Mientras la sociedad hondureña se debate entre los que están a favor y los que están en contra del retorno del presidente constitucional de la República, se escuchan voces diferentes y hasta contradictorias, a nivel nacional e internacional, que claman por el respeto a la Constitución de la República y el restablecimiento de la paz y la democracia en nuestro país, luego del golpe de Estado que sacudiera la vida nacional y el contexto internacional en los últimos días; inclusive, han llegado a plantear que la solución de la crisis política de Honduras se soluciona adelantando las elecciones o, en último caso, haciendo que el gobierno de facto se mantenga hasta el día de las elecciones generales programadas para el último domingo de noviembre del presente año. El anterior es un cuadro confuso porque mientras todos hablan de los mismos términos, le otorgan significados diferentes: No es lo mismo que un empresario, un jerarca de las iglesias del país o un Comisionado Nacional de los Derechos Humanos hable de democracia y respeto a la constitución, a que lo haga un sindicalista, un académico, un campesino o un defensor de los derechos humanos. Cada quien utiliza los términos y los significados de manera distinta y con propósitos distintos, incluidos los que creen que la democracia es simplemente un asunto electoral.

La crisis política asociada al golpe de Estado del domingo 28 de junio ha puesto en evidencia profundas grietas en el sistema político hondureño, una enmarañada red de relaciones cercanas y cuestionables entre políticos, cúpulas religiosas, militares y empresarios, un sinnúmero de debilidades institucionales y una red de intereses personales disfrazados de intereses nacionales. También se han dado a conocer detalles que explican de mejor manera esa extraña asociación entre personas y grupos vinculados a la política, la religión, los medios de comunicación y la empresa privada, y comienzan a aflorar los síntomas evidentes de una democracia deteriorada y amenazada por un Estado de Derecho en crisis, unos partidos políticos cada vez más deslegitimados y unos cuerpos represivos que han demostrado sus renovadas habilidades para enfrentar viejos fantasmas y sacar provecho de las crisis provocadas por los civiles.

Un cuadro lleno de informaciones y reacciones, difundido por diversos medios de comunicación, nos presenta el siguiente escenario: una erogación presupuestaria de cien mil lempiras mensuales (un poco más de cinco mil dólares) otorgada al máximo jerarca de la iglesia católica por el ex presidente liberal Carlos Flores (2002-2006), una de las figuras señaladas detrás del golpe de Estado, para atender necesidades del cardenalato en un Estado que supuestamente es laico desde fines del siglo XIX; rescate histórico de las declaraciones de un sacerdote obligado a salir de Honduras por la represión de los años ochenta, en las que señalaba al obispo de ese entonces y actual jerarca de la iglesia católica, de parecer “más un coronel que un pastor”; una iniciativa de ley presentada y frustrada en 1985 en el Congreso Nacional, en la que se proponía convertir ese Congreso en una Asamblea Nacional Constituyente para prorrogar el gobierno del expresidente liberal Roberto Suazo Córdova (1982-1986), firmada, entre otros, por el actual presidente de facto Roberto Micheletti Bain; difusión de la reforma constitucional del año 2003 (Decreto legislativo 175-2003 de fecha 28 de octubre del 2003 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,269 de fecha 19 de diciembre del 2003)con la cual se elimina la atribución del Congreso Nacional de declarar “si ha lugar o no a formación de causa contra el presidente”, misma que fue aprobada durante el gobierno del Presidente nacionalista Ricardo Maduro (2002-2006), cuando fungía como presidente del Congreso Nacional el Sr. Porfirio “Pepe” Lobo, actual candidato presidencial por el opositor Partido Nacional; conocimiento de una circular de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, con fecha 25 de junio (fecha del primer intento de golpe de Estado), en la que pide a sus afiliados donaciones de mil, dos mil y tres mil dólares, que serían deducibles del impuesto sobre la renta, las cuales se destinarían a la defensa de la democracia y la paz en Honduras.

