En el décimo día de Paro Nacional en Ecuador, las movilizaciones en el país y sobre todo en Quito se intensificaron en contra del alza de los combustibles y la represión desatada por la policía y el ejército hacia el movimiento indígena, en tanto el gobierno responde con más represión y la implantación del toque de queda.

Esta mañana (sábado 12), los barrios y pobladores de Quito se plegaron masivamente al paro, paralizando el tráfico en sus localidades y movilizándose desde sus lugares de residencia hacia el sector de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se encuentran reunidos miles de indígenas desde el lunes 7 de octubre.

Las movilizaciones tienen por objetivo rechazar la dura represión que ha dejado hasta el momento 6 personas fallecidas, 937 heridas y 1121 detenidas, según la Defensoría del Pueblo de Ecuador.  Entre los fallecidos se encuentran el líder indígena de Cotopaxi, Inocencio Tucumbi, los jóvenes Raúl Chilpe, Marco Oto, José Daniel Chaluisa Cusco y José Rodrigo Chaluisa. Entre los heridos graves, permanece en sala de cuidados intensivos en el hospital Eugenio Espejo, Juan Alvaro Olovacha, quien se debate entre la vida y la muerte.

También los pobladores de Quito protestan contra el paquete de medidas económicas contenidas en el decreto 883 que el gobierno de Lenín Moreno ha impuesto en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que incluye el alza de la gasolina extra, la más utilizada por la población, y el diésel, que se emplea para la producción y el transporte de los productos de primera necesidad. El Ministro de Economía, el representante de las cámaras empresariales Richard Martínez, mentalizador del acuerdo con el FMI, informó que la liberalización del precio de los combustibles implica también que el Estado dejará de ser el encargado de la importación y comercialización de los mismos, que pasarán a empresas privadas.

En respuesta a la contundente movilización popular, el presidente Moreno decretó este 12 de octubre, a las 14h20, el toque de queda y la militarización del Distrito Metropolitano de Quito y los valles aledaños, con vigencia a partir de las 15h00, lo que implica que nadie puede movilizarse en las calles, y los militares pueden arrestar a los manifestantes que incumplan esta disposición.  Sin embargo, los indígenas y los pobladores continuaban tomados algunas calles de Quito, desafiando el toque de queda.  Ante el toque de queda, los quiteños y quiteñas, en horas de la noche, se auto-convocaron a un cacerolazo que resonó con fuerza por toda la ciudad.

El toque de queda fue adoptado después que se produjera un ataque e incendio en el edificio de la Contraloría General del Estado, ubicado frente a la Asamblea Nacional y a 500 metros de la Casa de la Cultura ecuatoriana, donde se encuentran reunidos los indígenas.  Se desconoce la autoría de quienes cometieron este atentado, mientras la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, deslindó responsabilidad de este hecho. También fueron atacados las instalaciones de la estación de televisión Teleamazonas y del diario El Comercio en Quito.

En este contexto, la CONAIE anunció que se reunirá con el mandatario ecuatoriano para establecer un diálogo de manera directa para la derogatoria o revisión del Decreto 883.  Hasta el momento Lenín Moreno ha manifestado que no derogará dicho decreto, insistiendo en focalizar recursos estatales hacia los sectores más empobrecidos.  Desde hace 10 días, el Ecuador está semi-paralizado, las clases en los establecimientos educativos están suspendidas, escasean alimentos y productos de primera necesidad en los centros de expendio, no hay transporte urbano ni interprovincial, hay una gran especulación y subida de precios.  Igualmente, la exportación petrolera ha sido afectada, por la toma de algunos pozos petroleros que han suspendido sus operaciones.

Prácticamente hay un vacío de poder en Quito, ante la ausencia del presidente de la República en el Palacio de Gobierno, quien ha traslado la sede de gobierno a Guayaquil.  A su vez, la Asamblea Nacional no ha sesionado más de 11 días que dura el paro, sin jugar ningún rol para resolver la grave crisis política que se vive.  Además, en varias ciudades capitales, como Ambato, Riobamba, Guaranda, Latacunga y Azogues, los indígenas han tomado las gobernaciones.

Con el anuncio del estado de excepción y el toque de queda, prácticamente el poder está en manos de las Fuerzas Armadas, que imponen las medidas y acciones para “restablecer el orden público.”

Otra vez despierta el buey manso

El actual levantamiento indígena es quizás más potente que los que ha protagonizado a lo largo de las últimas dos décadas. Las causas de este levantamiento hay que buscarlas en el crecimiento de la pobreza y extrema pobreza que se ha profundizado con la llegada de este gobierno, la crítica situación de la pequeña agricultura, la incursión en sus territorios de las transnacionales mineras y petroleras, el recorte del presupuesto estatal para atender la salud y educación y, sobre todo, el incumplimiento de los acuerdos alcanzados hace más de dos años con el gobierno de Lenín Moreno, en el contexto de diálogos que no han arrojado resultados concretos.  

Otra vez, el movimiento indígena demuestra que es el mejor organizado y con gran capacidad de movilización.  Sus luchas no se dirigen a defender intereses particulares, sino los intereses generales de la población, como en este caso rechazar el Decreto 883 que afecta a toda la población, especialmente a los pobres.  En el movimiento indígena hay una renovación de liderazgo, que ha sido asumido por jóvenes mujeres y hombres, con nuevas visiones, discursos y capacidades.

