A simple vista, el diálogo es un mecanismo democrático para resolver conflictos, articular esfuerzos y formular propuestas. La iniciativa de diálogo, sobre todo si viene de arriba, de lo más alto de la conducción política, puede indicar una intención genuina de construir, aumentar o fortalecer la legitimidad derivada de procesos electorales muy disputados, incorporando a los opositores, a los críticos y los más beligerantes cuestionadores de la acción gubernamental. Bajo estas condiciones, el diálogo luce positivo, necesario, legítimo y convocante, y su rechazo es considerado antidemocrático, malintencionado y de significado oculto y peligroso.

Pero cuando el diálogo se utiliza como respuesta a una crisis que parece desbordar el sistema político, una crisis de deslegitimación creciente de la conducción política y de peligrosa amenaza al partido de gobierno y a su máximo conductor, el diálogo se convierte en un factor de distracción, neutralización e inmovilización. Si no se hace la lectura correcta de la coyuntura en que se produce la convocatoria y si no se conocen las intenciones reales de la misma, puede llevar a muchos, entre ingenuos y oportunistas, a colocarse en primera fila, si es posible al lado del convocante, para demostrarle a propios y extraños que avalan un mecanismo supuestamente democrático para dirimir las diferencias.

La situación se vuelve más confusa si el diálogo anuncia su propósito de combatir la corrupción y articular esfuerzos para que todos los convocados aporten sus ideas y su compromiso de contribuir al control de un fenómeno ilegal, ilegítimo y de gran impacto económico y social sobre la vida cotidiana y sobre el futuro del país y de miles de familias que esperan un país mejor para sus hijos y nietos. Los convocados aparecen entonces como figuras de ilustre nombre y renombre, impecable investidura y ejemplos de rectitud y transparencia, dialogando entre sí sobre el control de la corrupción que se da en otros, pero no en ellos, aconsejando sobre la mejor manera de erradicar la corrupción en y desde los medios de comunicación, los empresarios, las iglesias, las escuelas, los sindicatos, y los militantes y activistas del partido de gobierno, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿es una reunión de involucrados, cómplices y expertos para comprometerse a disminuir el dinamismo creciente y contagiante de la corrupción en el país, de la que son parte de forma directa o indirecta?.

1. ¿De qué hablamos cuando decimos corrupción?

Lo anterior nos lleva también a tratar de identificar a qué se le llama corrupción y cuáles son los actores que participan de la misma. En este sentido podemos decir que corrupción es el aprovechamiento de una posición política en una instancia de gobierno para enriquecerse a nivel individual, familiar o grupal, manipulando los recursos públicos presentes o futuros, iniciativa que la pueden desarrollar solos o en complicidad con otros, entre ellos con empresarios, previa concertación de los términos de la negociación (por ejemplo, venta de un producto, obra o cualquier contratación por un precio X, al que se suma la comisión de los diferentes involucrados en la cadena institucional desde el más bajo al más alto, que termina duplicando o triplicando el precio real; o venta de un producto adulterado, vencido o a punto de vencer, conscientes de que no podrían venderlo si no es mediante un acto de corrupción). La corrupción adopta formas diferentes que implican cierta movilidad en la condición de corrupto, corruptor o víctima del corrupto: unas veces la iniciativa viene desde arriba en la estructura del Estado, señalando la cantidad que deben pagar para que salga una contratación, un pago demorado, un juicio que les perjudica o un trámite que puede durar años si no realiza un pago “para acelerar” (aquí la víctima es el empresario o el ciudadano involucrado); otras veces, la iniciativa viene de fuera del gobierno y se busca a la persona apropiada para ofrecerle una cantidad para “que le resuelva” o un negocio redondo “en el que todos ganan”); pero también se produce el robo descarado de los recursos asignados a diferentes rubros en distintas instituciones; depósitos millonarios en un banco por el que ofrecen un porcentaje directo al que toma la decisión; obras que aparecen como realizadas cuando nunca se hicieron; carreteras que se pavimentan con menos cantidad de asfalto y se paga como si fuera de alta calidad; dirigentes de organizaciones que reciben pagos para movilizarse o desmovilizarse, dependiendo del objetivo oficial; gastos particulares (casa, carro, seguridad, viajes, prebendas) a personas clave para que cubran la gestión con su manto divino; pagos a dueños de medios y programas para que construyan imagen a favor o en contra, dependiendo de la consigna emanada del que paga, incluyendo las famosas encuestas y sondeos radiales y televisivos; sobresueldos a figuras clave para que mantengan su incondicionalidad con el gobierno que les paga; pagos a personas clave de otras instituciones para asegurar el voto a favor del gobierno cuando sea necesario; planillas fantasma y sueldos exagerados a funcionarios de alto nivel de los cuales sacan el porcentaje correspondiente para el partido o para “los que están más arriba”.