La prolongación de la situación de crisis derivada del golpe de Estado permite la estabilización precaria del gobierno del presidente de facto, aspecto que favorece a los golpistas, pero también permite que afloren las contradicciones y debilidades de los mismos, que crezca el rechazo interno y que se sumen personas y sectores que observan preocupados este peligroso retroceso en el avance del desarrollo democrático del país. Varios  elementos clave se están posicionando en el escenario político- social del país, lo que debe llamar a la reflexión sobre las consecuencias del golpe de Estado en la vida nacional:

1. Publicación y participación ciudadana activa en el señalamiento de los diputados golpistas por departamento y por partido al que pertenecen, con el respectivo llamado a no votar por su reelección en las elecciones de noviembre próximo y la reacción de algunos de ellos denunciando que no fueron convocados a la sesión del Congreso en la que se consumó el golpe de Estado, porque sabían de su oposición al mismo;

2. Creciente fastidio ciudadano con la política, lo que vaticina desde ahora el abstencionismo más grande en los 28 años de democracia electoral, situación que no parece preocupar a los políticos del país, porque están acostumbrados a manipular los resultados electorales e inflar los resultados de uno y otro partido, previo acuerdo entre los mismos partidos políticos tradicionales, a los cuales se ha sumado siempre el partido Demócrata Cristiano de Honduras, para controlar y manejar a su antojo el Tribunal Supremo Electoral;

3. Identificación creciente de los personajes que fraguaron el golpe de Estado y su señalamiento directo en las paredes de la capital y de las principales ciudades del país, y en la comunicación electrónica que no ha podido ser controlada por la alianza golpista;

4. Señalamiento mutuo de periodistas a favor y en contra del golpe de Estado, precisando que la investigación a unos debe extenderse a la investigación de otros, para ver de donde provienen sus grandes fortunas;

5. Demanda creciente de investigar actos de corrupción y cuantiosas fortunas a todos los ex presidentes del país, dueños de medios de comunicación, empresarios y ex funcionarios de gobiernos anteriores, como respuesta a la investigación y persecución política del presidente constitucional y sus allegados.

6. Creciente expresión de las diferencias existentes entre la cúpula de la iglesia católica, las diócesis y los sacerdotes, en virtud de las cuales, los más atrevidos sacan pronunciamientos y participan en las marchas que condenan el golpe de Estado.

7. Cuestionamiento cada vez más generalizado sobre la necesidad de mantener la existencia de las Fuerzas Armadas hondureñas, en particular de la fuerza ejército, señalando que para lo único que han servido en toda su historia institucional es para defender los más fuertes intereses políticos y económicos, y para reprimir a la sociedad.

8. Creciente señalamiento nacional e internacional al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por su posición pública a favor de los golpistas y por su defensa de los militares cuando dispararon contra los manifestantes desarmados.

9. Marginamiento y auto marginamiento de los candidatos presidenciales de los dos partidos tradicionales que apoyan el golpe de Estado, con relación al escenario político nacional; un discurso ligero a favor de la democracia, la paz, el orden y el diálogo, y un alejamiento cada vez mayor de quienes decidirán su triunfo o fracaso en las elecciones de noviembre.

10. Síntomas de quiebre de la férrea articulación de la alianza política, económica, militar, mediática y eclesiástica, por presiones internas de los más afectados por la crisis económica y financiera derivada del golpe de Estado, entre los que se encuentran sectores vinculados al comercio, servicios turísticos (bares, restaurantes, agencias de viajes, hoteles) y bancos (crecen los rumores de retiros cuantiosos vinculados al congelamiento de cuentas por parte del actual gobierno). Todo ello a pesar del intento de impedir que las diferencias partidarias, religiosas o sociales produzcan el quiebre de una alianza que es mantenida de forma cada vez más precaria.
 
