En efecto, en un mundo de diseño multipolar, los países de nuestra región despliegan un abanico de acuerdos bilaterales y “multipartes”^[1] con diversos países y esquemas integracionistas, en una dinámica centrífuga o expansiva que se sobrepone a los enlaces integracionistas intra-regionales^[2].

 

Estas relaciones se ven facilitadas porque los Estados de la región asumen -como la fórmula para enfrentar la crisis internacional y las vulnerabilidades que ésta provoca- un ensimismamiento en políticas nacionales propias y soberanas, cada una válida en su propio contexto, y que se jerarquizan sobre los pactos de integración, funcionalizándolos a su desarrollo interno con el intergubernamentalismo como mecanismo para las relaciones internacionales^[3].

 

Otro factor del orden mundial que incide en la caracterización de los procesos de integración de nuestra región, es la fragmentación geográfica en cadenas de valor, que está llevando a unasuper-especialización y tecnologización en los países más desarrollados, junto al establecimiento de mega-acuerdos preferenciales en torno a mega-mercados con un alcance discriminatorio para los países que no son miembros^[4].

 

Esta forma de organización, que supone un alto grado tecnológico en los denominados países desarrollados, se enlaza con las economías de los nuestros empujándolos a una re-primarización de su tradición productiva, concediendo niveles básicos de tecnologización para la industrialización^[5]. Este fenómeno incide a su vez en una marcada vulnerabilidad de nuestras economías ante las caídas de los precios de los commodities, o frente a las desaceleraciones en los niveles de consumo en los países del centro.

 

 

En el continente se está alentando inversión endógena en infraestructura, tecnología, diversificación productiva y energía, que en la medida que logren consolidarse y hacerse sostenibles, podrían constituirse en parte fundamental del ansiado cambio de la matriz productiva. Entre tanto, el escenario regional está regado de paradojas tales como que a pesar que los índices de pobreza se redujeron al 28.8% desde un 48.4% en 1990^[6], la brecha de desigualdad sigue siendo amplia y cuesta dejar de ser una de las regiones más desiguales^[7].

 

 

 

 

 

Es que en realidad, “todos los países de la región, cualquiera que sea su dimensión económica, grado de desarrollo o poder relativo, tienen en el mundo actual múltiples opciones en cuanto a su inserción económica –e incluso política- en el sistema internacional, que favorece estrategias de múltiples alianzas con membresías y compromisos incluso superpuestos”^[8]. Como producto, estas múltiples relaciones derivan en la existencia de modelos heterodoxos de integración y cooperación, “a la latinoamericana”, que no se sujetan a los parámetros clásicos de la integración como Unión Aduanera.

 

 

 

 

 

Para algunas concepciones, la existencia de múltiples relaciones y la presencia de diversos esquemas de integración y cooperación, estaría fraccionando el continente. Sin embargo, como afirma Manuel Rodríguez Cuadros^[11], la epistemología de la integración en nuestra realidad es al revés, puesto que América Latina y el Caribe nace a la vida política independiente fraccionada, siendo ésta la marca distintiva de su inserción internacional desde hace doscientos años. Y, a contracorriente, como nunca antes, en la actual fase de su desarrollo, está construyendo espacios y tejiendo acuerdos continentales, cuya expresión más osada y representativa es, sin duda, la histórica conformación de los estadios superiores de integración regional: la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) oficializada el 2008 y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) en 2011.

 

 

 

Pero así como tiene logros trascendentes, UNASUR debe profundizar su institucionalidad. Sus estatutos son producto de un particular momento de la historia regional fuertemente centrada en las soberanías nacionales y su Secretaría General está compresa en una jerarquía de mandos intergubernamentales. Es por ello que la Declaración de Paramaribo, emitida en la VII Reunión Ordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR^[13] sugiere tomar medidas para el fortalecimiento institucional de la Secretaría General y para reforzar los mecanismos de gestión del Fondo de Iniciativas Comunes. También aprueba las directrices para el establecimiento del Foro de Participación Ciudadana, con lo que consolidan su decisión de construir ciudadanía suramericana.

 

 

No cabe duda que con CELAC la región se dota de interacciones y espacios y modalidades de complementación en un nivel continental para la “integración política, económica, social y cultural haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad de nuestros pueblos (…) para reafirmar la identidad de América Latina y El Caribe, su historia común y sus continuas luchas por la justicia y la libertad”^[15].