En fin, la lista es enorme, las formas son variadas y los mecanismos son diversos, y todo ello se resume en cuatro cuestiones básicas: a) cómo apropiarse del dinero público que no parece ser de nadie pero que es de la ciudadanía (nuestro) y se forma con los impuestos que todos pagamos; b) cómo apropiarse del dinero de los empresarios nacionales e internacionales que terminan incorporando el precio de la corrupción a sus productos con lo cual termina pagándolo la ciudadanía que compra esos productos (nosotros); c) cómo apropiarse del dinero de la cooperación al desarrollo que en su mayoría se canaliza a través de préstamos por los cuales tenemos que pagar nosotros, nuestros hijos y nietos (otra vez: nosotros), llegando a contabilizar, de manera resignada, un porcentaje de esa cooperación que cubre el costo de la corrupción; aunque en menor medida, hay una cooperación que se convierte en ayuda humanitaria o ayuda para el fortalecimiento institucional y que es producto del compromiso de países amigos con países como el nuestro, por el que no pagamos capital ni intereses, pero del cual igualmente se apropian con el porcentaje correspondiente. Y finalmente, d) cómo apropiarse del dinero de la ciudadanía cuando acude a realizar un trámite; cuando conduce un vehículo y lo para un agente de tránsito; cuando quiere construir una casa o hacer una ampliación y requiere de un permiso de construcción; cuando tiene una acusación pendiente y quiere que lo juzguen en casa; cuando va a ver a un pariente a la cárcel y quiere introducir algo especial, legal o ilegal; en fin, cuando tiene la mala suerte de que lo pare una patrulla de la policía en lugares solitarios y a altas horas de la noche. Con todo esto debemos pensar que el escándalo del seguro social es apenas una muestra de lo que pasa en el Estado hondureño, debilitado en sus instituciones, corroído por la corrupción, saqueado por los políticos de turno (con muy contadas excepciones) y desgastado por tantos diálogos y comisiones que no han producido resultados porque no ha existido voluntad política para enfrentar realmente los problemas que nos agobian.

2. ¿Diálogo con quien y para qué?

En el contexto anterior es básico preguntarse ¿para qué se promueve un diálogo que parece tener una muerte anunciada, si los participantes son los mismos de siempre, los amigos, los cercanos, los cómplices y de repente, los mismos corruptos? Es un diálogo sin sentido porque no se trata de empezar de cero e iniciar un debate interminable sobre la corrupción y sus significados -que puede llevar meses y hasta años- las formas de enfrentarla y demás, porque eso ya se sabe y lo saben muy bien los operadores de justicia, las más altas autoridades de los tres poderes del Estado, de las iglesias, los medios, las organizaciones sindicales, los activistas, los cooperantes y todos los que se den por convocados. Tampoco se trata de diseñar más planes de capacitación de policías, fiscales, jueces, recaudadores de impuestos y demás, porque el tema central va más allá del fenómeno de la corrupción y se encuentra en las instituciones encargadas de combatirlo, mismas que se encuentran debilitadas, deformadas y partidizadas, y en las cuales se diluye la voluntad política de enfrentarlo, porque al hacerlo se tambalearía la estructura del partido de gobierno, se sacudiría la red clientelar, familiar, de cómplices y beneficiarios, asociados a los más altos dirigentes políticos de los tres poderes del Estado, del gabinete y de los gobiernos locales.