Todo este cuadro político social, muchas veces confuso, incoherente e improvisado, anuncia una situación de peligro y crisis del contexto de la democracia hondureña. En el plano internacional continúan los debates acerca de la responsabilidad estadounidense en el golpe de Estado, dividiendo opiniones entre los que creen que fue una participación premeditada, sin aportar elementos de juicio que trasciendan la vieja polarización ideológica, muchas veces anquilosada y ahistórica, y los que la posicionan en la etapa posterior al golpe, entre los que perfilan al Presidente de los Estados Unidos y su Secretaria de Estado, por un lado, y, por otro, a la derecha republicana salpicada de personajes conservadores con raíces cubanas y venezolanas. Estos nuevos actores de la coyuntura golpista, mantienen una clara identificación con los conservadores hondureños, particularmente con el partido Nacional de Honduras, cómplice del partido Liberal en su aventura golpista; plantean que la situación de la crisis hondureña se resuelve adelantando las elecciones, en una salida oportunista que pretende capitalizar el golpe a favor del partido Nacional, cuyo candidato sería el seguro triunfador en esos comicios. El partido Liberal, fuertemente fraccionado en sus adhesiones políticas y tratando de ignorar el rechazo del voto ciudadano que le dio el triunfo al presidente Zelaya en las elecciones de 2005, se expone a una derrota electoral que no podrá revertir su candidato en los pocos meses que faltan para las elecciones, pues su perfil golpista y profundamente conservador mantendrá alejando al voto independiente que es el que ha definido los triunfos electorales en los últimos años. La apuesta oportunista del partido Nacional por el adelanto de las elecciones generales, pone en peligro la aceptación ciudadana de su candidato, obtenida desde los meses anteriores al golpe, y se expone a una identificación negativa con los sectores más conservadores de su partido y los sectores conservadores de los Estados Unidos.
 
La crisis política de Honduras, expresada en el golpe de Estado del 28 de junio, no se resuelve adelantando las elecciones ni proclamando vencedor al candidato de uno u otro de los partidos golpistas, porque seguirían manteniéndose las amenazas a la estabilidad política que se abrieron con el golpe y que no se cerrarán con un proceso electoral que desde ya se vislumbra deslucido, cuestionado y rechazado por un fuerte sector de la ciudadanía. Lo que parecen ignorar los partidos tradicionales y sus respectivos candidatos, es que para superar la legitimidad precaria derivada de un proceso electoral inserto en un golpe de Estado, es que el candidato ganador tendrá que hacer concesiones a la alianza golpista y esto significa el otorgamiento de cuotas de poder a los militares, los diputados, la empresa privada y las cúpulas religiosas, para evitar un posible veto al desempeño presidencial y ahuyentar la posibilidad de un nuevo golpe de Estado.
 
La solución a la crisis política derivada del golpe de Estado pasa y debe pasar por la restitución del presidente constitucional de la república y esto es necesario para la democracia hondureña, para la gobernabilidad política y social del país e, inclusive, para los mismos sectores de la alianza golpista que se resisten a valorar en su justa dimensión el contexto crítico de la democracia que dicen defender y que se expresa en los siguientes hechos:

Presidentes sin seguridad de terminar su gobierno

Los que hoy se juntan para aplaudir la salida del presidente constitucional de la república, minimizando el hecho de que ningún poder del Estado puede atribuirse esa función que no está incluida en la Constitución de la República, mañana lamentarán que otro presidente de su simpatía se encuentre en la misma situación porque el golpe rompió los límites de contención de las emociones e intereses personales, grupales o partidarios, imperando la ley de la selva y no los preceptos de un auténtico Estado de Derecho. A partir de ahora, cuando un presidente sea juramentado en su cargo para un período de cuatro años, comenzarán las apuestas sobre el tiempo que durará en sus funciones, repitiendo la vieja historia golpista de nuestro país cuando llegamos a tener hasta dos presidentes en un solo año.
 
