El 6 y 7 de abril se reunieron en Buenos Aires los ministros de economía de todo el continente, excepto Cuba, para definir el texto del acuerdo sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), con vistas a ser aprobado en la reunión de presidentes, con sede en Quebec, del 20 al 22 del mismo mes. Culmina así un proceso de negociación, secreto en cuanto a sus contenidos, iniciado en 1994, que llevaría al establecimiento de un área de libre comercio en toda América en el 2005, o 2003 si se impone su adelantamiento. El ALCA implica una extensión del TLC (Acuerdo de Libre Comercio entre EEUU, Canadá y México) a todo el continente. Impulsado por EE.UU., su objetivo es asegurar la libre circulación de sus capitales y mercancías, así como su hegemonía incontrastable en el continente, puesto que sus capitales adquirirían, respecto a los de Japón y la Unión Europea, un acceso privilegiado a los mercados latinoamericanos. Un área de libre comercio es distinta a un mercado común. Este supone, además, tarifas aduaneras exteriores comunes y libertad de movimiento de la mano de obra, pero constituye igualmente, como lo demuestran experiencias propias y ajenas, esencialmente, un espacio de acumulación de los capitales más concentrados de la región. Un verdadero proyecto de integración seria, a diferencia del ALCA, una asociación entre iguales destinada a crear las condiciones para la libre circulación de las mercancías, el capital y las personas, en un contexto de transformaciones económicas, sociales y políticas y de apoyo a las regiones mas atrasadas, a fin de alcanzar, en el marco de sus culturas, una homogeneización del espacio común. Por el contrario, un área de libre comercio, como la planteada por el ALCA, tiende, si se establece entre países con distinto grado de desarrollo, a acentuar las desigualdades y establecer así una división del trabajo en la que los más atrasados operan simplemente como proveedores de recursos naturales y mano de obra barata. Con la agravante, en el caso del ALCA, que la potencia hegemónica se reserva el derecho de conservar los subsidios a los productores agrícolas, las cuotas y normas antidumping que le permiten deprimir los precios de los productos latinoamericanos y cerrarles su mercado, en tanto que la penetración de sus productos en América Latina destruirá la producción y el empleo, impulsará la reducción de los salarios y estimulará la precarización laboral, como medio de incrementar la capacidad competitiva de las diversas economías. Con la reglamentación del comercio, el proyecto del ALCA avanza también sobre otras áreas, estableciendo la absoluta igualdad entre las empresas, independientemente de su nacionalidad; impondrá la obligación de apertura de las compras de los estados nacionales, provinciales y municipales a todas las empresas del ALCA, cualquiera sea su nacionalidad, prohibiendo toda política que favorezca al capital nacional no transnacionalizado e induzca el crecimiento del empleo y la producción mediante la exigencia de grados de integración nacional, incorporación de tecnología, nivel de exportaciones, legislación laboral, etc. En los hechos, el ALCA constituye la creación de un espacio al servicio de las transnacionales norteamericanas y de sus socios locales, que lesionaría aún más a sectores productivos nacionales, en especial a las pequeñas y medianas empresas, degradará los ingresos y el empleo y, en especial, las condiciones de trabajo de las mujeres. Los Estados, por su parte, quedan reducidos al rol de meros administradores de los intereses de las transnacionales y de sus socios, y son llevados en su lucha competitiva por atraer inversiones, a permitir la destrucción del medio ambiente y a ajustar perpetuamente hacia la baja los salarios y las condiciones laborales. Esto es: el ALCA prevé también, más allá de las reglamentaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y al igual que el frustrado Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), que cuando la existencia de legislaciones o regulaciones estatales afecten los costos de las empresas, y por lo tanto sus ganancias, estas pueden demandar directamente a los estados ante tribunales arbitrales. Esto constituye un avance en el sometimiento de los estados al interés del gran capital, vulnerando su soberanía y, por consiguiente, la capacidad de nuestros pueblos para diseñar su propio destino. El proyecto del ALCA se extiende además a los servicios y otorga a las empresas el derecho a prestarlos, con la excepción de aquellos brindados por el Estado en forma absolutamente gratuita. Esto abre la posibilidad de privatización, donde ella no ha tenido aun lugar, entre otros, de los servicios de salud, educación, saneamiento (privatización del agua); postales y de comunicación. Y excluye expresamente la posibilidad de revertir la privatización donde la misma ha comenzado. El principio general es transformar los servicios sociales en mercancías, cuyo acceso quede regulado por la capacidad individual de pago. Esto es: el ALCA antepone los intereses del gran capital transnacionalizado sobre los de la ciudadanía, vulnerando así la soberanía popular y las instituciones democráticas. De ahí que su implantación, que pretende ser adelantada por el Presidente Bush con la complicidad de algunos gobiernos latinoamericanos, entre ellos el nuestro, tenga que ir necesariamente acompañada de un correlato represivo-militar: el Plan Colombia y su extensión en el ya denominado Plan América. La puesta en practica del conjunto de medidas contenidas en los acuerdos del ALCA implica profundizar las políticas neoliberales aplicadas en las dos ultimas décadas en toda América Latina y garantizar su irreversibilidad. Cualquier Estado nacional que quisiera cambiarlas debería enfrentar el pago de indemnizaciones que lo pondría en quiebra. Las instituciones quedarán así vaciadas de todo contenido real y la América Latina imposibilitada de emprender la imprescindible integración de los pueblos latinoamericanos. En conclusión: el ALCA no constituye un real proyecto de integración, por el contrario, es un proyecto político de sometimiento y profundización de la hegemonía de los EEUU. Será una zona que va de Alaska a Tierra del Fuego, donde los intereses de las empresas norteamericanas estarán por sobre las leyes y los intereses de cada uno de nuestros países. Frente a esto, otra integración es posible, basada en los intereses de los pueblos latinoamericanos y caribeños, sustentada en transformaciones económicas profundas, que den legitimidad social a la unión de los pueblos de América Latina y el Caribe. El avance del ALCA ha sido posible, hasta el momento, por el total secreto en el cual se han realizado las negociaciones y la complicidad de los gobiernos. Dada su trascendencia, no aceptamos que se pueda dar un paso irreversible de esta naturaleza sin recabar la opinión de los pueblos, a través de la realización de plebiscitos en cada país, tal como la ha propuesto la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, y consideramos imprescindible la más activa movilización de todos los sectores contra el ALCA. Las luchas contra los planes de expansión hegemónica de los Estados Unidos y las políticas neoliberales han sido crecientes en la última década. La entrada en vigor del TLC fue la fecha de lanzamiento del Movimiento Zapatista en Méjico. Las acciones de Seattle fueron el punto de partida de movilizaciones que ponen crecientemente de manifiesto, en cada una de las reuniones de los organismos multinacionales, la absoluta falta de legitimidad de estos. El Foro Social de Porto Alegre constituyó un salto cualitativo en la articulación de los movimientos que, en todo el mundo, luchan contra las políticas neoliberales. Las jornadas contra el ALCA en ocasión de la Reunión de los Ministros de Economía en Buenos Aires pueden y deben constituir un hito en la unión de los pueblos latinoamericanos y del caribe contra la hegemonía norteamericana y las políticas neoliberales. Por lo tanto: Llamamos a movilizarnos de múltiples formas en repudio al acuerdo. Adherimos a la convocatoria de plebiscitos en todos nuestros países. Para conservar en nuestras manos nuestro destino como pueblo, es imprescindible frenar la conformación del ALCA. Comité de Movilización en la Argentina contra el ALCA 18 de marzo del 2001