 

Oswaldo Salgado recoge bien el sentimiento de un continente que cada vez de respeta más: “la creación de una organización regional que integre exclusivamente a los países latinoamericanos y caribeños, sin presiones hegemónicas de las tradicionales potencias hemisféricas (EEUU y Canadá), y responda a la idiosincrasia y necesidades de los pueblos que la conformarán, constituye un paso histórico importante para consolidar su soberanía con proyección al futuro de dignidad, libertad, autonomía y bienestar genuinos”^[16].

 

 

 

Las acciones que están encarando tienen en común un rasgo de realización obligatoria: la recuperación de sus acervos normativos y logros en diversos ámbitos, lo que les convierte en “eslabones de la unidad continental”, puesto que sus prácticas son factibles de capitalizarse en objetivos nuevos y de proyección continental^[17].

 

MERCOSUR está viviendo un proceso combinado de fortalecimiento, ampliación y consolidación. El fortalecimiento se evidencia en el funcionamiento de sus Fondos para la Convergencia Estructural (FOCEM); de Garantías para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; de Agricultura Familiar (FAF) y de Financiamiento del Sector Educacional (FEM). La ampliación se expresa tanto en la incorporación de nuevos asociados^[18], así como en su proyección continental con su propuesta de “suramericanización”. Y la consolidación se consagra cuando en su XLV Cumbre^[19], se adopta una concepción integral de la integración, superando su tradicional constitución comercial, desarrollando una política exigente de relacionamiento con terceros^[20] e impulsando la participación social.

 

Entre los temas pendientes que emergen de su proceso de ampliación, están la definición de la doble o multipertenencia^[21] y el rol que MERCOSUR le asigna a UNASUR desde su perspectiva de “suramericanización”^[22].

 

En el territorio aledaño, la Comunidad Andina (CAN), está viviendo un proceso de reingeniería institucional para una mejor funcionalidad de los órganos e instituciones que componen el Sistema Andino de Integración (SAI)^[23]. Por encargo de los Presidentes, este proceso debe permitir potenciarla preservando su patrimonio coordinando con MERCOSUR y UNASUR^[24].

 

Para ello, la CAN cuenta con un importante acervo comunitario en diversos campos, y que se puede resumir en que se ha constituido en el mercado ampliado más perfeccionado de los países en desarrollo^[25]; en la validez de su paradigma de integración integral^[26]; y en su constitución pluralista^[27].

 

 

 

 

En el regionalismo de nueva generación en nuestro continente han hecho presencia acuerdos de cooperación, que son mecanismos de coordinación para complementar y profundizar elementos comunes de las políticas nacionales^[28].

 

 

 

Este acuerdo avanza raudamente en su constitución^[29]. Ha conformado Grupos Técnicos que están negociando temas para ser incluidos en el “Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, y que se refieren a desgravación arancelaria; reglas de origen; medidas sanitarias y fitosanitarias; obstáculos técnicos al comercio; facilitación del comercio y cooperación aduanera; servicios y capitales, incluyendo la posibilidad de integrar las bolsas de valores; movimiento de personas de negocios; comunicaciones; compras públicas; y agencias de promoción. Así mismo, ha incorporado la participación empresarial.

 

Con una visión opuesta, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)^[30] es un acuerdo político y social que sustenta su organización en los principios de solidaridad, cooperación y complementariedad, y se asume “contra-hegemónica, incluyente y participativa, centrada en la justicia social, el desarrollo económico, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la defensa de las soberanías”^[31].

 

En la perspectiva de contribuir al desarrollo sostenible atendiendo las necesidades sociales de mayor urgencia en sus países miembros, organiza sus acciones en dos grandes ejes: los Tratados de Comercio de los Pueblos (TCPs)^[32] y los Proyectos y Empresas Grannacionales^[33] que abarcan el campo social^[34], participación popular^[35], complementariedad económica^[36], político-institucional^[37], y “Buen Vivir”^[38].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sentido de la Patria Grande latinoamericana y caribeña debe ser consecuencia de la elaboración de estrategias de comunicación para la integración en función de lospropósitos o sentidos de la integración que, al ser distintos, requieren así mismo formas diferenciadas de comunicación^[39].

 

 

 

 

 

 

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