Fuerzas Armadas con poder arbitral

Al restablecer el viejo poder arbitral de las Fuerzas Armadas, se abrió la puerta de su politización y de su poder de veto sobre cualquier desempeño político y social que se salga de su concepción del orden, la seguridad y la democracia. A partir de ahora cobrarán fuerza los viejos fantasmas que tanto ayudaron a las Fuerzas Armadas hondureñas a convertirse en centro del sistema político del país durante los casi diecinueve años que transcurrieron de 1963 a 1982, y de nuevo volverán a militarse el Estado, la sociedad y la cultura política del país. La persecución ideológica, la intolerancia, el irrespeto de los militares al poder civil y la intromisión del Estado en la vida privada afectando los derechos y garantías individuales, serán apenas un indicio de lo que nos espera en el futuro cercano a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, incluidos los que desconocen la historia cercana y que hoy marchan de blanco clamando por la democracia y declarando héroe nacional a un militar.
 
El Congreso Nacional  como  amenaza a la estabilidad política

El Congreso Nacional se ha caracterizado por su escasa transparencia en el uso de los recursos públicos, por un reglamento interno que concentra un poder autoritario en su presidente, una ausencia de rendición de cuentas sobre su desempeño y por ser un poder paralelo que se origina en el lanzamiento de sus presidentes a la competencia electoral por la presidencia de la república, a pesar de una reforma constitucional que les prohíbe hacerlo mientras ostenten el cargo. La manipulación partidaria del sistema de justicia ha hecho que dos protagonistas de la actual coyuntura golpista hayan lanzado sus candidaturas presidenciales en ese contexto: a) el Sr. Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, actual candidato presidencial por el partido Nacional, quien logró ganar las elecciones primarias de su partido en el 2004 y perdió las generales ante el candidato liberal José Manuel Zelaya Rosales en el 2005, y b) el Sr. Roberto Micheletti Bain, quien no pudo ganar las elecciones primarias de su partido en el 2008. El año más crítico de la confrontación de los poderes Legislativo y Ejecutivo es siempre el último de cada gobierno, debido a que en él se definen las adhesiones de los diputados a los candidatos de sus partidos y a la utilización electoral de los recursos que maneja ese poder del Estado, sujeto a la discrecionalidad de su presidente. A partir de ahora, presidente de la república que se atreva a pelear el presupuesto del poder Ejecutivo en su último año y evitar la adjudicación de presupuesto nacional para el financiamiento de campañas electorales desde el poder legislativo, puede irse preparando para enfrentar otro golpe de Estado similar al que se produjo el 28 de junio: El Congreso Nacional se ha convertido desde esa fecha en una verdadera amenaza a la estabilidad política del país.
 
Institucionalidad  débil y con escasa credibilidad

Una característica central de las instituciones estatales hondureñas, incluidas las del sistema de justicia, es el fuerte control que ejercen las cúpulas partidarias sobre su desempeño. Lo que en otros países más desarrollados se asume con una gran naturalidad (la independencia institucional para tomar decisiones con estricto apego a la ley), en nuestro país constituye la excepción y se pierde la majestuosidad de la ley en los oscuros laberintos de la componenda política. De ahí la importancia partidaria que se da en el Congreso Nacional al nombramiento de las personas que dirigirán estas instancias clave, distribuyéndose las cuotas correspondientes, como en el caso de la Corte Suprema de Justicia cuyos magistrados se reparten 8 a 7 los dos partidos tradicionales y cuyo presidente corresponde al partido de gobierno, todo ello como producto de los acuerdos políticos que conduce el presidente del poder legislativo. Una situación similar se produce con el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría General de la República, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Tribunal Superior de Cuentas: todos ellos son nombrados por acuerdos políticos negociados directamente por el presidente de ese poder del Estado y los nombrados guardan una subordinación extrema a la cúpula de su partido, a su bancada en el Congreso y al presidente del mismo, a quien guardan lealtad hasta que llega su reemplazo. De ahí la indefensión ciudadana (y en este caso del presidente constitucional) ante una justicia que es manipulada por los dirigentes políticos y ante instituciones como esas, cuyos máximos representantes atienden velozmente los requerimientos políticos de quienes los favorecieron con tales cargos, aunque estos contraríen los más elementales preceptos de un Estado de Derecho.
 
