Pese a todas las críticas y los adjetivos que se han endilgado contra el juez español Baltazar Garzón, lo cierto es que el proceso judicial que sigue contra militares y civiles argentinos, acusados de terrorismo, genocidio y tortura, ha abierto una segunda puerta a la esperanza de poder acabar con la impunidad de la que han gozado históricamente los violadores de los derechos humanos en América Latina.

La primera puerta la abrió el mismo Garzón con el juicio a Pinochet, que sea cual fuere su desenlace, marca un antes y un después en la lucha universal por la vigencia de los derechos humanos.

En ambos casos, las razones que justifican la actuación del magistrado son las mismas: tanto en Chile como en Argentina los gobiernos "democráticos" han sido incapaces de juzgar a las dictaduras, pretendiendo saldar las deudas con el pasado mediante el olvido y no la justicia.

En Argentina, los represores argentinos fueron perdonados por los gobiernos "democráticos" de Raúl Alfonsín y Carlos Saúl Menem mediante las leyes de "Punto final" y "Obediencia debida" de 1986 y 1987. En Chile -como en Uruguay- se han puesto en vigencia leyes de amnistía del mismo estilo.

La jurisdicción internacional

La eventualidad de que Pinochet o los genocidas argentinos sean juzgados por un tribunal internacional, como el de la Corte Penal Internacional creada en Roma, que hasta el momento ha sido ratificada por cinco estados, también es lejana, pues todavía no existe una adecuada jurisdicción ni sus mandatos tendrán efectos retroactivos.

 En estas condiciones, ha sido un juez español el que le ha puesto el cascabel al gato. Pero si han prosperado las causas emprendidas por Garzón es porque en el ámbito internacional existe no solo una mayor conciencia sino un movimiento que exige castigar a los violadores de derechos humanos, no importa en qué lugar ni en qué tiempo los hayan cometido.

Estos avances han quedado reflejados, tanto en la conformación de los tribunales especiales para la ex-Yugoeslavia y Ruanda para juzgar a los responsables de la "depuración étnica", como en la propia conformación de la Corte Penal Internacional.

La legislación internacional actualmente cuenta con instrumentos jurídicos que permiten la actuación de los jueces nacionales para perseguir a los genocidas y torturadores. Uno de ellos es la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, aprobada en 1984, y ratificada, hasta fines de 1994, por 86 estados, incluyendo Chile, Argentina, Reino Unido y España.

Esta Convención, invocada en los casos de Pinochet y los militares argentinos, "prevé el enjuiciamiento de los torturadores en los tribunales de los Estados partes, con prescindencia del lugar en que haya ocurrido el acto de tortura, y admite la investigación internacional cuando haya información fidedigna acerca de casos de tortura en el territorio de un Estado parte" ("ABC de la Naciones Unidas", Nueva York, 1995).

De su lado, el juez Garzón sostiene que la Justicia española tiene competencia para investigar los delitos de genocidio, pues éstos, de acuerdo a las Naciones Unidas, no prescriben y deben ser perseguidos por todos los países.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, antes de su viaje a México, Costa Rica y Ecuador, señaló a periodistas latinoamericanos que es importante "romper el ciclo de la impunidad en alegaciones de derechos humanos". Afirmó que en esta lucha "marcan hitos los tribunales internacionales de Ruanda y Yugoslavia, la Corte Penal Internacional y también la jurisdicción de las cortes nacionales" de España y Reino Unido con referencia al caso Pinochet.

"Si hay una decisión con relación a los altos mandos militares (argentinos), agregó, ese sería otro hito... me siento muy contenta que haya dificultades para los dictadores que ya no se sienten libres para moverse impunemente... creo que estamos avanzando y debemos hacer más progresos", concluyó.

Claudine Haenni, secretaria general de la Asociación para la Prevención de la Tortura con sede en Ginebra, dijo a ALAI que mientras haya impunidad seguirá habiendo tortura, y que sancionar a los responsables es el mejor antídoto para prevenirla.

El juicio

La preocupación por la impunidad que rodea a los casos de españoles o sus descendientes desaparecidos en los años de la dictadura (1976-1996) aún estaba latente en 1996, es decir 20 años después de que los militares instauraran su régimen de terror.

 En estas circunstancias, el juez Garzón abrió este proceso, que tuvo su origen en la denuncia interpuesta por Carlos Castresana de la Unión Progresista de Fiscales. Como parte de la "acusación popular", figura contemplada por la legislación española para denunciar infracciones o formular imputaciones contra eventuales autores, suscribieron la Comisión de Solidaridad de Familiares, la Asociación Libre de Abogados, las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación Argentina Pro-Derechos Humanos de Madrid, la Asociación contra la Tortura, y el partido Izquierda Unida (comunista).

 Poco a poco, Garzón fue recabando pruebas e información no solo sobre los españoles desaparecidos (que sobrepasan los 700) sino sobre las acciones criminales de la dictadura, que han provocado entre 20 mil y 30 mil víctimas, y la Operación Cóndor, que fue una especie de "internacional del terror" utilizada, en las décadas del 70 y 80, por las dictaduras de Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil "para facilitar información para el secuestro, desaparición forzada de personas, torturas e incluso eliminación física de aquellas personas que interesan a cada uno de los miembros que integran dicho operativo".