¿Que ha habido corrupción en otros gobiernos? Claro que sí. Pero ello no debe ser excusa del actual gobierno, ni argumento de la ciudadanía para pedir desde ahora la investigación de la corrupción que ha habido en el país desde la conquista e inclusive adentrarnos en las culturas indígenas para concluir que todos han sido corruptos – políticos y ciudadanos- y consensuar, con el diálogo como referente, que no se castigue a nadie y que mejor se diseñe una estrategia para el combate a la corrupción en los gobiernos venideros.

3. El doble juego

El escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la denuncia periodística del saqueo vergonzoso por parte de funcionarios y empleados mayores y menores, además de la relación directa entre estos actos de corrupción, el partido de gobierno y la campaña electoral que le dio el triunfo al actual presidente de la república, provoca desconfianza, recelo y dudas acerca de las verdaderas intenciones de un diálogo como el convocado y asumido directamente, con alguna intermediación menor, por el propio presidente de la república.

Su convocatoria a un diálogo nacional y sin condiciones, con una oposición social creciente en las calles y una oposición política apoyando a la indignación social y cuestionando la naturaleza del diálogo oficial, nos permite pensar esta iniciativa como un doble juego que es conciliador y manipulador en la convocatoria pero amenazante, excluyente y agresivo en el manejo de la oposición indignada. En otras palabras, ante los amigos es conciliador e incluyente y ante los críticos es intolerante, irrespetuoso y excluyente. Esto ocurre cuando un presidente actúa como candidato presidencial y no como estadista, y saca el trato tradicional a los opositores electorales, atacando, desprestigiando, buscando nexos con los partidos de oposición, inventando financiamiento externo, ideología izquierdista, aspiraciones electorales o cualquier otro mecanismo de deslegitimización de la dimensión social del rechazo a su liderazgo y a su involucramiento en actos de corrupción que aún no han sido desvanecidos.

4. ¿Mundos paralelos, de nuevo?

Pese a su inicio deslegitimado, el diálogo ha sido asumido con bastante iniciativa por el propio presidente, aún con la confusión en torno a si este ya empezó o si va a comenzar, y que fuera del gobierno la oposición social sigue demostrando fuerza, apoyo y cobertura creciente, y la oposición política sigue manifestando su apoyo con una prudente y oportuna distancia. Esta aparente normalidad del desempeño gubernamental en torno al diálogo, en medio de la oposición social que demanda una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH) y, de manera consistente, la salida del propio presidente y de las cabezas clave de instituciones clave, nos permite hablar de mundos paralelos entre la burbuja oficial de aparente normalidad y avance en el diálogo, y el resto del país indignado, movilizado y encendido en un cuadro de oposición política y social que, hasta ahora, coexisten forzadamente en mundos separados.

La abstracción de este diálogo del mundo real en forma de burbuja ubicada en un mundo paralelo al mundo de la ciudadanía indignada, nos recuerda una burbuja similar en el proceso electoral de 2009 que continuó con una normalidad artificial mientras el país se agitaba en medio de la protesta, el rechazo al golpe de Estado, la movilización social y la represión militar policial. Si entonces pudieron mantener la burbuja hasta el día de las elecciones, con el apoyo de todos los partidos políticos, los jerarcas de las iglesias, los dueños de medios, las fuerzas armadas, la policía, la OEA y los Estados Unidos, no pueden creer que ahora el diálogo va a paralizar la capacidad de indignación ante la atrocidad de la corrupción; y esto se da porque difícilmente se puede cuestionar un discurso de lucha contra la corrupción y porque hoy están menos acompañados que entonces y con un contexto de presión interna y externa que difícilmente se vuelve a la normalidad tan deseada en momentos de crisis y de ausencia de voluntad política para hacer lo que corresponde y en el momento que corresponde.