Sistema político desacreditado

Honduras presenta un cuadro de deslegitimación creciente de los partidos políticos, instancias electorales e instituciones del Estado. A la clásica incapacidad de éste para responder a las más elementales demandas sociales, se suman los vicios de la corrupción y la manipulación partidaria de las instituciones estatales, característica general de los partidos Liberal y Nacional, y de los partidos minoritarios que aprendieron rápidamente de los vicios y deformaciones de aquellos. Los partidos políticos del país se han ido desdibujando ideológicamente y hoy se presentan sin mayores diferencias entre sí, al grado que, en momento de crisis como la golpista, tienden a identificarse y aparecer ante la ciudadanía como un solo partido conservador. El más afectado con este proceso ha sido el partido Liberal, otrora líder de reformas sustanciales y protagonista de los mejores avances en la subordinación de los militares al poder civil. Sus más connotados representantes dieron rienda suelta a sus intereses personales y grupales, se asociaron al partido Nacional para derrocar a un presidente constitucional, de un solo golpe hicieron retroceder al país a la oscura década de los ochenta y tiraron por la borda importantes avances realizados en estos veintisiete años de transición y construcción democrática. Actualmente existe en sectores crecientes de la ciudadanía un fuerte desencanto político que todavía no llega a convertirse en desencanto democrático, pero hay que reconocer que los partidos políticos, particularmente los tradicionales, realizan su mejor esfuerzo para lograrlo.
 
La empresa privada con poder de veto sobre el Poder Ejecutivo

Por todos es conocido el cuestionamiento creciente de los empresarios a los políticos de oficio, a quienes acusan de incapaces de enfrentar los retos que plantea el desarrollo económico, particularmente el apoyo que el Estado debe proporcionar a los grupos empresariales que siempre han vivido bajo su tutela y protección. Su visión instrumental de los gobiernos les ha llevado a financiar campañas electorales de candidatos presidenciales, diputados y alcaldes liberales y nacionalistas, con el propósito de contar con ellos para obtener contratos del Estado, introducir leyes, reformarlas o suprimirlas, de acuerdo a sus intereses particulares. La situación ha ido evolucionando hasta negociar la colocación de sus hombres de confianza en puestos clave del Estado e inclusive, a lanzar sus propias candidaturas y las de sus familiares, para superar la barrera de las intermediaciones y llegar a controlar directamente el rumbo del Estado.

Los empresarios hondureños se disputan los favores oficiales para obtener beneficios directos e indirectos, negocian apoyos electorales a cambio de una mayor cuota de poder para intervenir en las grandes decisiones públicas y cuando sienten que no logran controlar todo lo que han controlado en los anteriores gobiernos, arman complots, propician alianzas intersectoriales, financian manifestaciones y acuden a los viejos fantasmas y sus viejos instrumentos (las Fuerzas Armadas) para romper un orden constitucional que sólo es bueno cuando beneficia sus intereses corporativos. En relación a la crisis que degeneró en golpe de Estado, sectores incómodos con el gobierno, como los vinculados a los combustibles, corte y comercialización de madera, y productores de harina y pan, sumaron su descontento por los controles crecientes que limitaban sus ingresos y obstaculizaban su impunidad para afectar los intereses nacionales, y se unieron a los señores de la industria que, con excepción de las maquilas, se vieron afectados por el incremento al salario mínimo, decretado por el gobierno ante la incapacidad empresarial de negociarlo con los sindicalistas y la Secretaría del Trabajo. Los empresarios hondureños aparecen en el escenario político como golpistas y se evidencian ante la sociedad con un poder de veto sobre los presidentes que se atrevan a señalarlos, limitarlos y contrariarlos. Para conseguir sus propósitos acudirán a todos los fantasmas que puedan capitalizar apoyos, movilizar creyentes y destituir presidentes, aún sabiendo que son sólo eso: fantasmas cuya sombra asusta, aglutina y radicaliza a una ciudadanía desinformada, sin cultura política democrática y sumamente vulnerable ante quienes controlan y manipulan organizaciones socializadoras clave como las iglesias y los medios de comunicación.
 
