Al comenzar el año 2000, el panorama de la salud pública en América Latina y El Caribe presenta niveles preocupantes de exclusión social, que determinan que 136 millones de personas no tengan acceso a los servicios de salud.

Los principales excluidos son los pobres, los adultos mayores, las mujeres y los niños, los grupos étnicos, los trabajadores informales, los desempleados, los subempleados y la población rural, según revela un estudio dirigido y supervisado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Organización Panamericana de la Salud.

 Barreras de tipo financiero, geográfico, laboral y cultural dificultan el acceso de estos grupos humanos a los servicios de salud, incidiendo también en el problema la limitada cobertura de la seguridad social, la carencia de los servicios básicos de agua y alcantarillado y el deterioro del medio ambiente. La exclusión social corresponde a un estado en el cual el individuo no puede acceder a condiciones de vida que le permitan satisfacer sus necesidades esenciales (alimentación, educación, salud...) y al mismo tiempo participar en el desarrollo de la sociedad en que vive, expresa el documento dado a conocer a finales de 1999.

Cobertura

En América Latina y El Caribe la protección de la salud se encuentra atendida básicamente por la seguridad social (que abarca principalmente a los/as asalariados/as), el sector privado (dirigida a sectores medios y altos) y los servicios públicos dependientes de los ministerios de salud (cuya "clientela" son los grupos poblaciones excluidos de los otros dos sub-sistemas).

Hacia 1995, el 46% de la población se encontraba excluida de la Seguridad Social, eso significaba, 218 millones de personas fuera del sistema.

 En algunos países, como México y Perú, se observaba la tendencia a disminuir la cobertura de la Seguridad Social. Envueltos en las redes neoliberales y fondomonetaristas, los gobiernos han venido disminuyendo los presupuestos destinados a la salud pública.

 Los resultados de estas políticas se traducen en desmantelamiento de los programas de prevención y nutrición, aniquilamiento de los hospitales públicos, recortes salariales para los profesionales y trabajadores de la salud, eliminación de la medicina gratuita, programas focalizados hacia los más pobres, etc.

El repliegue de los gobiernos en esta materia está dando paso a la incursión de las ONGs que han devenido en importantes proveedores de servicios de salud, a tal punto que en países como Ecuador, Perú, Guatemala y Guyana ya tienen una cobertura de entre el 10 y el 20%.

 En un contexto en el que se ha mercantilizado la salud humana, el afán de enriquecimiento fácil y rápido, a menudo, prima sobre cualquier otra consideración social, humana o ética. "El gasto de bolsillo, por lo tanto, funciona como el principal mecanismo para contratar servicios privados". Como es obvio suponer, solo unos pocos pueden utilizar los servicios de salud "cinco estrellas", en tanto que enormes grupos poblacionales han quedado marginados.

 ¿Es que cómo pueden acceder a la oferta de salud, los 121 millones de latinoamericanos/as y caribeños/as que viven en la pobreza con un ingreso inferior a los 2 dólares por día? A juicio de los expertos, un 10% de los ingresos de la población se dedica a gastos de salud.

Se estima, asimismo, un gasto per cápita privado en salud de 91 dólares por persona (con todo lo engañoso que resulta este tipo de cálculo, pues los extremos varían entre Argentina con US 436 dólares anuales per-cápita y Haití con 6 US dólares anuales).

 Quienes están por debajo de la línea de pobreza, estarían gastando, teóricamente, US 73 dólares por año en salud, muy por debajo de la media regional de 91 US dólares. Sin embargo, importantes contingentes de la población pobre de Haití, América Central (con excepción de Costa Rica), Brasil y Bolivia no pueden hacer frente al gasto de US 73 debido a sus bajos recursos, señala el estudio de la OIT y la OPS.

Obstáculos geográficos

El concepto de accesibilidad geográfica es definido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, como el "porcentaje de la población que puede recabar servicios locales de salud, con un tiempo máximo de una hora de marcha a pie o de desplazamiento en medio de transportes locales". De acuerdo a este criterio, las poblaciones de las zonas rurales y de las periferias tienen fuertes limitaciones para acceder a los servicios de salud ya sea porque éstos no existen, o, de haberlos, son de mala calidad o se limitan a la atención primaria.

 Mas de 125 millones de personas estarían en condiciones de "inaccesibilidad geográfica", lo cual hace aún más grave el problema si se considera que la mayor parte de la población rural es pobre y muchos trabajadores del campo están excluidos/as de la seguridad social, contando, como única opción, los servicios públicos "aquejados por importantes deficiencias".

Desempleo e informalidad

 El aumento del desempleo y del trabajo informal tiene relación directa con la exclusión de los servicios de salud. En el primer semestre de 1999, de acuerdo con cifras de la OIT, se registró un 9.1% de desempleo, es decir 18 millones de latinoamericanos/as de las zonas urbanas se encontraban desempleados/as, teniendo mayor incidencia en las mujeres que en los hombres. Debido a la recesión económica, en el segundo semestre de 1999, el deterioro del empleo fue aún mayor.

El sector informal de la economía, que en 1990 proporcionaba el 51,8% de los empleos, aumentó al 57.7% en 1997. Los desempleados, así como los/as trabadores/as informales, generalmente, están excluidos de la seguridad social y, por lo tanto, no pueden ejercer el derecho a la salud. Factores étnicos Las poblaciones indígenas muestran un deterioro en sus condiciones de salud superior a la media de la población en general.

Aquellos países que cuentan con mayor población indígena son los de menos cobertura de seguridad social y mayores restricciones en cuanto a la accesibilidad geográfica. Los pueblos indígenas y afro-americanos ejercen la medicina tradicional, de acuerdo a su propia cosmovisión y costumbres.

En algunos países, como Bolivia y Haití se ha tratado de reglamentarla y articularla a la medicina pública. En otros, sin embargo, la medicina tradicional todavía es incomprendida, perseguida o incluso castigada.

Partos y vacunas

Otros parámetros que utiliza el estudio "Panorama de la Exclusión de la Protección Social en Salud en América Latina y El Caribe" son los suministros de servicios directos, tales como la cobertura de la vacunación, partos atendidos por personal idóneo, y servicios indirectos como el agua potable y el alcantarillado.

"Basándose en el hecho que 17% de los partos no han tenido asistencia de personal capacitado, se ha estimado que más de 83 millones de personas están excluidas del acceso a la salud. Utilizando la tasa de vacunación de los niños de menos de un año se llega a una estimación cercana de 82 millones de personas excluidas. Por otra parte, se ha estimado que 152 millones de personas no disponen de acceso al agua potable y/o alcantarillado", sostiene la investigación de la OIT y la OPS.

Otros datos reveladores: 267 millones sufren exclusión relacionada con el déficit de camas en servicios de internación y 15 millones de personas tienen dificultades para acceder a los servicios de profesionales médicos. Estas cifras no son más que un indicativo de las injusticias prevalecientes, y revelan que esta situación constituye un serio obstáculo para el desarrollo económico y social de la región.

Desde Ginebra