Por el despacho de Garzón han comparecido las víctimas de la dictadura, los familiares, militares arrepentidos y numerosos testigos/as como la ex- presidenta argentina María Estela Martínez de Perón, que gobernó desde el 1 de julio de 1974 hasta el 24 de marzo de 1976.  La ex-mandataria afirmó que no recuerda nada del período en el cual actuó la tristemente célebre Alianza Anticomunista Argentina (más conocida como la triple A), dirigida por su ex- ministro de Bienestar Social, López Rega, que asesinó a numerosos opositores, en el contexto de las acciones anti-subversivas contra el Ejército Revolucionario del Pueblo y el movimiento Montoneros.

El 7 de octubre de 1997, el ex-capitán Adolfo Scilingo confesó a Garzón que personalmente participó en los llamados "vuelos de la muerte", en los que, los detenidos-desaparecidos, previamente narcotizados, fueron arrojados vivos al océano Atlántico. Lo curioso del caso es que, cuando el militar creía que se beneficiaría de algún programa de protección de testigos como se estila en Estados Unidos, el juez Garzón ordenó su inmediata detención. Scilingo estaba imputado en el sumario de Garzón desde 1996, y la ley española no prevé protección especial para los acusados de crímenes de sangre.  A fines de octubre de 1999, Garzón dispuso la libertad provisional de Scilingo que ahora dice se ha "olvidado todo" de sus confesiones.

El 25 de marzo de 1997, Garzón dispuso la prisión y captura de Leopoldo Galtieri, integrante de la Junta militar, por la desaparición del español Miguel Ángel Labrador Pérez. Paralelamente a este proceso, el juez Manuel García Castellón inició otro juicio contra Augusto Pinochet, por suplicios, eliminación de opositores y la desaparición de españoles en Chile.

Paradójicamente, cuando se supo que Pinochet había llegado a Londres, en octubre de 1998, no fue García Castellón sino Garzón quien dispuso la prisión de Pinochet por la desaparición de 94 chilenos en la Argentina, en el contexto de la denominada Operación Cóndor, y por delitos de genocidio, terrorismo y tortura, perseguidos por el derecho internacional.

 El 20 de octubre de 1998, el juez García Castellón emitió una resolución entregando la causa a Garzón. Dios los cría... Garzón no solo ha tenido que lidiar tanto con los fiscales de la Audiencia Nacional que aducen que España no tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el Cono Sur, como con los ex-represores y los gobiernos "democráticos" que los defienden.

El presidente Carlos Saúl Menem ha rechazado tajantemente la decisión de Garzón de ordenar la captura de 98 civiles y militares relacionados con el genocidio argentino, señalando que "este juez que trata de hacer vedettismo en todo el mundo, está totalmente fuera de lugar".

 Anteriormente, Menem había firmado un decreto prohibiendo proporcionar asistencia judicial en la causa abierta por Garzón. El sucesor de Menem, Fernando de la Rúa, al parecer tampoco quiere meterse en problemas con los militares, y ha declarado que "la orden del juez español no tiene efecto operativo en Argentina".

En esta línea de conducta, la diplomacia argentina presentó, el 19 de noviembre, ante Naciones Unidas su posición en la que expresa su "preocupación ante procesos abiertos en terceros países para juzgar hechos ocurridos en décadas pasadas, en abierta contradicción al reiterado rechazo a la aplicación extraterritorial de las legislaciones nacionales".

 Los "matarifes", que según una metáfora de Eduardo Galeano, "ya llevan veinte años creyendo que hay tintorerías capaces de limpiarles el uniforme para siempre manchado" han reaccionado igualmente indignados contra "los atentados a la soberanía" y "el retorno a la Colonia, donde los delitos se juzgan en la metrópoli".

Pero para replicarles, no han faltado las voces de las víctimas o sus defensores. Así por ejemplo, el abogado Albor Ungaro, que, junto a tres colegas ha presentado en Argentina una querella contra los responsables del "Plan Cóndor", ha dicho que "los que ahora se quejan del abuso de las fronteras o invocan la soberanía jurídica no tuvieron empacho en avanzar sobre cualquier de los países para entrar y salir llevándose prisioneros".

 Efectos

Aunque el juez Baltazar Garzón no lograra su propósito de extraditar a los represores argentinos, por lo menos ya ha conseguido dos efectos inmediatos y visibles: el primero es que van a pensar tres veces antes de salir de compras o de turismo por la "aldea global" y el segundo es crear un marco favorable para que continúen adelante las causas abiertas por la justicia argentina contra los represores. Una de ellas es la que sigue el juez Bagnasco contra Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y otros, por robo, retención y suplantación de identidad de hijos de detenidas-desaparecidas durante la dictadura, delito que fue excluido de las leyes de amnistía e indulto.

 Un tercer efecto, invisible, apela a la conciencia de los ciudadanos/as del mundo e invita a no olvidar que en Argentina se cometieron crímenes de lesa humanidad comparables con los de Hitler, que deben ser castigados. Contraviniendo a aquellos que argumentan la atemporalidad del proceso de Garzón, la pregunta que surge es: ¿Si la persecución de los delitos del nazismo aún continúa, por qué habrían de extinguirse las acciones judiciales contra los genocidas argentinos?