Comisionado de los Derechos Humanos golpista

Uno de los avances más notables de este período de construcción democrática fue la creación de la figura del Ombudsman hondureño, conocida con el nombre de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Durante muchos años llenó el vacío institucional de una instancia estatal que se encargara de velar por la protección de los derechos humanos y complementara los esfuerzos que desde la sociedad civil realizaban organismos defensores de los derechos humanos como CODEH, COFADEH, CPTRT y CIPRODEH. El primer período del actual Comisionado estuvo lleno de autoritarismo, confrontación y deformación del papel del Ombudsman en relación al tratamiento de las violaciones a los derechos humanos, situación que empeoró con su reelección legislativa, producto de cabildeos y negociaciones con los diversos partidos políticos, en particular con el entonces presidente del Congreso Nacional Roberto Micheletti Bain, a quien el Comisionado le debe su reelección. Su confrontación con el poder Ejecutivo fue evidente desde el inicio, al grado que no extrañó a nadie su posicionamiento al lado de la alianza golpista. Esta situación, inusual en la vida política del país, y de cualquier otro, deja a la ciudadanía hondureña en una total indefensión por la anulación de esta instancia estatal llamada a ser la garante de la defensa de los derechos humanos de cualquier persona en nuestro país. De nuevo la politización partidaria de las instancias estatales las utiliza, manipula y neutraliza, en perjuicio de la ciudadanía.
 
Cúpula religiosa abiertamente politizada

Desde hace varios años se observa un involucramiento creciente de las iglesias en la vida pública del país, que va desde el aparecimiento de pastores evangélicos como candidatos a diputados, hasta insólitas pretensiones legislativas de dedicar unos minutos de la jornada escolar pública a la lectura y discusión de la biblia, pasando por las conocidas invocaciones a Dios en los actos oficiales, prácticas religiosas en instituciones del Estado y construcción de capillas e iglesias en las Secretarías de Defensa y de Seguridad. La presencia de los jerarcas de la iglesia católica ha sido menos evidente pero más persistente, evidenciando una articulación estrecha entre el poder político y la cúpula religiosa. A su principal iglesia acuden los recién nombrados presidentes constitucionales de la república, a rendir honores a la virgen de Suyapa, oficialmente nombrada capitana de Honduras, como un rezago de la histórica vinculación entre los militares y la iglesia. Los pastores evangélicos han intentado manipular a sus feligreses en las preferencias electorales, convirtiendo sus centros de reunión, canales y radios, en lugares de presentaciones de programas de gobierno, con las respectivas invocaciones a Dios y la consecuente clericalización del discurso político. En la coyuntura golpista, el papel de las iglesias católica y evangélica ha estado claramente definido en contra del presidente constitucional, para lo cual se han valido de la utilización maniquea del bien y el mal, Dios y el diablo, comunismo y democracia. La influencia de los pastores y de la jerarquía católica en sus feligreses ha alimentado la polarización social, la confrontación entre ricos y pobres, y ha llevado al límite la idea de paz, democracia, orden y seguridad, atribuyéndose el monopolio de la verdad y la capacidad para juzgar como enemigos a los que piensan diferente. La intromisión de las iglesias en el ámbito público representa una amenaza directa a la democracia y una peligrosa manipulación de la fe religiosa para apoyar a los candidatos de su preferencia, cuestionar a los otros e ir construyendo una base de legitimidad para lanzar sus propias candidaturas políticas, en el caso de los evangélicos, y, en el caso de la jerarquía católica, para ganar privilegios, beneficios económicos y fortalecer su poder arbitral ante los partidos políticos. Estos, a su vez, desconocen las raíces históricas que separaron a la iglesia del Estado a fines del siglo XIX, ignoran los límites que les impone un Estado laico y tratan de capitalizar las preferencias políticas de pastores y sacerdotes para obtener la legitimidad que tanto necesitan. La polarización social estimulada desde las iglesias ha impregnado de intolerancia la vida cotidiana y saturado los espacios religiosos de mensajes políticos que acercan peligrosamente las iglesias a un mundo de conflictos, confrontación y luchas que pertenecen al ámbito público y no al ámbito privado de la religión.
 