Además de tomarse las gobernaciones mencionadas, las acciones del movimiento indígena han estado dirigidas a interpelar al poder nacional.  Por eso se han dirigido a Quito, donde se han concentrado, y han intentado en dos ocasiones tomarse la Asamblea Nacional, para instalar allí una Asamblea del Pueblo.

Tras la irrupción del movimiento indígena en el escenario nacional, las élites que se consideran blancas, junto a algunos medios de comunicación corporativos, han venido imponiendo el relato que esta es una lucha entre civilización y barbarie.  Señalan que los indios son vándalos y violentos, y que están en contra del trabajo y la paz.  Insistentemente han hecho llamados a las Fuerzas Armadas y a la Policía a no ser blandos, y a reprimir con todo la protesta indígena y popular. En este discurso se han alineado las cámaras empresariales y políticos de derecha como el social-cristiano Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, y el banquero Guillermo Lasso, ex candidato presidencial.  La recientemente formada Junta Cívica de Quito, también declaró su apoyo y respaldo a la acción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

En contraste, los indígenas han recibido una amplia solidaridad en Quito y otras ciudades, que se expresa en entrega de alimentos, insumos médicos, ropa y cobijas para su estadía.  Cuatro universidades de la ciudad han instalado zonas de paz y acogida humanitaria, para alojar y asistir a las familias indígenas.  Es particularmente destacable la colaboración de jóvenes mujeres y hombres, que se han ofrecido como voluntarios, participando codo a codo en esta lucha que ya lleva varios días.

Represión y censura

Al mismo tiempo que el gobierno ha llamado al diálogo, ha lanzado una dura represión, incluso en los centros de acogida, sin importar que en ellos están alojados niños, mujeres y adultos mayores.  Particularmente la tarde y noche del viernes 11 de octubre, esta fue dirigida contra las mujeres que se encontraban en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, a las cuales les invitaron a pasar al recinto legislativo, para luego atacarlas despiadadamente con bombas lacrimógenas.  La represión se ha profundizado con la ejecución del toque de queda el sábado 12, dejando en la indefensión a indígenas y pobladores de Quito. Incluso se llegó a cortar el agua y la internet en los centros de acogida, lo que se complementa con la infiltración de agentes provocadores para generar actos de violencia y deslegitimar la lucha popular.

Días antes, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, había manifestado que las Fuerzas Armadas “harán uso radical de la fuerza, no con armas no letales.  Cuando vayan a atacar instalaciones estratégicas, se utilizarán todas las fuerzas, con la fuerza en sus reales términos…las Fuerzas Armadas orgullosamente tienen experiencia de guerra”.

Los medios corporativos tienen una gran responsabilidad en la actual situación de crisis política y de estado de emergencia que vive el Ecuador.  En estos días han difundido una visión sesgada sobre el paro indígena y popular, insistiendo que sus protagonistas son vándalos, ocultando la verdadera dimensión de la movilización y las razones de la protesta.  Los manifestantes han reclamado por esta política editorial, que invisibiliza o tergiversa sus demandas y acciones.

Pese a su discurso de respeto a la libertad de expresión, en los últimos días, el gobierno suprimió la señal de la radio Pichincha Universal y de medios digitales que transmitían en vivo las manifestaciones, así como la represión.  Así mismo, tras la expedición del toque de queda, las empresas de televisión por cable, sacaron del aire al canal Telesur.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y su relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, manifestaron su preocupación por el allanamiento a la Radio Pichincha Universal ocurrido el martes 8 de octubre, así como por las agresiones a más de 30 periodistas y reporteros gráficos.

Lenín Moreno, sin aportar pruebas, ha culpado al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, al presidente venezolano Nicolás Maduro, de intentar desestabilizar su gobierno y promover un golpe de estado, e incluso de estar detrás de acciones vandálicas contra las instalaciones de la Contraloría.  En esta misma línea, ha acusado al ex canciller Ricardo Patiño, a la prefecta de Pichincha Paola Pabón y al dirigente de la revolución ciudadana, Virgilio Hernández. Este sábado 12 de octubre, el gobierno de México otorgó protección y resguardo a la asambleísta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, en su embajada en Quito.

Pretendiendo ignorar que las protestas se deben al enorme descontento popular hacia su gestión presidencial, el gobierno crea cortinas de humo para culpabilizar al gobierno de Venezuela, como el caso de la detención de 17 venezolanos, 2 cubanos y un ecuatoriano en el aeropuerto de Quito, que fueron liberados al no encontrar culpabilidad. Con esto incentiva la xenofobia contra ciudadanos venezolanos.

Según la encuestadora CEDATOS, un 76% de la población considera que se debe encontrar una urgente solución a la crisis que vive Ecuador, mediante la suspensión de la vigencia del Decreto 883, en un diálogo con los dirigentes indígenas. Pese a esta mayoritaria opinión ciudadana, el gobierno de Moreno responde con el estado de excepción, el toque de queda y la represión, lo que nos recuerda las dictaduras que asolaron a la región en las décadas de los 60 y 70.