieron las observaciones pertinentes previamente a este informe. Los cimarrones Luis Perdomo, Johnny Gutiérrez, Sixto Hernández y Manuel Salcedo de la Red afrodescendientes de Venezuela, organización perteneciente al Movimiento Social Afrodescendiente de Venezuela, elaboraron un Informe Complementario con el derecho que le asiste a cualquiera de las organizaciones invitadas a esa consulta. Quien le escribe tuvo el privilegio pese a los obstáculos burocráticos a cumplir la vocería del movimiento social afro, aunque fue una limitante, no permitieron en quince minutos el comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, plantear lo esencial de este informe; en primer lugar, el tema de incluir a los afrodescendientes en el currículo a todos los niveles de educación, reconociendo los intentos frustrados del caso, la urgencia de una política de comunicación que reitere los componentes reales de nuestra sociedad , diversidad cultura y en especial la afrodescendiente, por ultimo por el tiempo cedido, exigimos la creación definitiva del Instituto Contra la Discriminación racial en Venezuela.

 

Debemos detenernos en este último punto para aclararle al lector distraído sobre el tema, la Ley contra la discriminación fue aprobada en agosto del 2011 y firmado por nuestro Comandante eterno en Diciembre de ese mismo año, propuesta surgida de los movimientos sociales, no solo los afrodescendientes, sacada de las gavetas de las oficinas de las comisiones y asumida públicamente dentro de la asamblea nacional por el diputado Modesto Ruiz. En el artículo 25 de la mencionada Ley se expresa claramente la creación de este instituto contra la discriminación (INCODIR) y en la disposición transitoria única reza textualmente Hasta tanto entre en funcionamiento el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia, establecerá las políticas necesarias para dar cumplimiento a los mecanismos adecuados para prevenir, atender, erradicar y sancionar la discriminación racial en cualquiera de sus manifestaciones. En la realidad no se empujó lo que establece en la ley y con cierta timidez algunas medidas, por cierto el nivel de complicidad de los movimientos sociales no se puede ocultar.

 

Dos años y seis meses sin respuestas, solicitudes por escritos, hay una propuesta de reglamento presentado en el mismo diciembre del 2011 por un equipo de los afrodescendientes encabezada por Jesús Chucho García y perfeccionada por el fallecido procurador Carlos Escarra. Siempre hemos hablado de un racismo institucional que frena cualquier política que contenga reconocimiento étnico, diversidad cultural, derechos de minorías. Ojala sea en este caso negligencia y no una visión estructural que detiene los avances que ha permitido el proceso Bolivariano en nuestra sociedad. Aunque en razón a la justicia debemos señalar el éxito de la obligación de publica visible en los comercios y negocios el artículo 8 de la mencionada que claramente prohíbe la práctica del racismo, distinto aquel repugnante cartel que decía Se reserva el derecho de admisión. Fuimos a Ginebra y frente al comité y la delegación venezolana planteamos abiertamente nuestra recomendación y exigimos la creación de esta instancia contra el racismo, solicitamos que su nombramiento del consejo directivo sea producto de la consulta necesaria con los movimientos sociales.

 

Diógenes Díaz