Polarización y manipulación de los medios de comunicación

El periodismo hondureño ha dejado de lado el profesionalismo que clama la objetividad de la noticia y la consecuente separación de intereses entre el que informa y el que es sujeto de información, entre el periodista y el Estado, y, al igual que las iglesias, se van acercando tanto que se convierten en voceros de quien les paga y detractores de los opositores del que les paga. La situación se vuelve compleja desde el momento en que reciben un beneficio económico para que defiendan al gobierno o una orden de los dueños de medios para que lo ataquen. No se trata de evadir el tema diciendo que los medios no regalan la publicidad, el punto crítico es que se deja de pagar la información y se paga al periodista para que hable a favor o en contra del pagador. La polarización de los medios de comunicación entre los que defendían y defienden al gobierno del presidente constitucional y aquellos que apoyaron y apoyan el golpe de Estado, puso en evidencia la crisis en que se encuentran los medios de comunicación para informar objetivamente sobre lo que ocurre en el país y atender el derecho ciudadano a ser informado con responsabilidad, objetividad y respeto. De lo anterior se salvan unos pocos periodistas que se mantienen fieles a la verdad, la objetividad y el profesionalismo, pero hasta ellos sucumben a la polarización del país y les cuesta diferenciar entre lo que es defender a una persona y defender la institucionalidad. El derecho de los periodistas a informar, oscurecido por su derecho particular a opinar, debe complementarse con el derecho de la ciudadanía a ser informada con la verdad, aunque ésta incomode a los que se encuentran en el poder.
 
Una sociedad fuertemente dividida

Uno de los saldos más negativos del golpe de Estado del 28 de junio es la polarización extrema de la sociedad entre los que están a favor y los que están en contra del mismo. La polarización partidaria, mediática y religiosa ha impregnado la vida cotidiana y obligado a los más cautelosos a guardar silencio y posicionarse en uno u otro extremo, cuando no les queda otra alternativa. La polarización se expresa también en los sectores que apoyan el golpe (los perfumados, según el criterio popular) y los que lo cuestionan (la chusma, según los otros) y va dando lugar a una nueva polarización (ricos y pobres) que desplaza a las polarizaciones más conocidas y mejor manejadas por la sociedad (liberales y nacionalistas, católicos y evangélicos, nacionales y extranjeros, jóvenes y mayores, motaguas y olimpistas). La polarización social, fuertemente estimulada desde los medios de comunicación y las iglesias, constituye una profunda grieta en la vida democrática porque ha socavado valores esenciales de la democracia como el pluralismo, la tolerancia, la solidaridad y el respeto a la diversidad. Reconstruir la cohesión social es una tarea urgente para el país que pasa por la exigencia de cuentas a los que propiciaron esta situación, el rechazo al autoritarismo manifiesto en los golpistas y la reflexión sobre el papel negativo que han jugado en este proceso todos los que provocaron, propiciaron y estimularon la confrontación, para construir colectivamente la memoria histórica y sacar las lecciones que nos ha dejado a todos esta experiencia golpista.
 
Reflexión final

Si después de evaluar el contexto crítico en que se debate nuestra democracia con los aspectos que han sido señalados, alguien se atreve a decir -y otros a escuchar- que la crisis golpista se solucionará anticipando las elecciones generales, podemos irnos preparando, como país y como sociedad, para enfrentar una de las etapas más oscuras de nuestro proceso político y podemos sentarnos a esperar en la puerta de nuestra casa, nuevos, frecuentes e intensos pasos militares anunciando que la irracionalidad, el fanatismo, la represión y la manipulación llegaron para quedarse.

Nota: Este artículo es el tercero de una serie que se difundió en días anteriores: “Honduras: Políticos, empresarios y militares: protagonistas de un golpe anunciado”, del 29 de junio y “El golpe de Estado en Honduras: Caracterización, evolución y perspectivas”, del 3 de julio de 2009.

- Leticia Salomón es Socióloga y economista hondureña, investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), profesora y Directora de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), especialista en temas de gobernabilidad, defensa y seguridad.